Simultáneamente, se observa un acelerado reordenamiento del territorio el cual había sido históricamente controlado por las FARC y con algunas zonas en disputa con miembros de los “puntilleros”, principalmente en la frontera entre Guaviare y Meta, el cual a partir de la firma del Acuerdo de Paz, da paso a la incursión del Ejército y la Armada Nacional en San José del Guaviare y sus alrededores, se posicionan Grupos Armados Organizados (GAO) muchos de ellos integrados por disidentes, antiguos ex-paramilitares y delincuencia común, relacionados con distintas economías ilegales, dejando a las disidencias del frente 1ro y 7mo en lo profundo del departamento, en zonas como el Guayabero, Cachicamo, Charras entre otros municipios, enfrentándose a los operativos orquestados por la fuerza pública. Pareciera que el proceso de paz, ejercicio que prometía ser una nueva oportunidad para el desarrollo, la superación de la pobreza y el abandono estatal, por el contrario, abrió la puerta a las viejas prácticas colonizadoras y mercenarias de la tierra y los recursos en estos territorios y amenaza con vehemencia el futuro y la sostenibilidad de la Amazonía.
El departamento del Guaviare, abarca un inmenso territorio con una superficie de 53.460 km², distribuidos en 4 municipios: Calamar, El Retorno, Miraflores y San José del Guaviare, con una población de aproximadamente 117.494 habitantes, de los cuales el 71.293 (60,68%) se encuentran en la cabecera municipal y 46.201 (39,32%) en la zona rural con una densidad aproximada de 2,20 habitantes por Km2 (Terridata, 2019). Su poblamiento obedece a por lo menos cuatro etapas de poblamiento: la primera, en la década de los 50’s relacionada con la extracción de recursos naturales como el caucho, la cacería, el comercio de pieles; la segunda, entre 50’s y finales de los 60´s un proceso de colonización debido al desplazamiento por hechos de violencia partidista y organización de autodefensas provenientes del sur del Tolima y el Huila; el tercero, colonización dirigida a los municipios del sur del departamento para desarrollo agrícola y ocupación de tierras y el último, al establecimiento de económicas ilegales por el cultivo de marihuana y de coca, en los municipios de Miraflores, Calamar, Retorno y en San José de Guaviare.
Estos datos señalan una particular condición histórica, y es que gran parte del territorio ha sido considerado como un espacio baldío, el cual debe ser administrado e incluido en la economía nacional a partir de “la apropiación privada de la tierra con el objetivo fundamental de producir mercancías: llámese tierra, maíz, ganado o coca” (SINCHI, 1999). Solo aquellas tierras que estén bajo alguna figura de titulación y hagan parte de la cadena de producción pueden ser respetadas, las demás son espacios factibles a la apropiación. Esta práctica ha sido uno de los principales factores por el cual la implementación del acuerdo de paz ha tenido grandes reveses en el departamento y enfrenta al territorio a un nuevo atraso político, económico y social, pero también ha sido un escenario en el cual emergen y se intensifican distintas conflictividades que amenazan la riqueza natural del departamento y la vida de sus comunidades.
Se identifican cuatro principales conflictividades: la corrupción del gobierno departamental, la deforestación a gran escala, la ampliación del uso de cultivos ilícitos y el reordenamiento de grupos armados organizados e incursión de la fuerza pública en el departamento. A continuación se presenta un breve análisis de su desarrollo y el impacto que estos fenómenos genera en un escenario de posacuerdo a nivel territorial.
Corrupción del gobierno departamental
Una de los principales males que aquejan al departamento del Guaviare es la lógica patrimonialista que ha imperado en distintos gobiernos departamentales, donde el uso privado de los recursos públicos para incrementar la acumulación de riquezas de sectores políticos y grandes terratenientes ha generado todo tipo de beneficios: exención de impuestos, legislaciones favorables y jugosos contratos para beneficio personal de dichos sectores. En el Guaviare, el mejor ejemplo de ello ha sido el actual gobernador Nevio Echeverry Cadavid, colono que llego hace 30 años al departamento, amaso grandes fortunas y ha estado en el poder en dos oportunidades (2001-2003 y 2016-2019) y el cual ha estado en distintos momentos vinculado a grupos paramilitares, ya sea por nexos familiares, su primo Óscar López Cadavid fue condenado por paramilitarismo en 2011 o directamente a partir de las declaraciones de alias “Don Mario” el cual declaro ante la Unidad de Fiscalías de Justicia y Paz, que Nevio había sido financiador de estos grupos a cambio de la injerencia de dichos grupos para posicionarlo en dicho cargo (López, 2017).
Las comunidades y sus líderes sociales expresan que Nevio ha fomentado en los últimos tiempos tanto la deforestación como la acumulación de tierras para el desarrollo de ganadería, palma africana y otras rentas, sin velar por la vocación del suelo que es principalmente forestal. En el taller “Construyendo país” de San José del Guaviare, realizado a finales de 2018, Nevio declaro públicamente que dentro de sus metas esta fortalecer el hato ganadero, pavimentar vías, titular tierras y tractores, y aseguró que los campesinos están antojados de palma y que si bien el departamento cuenta con 400.000 cabezas de ganado, hay pastos para más de un millón de vacas (Semana, 2019). Contrastado con esto, los campesinos han expresado que Nevio les compra tierras a colonos e indígenas por un precio, generalmente bajo, y luego se enteran que las vende al doble a terratenientes que vienen de diferentes partes del país (principalmente de Villavicencio, Tolima y Bogotá) para la palma y la ganadería.
En el pasado fue destituido por la Procuraduría (2004) por favorecer en un contrato a una empresa de su propiedad (una distribuidora de licores), por la compra irregular de combustibles para el departamento y por otros contratos ilegales (Razón Pública, 2016). Esto es un claro síntoma de la irregularidad de su mandato y que sigue siendo deficiente el sistema judicial para investigar y sancionar estas prácticas contraproducentes para el departamento.
Otro caso que es importante nombrar finalmente, en cuanto a la lógica burocrática que maneja el departamento y que mina el ejercicio democrático en el territorio, es el papel de Maritza Martínez en el departamento. Según fuentes territoriales, ella ha venido teniendo una presencia importante en el departamento y maneja importantes nexos con grandes empresarios del Meta, que tiene sus ojos puestos en proyectos de infraestructura y electricidad en el Guaviare. Según Noticias Uno (2019) “un proyecto del Ministerio que entregó 99.800 millones en inversiones para 31 proyectos eléctricos en zonas rurales de diferentes regiones del país, del cual cerca de 46.000 millones, se invertirán en dos proyectos de electrificación en el Guaviare que beneficiarían a la Senadora porque así logra mostrar inversión en una zona en la que tiene votos y maquinaria, y de hecho son proyectos que ella había reclamado”. También este mismo medio asegura que ella estaría apoyando en las elecciones de octubre a “Alexander Quevedo a la alcaldía de San José del Guaviare; Heyder Palacio, a la Gobernación; Yeison Pineda, a la Alcaldía de El Retorno; Jason Ferney Rojas, a la Asamblea y Yamith Vanegas, también a la Asamblea del Guaviare” (La Silla Vacía, 2019). El candidato para gobernación y alcaldía también está apoyado por Nebio Echeverry, situación que la pone con una importante incidencia en el departamento.
La deforestación a gran escala
Las áreas con mayor concentración de deforestación en la actualidad son los municipios San José del Guaviare, Calamar y en algunas veredas del municipio de La Macarena como El Morichal, Yaguara II y El Jordán (IDEAM, 2019), en especial las áreas periféricas entre los Parques Nacionales Naturales Chiribiquete, Parque Nukak y la Sierra de La Macarena, donde el aumento por año de deforestación es avasallante comparado con las épocas más difíciles del conflicto armado: “en 2014 se arrasaron 6.892 hectáreas, en 2015 desaparecieron 9.634, en 2016, la cifra llegó a 11.456 y en 2017 la deforestación arrasó con 38.221 hectáreas” (Semana, 2019). Esto refleja un aumento de casi el 200% en los últimos dos años, y evidencia que debido a la salida de las FARC-EP de estas zonas de conservación grandes capitales avanzan por la posesión de dichas tierras. Una de las hipótesis que han difundido algunos medios oficiales es que campesinos y disidencias son quienes han causado este daño, pero causa inquietud que teniendo en el pasado un control casi absoluto del territorio no lo hayan hecho y ahora que el acuerdo abrió el escenario para la incursión del Estado y otros agentes, la problemática vaya en aumento. Sobre esto los campesinos expresan: “Nos culpan de la gran tala y eso no es así. Son los latifundistas y terratenientes que vienen a comprar tierras, los que tumban hasta 800 hectáreas de bosque. No tienen control porque las mismas entidades les dan permiso. Un campesino por más verraco que sea no tala más de 10 hectáreas. No somos terroristas del medio ambiente” (Semana, 2019).
Los cultivos de uso ilícito
Según el informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos (UNDOC, 2018) en la región Meta-Guaviare ha habido un descenso importante de siembra de cultivos, pasando de 12.302 a 10.500 hectáreas y representando el 28% solo en el Guaviare. Sin embargo, esto puede cambiar rápidamente debido a que en las zonas más internas del departamento como Tomanchipan, cerca al Parque Natural Nukak, la Sabanas de la Fuga, al sur del centro poblado de Charras y al sur de Miraflores, aun se concentra dicha actividad, puesto que establece toda una estructura económica no solo para las comunidades, sino para disidentes que no se acogieron al proceso y narcotraficantes. Pero a esta problemática también se suma el incumplimiento de los programas de sustitución voluntaria de cultivos (PNIS) y distintas propuestas de desarrollo local que comprometía el acuerdo. Según algunos beneficiarios de dichos programas “hay un problema grave con este tema, y es que después de las concertaciones iniciales y que varias familias entraran en el proceso de erradicar los cultivos de sus fincas, cuando los acogidos por el programa llegan a reclamar la financiación para la generación de los proyectos productivos, les dicen que no, que no cumplen los requisitos y los sacan del programa: por un apellido mal escrito, por información faltante, por cualquier cosa. Ahora, los reincorporado de FARC, quienes eran los que movilizaban el tema, organizaban a la gente, les dejaron de pagar hace alrededor de 6 meses y ya no tienen ni con que moverse y los que lideran el programa han cambiado ya varias veces. En Miraflores la cosa es aún peor, porque allí están indígenas, reincorporados y campesinos y se nota más la ausencia del programa” (PARES, 2019).
Reordenamiento de grupos armados organizados e incursión de la fuerza pública en el departamento
Posterior a la firma del acuerdo, tanto el frente 1mo como una fracción del 7mo se desligaron tanto de la negociación como de la firma del acuerdo, a lo cual el partido FARC – EP dio como respuesta que se consideraban expulsados y exguerrilleros de FARC. Esto origino que estos integrantes se posicionaran nuevamente en algunas zonas del departamento y hayan buscado nuevamente hacerse al control del territorio, ubicándose principalmente en “los municipios de Miraflores, Calamar, Retorno y parte de San José del Guaviare, ejerciendo control de la comercialización de la pasta de coca, la extorsión a comerciantes y e imponiendo controles a distintas comunidades de la región” (PARES, 2018).
Así mismo, nuevamente se han posicionado “Grupos Armados Organizados (GAO) que controlan el crimen organizado dentro del departamento son liderados por dos exintegrantes del grupo paramilitar los “Puntilleros”: alias “Caracho”, paramilitar que controlaba los Llanos Orientales y que quedo al mando después de alias “Cuchillo” y Richard, brazo militar de “Cuchillo” operan desde la cárcel los grupos delincuenciales y de sicariato” (PARES, 2019). Según fuentes territoriales, estos grupos vienen ofreciendo servicios a grandes terratenientes o narcotraficantes para realizar trabajos como extorción, asesinato, amenaza u hostigamiento de aquellos que interfieren con sus intereses, principalmente campesinos o líderes sociales.
Pero lo que más ha llamado la atención y preocupa a los habitantes del departamento es la fuerte incursión del Ejército y la Armada Nacional en el territorio. Según expresan, se encuentran principalmente en San José del Guaviare y sus alrededores, realizando según saben operaciones de incautación de droga y economías ilícitas, pero también enfrentamientos en medio de comunidades, detenciones arbitrarias y señalamientos a líderes sociales como disidentes o favorables a partidos de oposición, generando así un ambiente de estigmatización social a quienes representen opciones sociales y políticas alternativas.
A modo de conclusión
El proceso de paz implicaba para los territorios, una posibilidad de transformar y erradicar la violencia sistemática que han vivido las comunidades y promover una presencia fuerte del Estado, lo cual posibilitaría la construcción de una fuerte democracia local. El panorama actual revela que este propósito sigue pendiendo de un hilo, ya que en el departamento siguen persistiendo grupos sociales tradicionales que buscan seguir favoreciéndose de esas tierras “sin dios, ni ley” poniendo a su servicio el Estado. Y esta realidad ya no solo afecta a los olvidados que viven en lo profundo de departamento del Guaviare, implica la sostenibilidad de todos los habitantes del país, del planeta; en sus riquezas naturales está el futuro de nuestra civilización y es una responsabilidad fundamental tanto para el Estado como para los ciudadanos hacer eco de esta situación para la protección de la vida y su seguridad.
REFERENCIAS
IDEAM, Boletín de Detecciones Tempranas de Deforestación. Cuarto trimestre de 2018. Bogotá, 16 de marzo de 2019. Obtenido de: http://www.ideam.gov.co/documents/24277/84382637/Detecciones+Tempranas+de+Deforestaci%C3%B3n/96e81976-195e-4d0f-8aaf-24c05c7312f8
Sistema de Estadísticas Territoriales – Terridata (2019). Departamento del Guaviare. Departamento Nacional de Planeación (DNP), Bogota.
SINCHI, I. A. (1999). Guaviare Población y Territorio. Bogotá. Obtenido de https://www.sinchi.org.co/files/publicaciones/publicaciones/pdf/guaviare%20web.pdf
Revista Semana (Enero 17 de 2019). Gobernador del Guaviare prendió alarmas entre los ambientalistas. https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/gobernador-del-guaviare-prendio-alarmas-entre-los-ambientalistas/42648
Razón Pública (Febrero de 2016). Vuelve y juega: los gobernantes locales corruptos. https://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/9235-vuelve-y-juega-los-gobernantes-locales-corruptos.html
Noticias Uno (Mayo 19 de 2019) Maritza Martínez recibió un jugoso beneficio de parte del Gobierno, ¿mermelada?. https://canal1.com.co/noticias/energuaviare-la-mermelada-a-maritza-martinez/
La Silla Vacía (Mayo 8 de 2019). Detector: “millonario contrato que favoreció a la senadora que no votó objeciones de la JEP” https://lasillavacia.com/detector-millonario-contrato-favorecio-senadora-no-voto-objeciones-jep-71459
Especiales Semana (2019). Deforestación en San José del Guaviare: La selva a mordiscos. Obtenido de: http://especiales.semana.com/deforestacion/guaviare.html
Especiales Semana (2019). Deforestación en San José del Guaviare: La selva a mordiscos. Obtenido de: “La corrupción es el gran enemigo del bosque”: comunidades del Guaviare. https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/la-corrupcion-es-el-gran-enemigo-del-bosque-comunidades-del-guaviare/42978
SIMCI – UNODC (2017). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016. Bogotá D.C. Obtenido de: https://www.unodc.org/documents/colombia/2017/julio/CENSO_2017_WEB_baja.pdf
López, J. H. (2017). Guaviare espejo del “posconflicto”. Revista Sur, Numero 30. Bogotá, D.C. https://www.sur.org.co/guaviare-espejo-del-posconflicto/?pdf=3050
PARES (2018). Cómo va la Paz Guaviare. Bogotá: PARES.
PARES (14 mayo, 2019). Las cuatro ‘plagas’ que azotan al Guaviare (parte II). https://pares.com.co/2019/05/14/las-cuatro-plagas-que-azotan-al-guaviare-parte-ii/
Lina Lissette Macias M, Docente e investigadora social y pedagógica.
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