Después de haber sido condenado por el juez Sergio Moro a nueve años y medio (una referencia odiosa a los nueve dedos que tiene Lula, víctima de accidente de trabajo en la línea de producción, como obrero metalúrgico en la industria automovilística), otro Tribunal elevó la pena a 12 años y medio, lo cual impediría que Lula interponga recursos para apelar la condena.
Todo hacía parte de una escalada persecutoria, que tras rechazar todos los recursos, solo agregaba nuevos procesos en contra de Lula. Esta decisión, más allá de sus consecuencias, representa el cierre de este clima. Por primera vez un Tribunal da una decisión favorable a Lula.
La disminución de la condena y de la multa que Lula debiera pagar le trae consecuencias favorables. En primer lugar, la pena menor permite que, en septiembre, Lula cumpla 17 meses de prisión, tiempo suficiente para que pueda demandar régimen semi abierto de prisión.
Asimismo se disminuye de 16 a 2 millones la multa que Lula debería pagar, pago que es condición para poder acogerse a ventajas en el proceso. Asimismo, Lula podría solicitar prisión domiciliaria, situación que todavía no está clara.
Imposible no vincular esa decisión al nuevo clima político y jurídico, marcado por profundos y reiterados conflictos dentro del gobierno, de sectores del gobierno con el Poder Judicial, de los de la operación Lava Jato con el Supremo Tribunal Federal, así como el debilitamiento de la figura de Sergio Moro, por múltiples apariciones públicas desastrosas, pero sobretodo por reiterados tropiezos en el caso Lava Jato.
Hubo, por una parte, una decisión del STF que ha decidido que los procesos en que los recursos que tienen que ver con campañas electorales, deber ser juzgados por tribunales electorales y no por las instancias de la operación Lava Jato. Por otra parte, surgió la denuncia de que una de las empresas más directamente involucradas en procesos de corrupción, había fabricado delaciones voluntarias de sus dirigentes, con finalidades de incriminar a otras personas y de favorecer a la empresa.
Pero el principal escándalo que ha afectado la imagen pública de la operación Lava Jato fue el descubrimiento de un Fondo millonario de recursos que los jueces estaban montando, en acuerdo con autoridades norteamericanas. El Fondo sería el resultado de un acuerdo de la Lava Jato con autoridades de los EEUU, según la cual Petrobras habría pagado una multa gigantesca, pero del cual, el gobierno norteamericano habría reservado una parte de esos recursos para el Fondo que sería administrado en Brasil por los jueces de la Lava Jato. La revelación provocó escándalo, reacciones negativas generalizadas, hasta que los jueces que dirigirían el Fondo han decidido, frente a esa repercusión, retirar la iniciativa.
El jurista Afranio Jardim dijo que “en pocos meses Lula estará de nuevo en los brazos del pueblo”.
Pero Lula, desde un comienzo, dijo que solo aceptaría salir una vez reconocida su inocencia. Ha reiterado recientemente que prefiere la dignidad en la prisión que una situación vergonzosa afuera. Comienza una campaña sistemática para intentar convencerlo que busque formas de salir de la injustica y de la injustificada prisión. Por el momento, queda un clima favorable a que nuevos recursos lo puedan favorecer.
Los próximos meses se definirá el destino de la campaña internacional Lula Libre.
– Emir Sader, sociólogo y científico político brasileño, es coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ).
Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/199493?utm_source=email&utm_campaign=alai-amlatina
Foto tomada de: Resistencia Urbana
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