Aunque se considere una democracia antigua, Colombia es un país con una democracia débil, como se le llama desde los planes de cooperación en Europa. Desde la Constitución en 1991 se tuvo la idea de permitir que otras alternativas políticas, especialmente opuestas a los poderes tradicionales, tuvieran también opción de llegar al poder y fueran reconocidas como una fuerza en oposición. Desde que rige la Carta Magna tuvo que transcurrir un cuarto de siglo para que se pudiera tramitar y aprobar el Estatuto de la Oposición, el cual terminó sancionado el 9 de julio de 2018 bajo la Ley 1909, norma que le dio vida al mandato constitucional.
La aprobación del Estatuto parece ser un avance democrático, pero la élite política del país y quienes hoy ocupan los más altos cargos dentro del Estado, con sus estratagemas y «jugaditas», se han encargado de llevar a cabo una estrategia que busca el debilitamiento de la oposición, que no es otra cosa que acabar, reducir y matar políticamente a quienes se declaren en tal condición. No es otra cosa, por lo tanto, que la muestra de la debilidad institucional del país, y si algo castigan los fondos inversores internacionales es la fragilidad de sus normas e instituciones.
Conviene recordar que la oposición no es capricho como piensan algunos, es un derecho fundamental reconocido, por lo menos, en dos artículos de la Constitución y ratificados en el mencionado Estatuto en el artículo 3, donde reza que «de conformidad con los artículos 40 y 112 de la Constitución Política, la oposición es un derecho fundamental autónomo que goza de especial protección por el Estado y las autoridades públicas». Además de ser un derecho, tiene una finalidad determinante para la consolidación de la democracia, tal como se expresa en el artículo 4: «la oposición política permite proponer alternativas políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer libremente el control político a la gestión de gobierno…».
El ejercicio legítimo de oposición es entonces la vía que abre alternativas y deja ver otras visiones. Ampliar el marco ideológico en el país es necesario para abordar temas que históricamente han estado ocultos o mal abordados, pero también para alinear apuestas como sociedad frente a los desafíos imperantes. La crítica sensata que hoy recae sobre la forma como el país ha sido gobernado descansa en la falta de alternativas políticas, alternativas que justamente nacen de la oposición y del enfrentamiento de ideas. No obstante, la estrategia de quienes han permanecido representados en el Estado ha sido la de excluir a la oposición, entendiendo por exclusión no sólo el rechazo o negación, sino también la forma de quitarlos de su camino a como dé lugar.
Esta estrategia nos condujo a un conflicto de más de medio siglo, donde poco o nada parece que hayamos aprendido. Tuvo que sellarse el Acuerdo entre el Estado colombiano y las Farc para que el derecho a la oposición renaciera. Sin embargo, el actual Gobierno –que parece que se toma su tiempo para aprender– y sus organizaciones políticas –como se les denomina en el Estatuto a los partidos que apoyan al gobierno– han alineado intereses y aunado esfuerzos para entorpecer el conjunto de pactos definidos en el Acuerdo, que son el camino que facilitaría la salida de un entorno de conflicto para entrar a un escenario de paz.
Este Gobierno, al igual que el Estatuto de la Oposición, cumple un año de mandato, tiempo suficiente para demostrar su poco interés en la implementación tanto del Acuerdo de Paz, como del mencionado Estatuto. Su partido de Gobierno –Centro Democrático– también ha revelado abiertamente en micrófonos sus «jugaditas» para impedir la aplicación de ambos. Cabe recordar que el Estatuto es hijo del Acuerdo de Paz, pero, así como el Congreso de la República en este cuarto de siglo vio pasar más de una decena de intenciones sobre este Estatuto sin aprobarlas, este Gobierno se ha empeñado en negar la legitimidad del Acuerdo argumentando que fue firmado por el Gobierno anterior y que lo pactado no corresponde a su competencia; con el elemento validador de ser los ganadores del Plebiscito. Esto no sólo es un exabrupto jurídico, sino que deja ver que el Gobierno de Iván Duque se niega a aceptar y reconocer una verdad jurídica, como es el hecho de que el Acuerdo fue firmado por el Estado colombiano, no por un Gobierno en particular, por ende, éste Gobierno y los siguientes están obligados a cumplir los compromisos pactados allí. Por esta consideración es que la postura del Gobierno suena más a una «jugadita» política que a un razonamiento lógico producto de la hermenéutica jurídica.
No cabe duda de que esta es una estrategia del partido de Gobierno –Centro Democrático–, quien tiene la costumbre de acometer cada vez que siente amenazados sus intereses. El Estatuto lo que hizo fue reconocer derechos a las organizaciones políticas que se declararan independientes, pero como en todo derecho ganado el problema posterior es cómo acceder al mismo. De allí que la reclamación de derechos –a la tierra o a la oposición– hayan dejado expuestos a los líderes sociales y opositores. Es aquí donde el Gobierno, de la mano de su partido y aquellos declarados progobiernistas, empezaron a darle patadas a la escalera con el fin de evitar que los líderes sociales y la oposición ascendieran. La forma de detener su ascenso ha sido la misma: recurrir a una estrategia perversa que tiene como propósito debilitarlos y neutralizarlos. El objetivo de dicha estrategia ha sido extremo y lamentable y explica bien por qué los homicidios, el aniquilamiento del contrario, que han sido una vieja estrategia política contra la oposición, ahora se reeditan bajo el manual de la exclusión, debido a que la paz es un deseo que no comparte el Gobierno, así en público manifiesten lo contrario.
De los homicidios y otras estrategias
Según datos de Indepaz, en 2016 fueron asesinados 116 líderes sociales y en 2017 la cifra ascendió a 191; pero la violación de derechos continuó y en 2018 asesinaron a 252 en 119 municipios. Durante los primeros cien días del gobierno de Iván Duque fueron asesinados 120 líderes, es decir, cerca de la mitad de los hechos ocurrieron en la fase inicial del gobierno, lo cual difícilmente se puede sostener como una simple coincidencia. Es difícil de sostener esa idea dada la manera como el Gobierno de Duque ha «enfrentado» estos lamentables hechos. La falta de pronunciamientos contundentes, rechazos públicos, denuncias abiertas y sin una franca indignación, que con vehemencia refleje su inconformismo frente a esta grave violación de Derechos Humanos, es fácil concluir que, por lo menos, no le incomoda que dichos hechos ocurran.
El pasado 26 de julio se llevaron a cabo una serie de marchas en contra de la muerte de los líderes sociales, donde el Presidente Duque quiso participar en Cartagena, pero dado que la protesta era justamente contra su Gobierno y su política, el Presidente no soportó la presión y debió ser sacado de la marcha por su cuerpo de seguridad. Esto fue otra «jugadita» que quiso apostar el Gobierno al hacerse pasar como indignado dentro de la marcha que reivindicaba la vida.
Porcentajes de votación entre Duque y Petro en zonas afectadas por el conflicto.
Pero el peso de la oposición (que llegó sin unidad a las elecciones y parece que no lo logrará en las territoriales) se hizo más evidente en la contienda electoral presidencial del año pasado (2018), donde la diferencia de dos millones trescientos mil votos entre Duque y Petro pusieron a la Colombia Humana como los más visibles opositores. Una lectura de dichos resultados (véase gráfica adjunta) que vaya más allá de la determinación objetiva de la oposición, tiene que ver con el clamor que representa esa votación sobre opciones políticas diferentes, que es justamente el elemento sustantivo que emana de la Constitución. Otra lectura posible gira sobre el hecho de que en algunas zonas afectadas por el conflicto votaron por Petro en vez de Duque, lo cual puede ser interpretado como anhelo de modificar el tradicional modelo inequitativo, desigual y excluyente que ha imperado; aunque también se puede leer como la posibilidad de que creen en la paz como una opción viable. Sin embargo, estos resultados electorales llevaron a que la derecha, que terminó ganando la presidencia, haya interpretado los resultados a su favor, desconociendo las demás voces de la oposición e incluso del propio establecimiento.
Los homicidios y las amenazas han sido las estrategias históricamente más utilizadas. Los homicidios son tal vez las violaciones más graves a los Derechos Humanos por lo que significan y la sistematicidad que actualmente representan. Pero de la mano de esta atroz estrategia de aniquilamiento han venido otras de orden jurídico. En este caso son las razones administrativas las que le cierran el camino de la participación política a la oposición y le dejan el campo minado. Algo de esto también se ha venido evidenciando por las derechas en el continente, han logrado resultados en Brasil y Argentina, donde han desmontado los avances de la oposición a través de una estrategia de mentiras impulsadas, incluso, con participación de medios de comunicación y jueces.
Un ejemplo de esta idea se encuentra en el siguiente caso. El Estatuto de la Oposición en su artículo 24 otorgó el derecho personal a ocupar una curul en Senado y otra en Cámara a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia que no resultaran ganadores. Por ello fue que Gustavo Petro y Ángela María Robledo llegaron al Congreso. Ellos llegaron a hacer equipo con otros congresistas opositores como Antanas Mockus, quién fue elegido con la segunda votación más alta para el Senado. Su perfil académico, su paso por la alcaldía de Bogotá sin tacha y su reconocimiento nacional como un intelectual respetable, ha sido, no solo despreciada por el Centro Democrático, sino que también han llegado a hacer mofa de su condición de discapacidad ante el padecimiento del Parkinson que lo aqueja. No obstante, y pese a gozar de reconocimiento social por su trabajo, profesión e intelectualidad, reconocimientos que pocos poseen en el Congreso, su elección fue demandada ante el Consejo de Estado y recibió en principio un fallo que provocó su salida del Congreso. Indignación causó por lo menos en el medio millón de personas que votaron por él.
A escasa una semana de lo ocurrido, el mismo Consejo de Estado falló otra demanda contra la Representante Ángela María Robledo –fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro–, quien fue acusada de doble militancia política y perdió su curul. Con esta pérdida se estaban apagando las voces de ocho millones de personas representadas en ella. Eran ocho millones de opositores que el Gobierno ya no tendría en el camino. La sala plena del Consejo de Estado le devolverá la curul a Mockus, mientras que dicho Consejo a principios de agosto de 2019 admitió tutela de Ángela María Robledo para revisar la vulneración de derechos fundamentales en el fallo emitido el 25 de abril y en el cual perdió su curul al determinarse que incurrió en doble militancia.
Como si esto fuera poco, la personería jurídica del Partido que avaló la candidatura de Gustavo Petro y Ángela María Robledo, Colombia Humana, les fue negada a finales de 2018, pese a haber obtenido semejante votación, lo cual dejaba a un Senador y a una Representante ejerciendo funciones en el Congreso, sin partido. Esta decisión dejó sin piso jurídico al segundo partido de mayor votación en las elecciones presidenciales y al partido más importante para ejercer la verdadera Oposición. Además, dejó al partido con un desbalance financiero debido a que lo inhabilitó para poder recibir la correspondiente reposición económica de votos. Esta «jugadita» jurídica que los callaba, por un lado, también los asfixiaba por el otro y puso al partido Colombia Humana en aprietos por un tiempo, hasta que el 6 de junio de 2019, es decir casi un año después de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral –CNE– rechazó el recurso de reposición interpuesto por un militante del CD, quien quiso impedir la respectiva reposición de votos. Según el CNE, la persona que interpuso el recurso se identificó con la cédula de un muerto y entregó una dirección inexistente, lo que pone en palpable evidencia la intención de ser una «jugadita» política contra la oposición. Superado este hecho, Colombia Humana pudo recibir $23.871’519.900; sin embargo, casi se los arrebatan cuando la Contraloría Distrital de Bogotá le pidió al CNE embargar dichos recursos debido a la multa que la entidad le impuso a Gustavo Petro por asuntos relacionados durante su alcaldía. Todo indica que Bancolombia, a quien se le debía parte de ese dinero, salva el embargo al alegar que la reposición de votos se realiza al partido y no a título personal del candidato.
A manera de colofón
Imposible terminar este artículo sin mencionar la última «jugadita» llevada a cabo por el Presidente del Congreso, Ernesto Macías y miembro del partido Centro Democrático, cuando el pasado 20 de julio en la instalación de sesiones de la Corporación violó los principios de igualdad e imparcialidad al entorpecer y sabotear el derecho a réplica que tenía la Oposición, justamente como un beneficio emanado del Estatuto. Su comportamiento evidencia el afán por impedir que la Oposición tenga su espacio, desarrolle sus ideas, se instale como una opción más en el escenario político y ejerza su indelegable control político.
Conviene también recordar la «jugadita» que el Gobierno y su partido acordaron frente a la Consulta Anticorrupción. Las propuestas fueron capturadas por ellos para luego ser hundidas en el Congreso. Al final posaron de mártires y la oposición, que había liderado la Consulta, fue engañada tras endosarle las propuestas al Gobierno de Duque.
A propósito de endosos, hace pocos días circuló una columna escrita por Iván Duque en 1998 explicando el fracaso del partido liberal en Antioquia a partir de la actuación de Álvaro Uribe, a quién culpaba de dicho fracaso por ser enemigo de la Paz y amigo de las Convivir. A juzgar por la manera como el hoy Presidente Duque se refiere al ex Presidente Uribe en dicha columna, no cabe duda que le ha endosado el Poder Ejecutivo a cambio de haberlo llevado hasta la Presidencia. Probablemente Duque nunca revele lo que el diablo de su conciencia se reserva sobre Uribe, pero lo cierto es que no debería poder dormir tranquilo tras haberle vendido su alma.
El aparato del Estado ha sido puesto en contra de la oposición, en la medida en que el Ejecutivo neutraliza, persigue y debilita; el Legislativo entorpece, sabotea e imposibilita; y el Judicial se encarga de otorgar la muerte política. Esto aunado a un recrudecimiento de las amenazas, de las muertes de líderes y lideresas, de unas apuestas territoriales de cara a las elecciones que parece conducir, de nuevo, a que grupos armados ilegales, esos que llaman fuerzas oscuras, se apoderen del control de gobernaciones y alcaldías. La política no es un juego, las economías abiertas han traído consigo la vulnerabilidad ante estos fenómenos. Los inversionistas y empresarios reaccionan y buscan ser más prudentes en las inversiones, igualmente sucede con los consumidores, ante las expectativas de un panorama de escasas certezas deciden aplazar sus decisiones de consumo.
Los desajustes económicos que el Ministro Carrasquilla no entiende, hay que buscarlos más allá de la ortodoxia económica … en la política, en la democracia.
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Jaime Alberto Rendón Acevedo y J.C.L
Foto obtenida de: https://www.elpais.com.co/
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