Repetidamente los pobladores protestan y se lanzan a las calles a exigir atención del gobierno nacional. Los paros cívicos se han convertido en el mecanismo de esos reclamos y el 16 de mayo pasado, la población de Buenaventura dio inicio a una nueva jornada cívica, con el respaldo del obispado regional, en demanda de las mismas reivindicaciones de 2014.
La respuesta del gobierno Santos a las movilizaciones sociales en desarrollo del paro cívico indefinido, nuevamente ha sido la represión y la militarización. Recordemos que en 2014, la militarización también fue la respuesta a las justas exigencias de la población; y que en 2008, la respuesta del “demócrata” Uribe Vélez fue militarizar las comunas 3, 5 y 12 y ordenar la que se llamó “Operación Orión de Buenaventura”, en clara alusión a la confabulada “Operación Orión” iniciada por el Ejército & Paramilitares el 16 de octubre de 2002 contra la comuna 13 de Medellín, pero que también la sufrieron en la comuna 8 y otros sectores como Castilla, 12 de Octubre y Manrique. Para el entonces presidente, el “problema de la inseguridad y violencia en Buenaventura hay que arreglarlo, pues si lo hicimos en la Comuna 13 de Medellín, ¿por qué no lo podemos hacer aquí?” a la vez que instigaba “una militarización más efectiva y de verdad, desde ya, con allanamientos constantes para estrujar estos delincuentes y meterlos presos”[1].
Resulta innecesario enumerar las calamidades que cubren al principal puerto sobre el Pacífico colombiano: Narcotráfico, Bandas Neoparamilitares, Violencia, Pobreza, Corrupción, Segregación. Sin embargo, todas ellas tienen el denominador común de la política entendida como actividad “legal” para adquirir poder y riqueza sin importar que los medios sean ilegales. Unas y otras se confunden y en el caso de Buenaventura, a manera de ejemplo se pueden citar los nombres de Bartolo Valencia Ramos, alcalde durante el período 2012-2015, acusado de “irregularidades” en programas de contratación de cupos escolares (estudiantes fantasmas); y el de Juan Carlos Martínez Sinisterra, exsenador condenado por la Corte Suprema de Justicia el 8 de junio de 2011 por sus vínculos con el Bloque Calima de los paramilitares y con el narcotraficante Olmes Durán Ibargüen.
El gobierno central se empeña en decir que el narcotráfico está controlado y “los paramilitares no existen”. Cuestión de nombres y de etiquetas, de marcas y de mercadotecnia; la realidad nos enseña que existe “La Empresa” organización criminal que inició como “oficina de cobro”, aliada de Los Rastrojos, y “La Empresa” disidencia de la anterior, aliada con “Los Urabeños” es decir con el “Clan Úsuga”. Hoy, “La Empresa & Rastrojos” se enfrentan a “La Empresa & Clan Úsuga” por el control del puerto de Buenaventura, dejando una estela de violencia llevada a sus extremos, como ocurre con las macabras “casas de pique”.
El estudio adelantado por investigadores del Centro Nacional de Memoria Histórica, “Buenaventura: un puerto sin comunidad”, es uno de los más recientes y completos acerca de la compleja problemática que azota esa región. Sin embargo, y a pesar de que se trata de un documento público y oficial, parece ser que los gobiernos nacional, departamental y municipal no han tenido tiempo de leer y menos de asimilar. Son investigaciones, que como la Constitución Política y las Leyes se convierten en letra muerta.
El trágico panorama del puerto se expresa claramente en un párrafo de la referida publicación: “La ubicación geoestratégica de Buenaventura como puerto internacional junto con la existencia de este tipo de Estado que no provee ni regula lo público, ha posibilitado el progreso de una creciente economía ilegal en el territorio. Los GAI[2] que han hecho presencia allí proveen de manera privada bienes públicos a agentes económicos, sociales e institucionales con los que establecen acuerdos y a la vez se nutren de las oportunidades financieras que ofrece una boyante economía criminal. La economía política de la guerra produce incentivos fuertes para que los GAI se interesen por desarrollar mecanismos que perpetúen la desinstitucionalización, lo cual conduce a que sus intencionalidades tengan que ver tanto con el control territorial como con el control poblacional, más que con un propósito antisubversivo o contraestatal” (pág. 27).
En palabras de Gonzalo Sánchez, director del Centro de Memoria Histórica, “La Costa Pacífica es de las zonas más críticas del conflicto armado en el país y de una naturaleza tan compleja y entretejida, como lo ve uno en el caso de Buenaventura, que difícilmente se va a cerrar con el proceso de negociación. Es una violencia de unas raíces más profundas. El primer problema en ese escenario, que va desde Chocó hasta Tumaco, es que el cruce de actores es tremendo”. En efecto, el horizonte se vislumbra en el presente que hoy viven Buenaventura y Chocó.
En noviembre de 2012, al inicio de su gestión en Colombia, Todd Howland, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitó el puerto de Buenaventura; un día después, expresaría que el nivel de pobreza de la población se asemeja al del Congo, “una vergüenza para un país que, como Colombia, tiene dinero”.
Según la Coordinación de Estudios Económicos de la DIAN, el 38% de la carga importada durante 2016 ingresó por el puerto de Cartagena, mientras que por el puerto de Buenaventura ingresó el 26,1%.
Así mismo, del número total de documentos de transporte por dirección seccional de la exportación, tramitados durante 2016, el 49,9% fueron tramitados en Bogotá, mientras que en Cartagena se gestionaron el 22,8%, en Medellín el 17,1% y en Buenaventura apenas el 5,4%. Y en cuanto a los documentos de importación, el 62,2% fue tramitado en Bogotá, el 19,8% en Cartagena y el 11,8% en Buenaventura.
Dichas cifras nos pueden servir de indicador del centralismo que continúa agobiando a las regiones y del contraste entre el poder central y la periferia. Los puertos de Cartagena – ya conocemos la miseria que ronda a esta ciudad – y Buenaventura mueven el 64,1% de carga importada y supondría unos ingresos tributarios y unas condiciones de generación de empleo para esas ciudades. Pero también observamos que el diligenciamiento de los documentos de importación y exportación de carga no se realiza en las ciudades donde están los puertos, sino en las grandes ciudades y más específicamente en Bogotá.
La recurrente situación de Buenaventura, que también aqueja a departamentos como el Chocó y La Guajira, y regiones como Urabá nos permiten plantear que en Colombia existe una política encubierta de segregación en contra de la población afrodescendiente y demás minorías étnicas. Dicho sin ambages y contrario a los postulados teóricos que pregona la Carta Política, en la práctica se adelanta una política soterrada de apartheid.
Apartheid[3] significa separación y surgió en 1944 en Sudáfrica como política oficial de segregación racial y organización territorial, aplicada sistemáticamente hasta 1990; constituye un crimen de lesa humanidad.
No importan los discursos políticos ni los enunciados legales. La realidad nos muestra que a lo largo de los años la dirigencia colombiana, política y económica, se ha empeñado en relegar a las minorías a espacios territoriales marginales que corresponden con los bordes geográficos del país. Buenaventura, Chocó, Orinoquia y Amazonia son tierras olvidadas del poder central que apenas cuentan para sumar votos en una “democracia” que se sostiene con el 45% de participación, y, para expoliarles sus riquezas madereras, mineras, pesqueras y de biodiversidad.
A la población negra de Buenaventura se le “incluye” para explotarla como fuerza de trabajo mientras que los centros de generación de riqueza, empezando por el privatizado puerto, se encuentran en manos de foráneos.
El puerto de Buenaventura es propiedad de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A (SPB). De acuerdo con la periodista María Elvira Bonilla (2014) se encuentra controlada por los grupos familiares Parody D’echeona y Paz Bautista (Harinera del Valle), “junto con otras dos grandes compañías portuarias, la española de origen catalán –TC Buen- cuyo representante legal en nombre de los españoles ha sido hasta ahora el abogado Camilo Gómez, actual fórmula vicepresidencial de Marta Lucía Ramírez, y el Grupo Portuario S.A manejan el billonario negocio que representa la operación portuaria del puerto de Buenaventura, que mueve cerca de 600.000 contenedores al año, el 80% del café que sale del país y el 60% de todas las exportaciones de Colombia”[4].
La SPB tiene entre los miembros de su Junta Directiva a Rudolf Hommes (exministro de Hacienda); José Pablo Castilla Salazar (exgerente de campaña de la actual gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro); Julián Andrés Madrid Pinilla (como Representante Legal de Cementos Argos S.A., presentó a la Corporación Autónoma Regional del Cauca solicitud de permiso de vertimientos para el proyecto Mina El Palmar – Título Minero DER 151, ubicado en el corregimiento de Timba, municipio de Buenos Aires, Cauca)[5]; Manuel Isaac Parody D’echeona (hermano de la exministra Gina Parody).
Según el Estado de situación financiera consolidado, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2017, la utilidad operacional de la SPB fue de $148.302.604 expresada en miles de pesos colombianos[6]. ¿A manos de quiénes van a parar esas riquezas en tanto la población vive en la miseria?
No puede afirmarse que los pobladores de esos infames bantustanes son ciudadanos, cuando carecen de las mínimas condiciones para vivir dignamente. No puede haber dignidad cuando se carece de servicios públicos, cuando no existen hospitales, cuando la miseria generalizada contrasta con la riqueza de unos pocos, cuando los llamados a gobernar se dedican a robar. Hay dignidad cuando se levantan gritos de protesta aunque se pretenda acallarlos con gases lacrimógenos y balas oficiales.
José Hilario López Rincón
23 de mayo de 2017
NOTAS
[1] Centro Nacional de Memoria Histórica. Buenaventura: un puerto sin comunidad. Bogotá, CNMH, 2015. Pág. 200-201.
[2] Grupos Armados Ilegales. Cita no incluida en el texto.
[3] http://www.historiasiglo20.org/GLOS/apartheid.htm
[4] https://www.las2orillas.co/los-multimillonarios-duenos-del-puerto-de-buenaventura/
[5] http://aplicaciones.crc.gov.co/boletin/archivos/auto-2799.pdf
[6] http://www.sprbun.com/web/portal/informacion-a-los-accionistas
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