En la visita, encabezada por Gustavo Mesa-Cuadra, Presidente actual del Consejo de Seguridad y Embajador Peruano en la ONU y el Embajador adjunto del Reino Unido, Jonathan Guy Allen participaron los miembros permanentes del Consejo (EEUU, China, Francia, Reino Unido y Rusia), así como los embajadores de Perú, Bélgica, Costa de Marfil, República Dominicana, Guinea Ecuatorial, Alemania, Indonesia, Kuwait, Polonia y Sudáfrica.
Aunque el papel de la Misión de Verificación internacional fue prorrogado por otro año, en su alcance se evidencia la intención gubernamental de recortar la proyección de la misma, de “desinternacionalizar” el proceso y de reducir el papel de la Misión a temas relacionados con reincorporación y, forzosamente, ante la delicada situación de riesgo y amenaza, a la verificación de las garantías de seguridad de los exguerrilleros.
La situación es tan grave que el Informe del Secretario General y el Consejo de Seguridad enfocaron sus preocupaciones centrales en los temas de inseguridad y en la oleada de asesinatos de líderes sociales y de excombatientes.
En esta visita, por primera vez, los miembros del Consejo fueron a las regiones, particularmente al Cauca, para visitar un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación-ETCR. Aunque esto, se evidencia como una valiosa experiencia, también, es de resaltar que como contrapartida, se limita la visión estratégica del Consejo de Seguridad cuando no se aborda la pérdida de bilateralidad en la conducción del proceso de implementación del Acuerdo de Paz y se oscurece el lento avance del proceso de reincorporación con un avance de apenas el 9.4% de excombatientes con proyectos productivos, de una población de 13.100, desembolsos para 17 proyectos, como lo han mostrado la Fundación Ideas para la Paz-FIP y el Partido FARC.
La coyuntura generada por la visita del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Misión de la Unión Europea, así como el rechazo generado por la notificación del Ministerio de Hacienda, sirvió para que el gobierno retrocediera en su intención de recortar en un 30% el presupuesto de la JEP. Habrá que ver si la notificación verbal del Presidente de la República a la Presidente de la JEP desistiendo del recorte se mantiene en los hechos. Al tiempo, permitió que, desde la Comisión de Paz del Congreso, desde las FARC y desde la sociedad civil se pudieran expresar los vacíos de la implementación del Acuerdo de Paz y se destacara el papel del apoyo de la comunidad internacional para garantizar que se mantenga el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición con la JEP como columna vertebral del Acuerdo, así como su seguridad jurídica.
El día 19 de julio en la Sede de la ONU en Nueva York, Carlos Ruiz Massieu, Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, presentó el Informe trimestral ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación con respecto a la implementación del Acuerdo de Paz. Su foco de atención se centró en los temas de reincorporación y seguridad; expresó la honda preocupación por el ambiente de polarización con respecto al proceso de paz que se mantiene en el país, especialmente, en relación con la implementación de la JEP; reiteró su gran preocupación frente a los problemas de seguridad en que se debaten los líderes sociales y excombatientes (asesinato de 462 líderes desde el 1 de enero de 2016 a 28 de febrero de 2019 y de 127 excombatientes desde la firma del Acuerdo de Paz) y manifestó su voto de confianza al avance del proceso de reincorporación económica, social y política de los excombatientes.
Así mismo, resaltó la importancia del diálogo Gobierno-FARC para discutir el futuro de los ETCR cuya vigencia expira el 15 de agosto próximo. Además, hizo un llamado para que el Gobierno y el Congreso en el período legislativo del segundo semestre aborde los temas de la implementación respetando el espíritu del Acuerdo. En tal sentido, exhortó a avanzar en una paz verdaderamente sostenible donde se incluya la reforma rural integral, la sustitución de cultivos ilícitos, las garantías de seguridad, la reincorporación de los excombatientes, así como la justicia y la reparación de las víctimas. También, destacó que la falta de fondos suficientes y oportunos es el mayor desafío para cumplir con los compromisos adquiridos.
En la reunión estuvo presente el Canciller del gobierno colombiano, Carlos Holmes Trujillo quien señaló que se adoptarán medidas especiales para reforzar la seguridad de los excombatientes para garantizar su protección integral y, en el contexto de las elecciones locales que se realizarán en octubre próximo, se tomarán medidas, también especiales, para proteger a los candidatos. Al respecto, Ruiz Massieu hizo un llamado a realizar “todos los esfuerzos” posibles para que las elecciones locales se desarrollen de manera pacífica y, entre sus recomendaciones principales, insistió en la urgencia de desmantelar las estructuras criminales que atentan contra la construcción de la paz.
En dicha sesión, como muestra Benavides (julio 19, 2019) los representantes de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad coincidieron en la valoración del Acuerdo de Paz como un ejemplo para el mundo y manifestaron su beneplácito por el inicio de la puesta en marcha de la Justicia Especial para la Paz. Así se expresaron Jonathan Allen, Representante Permanente Adjunto del Reino Unido ante las Naciones Unidas y advirtió que la reforma rural integral necesita de una envión adicional, por ejemplo, en planes con enfoque territorial, en sustitución de cultivos ilícitos, en entrega de tierras y en infraestructura vial.
Por su parte, Vassily Nebenzia, Representante Permanente de Rusia, expresó su preocupación por los excombatientes que están abandonando el proceso y transmitió la inquietud de muchos ciudadanos en el sentido de que la paz no será posible si no se trabaja con todos los agentes, incluido el ELN, por lo que llamó al gobierno a que escuche a la población.
El Embajador Rodney M. Junter el representante de Estados Unidos, valoró el enfoque innovador del proceso de paz; manifestó su preocupación por los asesinatos y actos de violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas. Insistió, así mismo, en que el país debe impedir que los grupos paramilitares y otras organizaciones criminales desestabilicen el proceso y destacó el progreso en la erradicación de cultivos ilícitos.
Por su parte, el representante de Alemania llamó a que se continúe con la erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos, dado que tiene mejores resultados que la erradicación forzada, insistió en que se suspenda definitivamente la aspersión aérea con glifosato dado que tiene efectos negativos para el medio ambiente y la salud de las personas, sin que evidencie mayores resultados en el proceso de erradicación.
Así mismo se expresó, Marc Pecsteen de Buytswerve, representante permanente de Bélgica, quien destacó el Acuerdo de Paz como un ejemplo a seguir en el mundo, “a pesar de los considerables desafíos”. Por su parte, el Jefe de la Visita realizada a Colombia Gustavo Mesa-Cuadra, embajador de Perú ante la ONU, destacó el importante componente humano del Acuerdo, que toma en cuenta las necesidades específicas de las comunidades, grupos étnicos, mujeres y jóvenes, “llamados a cumplir un papel primordial en su implementación”.
Cabe resaltar que el Acuerdo de Paz garantiza su blindaje gracias a su fuerte componente internacional plasmado a lo largo del proceso de negociación e implementación: sin el papel activo e incidente de la comunidad internacional y de la sociedad civil comprometida con el Acuerdo de Paz, su implementación durante el actual gobierno iría en una dinámica de franca reducción a su mínima expresión y en tónica de fragmentación en procura del predominio de la reintegración individual de los excombatientes, en detrimento de los procesos políticos colectivos, sociales y territoriales. Esto se evidencia en el debilitamiento de los espacios bilaterales Gobierno-Farc definidos en el Acuerdo para el diálogo, la implementación, el seguimiento y evaluación, donde las instancias gubernamentales se colocan por encima de la Comisión de Garantías de Seguridad, como es el caso del Plan de Acción Oportuna PAO, integrado por instancias del gobierno sin la sociedad civil o el funcionamiento formal de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo de Paz (Csivi).
De otra parte, el discurso internacional de paz del gobierno contrasta con su comportamiento interno de objetar la ley estatutaria, de manejar procesos lentos y de negar la sistematicidad de la persecución y asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos y de excombatientes.
Como afirma Badillo (Julio 23, 2019), todo parece indicar que el Gobierno pretende neutralizar el papel de los organismos internacionales en materia de apoyo al Acuerdo de Paz y en relación con los pronunciamientos con respecto a los temas de derechos humanos. Por ejemplo, se ha limitado la visita a los ETCR, previa aprobación del gobierno, en días miércoles a viernes y en segunda y cuarta semana de cada mes. El que la Comisión de Verificación se pronuncie sobre otros tópicos del Acuerdo, le pueden llevar a colisiones con el gobierno. Holmes Trujillo ha hablado de una campaña internacional de desprestigio contra el Presidente Duque y ha calificado de excesiva la presencia de la ONU en Colombia.
De otra parte, se ha conocido un borrador de documento que prepara el Gobierno para limitar la actividad del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, como informa El Espectador (20 de julio de 2019), aunque el Gobierno se ha apresurado a negar la existencia de dicho borrador diciendo que no es un documento oficial. El argumento base que se pretende esgrimir desde el gobierno se refiere a que el conflicto armado en Colombia es cuestión del pasado. A partir de este elemento, como en el plan de desarrollo se manejan términos como “compleja situación” en vez de conflicto armado; así mismo, se pretende condicionar al beneplácito del gobierno, con modificación del protocolo mediante el cual la Oficina del alto Comisionado nombra al director de la delegación en el país. Así mismo, se pretende limitar su papel y restringir su ámbito de expresión dentro de un tipo de censura encubierta con el manto de la “cooperación”.
Estos elementos muestran cómo el gobierno va aislando el país del concierto internacional. A la vez, evidencian el reto que tienen los sectores democráticos para dinamizar su proyección interna e internacional en los diversos espacios, foros de opinión y proyección en defensa de los Acuerdos de Paz, de la democracia y contra los asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes, como bien está planteado en la Marcha por la Vida programada para este 26 de julio en todo el país y en diferentes ciudades del mundo.
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Albeiro Caro Fernández: Coordinador Programa Territorio, Paz y Desarrollo.Corporación Nuevo Arco Iris.
Foto obtenida de: https://www.efe.com
Fuentes:
- BENAVIDES, Angélica. Asuntos Legales. Julio 19 de 2019.
- El Espectador. El giro que quiere Duque en su relación con la Oficina de DD.HH. de la ONU. 20 de julio de 2019
Ver: https://www.elespectador.com/colombia2020/politica/el-giro-que-quiere-duque-en-su-relacion-con-la-oficina-de-ddhh-de-la-onu-articulo-871926?fbclid=IwAR0_7cG4wHrfGPl8YI6gpAUOE78_I8Qbf0a6oieInh8PzKqfmmLA-WWzfCE. 2BADILLO, Reynell. La desinternacionalización de la paz en el Gobierno Duque. La Silla Vacía. 23 de julio de 2019.Ver: https://lasillavacia.com/silla-llena/red-caribe/la-desinternacionalizacion-de-la-paz-gobierno-duque-71273?fbclid=IwAR2MPRTc0RWE8ChpN3x68pAP9almMBV8CCxPfYy0QmaqxmzywgKXkFgnabU
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