Las calles han sido el escenario de la protesta de las centrales obreras y la ciudadanía en general que rechazan el nefasto proyecto de reforma tributaria, denominado ley de financiación, que pretende, entre otras cosas, imponer el IVA a toda la canasta familiar y gravar onerosamente las pensiones de los jubilados.
El movimiento estudiantil, por su parte, recorre hace semanas las ciudades exigiendo mayor presupuesto para la Universidad pública y clamando por una mejor educación con calidad. En varias ciudades se han taponado calles y carreteras por parte de la ciudadanía exigiendo solución a problemas de agua, luz, seguridad, movilidad, y por supuesto, exigiendo la presencia del Estado con soluciones concretas a los problemas sociales.
Los educadores recuerdan en las calles con sus marchas que el estado colombiano les debe el cumplimiento de varios pliegos de peticiones y acuerdos pactados con anteriores gobiernos. Los campesinos reclaman, igualmente, el cumplimiento de promesas pactadas del gobierno anterior que también los defraudo; y rechazan la actual política antinarcóticos que proyecta arreciar su lucha contra los cultivos ilícitos mediante la fumigación y la judicialización de un campesinado ilegal, que ve en la mata de coca la única posibilidad de su sustento diario.
Por su parte, los camioneros preparan sus marchas a toque de corneta para decirle al gobierno que la inconformidad expresada en las encuestas en estos primeros 100 días, son también debido al incumplimiento al gremio de sus promesas de campaña, y de su falsa promesa de no decretar alzas de la gasolina, los peajes y el transporte.
Pero no solo la calle es el escenario donde se recibe la actual administración en medio de la protesta ciudadana; es también, en el propio recinto del congreso. Allí, las voces de la oposición, y también, las de algunos parlamentarios miembros de partidos tradicionales que ayudaron a elegir al presidente, dejan escuchar su voz de rechazo en el marco de su labor de control político contra el actual mandatario. Ellos, le han recordado al país, que el actual ministro de hacienda no tiene autoridad moral ni política para ejercer el cargo, y que su pasado político y administrativo ha estado vinculado a actos de corrupción y defraudación de las finanzas públicas de cerca de 200 municipios pobres del país; que su clara política económica de estirpe neoliberal la va a ejercer deteriorando con su ley de financiación fiscal el bolsillo y la calidad de vida de los trabajadores y la paupérrima clase media colombiana.
De la misma manera, los voceros de la oposición política en el congreso han recordado que Odebrecht es el escándalo de corrupción más grande de América latina, y que en Colombia están desapareciendo testigos de este festín del erario público judicializándolos o envenenándolos para encubrir los nombres de personajes más poderosos detrás esta trama.
Igualmente, la oposición política y algunos valerosos medios de comunicación han señalado que los principales socios de esta corrupta firma brasileña como son Corficolombiana (del grupo Aval), y los expresidentes de la república de los últimos 16 años, incluido el actual presidente Duque quien viajo en su momento a Brasil a reclamar las coimas de Odebrecht para la campaña electoral de Oscar Iván Zuluaga, aún permanecen en la impunidad con la ayuda perversa del actual fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez, quien por lo demás, conocía como ex empleado de Sarmiento Angulo y abogado de algunos de los corruptos de Odebrecht, quiénes y cómo se habían robado al país. Asunto que hizo evidente antes de morir, el hoy difunto testigo, Jorge Enrique Pizano, a través del telenoticiero de Noticias Uno.
Y como si lo anterior fuera poco, en estos 100 días hemos visto sucumbir en el congreso los proyectos de ley de lucha contra la corrupción que respaldamos cerca de 12 millones de colombianos y que el gobierno se comprometió a respaldar, pero que al final permitió, por su falta de voluntad política, que se hundieran estas iniciativas en el fango de la politiquería. Igual suerte corrió la reforma política, la circunscripción especial para la paz, y los proyectos que buscan implementar los acuerdos de La Habana; todos al final, echados en la basura del olvido por la decidía política.
Por su parte, lo que sí ha sido notorio en estos primeros cien días son los grandes esfuerzos del uribismo y del gobierno por sacar avante reformas que permitan que los militares gocen de cierta impunidad en la JEP, el trámite de una sala de aforados para la segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia que garantice la impunidad de todos los corruptos de cuello blanco; y qué no decir, de magistrados que han sido designados por el presidente Duque para investigar los delitos cometidos por los aforados; una responsabilidad que le ha sido asignada, en principio, a la flamante abogada Cristina Lombana Velásquez, mayor del Ejército, juez de instrucción militar en Medellín y, que fue apartada de sus funciones para poder ejercer su cargo en la Corte Suprema de Justicia como juez exclusiva para investigar el caso del senador Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos.
De allí, que los resultados de las encuestas en las cuales el presidente de la república sale muy mal librado con una desaprobación de su gestión del 64.8 % y deteriorada su imagen como gobernante con un 65% de negatividad, no son otra cosa, que el fiel reflejo de la situación de agitación social producto del inconformismo social que ha vivido el país en los 100 primeros días del gobierno.
Igualmente, el resultado negativo de Duque es un rechazo a un gobierno que no arranca, que no exhibe ninguna victoria temprana de gestión diferente a reunirse con el cantante Maluma y a recordar en su reciente visita a Francia la historia de los 7 enanitos; con un partido como el Centro Democrático, que unos días amanece en la oposición y otros anochece en el gobierno dependiendo de los mensajes de twitter oportunistas enviados para cada ocasión por parte del Presidente eterno.
El de Iván Duque, es un gobierno que se ha dedicado, eso sí, a la política farandulera del vallenato, el reguetón, la salsa y el son; a realizar visitas protocolarias al exterior, y a la política del menudeo clientelar en las regiones con alcaldes y gobernadores a través de sus insípidos y famélicos talleres construyendo país; todo ello, mientras el país político alternativo y los ciudadanos en las calles siguen avanzando en la construcción y consolidación de futuros escenarios para desarrollar mejores conflictos.
Héctor Alonso Moreno, Profesor, Universidad del Valle
Foto tomada de: Publimetro
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