La deserción de ex miembros de las Farc que llevó la polarización de la sociedad a su máximo agregó su cuota al desconcierto que causa el asesinato de líderes sociales y aspirantes a cargos públicos por la vía electoral. Solamente los juegos de guerra de Maduro en la frontera han distraído en parte la atención de la opinión pública hacia los comicios que se avecinan, pero los datos que dan a conocer las autoridades a los medios de comunicación rompen el manto de silencio que algunos quisieran correr para esconder la horrible realidad que se vive en algunas regiones del país (Antioquia, Chocó, Bolívar, Sucre Cauca, Norte de Santander, La Guajira, Meta, Valle del Cauca y Cundinamarca).
Según la Defensoría del Pueblo, 418 municipios – 36 por ciento de los municipios del país – están en riesgo electoral por la presencia de grupos armados en los territorios, entre los que se destacan el Eln, el Epl, las Autodefensas Gaitanistas, grupos armados residuales de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupos delincuenciales organizados y las disidencias de las Farc. Además de entorpecer el libre juego electoral, estos grupos armados buscan penetrar las administraciones locales mediante estrategias diversas, todas ellas orientadas por la intervención violenta que busca desarticular las organizaciones sociales fomentando la conflictividad social en territorios donde la presencia del Estado es inexistente o incapaz de contrarrestar el poder de dichos grupos.
La coacción que ejerce la presencia de actores armados ha encendido las alarmas. Catorce partidos políticos anunciaron un pacto nacional contra la violencia en campaña y se comprometieron a promover una cultura política “basada en el reconocimiento y el respeto del opositor político”, así como a no difundir información falsa sobre los oponentes, pero como lo han planteado algunos analistas, queda la pregunta de si los mencionados partidos están dispuestos a cumplir lo prometido. La inquietud surge cuando se constata que esos mismos partidos avalan candidatos cuestionados y no rechazan la estigmatización de sus adversarios en sus discursos políticos, manejando un lenguaje de odio que se ha vuelto una estrategia politiquera, para algunos rentable.
En este contexto incierto y polarizado por los que han querido volver trizas el proceso de paz, la traición de Iván Márquez y Jesús Santrich no agrega mayor cosa. Mucho se ha especulado acerca de una posible alianza de las disidencias de las Farc con el Eln, pero el partido Farc se ha desmarcado del regreso a la lucha armada y, como lo ha expuesto Rodrigo Londoño Timochenko, jefe del partido Farc, aunque la alianza no es imposible, es complicada. Se intentó en el pasado con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y se rompió por muchas razones.
El anuncio de Márquez de retomar las armas sacudió a la opinión pública, pero no sorprendió a los familiarizados con el proceso de paz. Como lo han afirmado los máximos dirigentes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), una aplastante mayoría de desmovilizados lucha hoy en la legalidad y en forma pacífica por conseguir la implementación de lo firmados en La Habana y se está preparando para participar en las elecciones regionales de octubre presentando candidatos en ocho departamentos.
Influyentes figuras políticas como Álvaro Uribe han aprovechado el regreso a las armas de Márquez, Santrich, El Paisa y Romaña para pedir que se excluyan de la Constitución los acuerdos de La Habana, pero paradójicamente, la situación creada por los mencionados ex guerrilleros puede terminar dándole a la Justicia Especial para la Paz una inmejorable oportunidad para mejorar su imagen ante los ciudadanos, máxime cuando las encuestas revelan que la gran mayoría de colombianos considera que el diálogo con las guerrillas es la mejor opción para la paz.
Finalmente, el éxito o el fracaso de la nueva disidencia liderada por Márquez dependerá en buena medida del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno, en la medida en que este fue el principal argumento expuesto por aquel para justificar su “regreso al monte”. En el aire flota la impresión de que la implementación de los acordado ha sido lenta por falta de voluntad del gobierno y por los intereses de un puñado de políticos y terratenientes que se benefician con la permanencia del conflicto. En este orden de ideas, el apoyo y el compromiso de los ciudadanos con la paz son necesarios para equilibrar la desidia de las autoridades.
Rubén Sánchez David, Profesor Universidad del Rosario
Foto tomada de: ELTIEMPO.COM
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