Las víctimas del conflicto armado han sido en los últimos gobiernos, una excusa de la que se han válido gobernantes y legisladores para ganar popularidad y aún para hacerse a algunos recursos económicos, que supuestamente servirán para aliviar la difícil situación de quienes fueron las directamente afectadas por la guerra y los 60 años de conflicto armado en Colombia, sin embargo al analizar las cifras tanto de reparación, como de restitución, además de los otros pobres indicadores presentados por la ley de víctimas, no se puede concluir cosa distinta, que las víctimas y su reparación, así como, las garantías de no repetición y el esclarecimiento de la verdad, no son parte de la prioridad de ningún gobierno.
La preocupación por la participación real de las víctimas en la construcción de la paz asiste hoy, a un momento crítico, dado que el gobierno de Iván Duque, está dando clarísima señales de su falta de compromiso con la construcción de la paz y por el contrario, su discurso y sus acciones, caminan en la dirección de desconocer lo pactado con la guerrilla de las FARC hace 2 años. Para constatar esto, baste mencionar que todas las iniciativas legislativas presentadas por los ministros del gobierno de Iván Duque, han caminado en la vía contraria de lo pactado con la guerrilla, igualmente el Plan Nacional de Desarrollo muestra el poco compromiso de este gobierno con la paz, pocas referencias a la construcción de la paz duradera y estable aparecen en el texto presentado por el gobierno y ese desconocimiento, además, se traduce en la ausencia del presupuesto para la implementación de los programas y las políticas acordadas con la guerrilla en el mencionado acuerdo de paz de noviembre de 2016.
A lo anterior, se debe sumar las diversos ataques del gobierno y sus altos funcionarios contra el acuerdo de paz y especialmente contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así mismo, las absurdas objeciones presentadas por el gobierno de Iván Duque para la aprobación de la ley estatutaria de la JEP, así como, el reciente anuncio de disminuir el presupuesto para su funcionamiento en el año 2020, a todo esto se suman los ataques de los altos funcionarios y la ofensiva mediática contra las altas Cortés, y el evidente desinterés por garantizar el ejercicio de la comisión de la verdad, en contravía del anhelo nacional de esclarecer lo ocurrido durante 60 años de conflicto en Colombia.
Pero sin duda, la mayor amenaza a la participación de las víctimas del conflicto proviene del aumento de las amenazas y asesinatos contra el movimiento derechos humanos, y los líderes y las lideresas que desde la firma del acuerdo de paz se ha traducido en más de 700 asesinatos y múltiples amenazas por parte de grupos organizados, que se muestran contrarios a la construcción de la paz y que el gobierno insiste en negar su existencia y no ha implementado una política adecuada y eficaz que garantice el desmonte de dichas estructuras.
A este genocidio debe sumarse el desinterés del gobierno, que ha salido con voces destempladas a tratar de negar la sistematicidad en los crímenes o a desvirtuar el origen criminal y planificado de esta acción violenta. Es tanto el desentendimiento del gobierno, qué incluso, diseña un programa de protección (Plan de Acción Oportuna – PAO) que no ha tenido en cuenta la voz de las víctimas y sus organizaciones, para implementar políticas eficaces de protección y prevención de la criminalidad contra el movimiento social y popular en el país y en especial contra los líderes y las lideresas que le han apostado a la construcción de la paz.
En medio de todas las preocupaciones que se han generado por los ataques del gobierno al acuerdo e implementación del proceso de paz y el genocidio contra el movimiento de derechos humanos y los constructores de paz, ha pasado inadvertido el franco retroceso o al menos el estancamiento de la ley de víctimas, cuyos indicadores de logro siguen después de 7 años de su puesta en marcha, mostrando cifras de indemnizaciones y restitución, muy por debajo de las propias metas establecidas por el gobierno y cada vez es menor el compromiso del gobierno para financiar adecuadamente la ley y por el contrario es el propio gobierno que hace todo lo posible por no permitir el despegue, de un plan que logre incrementar adecuadamente el pago de las indemnizaciones y la ampliación del número de hectáreas que se restituyen para las víctimas del conflicto armado, así se puede evidenciar en las metas que se propusieron en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, metas que estaban por debajo de los indicadores y resultados obtenidos en años anteriores, constituyéndose así, una vulneración del principio de progresividad que está establecido en la propia ley 1448 del 2011.
Este retroceso en el compromiso del gobierno, también está presente en el proceso de participación, establecido en las mesas de participación efectiva de la ley 1448, las cuales son en lo esencial, un ejercicio más formal que real, porque en ningún momento se ha materializado la participación incidente de las mesas en el diseño e implementación de la política pública de víctimas, todas las instancias establecidas en la ley de víctimas para garantizar la participación de las víctimas, son escenarios formales, en los que se dilata la toma de decisiones y en todo caso el compromiso de los gobernantes territoriales para el funcionamiento de los comités de justicia transicional los cuales en la práctica o no se convocan o no tienen la importancia que debieran tener para el diseño implementación y seguimiento de los planes de acción territorial, que garantizan la implementación de la política pública de víctimas.
La participación de las víctimas a través de las mesas, fue instrumentalizada por el gobierno, para mostrar o aparentar la participación de las víctimas, al mismo tiempo que no facilitó el funcionamiento armónico del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, así como, no se comprometió adecuadamente con una política de incentivos que facilitará la participación efectiva de las víctimas en los múltiples escenarios que formalmente existen para las mismas.
Con dificultad los gobernantes escucharon las peticiones de las víctimas y se negó de manera sistemática, a incorporar las modificaciones que se requerían para el mejoramiento de la política de indemnizaciones, la restitución y la participación, a partir de la opción que se estableció en el propio acuerdo de paz, para modificar y corregir las fallas de la ley 1448 de 2011.
Ahora, la participación por cuenta de la disposición gubernamental está en alto riesgo, así como la posibilidad de dar continuidad a la propia reparación y restitución a las víctimas, porque aún no se establece una ampliación para la vigencia de la ley de víctimas que tiene por ley establecido su mandato hasta el año 2021. Se requiere en este sentido, que el gobierno presente una iniciativa de ley que amplíe la vigencia de la ley 1448, haciéndola coincidir con el tiempo establecido (10 años) para el cumplimiento de lo acordado en el proceso de paz con la guerrilla de las FARC.
También resulta claro, que no existió el suficiente compromiso del gobierno y aún del Congreso de la República, para garantizar la participación de las víctimas en la aprobación del proyecto de ley de las 16 curules para las víctimas, esta parte del acuerdo qué establecía unas curules para que las víctimas accedieran al congreso de la República, como mecanismo de reparación política. Fueron muchas veces saboteadas por los legisladores y el gobierno no mostró ningún interés para defender este derecho de las víctimas y hoy esta, es una reivindicación que continúa teniendo validez pero qué ciertamente tiene un escenario empedrado con muchos opositores en la clase política, pero especialmente, por quienes ven con desprecio que las víctimas lleven su voz autorizada al congreso de la república.
No es entonces exagerado señalar, que lo que menos le interesa al gobierno es abrir los escenarios reales de participación a las víctimas del conflicto armado, garantizando el poder vinculante de lo que se determine las mesas y exigir a los gobernantes territoriales, tener en cuenta para el diseño de las políticas las propuestas surgida en las mesas de víctimas.
En general lo que se observa es el profundo temor del actual gobierno y de su partido, así como de algunos sectores incrustados en las clases dirigentes del país, para dar pasos firmes y claros en la construcción de un escenario que fortalezca la paz, reflejan con esta actitud, un claro desprecio por la paz que se intenta construir y el gran temor que les causa imaginar, que el país pueda conocer a través de la justicia transicional, a la que se oponen ferozmente, temen a la verdad que pueda poner en evidencia como ellos se beneficiaron de la existencia del conflicto, por ello le temen a la verdad que puedan declarar quienes están acudiendo a las distintas instancias de la Jurisdicción Especial para la Paz y por ello prefieren seguir apostándole a la generación de un discurso de odio como forma de hacer política y sembrando miedo y con ello favorecer su planteamiento guerrerista y violento.
Finalmente, hay que reiterar que las organizaciones de víctimas deben hacer un ejercicio de valoración de la experiencia de la participación y a partir de ella, potenciar las buenas prácticas y enfrentar rigurosamente los errores cometidos, esta es una buena oportunidad para retomar los procesos de organización de base y la movilización política, que restablezca la potencialidad que tiene el movimiento de víctimas, para continuar exigiendo los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a las garantías de no repetición, el primer escenario a la vista para esto, es la convocatoria de la movilización para el próximo 26 de julio en la jornada nacional, para exigir que no continúe el genocidio contra el movimiento social y de derechos humanos y una voz de respaldo a la memoria de las víctimas qué construyendo la paz perdieron la vida.
________________________________________________________________________________
Alfonso Castillo Garzón: Defensor de Derechos Humanos
Foto obtenida de: Revista Semana
Deja un comentario