Las representaciones colectivas son, hoy, opiniones que los medios de propaganda imponen.
N. G. Dávila
Los grandes medios televisivos, los diarios de la industria digital impresa y los recursos de la era digital, en manos de grandes grupos económicos han hecho de la información una herramienta de poder para fabricar lo que muy comedidamente llaman opiniones públicas. “La información circula ahora, completamente desconectada de la realidad, en un espacio hiperreal […] La caverna digital nos mantiene atrapados de la información. La luz de la verdad se apaga por completo. (Han, 2023). El mundo de la comunicación propicia una verdadera guerra de la información, en donde se utiliza la mentira y la manipulación para triunfar y dominar en los áridos terrenos de la política y la economía. El día 8 de febrero falló el plan que la derecha y sus medios habían orquestado para producir un escándalo internacional. Ya no dominan en las ondas del espacio.
Las nutridas marchas y plantones a nivel nacional las quisieron opacar magnificando dos leves incidentes que fueron rápidamente controlados por los mismos integrantes que participamos de las manifestaciones. Las reacciones de la ultraderecha, de sus medios y del “centro” ambiguo pero artero, no se hicieron esperar.
Paloma Valencia rechazó lo que consideró una presión contra la Corte y afirmó a pulmón herido: “¡Las instituciones se respetan”! Ella, que en 2018 “denunció” que la Corte Suprema (a la que, dicho sea de paso, el gobierno de Uribe ilegalmente interceptó) había puesto en marcha un plan para detener al Innombrable como retaliación a la propuesta de su partido de crear una sola corte superior con funciones constitucionales: “Nos llega información [de dónde] de que la Corte Suprema está preparando detención de Álvaro Uribe en represalia a la victoria de Iván Duque y la propuesta de discutir la pertinencia de una sola corte superior con funciones constitucionales”, trino en ese momento.
No contenta con eso, en octubre de 2019 Paloma Valencia convocó a una marcha en contra de esa Corte. Hoy, la misma vocinglera ha salido a condenar las pasadas manifestaciones al considerar que dilaciones como estas ya han sucedido antes la Corte. Sin embargo, lo que ella no cuenta es que la Corte devolvió la terna de Uribe Vélez en septiembre de 2009 porque había un candidato cercano al esmeraldero narco-paramilitar Víctor Carranza. En cambio, la exigencia ahora es apresurar la selección para evitar que la Fiscalía quede otra vez en manos de la mafia. Además, la Corte de aquel tiempo no es la misma de hoy, pues se ha ido degradando.
Mientras tanto, “el divino centro” (tan neutral e imparcial como de costumbre) también hizo parte de la discusión en favor de la derecha al apropiarse de sus consignas y discurso. “La conciencia moral” e inspirador político de Claudia López, Angélica lozano, Carvalho y Juvinao, me refiero a Humberto de la Calle, afirmó en su cuenta X: “Se revive una ominosa fase de la violencia en Colombia. La utilización de la asonada y la agresión como mecanismo de presión sobre la corte suprema es algo que los colombianos habíamos creído”. La matriz de opinión fabricada por la ultraderecha y sus respectivos medios fue repetida por “los verdes” y el “centro político” (combinación absurda como “círculo cuadrado”, ¡un oxímoron!). Humberto de la Calle desconoció el carácter pacífico de las marchas, e ignoró que, al intento de saboteo por parte de un reducidísimo número de personas, la gran mayoría de manifestantes reaccionó para evitarlo, precisamente porque no solo iba en contra de la finalidad del plantón, sino porque sabíamos que aquello era darle la ocasión a la derecha extrema y “moderada” para que publicara titulares y mensajes que aun así no se abstuvieron de publicar.
No contento con esto, Humberto de la Calle desestimó las amenazas al actual gobierno y rechazó con contundencia el pronunciamiento de la OEA con el que se advierte sobre dichas amenazas y se pide celeridad para elegir fiscal. En su carta a Luis Almagro, De la Calle afirmó que se ha ofendido “en lo más profundo el talante y la vocación democrática de los colombianos”, y lo invita a “repasar la historia de Colombia. Esta no es tierra de golpes de Estado”. Claro que no, Don Humberto, esta no es tierra de golpes de Estado precisamente porque para evitar darlos se anticipan matando al candidato, y como siempre ha gobernado la derecha, pues ella misma no se va a tumbar, ¿o sí, Humbertico? Decime vos. Pero como Petro les llegó vivo, no saben cómo deshacerse y quieren tumbarlo con medios más sutiles. Y qué lástima que no me quede espacio para repasar “la historia democrática de Colombia”, pero miro y veo el genocidio de la UP: el exterminio de un partido y sus candidatos, sin contar el asesinato de Pizarro y Galán; veo chuzadas, persecución, narcotráfico, perfilamientos, paramilitarismo, asesinatos selectivos a la oposición, exiliados, falsos positivos, masacrados, etc. Hombre Humberto, definitivamente hay que ser un cretino y un completo miserable para decir lo que escribiste. En fin, yo soy más o menos realista y a ningún olmo le he pedido peras.
Por otro lado, Ricardo Ospina, un sicofante de Blu Radio, sirvió de telonero a Victoria Dávila que, con sus trinos espectaculares de inspiración hollywoodense, habló de desalojos, atentados, secuestro, evacuación en helicópteros y hasta de holocausto. Todo un montaje hecho a la altura de esta pobre libretista de Semana.
Algunos columnistas, incluso de corte realmente liberal, repitieron el falso relato de que el presidente Petro no solo no rechazó la violencia, sino que, incapaz de controlar la legítima protesta, se sirvió de “extremistas radicales” para lanzar una amenaza a la Corte Constitucional. Pues se dejaron engañar señores, no consultaron y fácilmente se tragaron la mentira de que lo sucedido fue similar a lo ocurrido en el 2021, cuando supremacistas seguidores del expresidente Donald Trump se tomaron el Capitolio norteamericano. ¡Nada más lejos!
Una autoridad totalitaria es justamente aquella que omite su deber de probarse frente al pueblo, y al no considerar si sus aspiraciones y necesidades se encuentran recogidas en esa autoridad, fácilmente se convierte en un poder incuestionable que no acepta la crítica teórica, ni práctica de la sociedad. El Estado y sus instituciones, que son históricamente lo segundo respecto de la formación social, se convierten en instancias míticas y primigenias, como realidades autónomas e independientes separadas de los individuos. El artículo 3 de la Constitución afirma que “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”. El pueblo es entonces primero que sus jefes, pues debe existir antes de elegir a algún representante suyo o aceptar por voluntad la obediencia a una autoridad cualquiera. En El contrato social, escribe Rousseau (2012):
“Antes de examinar el acto mediante el cual un pueblo elige a un rey, habría que examinar el acto mediante el cual un pueblo se convierte en pueblo, porque, siendo este acto necesariamente anterior al otro, es el verdadero fundamento de la sociedad” (p. 18).
Nuestra democracia ha tenido esencialmente una vocación formal, es una democracia de escritura y de sufragios que no ha logrado echar raíz dentro del pueblo. Como escritura, se reduce a leyes y decretos redactados por legisladores leguleyos pertenecientes a las clases tradicionalmente dominantes; como sufragio, son votaciones y comicios a los que la masa ignara y despreciada es conducida como un fiel rebaño. “El sufragio universal no pretende que los intereses de la mayoría triunfen, sino que la mayoría lo crea”, dice Gómez Dávila (2001). Así pues, una democracia de papeletas debe dar lugar a un verdadero movimiento popular en marcha.
Sin pudor, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, propone aplazar la elección de la fiscal si el próximo jueves 22 se “repite la violencia”, ¿cuál violencia? ¡No existió! Pero los distinguidos magistrados al sentirse interpelados amedrentan a la sociedad condicionando su derecho a manifestarse. En tono solemne y en plural mayestático, los insignes togados de la Corte intimidan a la ciudadanía amenazándola si marcha: “si me presionan, no trabajo”, dice el honorable. Están seguros de que el mal mayor son las movilizaciones populares y no el hecho consumado de que la Fiscalía ha quedado en manos de narcos y paramilitares. Un chantaje inaceptable de este tipo lo hacen olvidando su deber constitucional y su obligación legal de cumplir con sus funciones: en el artículo 414 del Código Penal (prevaricato por omisión) se dice que
“El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses”.
Naturalmente, esta ley no va a sancionarlos y por eso se permiten la amenaza. La inacción de la Corte no solo tiene consecuencias administrativas, sino graves repercusiones sociales y políticas. La sociedad no es indiferente a sus decisiones, al contrario, le importan hondamente, no solo porque afectan su dignidad de soberano, sino porque con ellas se le impone un poder que favorece la impunidad y el desafuero. Pero los señores de la Corte se presentan como dioses de un Olimpo inalcanzable; representan el papel de legisladores circunspectos, aparecen con semblante serio, honesto, respetable, como jueces superiores, heraldos y portavoces de una potestad sublime, casi divina, que baja de los cielos para entregarle al pobre pueblo las tablas donde están inscritas las sentencias inspiradas por una fuerza misteriosa.
Estos señores supremos de la Corte, inapelables, han confundido el reclamo con el crimen, la presión con el terror, y han tratado de hacer creer que tanto el presidente como el pueblo que protesta están en contra de las instituciones de justicia y no contra la mafia que ha cooptado a las instituciones.
Magistrado viene del latín magistratus, y en la antigua Roma aludía a quienes eran elegidos para estar a cargo de la administración y dirección de la ciudad, es decir, eran funcionarios públicos, ministros, servidores. Hoy, al ser de una categoría superior al juez ya no se reconocen como funcionarios o servidores de nosotros, más bien nosotros nos hemos convertido en sirvientes suyos.
Las marchas del pasado jueves 7 de febrero no solo manifestaron un respaldo al presidente contra los intentos de entorpecer el curso natural de su mandato por parte de quienes quisieran derrocarlo, sino que además fue una demanda legítima a la Corte para que no olvide su deber. La movilización masiva y permanente es la garantía de un gobierno de izquierda liberal que ha puesto en marcha el programa de su gobierno y respeta las instituciones. Este es un gobierno que cuenta con un amplio respaldo popular dispuesto a denunciar, a salir y a defenderlo para no dejarlo derribar. No vamos a soltar, todo lo contrario: ¡movilización, movilización y unidad popular!
“Y que nadie rechace esta opinión mía con aquel proverbio tan trillado de que “quien construye sobre el pueblo, construye sobre el barro”, porque esto es verdad cuando quien se funda en el pueblo es un ciudadano privado que se imagina que el pueblo lo salvará cuando se encuentre acechado por los enemigos o por los magistrados. […] Pero si quien se apoya en el pueblo es un gobernante capaz de mandar y valeroso, que no se arredra ante las adversidades [..], que con su ánimo y sus instituciones mantiene a toda la población ansiosa de actuar, tal gobernante jamás se encontrará engañado por él y comprobará que ha construido sólidos fundamentos para su mantenimiento (Maquiavelo, 2013, p. 87).
David Rico
Foto tomada de: El Nuevo Siglo
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