La cita para escuchar en indagatoria al político antioqueño se fijó para el 8 de octubre de 2019, después de un accidentado proceso que ya completa más de un año. Desde dilaciones provocadas por la defensa de Uribe, recusaciones a los magistrados, hasta llegar a la ilegal e inconveniente presencia de la magistrada Cristina Lombana Velásquez, quien siendo militar, asumió el caso, en el marco de la doble instancia aprobada en el Congreso de la República para los congresistas. La magistrada castrense fue recusada, en parte gracias al trabajo periodístico desarrollado por el periodista Daniel Coronell.
Así entonces, el llamado a indagatoria al senador Uribe se convierte en un hito político y jurídico en la medida en que sobre el expresidente pesan graves señalamientos sobre su participación, apoyo y colaboración con grupos paramilitares desde cuando fungió como gobernador de Antioquia. El exmandatario también ha sido señalado, de acuerdo con denuncias que son de público conocimiento, de tener responsabilidades con las masacres de La Granja y El Aro.
La citación a Uribe[3] Vélez debe leerse como una acción judicial que coadyuva en muy buena medida a salvaguardar la honra, autonomía y la legitimidad de la Corte Suprema de Justicia, en particular, la de los seis magistrados de la Sala Especial de Instrucción, en donde reposa el caso por el cual el líder político deberá comparecer el 8 de octubre.
Independientemente del fallo que en su momento adopten los magistrados de la señalada Sala, el llamado a indagatoria a Uribe debe entenderse y asumirse como un hecho jurídico-político que beneficia a la institucionalidad estatal y en particular, a la judicial, por cuanto no puede permitirse que haga carrera el imaginario colectivo que señala que Uribe[4] Vélez es un “hombre y un político intocable por la justicia”. Y menos aún, en el marco de una justicia como la colombiana, que arrastra históricos problemas de legitimidad, eficiencia, eficacia y efectividad, que se expresan en altísimos niveles de impunidad, represamiento de procesos, amenazas a jueces y magistrados y acciones políticas conducentes a cooptarlos.
De esa manera, gana la institucionalidad judicial y se debilita aún más la imagen de Uribe[5] no solo como el “hombre intocable”, sino como servidor público sin tacha, que el mismo senador insiste en autocalificarse, a pesar de los graves señalamientos que sobre él pesan alrededor de sus presuntas relaciones con grupos paramilitares.
Con todas las garantías procesales, el poderoso y temido político antioqueño está obligado, moral, ética y políticamente a respetar a los jueces, a la justicia en general, la misma a la que él siempre exigió resultados para procesar a guerrilleros capturados y a todos aquellos que, siendo sus enemigos y detractores, tuviesen cuentas pendientes con la justicia.
Igualmente, el presidente Duque está en la obligación constitucional, política, jurídica y ética, de respetar el llamado que la Corte Suprema de Justicia acaba de hacerle a su mentor. No puede caer el presidente de la República, presionado por los miembros del partido de gobierno, en acciones descalificadoras o en insinuaciones que pongan en duda la legitimidad y la legalidad del juicio jurídico en el que se soporta el llamado a indagatoria.
No asombra que periodistas afectos a Uribe, y miembros del Centro Democrático, señalen que el llamado a indagatoria tiene un tufillo electoral. Muy seguramente los magistrados de la Sala de Instrucción entendieron el genuino propósito de quienes participaron de la campaña en la red social Twitter, para que la alta corte indicara, por fin, la esperada fecha de indagatoria. Que coincida o no con el evento electoral, es, para el caso, meramente circunstancial, pues estamos hablando de un proceso que ya completa más de un año de dilaciones.
La coyuntura electoral no puede servir como argumento para descalificar el llamado a indagatoria al expresidente Uribe. Lo cierto es que no le caben más recursos al hijo de Salgar, salvo que, para el 8 de octubre, pida un aplazamiento por cuestiones de salud o sus abogados, también requeridos por el mismo tribunal, expongan otros artificios jurídicos conducentes a evitar la comparecencia del exmandatario (2002-2010).
Incendiar el país
En las siempre “calientes” redes sociales se vivió una apasionada exposición de aplausos, lamentaciones y amenazas. Los encomios vinieron por cuenta de los “enemigos” de Uribe. Se trata de ciudadanos, muchos de ellos ubicados en un acertado y legítimo plano moral superior, que solo pretenden que el exmandatario sea procesado y juzgado por los delitos en los que según esos juicios y los procesos que en su contra reposan tanto en Fiscalía, Corte Suprema de Justicia y en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Uribe Vélez tuvo vínculos con fuerzas paramilitares cuando fungió como gobernador de Antioquia.
En cuanto a las lamentaciones e intimidaciones, estas corrieron por cuenta de áulicos y amigos cercanos del expresidente. Entre estos, las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia que calificaron el llamado a indagatoria como parte de una persecución política contra el “mejor presidente que ha tenido Colombia”. Como siempre, los uribistas al límite de desconocer la institucionalidad judicial terminan por desestimar las investigaciones y las actuaciones de esa parte del poder judicial que hoy requiere la presencia del senador antioqueño.
De otros ciudadanos, incluido un servidor público de menor rango, se escucharon en el mismo contexto de las redes sociales, amenazas y sentencias con las que se auguraba una guerra civil o enfrentamientos callejeros que terminarían con el país incendiado, como si se tratara de una especie de “nuevo Bogotazo”. Es decir, que una vez condenado Uribe, la Colombia urbana se levantaría para liberar al alicaído Mesías. Sin duda, elucubraciones sostenidas no solo en una veneración enfermiza por el espíritu y las acciones políticas echadas a andar por el combativo político, sino en una inmedible ignorancia supina de un centenar de colombianos incapaces[6] de examinar, con criterio, los aciertos y desaciertos en los que incurrió Uribe en sus dos periodos como presidente, en su paso por la gobernación de Antioquia y durante el tiempo que estuvo al frente de la Aeronáutica Civil. Lo de si cometió o no delitos le corresponde a la justicia probar que efectivamente incurrió en algunos de ellos, por acción directa o por omisión, como es el caso de los falsos positivos, durante el tiempo de aplicación de su política de defensa y seguridad democrática.
Quienes estamos del lado del respeto a la división de poderes y consideramos como legítimo el trabajo de los jueces, en particular el de los magistrados que hoy citan a Uribe a indagatoria, esperamos altura y gallardía de sus abogados y del propio Uribe, al igual que de sus amigos, colegas congresistas y ciudadanos del común, respeto absoluto por el imperio de la ley. Por eso, quienes creemos en la justicia y exigimos un aparato judicial digno, autónomo e independiente, decimos ¡Por Fin!
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Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Foto obtenida de: https://www.elheraldo.co
[1] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com/2014/05/los-danos-que-uribe-velez-le-hizo.html
[2] Véase: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/alvaro-uribe-por-primera-vez-un-expresidente-rendira-indagatoria-ante-la-corte-suprema-de-justicia-video-876405
[3] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com/2015/05/condenar-uribe-imperativo-moral-para.html
[4] Véase: https://www.sur.org.co/el-final-de-uribe/
[5] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com/2015/09/los-miedos-de-uribe.html
[6] Véase: https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2017/11/palaciegos.html
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