El juez Ricardo C. Pérez, presidente de la Corte IDH, dijo en la audiencia final, que el tribunal internacional encontró a Colombia responsable de violaciones de los derechos a la vida, integridad, libertad, garantías judiciales y honra de las víctimas, entre otros derechos, por amenazas, persecución, asesinatos, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, entre otros delitos. Los hechos iniciaron en 1984 y se prolongaron por más de dos décadas, como consecuencia de un plan sistemático de exterminio dirigido contra el partido, sus integrantes, militantes y simpatizantes, y en cuyo diseño y ejecución participaron agentes del Estado, incluso de alto rango, en alianza con estructuras paramilitares, y el apoyo de sectores políticos y empresariales del país.
“Esos actos constituyeron parte de un plan de exterminio sistemático contra el partido político Unión Patriótica, sus miembros y militantes, los cuales contaron con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad. A su vez, las investigaciones sobre esos hechos de violencia no fueron efectivas y se caracterizaron por altos índices de impunidad que operaron como formas de tolerancia por parte de las autoridades frente a los mismos”[1], afirmó la Corte en su informe.
Asimismo, recordó que el derecho a la honra y dignidad de los integrantes y militantes de la Unión Patriótica se vieron gravemente afectadas por las declaraciones de funcionarios públicos. “El Estado, no solamente no previno ataques contra la reputación y la honra de las presuntas víctimas, sino que, a través de sus funcionarios, y en particular de sus altas autoridades, contribuyó y participó directamente en los mismos, agravando la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban y generando un factor para promover ataques en contra de estas.
El Estado es responsable por la violación a los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y políticos en perjuicio de las víctimas por: a) su actividad política que fue obstaculizada por la violencia tanto física como simbólica en contra de un partido que era calificado como un “enemigo interno”; b) las acciones y omisiones al deber de protección por parte del Estado crearon un clima de victimización y estigma en su contra; c) la integridad física y psicológica de los integrantes y militantes de la UP por la estigmatización creada por su pertenencia a dicha agrupación política, y d) el retiro de la personería jurídica de la Unión Patriótica, aunque esta situación fue subsanada con posterioridad por el Consejo de Estado”.
También indica que “se vulneraron los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la libertad de circulación y residencia, derechos del niño y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, por las ejecuciones, desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamientos y desplazamiento contra integrantes y militantes de la Unión Patriótica”.
La Corte, destacó en su relato de los hechos, que las víctimas denunciaron durante años lo que sucedía, pero fueron ignoradas, incluso ridiculizadas. Basta con mencionar que luego del asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas, la dirección nacional de la UP denunció que su muerte se había fraguado como parte del «Plan Golpe de Gracia», elaborado por el alto mando militar. Este plan se ejecutó entre 1992 y 1997. Aída Avella, presidenta del movimiento en aquel entonces, declaró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recibió una carta anónima, proveniente al parecer de miembros del Ejército Nacional, en la que se contaba que generales de la cúpula militar se habían reunido para determinar si algunos dirigentes de la UP deberían ser sometidos a montajes judiciales o asesinados. Según la fuente, se había impuesto la segunda tesis. La lista de condenados la encabezaban ella, el entonces representante a la Cámara Manuel Cepeda, el dirigente del Partido Comunista y de la UP José Miller Chacón y el también congresista Hernán Motta. El plan buscaba acabar con los últimos dirigentes de la UP que habían sobrevivido a las primeras etapas del exterminio.
Para prevenir la ejecución del «Plan Golpe de Gracia», se convocaron a reuniones con los ministros del gobierno del presidente César Gaviria, a fin para solicitar fueran investigadas las fuentes y la información sobre esta nueva estrategia de eliminación. En esas reuniones los funcionarios desestimaron la existencia del plan de exterminio por “falta de pruebas” y ridiculizaron las denuncias. Después de una de esas sesiones con los ministros, trascendió a los medios de comunicación que los jóvenes asesores del presidente Gaviria habían calificado los informes suministrados como temores infundados provocados por la “jurasic’s paranoia” de los denunciantes, haciendo alusión a la condición de “dinosaurios” de los militantes de izquierda. El genocidio siguió su curso. Y durante tres décadas los sobrevivientes esperaron que la justicia internacional, puesto que la nacional se había agotado en su ineptitud o complicidad, se pronunciara.
El reciente fallo, tan esperado en el país, motivó varias reacciones y los principales medios informativos dedicaron varias páginas de análisis tanto al contenido de la que calificaron “dura condena” como a la historia de la UP, y a lo que ha significado para una democracia, que las fuerzas políticas de izquierda sean objeto estigmatización, crimen y persecución. El diario El Tiempo, dedicó su editorial al fallo, y recordó que “la Unión Patriótica intentó irrumpir en el ámbito político con un ideario de izquierda”, pero pronto se estrelló con la incapacidad de muchos sectores, legales e ilegales, “de siquiera admitir que en el juego democrático era factible que entrara con considerable respaldo popular un actor con potencial para generar transformaciones por la vía democrática”[2].
En el debate electoral de 1986 el éxito de la UP fue avasallador. Logró elegir a 14 congresistas para senado y cámara, 18 diputados en 11 asambleas departamentales, 351 concejales en 187 concejos y 23 alcaldes municipales. Para las elecciones presidenciales obtuvo la mayor votación alcanzada por un partido de izquierda hasta ese entonces en la historia del país, con más de 350.000 votos. La UP, con propuestas como la reforma agraria integral para suplir las necesidades de los campesinos, reforma a la justicia, reforma urbana, democratización de los medios de comunicación, garantías sociales para toda la población, depuración de las Fuerzas Armadas y reforma política, logró un masivo respaldo popular, pero así mismo se constituyó en peligroso contradictor para importantes sectores de la vidaa política y económica del país que durante siglos venían detentando el poder nacional y no estaban dispuestos renunciar a él. El costo fue enorme.
“Y así se abrió una de las heridas más profundas en la historia de la nación colombiana: como lo acaba de determinar la Corte Interamericana de Derechos Humanos luego de tres décadas de estudiar el caso, el rechazo a la UP se tradujo en una sangrienta reacción, a juicio de la Corte orquestada desde diferentes estamentos de la sociedad para cerrarle con sangre, terror y dolor las puertas a la nueva fuerza política. Así se dio su exterminio. Fueron, según lo estableció este tribunal, 676 víctimas directas y más de 6.000 las que de una u otra manera padecieron la persecución.
El fallo de la CIDH pone al Estado ante la necesaria tarea de liderar la cicatrización de esta herida. Establece una hoja de ruta para que se llegue a una verdad que debe aflorar y que dignifica a las víctimas. Este proceso debe estar blindado de cualquier anomalía, debe adelantarse con altura y respeto, muy lejos de las pugnas políticas del momento. Se trata de cerrar una herida con verdad y reparación eficaz y suficiente y de garantizar que no se abrirán nuevas. Todo, al tiempo que se envía el mensaje de que, al contrario que hace 40 años, la democracia colombiana ya está preparada para transformaciones profundas que se den por los cauces que brinda el Estado de derecho, con apego a la institucionalidad”[3].
El pronunciamiento -que llega cuando ya muchas víctimas han perdido la fe en la justicia y otras tantas partieron sin haber sido reconocidas ni reparadas- establece claramente que el Estado es responsable, por acción y omisión, en ese exterminio y dicta una serie de medidas de reparación y de búsqueda de verdad y justicia. Sin embargo, varios perpetradores podrían ser hoy -de estar vivos- personas de la tercera edad que lograron a lo largo de su vida evadir la justicia, ignorar el dolor de las víctimas y mantener la creencia de que lo hecho podía ser justificado, defendido y, de ser posible, emulado. Ellas nunca recibirán castigo. Sin embargo, pese a la injusticias del caso, a un pronunciamiento que llega tres décadas después de iniciado el proceso judicial, es un fallo histórico que nos conmueve profundamente, pero a la vez nos cuestiona.
La Corte Interamericana afirmó categóricamente que el Estado colombiano cometió 17 delitos relacionados con la violación de numerosos derechos, y estableció varias disposiciones pecuniarias y simbólicas como medida de reparación: “a) iniciar, impulsar, reabrir y continuar, en un plazo no mayor de dos años, y concluir, en un plazo razonable y con la mayor diligencia, las investigaciones, con el fin de establecer la verdad de los hechos relativos a graves violaciones a los derechos humanos y determinar las responsabilidades penales que pudieran existir, y remover todos los obstáculos de facto y de jure que mantienen en la impunidad los hechos relacionados con este caso; b) efectuar una búsqueda para determinar el paradero de las víctimas desaparecidas cuyo destino aún se desconoce; c) brindar el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten; d) realizar las publicaciones y difusiones de esta Sentencia y su resumen oficial; e) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; f) establecer un día nacional en conmemoración de las víctimas de la Unión Patriótica y efectuar actividades para su difusión, entre ellas en escuelas y colegios públicos; g) construir un monumento en memoria de las víctimas y de los hechos cometidos en contra de los integrantes, militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica; h) colocar placas en al menos cinco lugares o espacios públicos para conmemorar a las víctimas; i) elaborar y difundir un documental audiovisual sobre la violencia y estigmatización contra la Unión Patriótica; j) realizar una campaña nacional en medios públicos con la finalidad de sensibilizar a la sociedad colombiana respecto a la violencia, persecución y estigmatización a la que se vieron sometidos los dirigentes, militantes, integrantes y familiares de los miembros de la Unión Patriótica; k) realizar foros académicos en al menos cinco universidades públicas en distintos lugares del país sobre temas relacionados con el presente caso; l) rendir a la Corte un informe en el cual acuerde con autoridades de la Unión Patriótica cuáles son los aspectos por mejorar o fortalecer en los mecanismos de protección existentes y cómo se implementarán, con el fin de garantizar adecuadamente la seguridad y protección de dirigentes, miembros y militantes de la Unión Patriótica, y m) pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales”.
Entre estas medias se destaca el deber de crear una “comisión para la constatación de la identidad y parentesco de las víctimas, así como iniciar, impulsar, reabrir, dirigir, continuar en menos de dos años “las investigaciones amplias y sistemáticas, con el fin de establecer la verdad de los hechos relativos a graves violaciones a los derechos humanos del presente caso”[4].
Reacciones
La senadora Aída Avella, víctima y sobreviviente de un brutal atentado del que salió ilesa pero se vio obligada a vivir más de 20 años en el exilio, luego de celebrar el fallo y reconocer el esfuerzo de la Corporación Reiniciar, exigió que la participación de las Fuerzas Militares en el genocidio sea revelada así como la identidad de los máximos determinadores. En su Twitter escribió: “Hoy es el día de la Justicia. Recibimos el fallo final de la Corte Interamericana de DDHH, contra el que no procede apelación. El estado ha sido condenado por el exterminio de la Unión Patriótica”.
Por su parte, la “ministra de Cultura, Patricia Ariza, quien también pertenece a esa colectividad, celebró el fallo apuntando que “¡teníamos la razón! Sobrevivirá la justicia, sobrevivirá el afecto. Las víctimas y sobrevivientes mantendremos viva la memoria” [5].
El senador del Polo Democrático Iván Cepeda sostuvo que esta es “una sentencia que sin lugar a duda hace justicia. Tres décadas de lucha de las víctimas se constituye en un precedente para que en el futuro en Colombia no se vuelva a repetir un genocidio político”[6].
El exfiscal Alfonso Gómez Méndez, escribió una columna de opinión en El Tiempo, titulada ¿Por qué el exterminio de la UP? “Hoy tendríamos otro país si no se hubiese diezmado este partido y asesinado a tantos líderes jóvenes. […] La perversa teoría de que las Farc combinaban las formas de lucha –cuando todos los muertos lo fueron en estado de indefensión– sirvió como macabra justificación de tamaña barbarie”[7].
“El fallo de la CIDH debe servir para reconocer que en esa orilla ideológica militan políticos, agentes estatales y particulares que, con visos fascistas, impulsaron a específicos agentes estatales —en colaboración con particulares— a hacer la «limpieza política» que significó asesinar entre tres mil y seis mil militantes del partido Unión Patriótica”: Germán Ayala, docente universitario.[8]
Antecedentes
El genocidio contra el movimiento político Unión Patriótica (UP) se inscribe en el proceso de exterminio de fuerzas políticas de oposición en el mundo. Se trata de un caso paradigmático de aniquilación de los miembros y líderes de un grupo debido a sus convicciones y posturas ideológicas, así como de persecución de sus simpatizantes y de destrucción de su entorno social. Ciertamente, éste no es el único caso de criminalidad masiva que se ha practicado en Colombia contra grupos y movimientos de oposición, incluso contra los partidos políticos que han ejercido tradicionalmente el poder. La supresión violenta de los adversarios ideológicos ha operado continuamente en la historia contemporánea del país, y ha impedido el surgimiento de opciones pluralistas y de una participación profundamente democrática. No obstante, lo sucedido con la UP y el Partido Comunista Colombiano -su componente mayoritario- tiene rasgos sobresalientes y específicos, que configuran la sistematicidad dentro de una “política de Estado”.
La Unión Patriótica surgió como una convergencia de fuerzas políticas a raíz del proceso de negociación adelantado a mediados de la década de 1980 entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y el estado mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En 1984, y como fruto de esos diálogos, las partes pactaron varios compromisos con la firma de los “Acuerdos de La Uribe”. En ellos se estipuló el surgimiento de un movimiento de oposición como mecanismo para permitir que la guerrilla se incorporara paulatinamente a la vida legal del país. Las condiciones que permitirían ese tránsito a la legalidad consistían en un compromiso oficial de garantizar plenamente los derechos políticos a los integrantes de la nueva formación política, y la realización de una serie de reformas democráticas para el pleno ejercicio de las libertades civiles.
Desde sus mismos inicios la Unión Patriótica fue sometida a toda clase de hostigamientos, persecuciones, crímenes y atentados. En 1984, cuando apenas se estaba gestando el proyecto político, se presentaron los primeros asesinatos y “desapariciones” forzadas. Las constantes violaciones a los acuerdos firmados para lograr la salida política al conflicto armado, hicieron que se rompieran las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla. Los miembros de la nueva coalición quedaron en una situación de alto riesgo al ser acusados abiertamente de ser portavoces de la insurgencia armada, y no contar con ninguna protección efectiva por parte de los organismos estatales. Así comenzó un proceso de exterminio que se prolongó por más de 20 años.
En este genocidio se reconocen tres rasgos centrales que configuran la especificidad de la persecución sistemática. Primero, la intencionalidad de los autores de acabar con el grupo político y de expulsar de la vida pública a sus sobrevivientes y a las bases sociales que resistieron la ola de violencia. En segunda instancia, el exterminio planeado y ejecutado desde el mismo Estado, para desterrar de la escena nacional, incluso de la historia, a una fuerza política legal gestada al interior de un Estado “democrático”. En tercer lugar, el hecho de que los graves hechos de persecución se perpetraron durante más dos décadas y bajo siete gobiernos de diferente filiación política (siempre oficialista y de los partidos tradicionales), demuestra que la intencionalidad persecutoria perduró en el tiempo ante una evidente falta de voluntad política por parte de los gobiernos de turno para aclarar los crímenes e identificar a sus perpetradores intelectuales y materiales. Esta violencia enmarcada dentro de un esquema de encubrimiento al más alto nivel y en completa impunidad, deslegitimó la democracia colombiana -la redujo a amañados procesos electorales-, desapareció una legítima opción política de la escena pública y degradó la convivencia social en Colombia.
A través de una ficticia “guerra sucia” (ficticia porque lo ocurrido fue un exterminio sistemático de personas en estado de indefensión), se cometieron asesinatos selectivos de líderes políticos, sociales, sindicalistas, activistas y militantes de la UP, muchos de ellos atribuidos inicialmente a grupos paramilitares, sicarios o incluso delincuencia común, iniciando de este modo uno de los capítulos más sangrientos y oscuros de la historia del país, sin que la justicia lograra revelar los nombres de los autores intelectuales ni la estrategia criminal que se ocultó tras estos hechos de violencia. Aún hoy día, se desconocen los nombres de los directos responsables en la gran mayoría de los asesinatos políticos cometidos contra integrantes de la Unión Patriótica, y de otras organizaciones y movimientos ajenos al bipartidismo tradicional. El genocidio fue cubierto con un manto de silencio.
El sociólogo argentino Daniel Feierstein afirma en su obra “El genocidio como práctica social”, que en los contextos de criminalidad sistemática, el exterminio ocurre dos veces. La primera vez en forma física a través de un conjunto de acciones de eliminación que incluyen prácticas generalizadas como la desaparición forzada, el homicidio político y el confinamiento masivo en campos de concentración. Y luego, el exterminio “simbólico” mediante la imposición de una determinada interpretación histórica de lo sucedido, con la que se sella la desaparición física de las víctimas por medio de su desaparición de la escena histórica. La justificación o la negación de un exterminio en masa, convertido en un acontecimiento socialmente aceptado y en un valor culturalmente hegemónico -explica- es la consagración del proceso criminal que busca reorganizar la sociedad, y es también la base de la consolidación de un modelo social en el que los “valores” primordiales son aquellos concebidos por los autores de las atrocidades.
Para Barbara Harff y Ted Gurr, la destrucción sistemática de un grupo político debería ser considerada incluso un tipo criminal específico y claramente diferenciado: «el politicidio». Tal definición implica la ejecución de pautas sistemáticas de exterminio por parte del aparato estatal o de sus agentes contra una organización política. En otras palabras, el hecho de que los miembros del grupo perseguido representen una oposición al régimen o al gobierno vigente y dominante[9] .
El mayor reto que propone el fallo de la Corte IDH al Estado y a la sociedad colombiana, es enfrentar y confrontar la verdad dolorosa y vergonzante de su propia historia. Lograr el pleno reconocimiento de los hechos que no tuvieron porque haber sucedido jamás, acompañar empática y solidariamente a las víctimas, reconocer su dolor, inocencia y martirio, hacer propia la necesidad de verdad y justicia, exigir que más allá de la descripción de cada acto criminal, se revele su naturaleza y la operación de los elementos que hicieron posible la acción sistemática de la máquina criminal, y construya de manera oficial, una plataforma de dispositivos de memoria y pedagogía de fuerte impacto colectivo, para que estos hechos que nos avergüenzan como país, jamás se repitan, no queden en la impunidad y nunca se olviden.
Pero además de acatarse lo ordenado por el fallo, todas las víctimas de este y otros genocidios políticos deben ser nombradas, reconocidas y dignificadas; debe contarse lo que sucedió, cómo y porque, y lo que significó para muchas familias verse inmersas en un plan de persecución estatal por profesar una ideología distinta a la dominante. También deben brindarse garantías para que el horror del crimen y el obligado silencio no sean parte cotidiana de nuestra historia. La vigente operación gatillo contra líderes y lideresas sociales y desmovilizados que cumplen con un acuerdo de paz, son prueba elocuente de una realidad que no puede seguir siendo minimizada, justificada o ignorada porque duele y nos cuestiona como nación. Urge develar la autoría mediata del plan de exterminio e identificar a los actores que participaron en su diseño. El país debe superar el negacionismo y conocer, por más dura que sea, la verdad de su historia; hablar y debatir sobre ella, llorar y escuchar. Sólo así podrá sanar y abandonar para siempre la espiral de odio, miedo y violencia que nos ha consumido durante siglos.
Sin olvido
-La tarde del 26 de julio de 1986, Oscar Alberto Zuñiga jugaba ajedrez con su suegro en una amplia terraza, cuando varios sicarios lo sorprendieron por la espalda y le dispararon 60 proyectiles. Murió de forma instantánea. Su padre y hermanos no pudieron asistir al funeral, al que llegaron varios sicarios, y tuvieron que desplazarse por amenazas que luego se cumplirían.
– Cerca de las 6:30 de la tarde del 30 de agosto de 1986, el representante a la Cámara por Santander, Leonardo Posada Pedraza, en compañía de dos colegas abandonó la sede del Partido Comunista y de la UP de Barrancabermeja. Habían recorrido una cuadra de serena caminata nocturna, cuando se escuchó una moto que venía en su dirección con dos hombres armados vestidos de negro. Leonardo recibió ocho tiros mortales. Su muerte marcó el inicio del denominado «Plan Baile Rojo».
– Pedro Nel Jiménez Obando fue asesinado el 1 de septiembre de 1986 por orden del Teniente Miller Tarcisio Koy Núñez, jefe de inteligencia de la Brigada VII. Jiménez Obando fue un activo militante del Partido Comunista Colombiano, personero municipal de Villavicencio y presidió el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en el Meta. El día de su muerte salió de su oficina para recoger a su hija que salía del Colegio Normal Nacional, ubicado en la vía que conduce de Puerto López a Villavicencio, cuando fue abordado por dos hombres que desde una moto le dispararon varias veces, y luego salieron en dirección a la Brigada VII, donde testigos los vieron ingresar. Dos días después, durante su sepelio, algunos de los asistentes fueron acosados por militares. Dos miembros de la UP, Críspulo Hilario Muñoz y Jair López, que habían viajado desde otro municipio para despedir a su amigo, fueron secuestrados al llegar al cementerio por seis hombres armados que se movilizaban en dos camionetas con vidrios polarizados. Los dos fueron asesinados y 48 horas después sus cadáveres fueron encontrados con señales de tortura, en la vía que comunica Villavicencio con el municipio de Acacías.
-La mañana del 14 de agosto de 1987, Pedro Luís Valencia, medico salubrista, profesor de la Facultad de Enfermería y Salud Pública de la Universidad de Antioquia, y senador de la UP, descansaba en su casa cuando un jeep con varios hombres armados, chocó contra la puerta del garaje, y lo asesinaron con 42 disparos. Un día antes de su muerte, Pedro Luis había participado en una multitudinaria marcha por la paz, la vida y la defensa de los Derechos Humanos, que recorrió las principales calles de Medellín.
-El 10 de diciembre de 1987, a las 10:30 de la mañana Francisco Eladio Gaviria se encontraba en la Cooperativa de Trabajadores Simesa, realizando sus prácticas de periodismo, cuando varios hombres armados vestidos con prendas militares se lo llevaron a la fuerza. Su esposa con seis meses de embarazo y dos hijas pequeñas, Manuela y Alejandra, de 8 y 6 años, se dedicó a buscarlo. Pronto supo por las voces de algunos testigos que había sido llevado a la IV Brigada del Ejército Nacional. Un día después, en la loma “El Esmeraldal” del municipio de Envigado, fue encontrado su cadáver, desnudo, envuelto en un costal y amarrado con alambre de púas, con visibles huellas de tortura, costillas fracturadas, labios y ojos quemados, laceraciones en todo el cuerpo, hematomas e impactos de arma de fuego.
-En agosto de 1988, Carlos Muñoz Díaz y su esposa Rosmery, en estado de embarazo, tuvieron que romper su confinamiento y salir al municipio de Curillo en lancha para una urgente revisión médica. Navegando sobre el río Caquetá, dieron con un retén militar del Batallón Juanambú de Florencia del Ejército Nacional. Carlos fue retenido, y según testigos, asesinado y su cuerpo arrojado al río. Rosmery, cuyo padre, el concejal Jaime Londoño González había sido asesinado cinco meses atrás, perdió a su bebe y cayó en depresión.
-Misael Guaca, militante de la UP, fue asesinado en enero de 1989 cuando viajaba en una chiva para cumplir con la última voluntad de su suegro, Patrocinio Zuñiga, dirigente de la UP, asesinado días atrás junto a su otro yerno y su hija. El objetivo era trasladar su cadáver hasta el corregimiento de Sucre. Fueron sorprendidos por varios paramilitares que vestían de civil. Misael fue asesinado frente a sus familiares.
-José de Jesús Antequera, tenía 33 años, una esposa enamorada, dos hijos pequeños y varios proyectos políticos de cambio, cuando fue asesinado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, 3 de agosto de 1989. En el momento en que fue baleado por un joven sicario, saludaba el dirigente liberal, y futuro presidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano, quien recibió 13 disparos y milagrosamente sobrevivió.
-Manuel Cepeda, el último Senador elegido por voto popular de la UP, fue asesinado el 9 de agosto de 1994 cuando seis sicarios, tres de ellos, efectivos del Ejército Nacional, lo interceptaron en la Avenida Las Américas de Bogotá, cuando se dirigía al congreso a realizar un debate sobre Derecho Internacional Humanitario.
-El 15 de noviembre de 1998, hacia la 1:30 de la tarde de un día festivo, una docena de hombres fuertemente armados llegaron hasta el corregimiento, que se encuentra en estribaciones de la Serranía del Perijá, y con lista mano escogieron a sus víctimas. Entre las ocho personas asesinadas, cayó Alexis Hinestroza, promotor de salud y uno de los dirigentes comunistas más destacados del Cesar.
Como afirma la senadora Aida Avella, “no hay muertos emblemáticos”. Cada víctima de la UP es importante y debe ser reconocida por su compromiso con la paz y la justicia del país. La lista de fallecidos, de acribillados, desparecidos y martirizados continúa; es la eterna lista de la infamia que no cabe en el espacio de un artículo de prensa, pero esos nombres y esos rostros, esas historias y luchas, deben ser parte de la memoria de una nación que se resiste a que vergüenza, dolor y muerte, sean su legado.
“Dejar de olvidar, en griego se dice “a-letheia” y esta palabra traducida al latín y allegada al castellano se lee como «verdad»”[10].
___________________
[1] Corte IDH; “Colombia es responsable por el exterminio del partido político Unión Patriótica”. Enero 30 de 2023. Ver en: https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_09_2023.pdf
[2] El Tiempo; Editorial Ver en; https://www.eltiempo.com/opinion/editorial/el-fallo-sobre-la-up-editorial-el-tiempo-738667
[3] Ídem
[4] Caracol; Caso UP: ¿A qué está obligada Colombia tras fallo de Corte IDH? Por Eddy Mosquera. Bogotá, enero 30 de 2023. Ver en: https://caracol.com.co/2023/01/30/caso-up-a-que-esta-obligada-colombia-tras-fallo-de-corte-idh/
[5] “Teníamos razón”: militantes de la UP celebran fallo de la Corte IDH contra el Estado. https://www.elcolombiano.com/colombia/union-patriotica-corte-idh-condena-al-estado-por-exterminio-de-la-up-PB20212841
[6] Idem.
[7] El Tiempo; ¿Por qué el exterminio de la UP? Bogotá, 7 de febrero de 2023. Ver en: https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/alfonso-gomez-mendez/por-que-el-exterminio-de-la-up-columna-de-alfonso-gomez-mendez-740186
[8] La oreja roja; Genocidio de la UP: vergüenza nacional”. Bogotá, 3 de febrero de 2023. Ver en: https://www.laorejaroja.com/genocidio-de-la-up-verguenza-nacional/
[9] HARFF, Barbara y GURR, Ted; “Genocide and Politicide in Global Perspective: The Historical Record and Future Risk”, en Windass Stan (Ed.), Just War and Genocide, Londres, 2001.
[10] Revista Taller; “Abriendo la cortina para ver el árbol de la memoria”. José Darío Antequera
Maureén Maya
Foto tomada de: El Colombiano
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