Los efectos políticos del triunfo del NO en el plebiscito del pasado 2 de octubre son evidentes y también lo son las repercusiones jurídicas del mismo. Los efectos políticos obligaron a reabrir de nuevo las negociaciones alrededor del texto de las 297 páginas que contienen los acuerdos de los seis puntos de la Agenda pactada y negociada entre el Gobierno del presidente, Juan Manuel Santos y las FARC-EP. También son evidentes los efectos jurídicos que condujeron a meter en el congelador la reforma constitucional que posibilitaba un mecanismo rápido, Fast Track, para la aprobación por el Congreso de la República y con la participación de la Corte Constitucional del conjunto de reformas que deberían ser aprobadas para poner en marcha el acuerdo.
Sobre el primer punto el desenlace no está claro. Avanzan un sin número de reuniones entre los delegados del Gobierno Nacional y los distintos voceros del NO. Han aflorado distancias y posturas políticas diferentes en torno a las propuestas que buscan introducir cambios en el Acuerdo refrendado el 26 de septiembre en Cartagena y que precisamente fue negado por un estrecho margen en el plebiscito del dos de Octubre. Después de las reuniones diferenciadas entre sectores protestantes, los voceros del NO afectos al ex presidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez y los voceros del ex presidente Pastrana y la ex candidata presidencial Martha Lucía Ramírez, un rápido movimiento del Centro democrático logró ponerlos de nuevo en la misma mesa. Como se ha mencionado los más radicales en sus propuestas de renegociación de los Acuerdos han sido los sectores afines al Centro Democrático que han presentado un documento de 27 páginas para un “acuerdo Nacional por la Paz” que buscan introducir cambios sustanciales a lo pactado originalmente entre el Gobierno Nacional y la Guerrilla.
En una sola mesa avanzan los diálogos y las negociaciones en torno a los seis puntos de la Agenda. En materia agraria, como ya se ha señalado, los puntos de la renegociación están principalmente centrados en el tema de formalización y actualización del catastro, las zonas de reserva campesina, la restitución de tierras que si bien no está contenida ni desarrollada en los acuerdos es puesta sobre la Mesa por el Centro Democrático que busca una reforma regresiva al proceso iniciado a partir de la ley 1448 de 2011. En este tema los uribistas buscan proteger los intereses de los actuales ocupantes de los millones de hectáreas apropiadas mediante mecanismos violentos y fraudulentos. Sin ser menores las objeciones es posible alcanzar un acuerdo con el reconocimiento de un modelo dual de desarrollo de la agricultura, esto es, la agroindustria que no se menciona ni mucho menos se cuestiona en los acuerdos y la protección y desarrollo de una economía campesina alrededor de un fondo de tierras para la paz que redistribuiría tres millones de hectáreas al tiempo que se formalizarían unos 7 millones de hectáreas que si están contenidas en los acuerdos y son el centro del acuerdo mismo. La información sobre las conclusiones de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno Nacional y los Voceros del NO hasta ahora no son de dominio público se sabe que ya abordaron este punto y lo concluyeron y las conclusiones serán trasladadas por los negociadores del Gobierno Nacional a partir de este jueves 3 de noviembre que se inicia un nuevo ciclo de conversaciones en La Habana.
El segundo punto considerado en esta Mesa de la cual como ya dijimos forman parte los delegados y el propio ex presidente Uribe, Camilo Gómez en representación del ex presidente Pastrana, la ex candidata presidencial conservadora Martha Lucia Ramírez y el ex procurador Alejandro Ordoñez también abordaron las propuestas de reforma al punto dos de la Agenda sobre reformas políticas. Tres son allí las principales objeciones: la más difícil para que sea aceptada por las FARC-EP es la que tiene que ver con la elegibilidad política de los jefes de la guerrilla incursos en delitos de lesa humanidad y en crímenes de guerra. Como se sabe la propuesta busca que no puedan ser elegidos hasta que no cumplan sus penas los dirigentes de esta guerrilla, es decir, el secretariado de las FARC. Este es uno de los puntos que la guerrilla ha planteado como inmodificable. Es una de sus líneas rojas. En este punto sobrevendrá el choque si ninguno sede.
Un segundo punto es el que tiene que ver con las 16 Circunscripciones Especiales de Paz para aquellos territorios en los que se ha desarrollado el conflicto y que serían según el acuerdo para organizaciones sociales, de víctimas, campesinas y comunales de estos territorios. Se busca con ello que estas poblaciones y territorios tengan representación en la Cámara de Representantes por un período de ocho años. El Centro democrático es el único de los Voceros del NO que ha planteado su reforma según ellos en éstas circunscripciones especiales de Paz se podrían presentar todos los partidos políticos que tengan personería jurídica con lo cual desaparece el sentido mismo de la propuesta.
Un tercer punto es el que busca eliminar todas las medidas de estímulo y favorabilidad consignado en los acuerdos para el agrupamiento político que surja de la conversión en movimiento político de las FARC-EP en la legalidad. Estos estímulos son recursos económicos adicionales, 31 emisoras comunitarias y facilidades para la acción política de este nuevo agrupamiento político. El Centro democrático es así mismo el abanderado de eliminar esas medidas contempladas en los Acuerdos. El Pastranismo y Martha Lucía Ramírez se han sumado a la eliminación de las emisoras comunitarias para las FARC. Un tema que aparece muy gaseoso es el que busca reformar el estímulo al fortalecimiento de las organizaciones de la Sociedad Civil. La crítica se ha centrado en buscar el desmonte de los Planes de Desarrollo Departamentales y Territoriales contemplados en los Acuerdos en lo que ha sido explicito el Centro Democrático.
Estos puntos ya fueron abordados y terminados en las dos rondas de negociaciones y se abordó además el tema del narcotráfico. Aquí el reparo de los del NO es el que tiene que ver con el narcotráfico. Los Acuerdos pactados establecen que el narcotráfico sea considerado como lo es hoy en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y en la Corte Constitucional como delito conexo al delito de rebelión. En la postura más extrema Uribe considera que este delito debe ser autónomo y por tanto niega la conexidad con lo cual los jefes guerrilleros serían juzgados además por este delito. Aquí también hay una de las líneas rojas trazadas por las FARC.
Hasta donde se ha informado en la segunda ronda recién terminada, cuando se escriben estas notas, el tema de Justicia Transicional también ha sido abordado. Aquí el escollo mayor se presenta con la propuesta de eliminar el Tribunal de Justicia para la paz y la propuesta de cárcel efectiva para los dirigentes de las FARC incursos en delitos de lesa humanidad y en crímenes de guerra. Un hecho importante que no sabemos si influyó o no en los delegados del NO lo constituyó el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que en síntesis plantea que el Tribunal de Justicia para la Paz es un mecanismo adecuado para terminar el conflicto y al mismo tiempo plantea reformas que son viables y discutibles. La Corte plantea que la Jurisdicción Especial de Paz tenga una duración de diez años, que las sentencias ya proferidas por la Corte Suprema no sean revocadas sino existen hechos sobrevinientes, pero, que las penas si puedan ser modificadas de acuerdo con los criterios de la Justicia Transicional, a juicio de la Corte los jueces del Tribunal deben ser colombianos de nacimiento y se deben establecer mecanismos de relación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción de paz así como resolver el tema de la Tutela y los órganos competentes y de cierre en esta materia. Como hemos señalado estas propuestas son discutibles y se pueden resolver siempre y cuando se mantenga el principio que al Tribunal Especial para la Paz concurran todos los actores del conflicto que es la manera acertada para cerrar el conflicto. Es muy difícil que Uribe acepte la propuesta de la Corte Suprema de Justicia pues lo que realmente está en la base de su oposición es a que se conozca la verdad y a que a esa jurisdicción concurran los agentes del Estado, paramilitares y guerrilleros con unas reglas del juego comunes para que aporten a la verdad, reparen a las víctimas y sobre esta base se cierre el degradado conflicto colombiano. Así mismo será muy difícil que las FARC-EP acepten la privación de la libertad así sea en “colonias agrícolas” que es lo que propone Uribe. Aquí hay otra línea roja trazada por las FARC.
Finalmente está el tema del desmonte del paramilitarismo. Este es un punto central pues de su efectividad dependerá la seguridad no solo de los excombatientes de las FARC sino de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos que han sido los principales objetivos de estos grupos criminales que actúan en la impunidad. Según las propias cifras del Consejo Superior de la Judicatura, la impunidad en delitos relacionados con Derechos Humanos es del 97%. Hay que decirlo claramente la justicia ordinaria ha fracasado y los mecanismos puestos en marcha para combatir a los grupos paramilitares son un fracaso. Es por ello que en el Acuerdo de La Habana se traza un marco general para una nueva política y una nueva institucionalidad para combatir a estas organizaciones criminales. Se crea una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad al más alto nivel dirigida por el propio Presidente de la República, se crea una Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento del paramilitarismo adscrita a la Fiscalía General de la Nación pero con autonomía administrativa y presupuestal, se crea un Cuerpo Élite en la Policía Nacional con un enfoque multidimensional y se crea una Instancia de Alto Nivel para el seguimiento y la evaluación de la nueva política que se ponga en marcha. También en esta instancia se contempla la directa participación del Presidente de la República, de los comandantes de la Fuerza Pública y delegados del movimiento político que conformen las FARC-EP. A esta política se opone el Centro Democrático que considera que se deben emplear las mismas políticas y los mismos organismos que hasta ahora han fracasado en el combate a estas organizaciones criminales.
Son estas las principales contradicciones que enfrentan las negociaciones en curso. Lo que buscan, los promotores del NO, es a todas luces desmejorar el acuerdo restándole además algunas de las conquistas que habían logrado las FARC-EP en el acuerdo de las 297 páginas. Hasta dónde cederán las FARC-EP, esta es la incógnita que pronto se despejará en la medida que este jueves 3 de noviembre se reinicien las negociaciones en La Habana. Hay puntos muy difíciles en esta renegociación y el margen de tiempo es escaso puesto que el acuerdo de desarme, entrega de armas y desmovilización están congelados y sobre el proceso se ciernen muchos riesgos y problemas. Hasta ahora las FARC-EP han mantenido su unidad de mando pero es un hecho que el resultado del plebiscito ha puesto en cuestión en materia sustancial el Acuerdo que fue respaldado por unanimidad en la X Conferencia realizada en los Llanos del Yari en septiembre pasado. Este fracaso y el reinicio de las negociaciones golpea enormemente el prestigio y la autoridad del secretariado entre las bases guerrilleras que se dirigen o ya están en las zonas veredales de concentración en la incertidumbre, pendientes de la renegociación. El cese al fuego y la verificación también es muy complicado como lo ha advertido la Misión de la ONU que en terreno trata de cumplir con este que es el mecanismo de verificación acordado. De tal manera que en este punto tiene razón el presidente Satos cuando advierte que el proceso puede estallar en cualquier momento sino se avanza con rapidez en la concreción del nuevo acuerdo. En esas estamos.
Y el segundo gran tema tiene que ver con el mecanismo de refrendación de los Acuerdos dados los resultados adversos del plebiscito celebrado el 2 de octubre que ha resquebrajado la legitimidad que se buscaba para echar a andar el conjunto del proceso. El presidente de la República desde Londres señaló que en el gobierno se contemplan tres mecanismos para la refrendación. Un primer mecanismo es la vía del Congreso de la República que podría verse fortalecido si finalmente la Corte Constitucional acepta los argumentos de la demanda interpuesta contra el Acto Legislativo que aprobó el Fast Track para la tramitación de las reformas legislativas y constitucionales necesarias para avanzar en su desarrollo. La demanda interpuesta por el senador uribista, Iván Duque buscaba que la Corte declarara inexequible el artículo quinto de dicho acto legislativo que condicionó su entrada en vigencia a los resultados del plebiscito y como ganó el NO este acto legislativo no rige. La Corte tendrá que resolver si se violó la consecutividad en el trámite de la iniciativa como lo argumento Duque en su demanda. Ésta ya fue admitida y se encuentra en el despacho de la presidenta de la Corte, la magistrada María Victoria Calle. Si se admiten los argumentos de la demanda el Acto legislativo entraría en vigencia a partir de la decisión de la Corte con lo cual ésta alternativa cobraría fuerza. Una segunda alternativa planteada por el presidente Santos es la de convocar a un nuevo plebiscito que ahora no contaría con la férrea oposición de algunos de los sectores que impulsaron el NO al acuerdo anterior. Es una vía que tiene serios riesgos como quedó de mostrado en el anterior plebiscito y finalmente el presidente anunció que hay una tercera alternativa y es la de los cabildos por la paz que deberían realizarse en los 1113 municipios del país. Esta es la vía que nosotros hemos propuesto que es totalmente legitima y es una posibilidad como lo han planteado destacados juristas en el país. Sobre ello volveremos más adelante.
Pedro Santana Rodríguez
Director Revista Sur
Bogotá noviembre 1 de 2016.
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