Desde luego, no quiero entrar al campo de las fantasías y la especulación antojadiza, pues hay dificultades y obstáculos que el gobierno y los encargados de esta trascendental responsabilidad abordan con el mayor esmero, inteligencia y pericia.
El gran error de muchos de los enemigos de la Paz total –académicos y columnistas- consiste en que la misma es evaluada desde los parámetros de la paz post bélica (Consejo de Seguridad ONU) firmada por el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, encabezada por Rodrigo Londoño, en el segundo semestre del 2016, que se organizó alrededor del principio de que “nada estaba acordado hasta que todo estuviese acordado” y con las denominadas “líneas rojas” para impedir cambios sustanciales en el modelo económico neoliberal y en la estrategia contrainsurgente de las fuerzas militares y policiales.
La Paz total se fundamenta en el pensamiento complejo –que implica habilidades especiales, el pensamiento crítico y la resolución de problemas- y en una estrategia que focaliza la remoción de las causas estructurales de la violencia y el tejido cultural morboso que la retroalimenta desde las minorías hegemónicas en los sistemas políticos y sociales.
Esa es la matriz de los procesos de diálogos y negociación organizados y promovidos por la administración del presidente Gustavo Petro con el ELN, el EMC de las Farc ep, los Urabeños –hoy en pausa-, los paramilitares de la Sierra Nevada de Santa Marta y las bandas y pandillas de Buenaventura, Medellin y Quibdó.
Con mala intención se ha querido atribuir a la Paz total los problemas de inseguridad -exacerbados en los territorios y las ciudades-, como si en el pasado todo hubiese sido color de rosa en ese ámbito de la vida pública. La inseguridad rampante tiene que ver más con profundos desarreglos –corrupción- estatales en los aparatos encargados de la seguridad ciudadana y, por supuesto, con las situaciones de pobreza y miseria que golpean a millones de jóvenes involucrados en las distintas manifestaciones del crimen.
Enero está fijando la ruta de la Paz total en el 2024 que retoma, en principio, los principales escenarios de la gestión gubernamental.
Me refiero a los Acuerdos alcanzados en la Mesa con el EMC Farc Ep, a la sexta ronda de diálogos con el ELN, que se realizara en Cuba, a la reapertura de los diálogos con los urabeños, a nuevos acuerdos con los Pachencas, a los encuentros con las pandillas criminales en Medellin, Quibdó y Buenaventura.
Los acuerdos alcanzados con el EMC de las Farc ofrecen un nivel más robusto por la implicación del Estado y de la guerrilla. Hay dos componentes de este nuevo paso. Me refiero a la renovación del Cese bilateral del fuego temporal con impacto territorial mediante el decreto 016 del 14 de enero del 2024 (Ver https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=152585 ) y a los Acuerdos alcanzados el 17 del mismo mes.
Respecto del decreto del CFBTYT este prorrogado entre el 16 de enero hasta el 15 de julio del año en curso; el mismo busca esencialmente fortalecer y mantener las reglas y compromisos en materia de protección a la población civil y, en esa medida, evitar su afectación y la de los bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.
El CFBTT ordenar la suspensión de las operaciones militares ofensivas y operativos policiales, así como de los actos contrarios a lo establecido en el Protocolo de Reglas y Compromisos acordado entre las partes en la Mesa de Diálogos de Paz, incluyendo sus modificaciones, en contra de los integrantes del Estado Mayor Central de las FARC-EP que participen en el proceso de paz y se encuentren dentro de los procedimientos para la ejecución del Acuerdo del CFBTNT y los protocolos correspondientes.
Hay que resaltar la decisión de esta norma que dispone que el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC-EP podrá acordar nuevos objetivos del CFBNTN dirigidos al fortalecimiento del proceso de paz, la profundización de las transformaciones territoriales y el reemplazo de las economías ilícitas, la protección del ambiente, la participación de la sociedad y la protección humanitaria de la población civil.
Se trata del corazón mismo de los diálogos y negociaciones de esta Mesa que ya está ejecutando acuerdos parciales como los humanitarios, los ambientales y las transformaciones de los territorios.
El tercer ciclo realizado con la delegación del EMC Farc Ep ofrece como resultado seis puntos asociados con la participación, la agenda temática, la transformación de los territorios, el consenso socio-ambiental, la protección a la población civil y la creación de una comisión jurídica y de garantías de seguridad.
Sobre la participación democrática y comunitaria.
Lo que se pactó determina fortalecer la participación directa, real y efectiva de las organizaciones populares, campesinas, indígenas, afrodescendientes, de mujeres, poblaciones víctimas, juventudes, población vulnerable, entre otros, en los territorios, respetando la autonomía, el pluralismo y el gobierno propio.
En ese sentido, se establece que para la efectiva participación se requiere que las decisiones concertadas —planes, programas, proyectos— cuenten con los recursos suficientes del Estado y que su construcción y ejecución tengan garantías jurídicas, logísticas y de seguridad, teniendo en cuenta el enfoque diferencial. La delegación de la guerrilla ha solicitado que haya recursos presupuestales e institucionales efectivos para los planes que se acuerden durante esa actividad de participación que será a nivel nacional, regional y local.
El documento firmado establece que se darán acuerdos de “aplicación inmediata”, como los fijados en el CFBTT; se le debe dar prioridad a la evaluación de los compromisos o pactos que el Estado colombiano ha suscrito en los territorios con las comunidades, especialmente en lo relacionado con los temas de reforma agraria, aguas e infraestructuras viales.
En el periodo de Cese se avanzará en la elaboración de lo que la Mesa denomina un Acuerdo especial para la participación y decisiones y en un vigoroso Protocolo de participación.
Sobre la Agenda temática
En este punto los acuerdos se orientan al avance en unos Ejes estratégicos definitivos como los siguientes: seguridad, medio ambiente, economías ilícitas, tierras y territorio, garantías para las partes durante y después del acuerdo y poder local.
Sobre las zonas priorizadas en la transformación territorial.
Uno de los temas más importantes en este proceso de Paz total ha sido la transformación territorial. Lo que quiere decir que los diálogos y negociaciones no solo se trata de unos acuerdos con la organización guerrillera, sino de una intervención a todos los niveles del Estado en esas territorialidades. Por tal razón se priorizaron seis departamentos donde iniciaría esa transformación profunda. Los escogidos son: Cauca, Caquetá, Arauca, Putumayo, Guaviare y Norte de Santander. En tales departamentos se debe dar igualmente un diálogo social con distintas comunidades y poblaciones como indígenas, jóvenes, afro, palenqueros, Rrom y campesinos.
Las transformaciones del territorio se adelantarán con planes de desarrollo sostenible integral, orientados a mejorar las condiciones de vida de la población en los territorios.
El Pacto establece que todos los contenidos de los acuerdos serán construidos con las comunidades; para el efecto se elaborará Acuerdo especial con los correspondientes protocolos.
Entre las iniciativas que empezarán a operar en las próximas semanas están: las acciones para: i) recuperar la cuenca del río Catatumbo, ii) planes socio ambientales que aún están en consulta en regiones del Caquetá y iii) la implementación del Acuerdo IV en Cauca, sobre el cañón del Micay. En ese lugar también se llevará a cabo uno de los pilotos de la nueva política de droga. Se ha determinado que las partes nombraran responsables para cada una de las iniciativas.
Sobre la agenda socio ambiental
El consenso establece que se debe dar especial atención a los problemas socio ambientales de la Amazonía, así como de las demás áreas protegidas del país. Un logro histórico dada la actual crisis derivada del calentamiento global.
Acá lo que se quiere es generar, retomar y reconocer escenarios de participación de los diferentes sectores de la sociedad para una agenda socioambiental que reduzca las afectaciones a la naturaleza relacionadas con los conflictos sociales, ambientales y armados.
En el proceso de ejecución de los acuerdos, se realizaría un evento nacional y otros encuentros regionales. Un punto interesante es que el EMC se comprometió a respetar la vida de líderes y lideresas ambientales y de pueblos étnicos o servidores públicos que tengan la tarea de cuidar el medio ambiente.
Sobre la protección a la población civil
En el acuerdo se especificó que la Mesa hará seguimiento a los compromisos ya definidos para el cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario. Se buscará lograr reducciones a las afectaciones a la población civil en razón del conflicto social y armado, en particular de los que son objeto de seguimiento de la mesa como indígenas, afros y campesinos.
Además, hay compromisos para contribuir en la localización, búsqueda y entrega de personas desaparecidas en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), países u organismos acompañantes de la mesa, autoridades nacionales y territoriales y mecanismos comunitarios.
En este punto se establece que se harán diálogos sociales con organizaciones y entidades para avanzar en la evaluación y respuestas que sean pertinentes en temas como: situación de los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, pueblos y comunidades étnicas, campesinas y grupos de protección especial, población en situación de confinamiento y desplazamiento, y trabajadores afectados en relación con el conflicto.
Sobre la Comisión jurídica y garantías de seguridad
Se anunció una comisión jurídica con la Mapp-OEA y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para dar recomendaciones jurídicas sobre la situación de los miembros del EMC que actualmente están en las cárceles. También para quienes aún tengan una situación jurídica sin resolver.
La delegación del Gobierno agilizará las gestiones para la evaluación de la situación de integrantes del Estado Mayor Central que se encuentren privados de la libertad y se realizarán visitas para impulsar la atención de situaciones urgentes de carácter jurídico, de salud, hacinamiento y seguridad.
En este punto, el Gobierno reiteró el compromiso de la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional, a través de la UNIPEP, en materia de seguridad y protección.
La sexta ronda de negociaciones con el ELN.
Desde hoy martes 23 de enero se retoman los diálogos y negociaciones con el Ejercito de Liberación Nacional en Cuba para abordar el tema de la ampliación del Cese Bilateral del Juego y la consolidación del instrumento de participación ciudadana que permita construir la Agenda temática para alcanzar el fin del conflicto social y armado en los términos en que se den los consensos correspondientes para profundizar un modelo de democracia anti neoliberal.
Diálogos con los Urabeños.
El Alto Comisionado de paz, Otty Patiño Hormaza, ha hecho anuncios que deben llevar a la apertura de nuevos diálogos con los Urabeños en la perspectiva de lo dispuesto por la Ley 2272 del 2023 (Ver https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=197883 ) y de la jurisprudencia correspondiente de la Corte Constitucional.
Diálogos con las bandas criminales de Medellin.
Hay conversaciones con el nuevo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para retomar los diálogos con las pandillas criminales de Medellín y del Valle del Aburra.
En conclusión, digamos que la Paz total tiene para el año 2024 múltiples tareas que realizar para aproximarnos ciertamente al fin del conflicto social y armado que por más de 60 años ha golpeado nuestra nación.
Horacio Duque G.
Foto tomada de: La Patria
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