Las mal llamados “falsos positivos”[1], asesinatos a sangre fría de civiles no beligerantes cometidos por militares activos, para hacerlos pasar como bajas en combate en el marco del conflicto armado interno del país son reconocidos en el derecho internacional humanitario como ejecuciones extrajudiciales, y en Colombia ocurrieron principalmente entre los años 2002 y 2008, bajo los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, aunque se han documentado casos desde la década de los 80.
Durante muchos años varias familias colombianas denunciaron que sus seres queridos presentados a la prensa como guerrilleros caídos en combate, no lo eran y denunciaron que se trataba de montajes, que las botas no calzaban, que eran nuevas, que la del pie izquierdo estaba en el derecho, que estaba enfermo y en tratamiento, que el cuerpo tenía señales de disparos, pero el uniforme no, que eran muchachos de casa, en busca de trabajo y oportunidades, que las pruebas del engaño eran más que visibles, pero en ese momento nadie las escuchó. Sin embargo, algunas incipientes investigaciones contaron con la colaboración de valientes uniformados, y paulatinamente se fue admitiendo la posibilidad del horror y se encontró un patrón claro para identificar esta práctica criminal. Miles de jóvenes humildes fueron llevados con engaños y falsas promesas para luego ser asesinados en completa indefensión. La sistematicidad de estos crímenes confirmó la degradación del conflicto armado y de unas Fuerzas Militares que en su afán por conseguir resultados terminaron por convertir a sus soldados en sicarios y a sus mandos militares en verdugos del propio pueblo que juraron proteger y defender. Este es el capítulo más oscuro en la historia de Colombia. Y lo más perturbador es que para que fuera posible contó con complicidades civiles, militares y estatales.
En 2012 la Oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) presentó un informe para argumentar las razones por las cuales Colombia seguiría siendo objeto de examen preliminar, paso previo para decidir si abría una investigación o no. Y en ese momento señaló que había bases razonables para creer que los falsos positivos fueron una política de Estado. “Estos asesinatos, cometidos para aumentar los índices de éxito militar, podrían considerarse crímenes de lesa humanidad; dichos actos también pueden ser catalogados como crímenes de guerra”. El patrón y la sistematicidad de los casos habían sido demostrados y objeto de análisis por este alto Tribunal.
Pero la CPI, que al final decepcionó al país, no fue el único organismo internacional que reconoció estos crímenes. En 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró responsable al Estado colombiano por la ejecución extrajudicial bajo la modalidad de “falsos positivos” de los jóvenes Wilfredo Quiñones Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes, Albeiro Ramírez Jorge, Gustavo Giraldo Villamizar Durán, Elio Gelves Carrillo y Carlos Arturo Uva Velandia, ocurridas en los departamentos de Arauca, Santander y Casanare entre los años 1992 y 1997. La justicia nacional también ha producido diferentes fallos. En 2017 el Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar más de $2.500 millones de pesos a los familiares de tres jóvenes víctimas de ‘falsos positivos’ ocurridos en la vereda Potrerillos, jurisdicción de Ibagué (Tolima). Y aunque se han logrado otras condenas, la mayoría de los casos siguen en la impunidad. Y el número de estos aún es objeto de debate.
La cifra total de las víctimas de estos crímenes de Estado no es clara del todo, y aunque es lógico que se espere rigurosidad en los datos, también se debe reconocer que hay un subregistro y diversidad de fuentes, pero más allá de eso, lo que no es admisible es que la discusión se centré en eso, en la cifra, y no en la monstruosidad del crimen y su sistematicidad, o que contrariando toda prueba testimonial y documental existan sectores que anclados en sus dogmatismos ideológicos insistan en negar lo innegable y en burlar el dolor de las victimas y sus esfuerzos por verdad, dignidad, justicia y memoria.
El tema se revivió recientemente tras el deplorable acto llevado a cabo por el congresista Miguel Polo quien se atrevió a tomar las botas pintadas por las madres de la víctimas, las cuales habían sido ubicadas en la Plaza Rafael Núñez como un homenaje a estos jóvenes asesinados, para lanzarlas a la basura. Este hecho llevó a una parte del país a cuestionarse sobre la calidad humana y política del debate público, sobre la urgencia de reconocer que hay límites morales que jamás se deben transgredir, y que las víctimas del horror de la guerra y su degradación deben ser rodeadas, reconocidas y su dignidad siempre defendida y preservada. Ningún acto que lacere nuestra conciencia puede ser justificado ni respaldado. Sólo a partir de este simple compromiso, podremos en verdad empezar a construir una historia diferente, una donde la cobardía no sea la bandera política ni el desprecio humano objeto de admiración.
El presidente Petro dijo en ese momento que “la extrema derecha no pertenece a un proyecto democrático, sino a un proyecto criminal”. Y Polo, en su alarde de estulticia, preguntó: “¿Quién les habrá pagado a esos 300 campesinos que vinieron aquí al Congreso a ensuciar la Plaza Rafael Núñez para poner estas botas, haciendo apología a los 6.402 falsos positivos? El eco de la inmoralidad se centró en la cifra. ¿De qué sombrero de mago sacaron que fueron tantos casos? De ningún sombrero y serían muchos más de los que oficialmente se reconocen.
En 2018 el diario británico The Guardian reveló que las víctimas de esta modalidad criminal durante los 8 años del gobierno Uribe superaban los diez mil casos, basando su afirmación en los datos presentados en el libro ‘Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010’, escrito por los excoroneles de la policía Omar Eduardo Rojas y Fabián Leonardo Benavides.
“El artículo del diario describe cómo en 2008 estalló el escándalo de los falsos positivos y hace énfasis en que el informe presentado en el libro denuncia que civiles eran secuestrados por las fuerzas armadas para hacerlos pasar como muertos en combate, y que preferían muchachos con discapacidades físicas. Además de los jóvenes, también fueron asesinados militares señalados de denunciar abusos por parte del Ejército. En ese ‘baño de sangre’ también participaron grupos paramilitares y se crearon de la nada falsos campos de combate”.[2]
Asimismo, en un acto de reconocimiento del inmenso daño causado por su participación en las ejecuciones extrajudiciales, el coronel (R) Luis Fernando Borja, excomandante de la Fuerza de Tarea Sucre, confesó que el número real de víctimas de los “falsos positivos” podría superar las diez mil.
“Borja confesó que todos los involucrados, tanto altos mandos como tropas, estaban al tanto de lo que sucedía. “Todos participamos y sabíamos lo que estaba pasando”, declaró. Estas declaraciones destacan el conocimiento y la implicación colectiva dentro de las Fuerzas Armadas en los crímenes cometidos bajo la presión del conflicto”[3].
En 2021 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a instancias del Caso 03 hizo referencia por primera vez al número de víctimas, 6402, tomando como fuente los procesos, expedientes, registros e investigaciones realizados por la Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la plataforma Coordinación Colombia Europa-Estados Unidos (CEEU), que reúne a decenas de organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos.
La prensa reconoció que la cifra de “falsos positivos” era mayor a lo que se había reconocido en el pasado y confirmó que durante los gobiernos de Uribe Vélez “se registró el 78% del total de la victimización histórica. El 66% del total nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos, incluidos todos los territorios priorizados durante dicho periodo”, sostuvo la JEP y la corte calificó lo ocurrido como un “fenómeno macrocriminal”[4].
El expresidente Uribe calificó de “sesgado” el informe de la JEP y aseguró que su objetivo no era otro que “desacreditar a mi persona”.
El excandidato presidencial de extrema derecha, Enrique Gómez Martínez, trinó: “la mitología es lo que impera en la Comisión de la Verdad. A la fecha de hoy, ante la JEP de los excesos operativos o llamados falsos positivos, no hay más de 800 casos radicados. Sin embargo, se empeñan en la cifra falsa de 6.402. Esa construcción es mentira tras mentira”.
Muchos políticos de derecha acusaron a la Comisión de la Verdad de inventar la cifra (ninguno habló sobre la gravedad de los crímenes), lo cual no sólo desconocía su procedencia original y las fuentes en cuestión, sino que ignoraba que la misma Comisión había señalado en dos oportunidades durante la primera entrega de su informe final, que la autoría de la estadística correspondía a la JEP, “que reveló por primera vez el número 6.402 en el Auto 033 del 12 de febrero de 2021 en el que hizo pública la priorización del Caso 03 sobre “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” (nombre cambiado posteriormente por la entidad a ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’)[5].
El caso 03 de la JEP siguió adelante con su labor, recibiendo confesiones de integrantes de la fuerza pública que en audiencias abiertas reconocieron su responsabilidad por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, la Sala de Reconocimiento de Verdad expidió las primeras Resoluciones de Conclusiones, imputó crímenes de guerra y lesa humanidad en 130 casos de ‘falsos positivos’ ocurridos en el oriente antioqueño entre 2002 y 2003, en septiembre pasado citó a declarar a tres exgenerales, un excoronel y otros tres militares en retiro por su posible responsabilidad en estas ejecuciones extrajudiciales de jóvenes inocentes, y recientemente el departamento de Estado de Estados Unidos reconoció la labor de la JEP en la investigación de los ‘falsos positivos’ y su lucha contra la impunidad, y ante la evidencia judicial que vincula al general (r) Mario Montoya Uribe con crímenes de guerra y de lesa humanidad, prohibió su ingreso a ese país.
Varios militares comparecientes ante la JEP admitieron su participación en los crímenes y se disculparon diciendo que la fuerte presión bajo el gobierno de Uribe Vélez para presentar resultados, es decir, guerrilleros muertos o litros de sangre como exigía el condenado general Montoya Uribe, sumado a la directiva 029 del ministerio de Defensa que otorgaba beneficios, como salidas, pollos asados o cursos en el exterior, a cambio de cadáveres de insurgentes, los llevaron a reportar falsos éxitos militares.
Ahora, luego del repudiable hecho protagonizado por el congresista Polo (quien ni siquiera debería estar en el congreso por la forma espuria en la que llegó) la JEP, como otros sectores del país, se pronunció con vehemencia y rechazó este acto de odio contra las expresiones simbólicas y artísticas de las Madres de Soacha, resaltando además la dignidad de estas mujeres que han luchado por la verdad y justicia para sus hijos desaparecidos, asesinados y presentados falsamente como bajas en combate”.
Y fue más allá. La semana pasada le reveló al país los nombres de cerca de 2 mil víctimas de estos crímenes de guerra y de lesa humanidad, uno por uno, determinados por la Sala de Reconocimiento en los seis autos de imputación y en los subcasos cuya fase de investigación está contrastada judicialmente. Estos hechos ocurrieron en seis departamentos de la Costa Caribe, Antioquia, Norte de Santander, Huila, Casanare y en el caso conjunto del Cementerio Las Mercedes de Dabeiba. Y dijo la JEP: “Estas víctimas confirman e ilustran el patrón macrocriminal esclarecido y el universo provisional de hechos del Caso 03: 6.402 víctimas de ‘falsos positivos’, entre 2002 y 2008. La JEP dará a conocer la identidad de las otras víctimas una vez termine la contrastación y la fase nacional del Caso 03, por respeto y dignidad a sus familias, por protección de la investigación judicial y en consideración de las condiciones de seguridad”[6].
De este modo, la Jurisdicción Especial para la paz, al nombrar a las víctimas y honrar su memoria cumple con uno de los deberes de la Justicia Transicional Restaurativa de revertir el negacionismo de hechos tan graves e inhumanos que no deben repetirse jamás. Fueron 1934 nombres de jóvenes con sueños, familias, derechos y esperanzas ultimados a sangre fría por agentes del Estado.
El debate de fondo que propuso la JEP al revelar los nombres de algunas de las víctimas y realizar en su sede la exposición ‘Mujeres con las botas bien puestas’, liderada por las madres y familiares de víctimas de estas ejecuciones nos lleva a reflexionar sobre las consecuencias del negacionismo histórico, entendido como una forma de distorsionar la historia, legitimar la brutalidad, la violencia y la miseria moral para imponer los sesgos ideológicos y la decrepitud moral sobre los hechos demostrable y el deber de la sensibilidad social. La JEP nos llama repensar nuestra historia, a nombrar a las víctimas, a darles un rostro y una identidad, a sentir el dolor de su prematura ausencia y a entender los costos que estos crímenes suponen para cualquier sociedad, más para una que no soporta ya el hedor de su propia historia.
La negación de los grandes genocidios, como sucedió con el Holocausto Judío o con el Genocidio Armenio, entre otros, no sólo implica la arbitraria manipulación de datos históricos, se trata de una forma sutil y progresiva de degradación humana y derrota colectiva que termina por despreciar el dolor de las víctimas, por marginarlas, y por convertir en verdad la mentira y por avalar neciamente todo aquello que nos destruye.
Estos 1934 nombres son 1934 razones para no olvidar lo que como sociedad debemos siempre recordar
INVITACIÓN: La Exposición ‘Mujeres con las botas bien puestas’
“En esta acción simbólica, en la que el arte es una herramienta fundamental en el proceso de restauración y sanación, la organización Madres de los Falsos Positivos (MAFAPO) intervendrán artísticamente 200 botas y las expondrán en las instalaciones de la JEP hasta febrero de 2025. Los visitantes a la instalación ‘Mujeres con las botas bien puestas’ podrán traer botas hasta llegar a la cifra de 6.402, correspondientes al universo de víctimas documentadas por la JEP que fueron presentadas como falsas bajas en combate por el Ejército Nacional”.
JEP. Cra. 7 No 63-44. Bogotá.
____________
[1] Mal llamados porque se parte de la creencia que la muerte violenta de un ser humano a manos de un semejante es algo positivo, y para justificar lo injustificable se arropa el hecho con disculpas de pertinencia, moralidad, heroísmo, efecto natural del conflicto o cuestionamientos éticos y morales sobre la persona muerta en medio de un conflicto armado, sea en combate o ejecutada en estado de indefensión. Esa concepción exhibe la degradación moral de un sistema que desprecia la vida humana y cree que la ideología determina su valor, y tiene el poder de decidir quien debe vivir y quien no, quien tiene derechos y a quienes se le pueden negar impunemente.
[2] Pulzo. “Número de ‘falsos positivos’ fue 3 veces mayor”: The Guardian, que cita libro colombiano”. Bogotá, 8 de mayo de 2018. Ver en: https://www.pulzo.com/nacion/numero-falsos-positivos-fue-10000-dice-the-guardian-PP481830
[3] Revista Cambio; “Podrían ser más de 10.000”: coronel destapa la cruda realidad de los falsos positivos”. Bogotá, 17 de septiembre de 2024. Ver en: https://cambiocolombia.com/personajes/podrian-ser-mas-de-10-mil-coronel-destapa-la-cruda-realidad-de-los-falsos-positivos
[4] BBC; “Falsos positivos en Colombia: los miles de civiles que fueron asesinados por el ejército durante la guerra”. Londres, 18 de febrero de 2021. Ver en:
[5] Vorágine; “¿De dónde salió la cifra de 6402 ejecuciones extrajudiciales?”. Bogotá, 2 de agosto de 2022. Ver en: https://voragine.co/historias/fact-checking/de-donde-salio-la-cifra-de-6402-ejecuciones-extrajudiciales/
[6] JEP; “La JEP rinde homenaje a las víctimas de ‘falsos positivos’ y a sus familias”. Bogotá, 28 de noviembre de 2024. Ver en: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/la-jep-rinde-homenaje-a-las-victimas-de-falsos-positivos-y-a-sus-familias.aspx
Maureén Maya Sierra
Foto tomada de: RTVC
Deja un comentario