Siguiendo una tradición ya asentada, el 20 de julio el Gobierno y los partidos anunciaron múltiples iniciativas legislativas, pero como es lógico, no todas serán estudiadas este año y corresponderá a los presidentes del Senado y Cámara, así como a los presidentes de las distintas comisiones, acordar una agenda que priorice los proyectos más urgentes.
Ciertamente, tanto el Gobierno como los partidos tienen sus prioridades, algunas coincidentes, otras no, algunas sustentadas en intereses particulares, otras en sintonía con el interés general. Una cosa es priorizar la segunda instancia para aforados en nombre de los derechos humanos, así la iniciativa tenga nombre propio, otra abocar con firmeza y de manera integral la reforma pensional para desmontar el actual régimen de subsidios regresivos y modificar los regímenes especiales, o la reforma de la justicia que la mayoría de los colombianos considera inoperante.
En todos los casos, empero, para que las iniciativas culminen con éxito, se requiere sintonía entre el Gobierno y los legisladores, así como una actitud proactiva de la presidencia de la República. La revista Semana ha calificado el primer año de Iván Duque como un “año de aprendizaje”, mientras que el seminario británico The Economist calificó la relación de Duque con el Congreso como “tensa e improductiva” en el terreno legislativo. Poco importa saber qué juicio es más acertado. Lo incuestionable es la relativa atonía de la legislatura pasada y la imperiosa necesidad de poner la cara a los más álgidos problemas que requieren solución para evitar que la actual situación siga deteriorándose en un escenario de desencuentros continuos y de tensión constante.
No puede pasarse por alto que los colombianos desean vivir en paz. El problema es que no hay acuerdo sobre el camino a seguir. Mientras una mayoría de ciudadanos le apuesta a la reconciliación, los principales voceros del ala ultraconservadora de la política partidista piensan en desquite y no abandonan sus críticas a los acuerdos de paz en tono beligerante, cerrando la puerta a una posible etapa de transición. Las diferencias entre Duque y el sector radical de su partido no es un secreto y muchos son los que esperan que el presidente marque su rumbo propio para desbloquear la actividad del Congreso.
Y mientras los políticos intentan superar una crítica situación política y abrir un camino que permita al Congreso realizar una labor positiva, la violencia persiste en algunos territorios, continúa el asesinato de líderes sociales y defensores de los derechos humanos, la criminalidad se perpetúa y la democracia se degrada.
A la crítica situación política y social que vive el país se suma una difícil situación económica que, con una tasa de crecimiento del PIB inferior a 3%, tiende a empeorar. Con un déficit estructural de cerca 10.000 millones de dólares y una deuda externa de aproximadamente 25% de su PIB, el país está en una posición muy débil para capotear la guerra comercial que se han declarado los Estados Unidos y China la cual dejó de centrarse en una pugna arancelaria para pasar al campo de la moneda. El peso se devalúa, su deuda en dólares se incrementa y nada parece indicar las exportaciones del país aumentarán significativamente a corto plazo, lo que no solamente afectará la balanza comercial del país, sino que pone en peligro su seguridad alimentaria puesto que Colombia importa buena parte de los alimentos que consume.
En el terreno internacional las cosas tampoco pintan bien. Duque ha puesto el eje de su política exterior en Washington y se ha identificado con su lucha contra el narcotráfico. Retiró a Colombia de Unasur, denunció al régimen chavista ante la Corte Penal Internacional y reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, pero las relaciones con Estados Unidos se han tensado por el nivel récord de cultivos de coca, ya que si bien el área sembrada – según el estudio Simci de Naciones Unidas – disminuyó en un 1,2%, entre 2017 y 2018, la productividad es mayor y las incautaciones cayeron en un 4,7%.
Finalmente, no puede pasarse por alto que en menos de tres años, el país ha recibido 1,4 millones de inmigrantes venezolanos – un aumento de la población en cerca de 3% – lo cual constituye un reto que se suma a la crisis de los datos macroeconómicos, políticos y sociales que se conocen y que deberían tener en cuenta los congresistas al legislar.
Tal vez sea el momento de pensar en serio cómo cerrar la brecha entre el mundo rural y las ciudades y pintar con un poco de verde la economía naranja que inspira la labor del primer mandatario.
Rubén Sánchez David, Profesor, Universidad del Rosario.
Foto tomada: Eltiempo.com
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