Estos hechos contrastados con los infructuosos esfuerzos del presidente Iván Duque y su equipo de gobierno por controvertir la sistematicidad del fenómeno y asegurar en sus visitas internacionales que se ha logrado una reducción de 32% de la tasa de homicidios comparado con el gobierno anterior, cifra que no contempla aun 76 casos por verificar según el Informe Anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Colombia (Colombia Check, 2019).
Así mismo ha asegurado que las medidas de protección a líderes sociales por parte del Estado se han activado a cabalidad pese a que las instancias responsables han sido convocadas de manera tardía y principalmente por situaciones específicas de crisis, sumado todo esto, se muestra claramente dos realidades: tanto el Estado como su fuerza pública han fracasado en su intento por revertir la criminalidad que azota los territorios y en proteger tanto el cumplimiento del Acuerdo de Paz como a los líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y las comunidades que están implicadas en este proceso de recomposición territorial.
Lo que hemos presenciado desde agosto de 2018 hasta los últimos días es la paulatina implementación de un modelo de seguridad guiado por la doctrina militar del “enemigo interno”, donde las acciones se enfocan en reforzar la militarización de los territorios, como se establece en la Política de Defensa y Seguridad anunciada en febrero del presente año, donde se espera el “despliegue de la fuerza pública” a partir del establecimiento de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) y las Zonas de Construcción de Legalidad (ZCL) las cuales, al parecer, corresponden a gran parte de los territorios de antiguo control de las FARC-EP y otros grupos armados, la persecución de los disidentes del pensamiento oficial, a partir de operativos tanto de las fuerzas militares como de la policía nacional para reducir el campo de acción tanto de grupos armados postfarc como del ELN, grupos herederos del paramilitarismo como el Clan del Golfo y el avance de políticas represivas, como las propuestas suscitadas por el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, de consolidar una ley estatutaria para la regulación de la protesta social y declaraciones de la página oficial del Ministerio en redes sociales donde se argumenta que “los líderes sociales que son asesinados por grupos armados ilegales, son en su mayoría criminales dedicados al narcotráfico” afirmación que aunque fue corregida rápidamente debido a la presión de la sociedad civil e importantes figuras políticas, aludiendo que se trataba de un error del equipo de comunicaciones de dicha entidad entidad, no deja de ser una clara muestra de la percepción oficial del gobierno sobre el liderazgo social e intensifica la estigmatización hacia organizaciones, líderes y defensores de derechos humanos.
Este enfoque hace que la ciudadanía no perciba la seguridad como un derecho que debe ser exigido en el marco del goce efectivo de los derechos fundamentales, sino como una imposición del Estado donde la seguridad es un servicio agenciado por “otros” y que justifica incluso prácticas ilegales como la conformación de estructuras criminales paralelas a las fuerzas de seguridad, la represión de las movilizaciones sociales, la desaparición forzada de disidentes, interceptación de las comunicaciones, la tortura y el asesinato político, entre otras (CNMH, 2016).
Bajo esta lógica, las medidas de protección hacia los líderes y lideresas sociales no son una prioridad dentro de la agenda de seguridad del actual gobierno, entendiendo que en su discurso oficial han construido una imagen pública de los líderes y defensores de derechos humanos como colaboradores de grupos delincuenciales, minimizan la problemática a “líos de faldas” o ciudadanos “no gratos” que entorpecen con sus denuncias y cuestionamientos infundados el desarrollo de los grandes proyectos económicos del país.
De allí que su prioridad no es consolidar una política integral de protección con plenas garantías del derecho a la seguridad la cual busque identificar las causas estructurales de la situación de riesgo, como son la relación entre grupos delincuenciales y grandes grupos de poder político a nivel regional y local o la ausencia de presencia integral del Estado a nivel territorial (instituciones, recursos, condiciones de seguridad) la cual ha facilitado históricamente conflictos por la apropiación de recursos, tierras o el control territorial, sino que se limita su gestión a medidas reactivas de seguridad inmediata donde priman los registros del caso y algunas disposiciones materiales como chalecos, celulares etc., por cortos periodos de tiempo hasta que la situación de crisis inminente cese.
Esta visión reduccionista de la problemática y su malograda estrategia no se armoniza en lo pactado tras el Acuerdo de Paz, donde se realizó un importante avance conceptual sobre lo que significa un líder, lideresa, defensor o defensora social: se entiende “como aquella persona que se dedica a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y la libertades fundamentales en los planos nacional e internacional, tanto de forma individual como colectiva” (Directiva 002 de 2017, Parágrafo Segundo). Esta disposición plantea una obligación al Estado y un reto a la ciudadanía, y es trascender de las medidas remediales de protección a la prevención de los contextos de riesgo que viven los líderes sociales y sus comunidades dándoles plenas garantías para el desarrollo de sus actividades, procesos de incidencia y la representación que realizan en sus territorios.
Es contraproducente tanto para el presidente como para su equipo de gobierno seguir haciendo caso omiso ante la situación de los lideres, lideresas sociales y defensores de derechos humanos, calamidad que gana cada día más solidaridades e indignación a escala nacional e internacional. Y pensar que esta puede abordarse a partir de las viejas prácticas de la “seguridad democrática” donde la consigna del terrorismo, la estigmatización y la militarización de los territorios es la solución de la ola de criminalidad regional, es no entender que el país ha tenido cambios y que han emergido nuevas ciudadanías y sectores políticos que le apuestan e impulsan cada día por poder implementar adecuadamente un Estado Social de Derecho, donde la protección se edifique en verdaderas condiciones sostenibles de seguridad para aquellos que realizan la tarea más inverosímil en nuestra sociedad: defender nuestros derechos, nuestros territorios, nuestra posibilidad de vivir en paz.
REFERENCIAS
Centro Nacional de Memoria Histórica (2016), Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia, CNMH, Bogotá. Obtenido en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/hasta-encontrarlos_accesible.pdf
Gómez, L. (junio 18 de 2019). Reducción de homicidios a líderes sociales en gobierno Duque es cuestionable. Colombia Check. Obtenido en: https://colombiacheck.com/chequeos/reduccion-de-homicidios-lideres-sociales-en-gobierno-duque-es-cuestionable
Sánchez, D. (enero 13 de 2018). Por qué no funcionan las medidas de protección para líderes sociales. Semana Rural. Obtenido en: https://semanarural.com/web/articulo/por-que-no-funcionan-las-medidas-de-proteccion-para-lideres-sociales/775
Sánchez. R.; Ruiz, J. (febrero 25 de 2019). El plan de Duque para la Defensa y la Seguridad: ¿qué hay de nuevo? Razón Pública. Obtenido en: https://razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/11783-el-plan-de-duque-para-la-defensa-y-la-seguridad-que-hay-de-nuevo.html
Santana, P. (junio 24 de 2019). Continúa el asesinato de los líderes y el debate sobre el papel de las fuerzas armadas. Revista Sur. Obtenido en: https://www.sur.org.co/continua-el-asesinato-de-los-lideres-y-el-debate-sobre-el-papel-de-las-fuerzas-armadas/
Vargas, A. Rondón F. (febrero 11 de 2019). La Política de Defensa y Seguridad del Gobierno Duque: ¿Democrática o integral? ¿De guerra o de paz? Revista Sur. Obtenido en: https://www.sur.org.co/la-politica-de-defensa-y-seguridad-del-gobierno-duque-democratica-o-integral-de-guerra-o-de-paz/
Lina Macias, Coordinadora proyecto Seguridad y protección, fundación Paz y reconciliación.
Foto tomada de: El Economista
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