Revisado lo contenido acerca de educación, pero en general examinada la perspectiva que subyace en el documento, más que un instrumento técnico en el que se señalen “los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el Gobierno[1]”, la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 está siendo utilizada para una velada reforma legislativa y de estructura institucional.
No sobra leer entre líneas la gran cantidad de cambios en leyes aprovechando que el “Plan Nacional de Inversiones (con el que se ejecuta el PND) se expedirá mediante una ley que tendrá prelación sobre las demás leyes[2]”, lo que ha llevado a que algunas personas e instituciones denuncien la inclusión de micos en materia de legislación, esto en un uso oportunista de la fuerza de esa ley del plan. Se aspira, entonces, a que en el debate que empieza la semana entrante (segunda semana de mayo/19) en el Congreso de la República, se desenmascaren, desmonten o ajusten los artículos que vayan en contravía o que ignoren la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (152 de 1994), que indica que la prioridad en todo plan debe ser el gasto público social “Para asegurar la consolidación progresiva del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población[3]”.
Más que proyectar acciones y girar recursos, en el fondo se trata de una estrategia política para hacer girar al Estado, cada vez más instrumentalizado por un pequeño grupo de grandes empresarios de la banca, la industria, el comercio y el latifundio.
Aunque respecto de educación la movilización social está evitando que ese giro sea tan profundo como el gobierno quisiera, basta considerar los reclamos que muchos sectores sociales, gremiales y políticos le hacen al gobierno, eso por la evidente carencia de un efectivo diálogo nacional que permita tener un proyecto de Nación compartido que tenga como base un PND consensuado democráticamente. No obstante dicho instrumento sea llamado “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” y que contenga 16 “pactos” temáticos o sectoriales, la propuesta no es efectivamente un acuerdo de voluntades. Este panorama indica que se consolida y crece la deuda de Participación que quedó como aspiración en la Constitución Política del 91: estamos lejos de una verdadera democracia participativa cuando las figuras y los mecanismos, para ella establecidos, se utilizan precisamente para negarla.
Sector educativo: movilización efectiva
Sin embargo, por ese ambiente de precarización de la democracia y los derechos, resulta significativo y aleccionador que en el mismo contenido del PND haya trazas, precisamente referidas a educación, que es necesario reconocer como logros de movilizaciones sociales sostenidas, autónomas y en proceso de formación. Para este artículo se hará mención de las realizadas por millones de estudiantes y centenares de miles de maestros con un muy buen respaldo de instituciones, organizaciones, partidos y movimientos políticos de centro y alternativos, lo mismo que por un buen posicionamiento en los imaginarios de la ciudadanía en general: La movilización por el derecho en la educación Superior y la que, con el sector de la educación básica y media, lidera la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación Fecode.
Si bien no en la dimensión esperada, pero sí como acicate para mantener las movilizaciones y proyectar un potencial y verdadero reconocimiento del derecho a la educación, el Gobierno nacional debió acceder a incluir en el articulado del PND, y se espera que en el plan de inversiones, la mayoría de los compromisos firmados el año anterior en virtud de los acuerdos de Octubre y Diciembre con rectores y con estudiantes y docentes de la Educación Superior, lo mismo que, en menor medida, algunos compromisos con Fecode, también producto de paros, movilizaciones y pliegos de peticiones de los años recientes, y tramitados por unas instancias de concertación instaladas y actualmente funcionando.
Para el caso de la Educación Superior, efectivamente se hace mención, especialmente en los artículos 189, 191 y 192 del proyecto que estudiará el Congreso, al fortalecimiento financiero de las universidades estatales, acceso y permanencia en ellas y el uso de excedentes del ICETEX, todo esto con énfasis en lo público. Sin que llegue a ser suficiente para atender, como se debe, a la totalidad de la población en edad de cursar educación universitaria, tecnológica o técnica superior, se dispone la intención de gestionar recursos para el funcionamiento, el pago de pendientes y deudas, y para investigación de las universidades públicas, que son las que atienden la educación en las regiones, lo mismo que el posible alivio, con excedentes ICETEX, a estudiantes deudores de esa entidad.
Una de las personas de la comisión de negociación del acuerdo sobre Educación Superior con el gobierno a finales del año anterior, reconoce que de los 18 puntos pactados, 16 de ellos están teniendo un desarrollo aceptable, señalando que recursos sostenibles por regalías y la destinación de excedentes del Estado, todo esto ofrecido para universidades e investigación, está en mora de atenderse. Estos hechos, cumplimiento parcial o incumplimiento, son objeto de seguimiento por esa misma comisión, que luego del acuerdo sigue activa y atenta a mantener la presión hacia el gobierno para asegurar un cumplimiento cabal de lo convenido.
También como efecto de la movilización social, para la educación preescolar, básica y media, gracias a la constante labor de Fecode, se incluye en el PND un artículo (el 194), con el que se establece crear una comisión multisectorial que elabore “una propuesta de acto legislativo que incremente real y progresivamente los recursos del Sistema General de Participaciones”. Este escenario es fundamental en la destinación y distribución de los recursos para la educación pública preescolar, básica y media, por lo que se debería tener como desafío principal el asumir la educación como un derecho de todas las personas en donde ellas residan, no el simple papel de administrar unos pocos recursos para apenas una parte de la población, pues ya se ha dicho que actualmente solo se ofrece apoyo educativo a una tercera parte de los infantes en edad de educación inicial, que la tasa de graduados del bachillerato no llega a la mitad, y que la tasa de graduados de la educación superior no llega al 10% de quienes debieran conseguirlo. Gigante desafío tiene esa propuesta de nuevo Sistema General de Participaciones, pues se trataría, como lo básico, de doblar el esfuerzo que actualmente se hace. Pero principio tienen las cosas; ojalá se tenga talla y empuje para semejante reto. Una difícil gestión de años con el sector educativo en las aulas y en las calles trajo hasta aquí, y no se llegó por benevolencia de los gobiernos. Si se dio un paso como este, hay que estar la altura para conseguir los que deben venir en su desarrollo.
Se destaca la inclusión en el PND, aunque con sabor a burocracia y a jugosa contratación privada, de los artículos referidos a la creación de un fondo del Ministerio de Educación para la construcción de infraestructura para colegios (art. 190) y una entidad autónoma para el manejo de los programas de alimentación escolar (art. 195). Si bien saltan dudas sobre la manera como se irán a manejar como cajas del gobierno, eso no obsta para reconocer que se trata de la incorporación en un plan de desarrollo, como política pública, de dos de las principales acciones que en Colombia, en Bogotá en particular desde 2004[4], se empezaron a impulsar con fuerza en la política social, como fue el de construir muy buenos colegios y el de ofrecer alimentación escolar, que si fuera por el neoliberalismo, nunca se hubieran acogido. Digamos que la fuerza de unas buenas ideas en clave de derechos consigue que algo de ellas se filtre en gobiernos que no tengan esa perspectiva.
Fecode ha manifestado su oposición al PND, aun aceptando que hay avances en compromisos por parte del gobierno, pero es lo lógico, pues historias de incumplimientos hay mil, y lo que está en el PND no basta para atender reclamos eternos por la deficiente calidad de sus servicios de salud y por limitaciones a los ascensos, por ejemplo, pero además, son muchas las condiciones básicas de logística, salarios, dotación y programas que hay que asegurar para para atender de manera debida la política de ampliación de la jornada escolar a las 8 horas diarias, que es un propósito a alcanzar para beneficio de las familias que atiende la escuela estatal.
Aprendizajes
No obstante se trate de una reforma legislativa y andanada de involución en el gobierno nacional y en su partido, el de la derecha más ortodoxa, con la propuesta de PND, que deberá ser revisada y ajustada a lo esencial en clave de derechos, queda como aprendizaje la importancia de organizarse y mantenerse movilizados, pues, para el caso de la educación, ésta no es una concesión generosa sino un derecho vital que hay que asegurar para todos. Sigue entonces el paso por el Congreso, y eso no se acaba allí, seguirán vivas las aulas, las calles y las urnas, los talleres y las investigaciones; la creatividad y la producción de nuevos sentidos y posibilidades.
Lo dicho: en este PND, ni planeación participativa, ni garantía de derechos, y muy poco de aportes ciertos a la equidad y a la provisión de oportunidades para todos, pero sí la oportunidad para ampliar y cualificar la movilización social permanente por los derechos, y entre ellos por el de la educación como atención a la dignidad humana.
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Fernando A. Rincón Trujillo: Consultor en políticas públicas.([email protected])
Foto obtenida de: Diario del Cauca
[1] Artículo 339. Constitución Política de Colombia, 1991.
[2] Artículo 341. Constitución Política de Colombia, 1991.
[3] Artículo 3, e. Ley Orgánica 152 de 1994.
[4] Gobierno de Luis Eduardo Garzón y sucesivos.
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