Alta violencia contra los pueblos indígenas, sus organizaciones y su guardia milenaria
En el norte del Cauca se registra en los últimos dos meses una situación crítica de violencia, reapariciones de expresiones de violencia y ataque contra liderazgos indígenas y contra su guardia, con numerosas muertes, amenazas y desplazamientos. Realizado el acuerdo de paz con las FARC reaparecieron desde 2017 nuevos grupos armados, algunos conformados por anteriores milicianos marginados de este proceso, a la vez que incursionaron con más fuerza en el territorio estructuras narco-paramilitares, redes mafiosas y penetró la vieja disidencia del EPL proveniente desde el Catatumbo. Sobrevinieron entonces guerras locales entre estos grupos por la disputa de territorios y por el control de economías ilegales de marihuana y de cocaína, de forma que la población indígena ha sido gravemente afectada. Por tanto, no es solo la coyuntura presente, sino que desde el cierre del anterior conflicto bélico en la región se ha impuesto este panorama que no cesa ya por tres años.
Según la ONU en 2018 se registraron en territorios indígenas del norte del Cauca 46 homicidios y en lo corrido hasta el 13 de agosto de 2019 otros 36 homicidios, 53 amenazas y 8 atentados. Según denuncia de la ONIC entre el 1 de julio y el 10 de agosto de 2019 sucedieron 57 ataques contra las comunidades indígenas del Cauca. “El reporte da cuenta que al menos 30 personas han sido amenazadas, 15 han sufrido atentados, 7 fueron asesinadas, también tuvieron una afectación al territorio, han sido amenazados de manera colectiva en tres ocasiones y han tenido un atentado a la infraestructura indígena”[1]. El Observatorio de Derechos Humanos de la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la ONIC, en cooperación con las organizaciones indígenas regionales, ha emitido en consecuencia numerosas alertas y comunicados sobre tales hechos, pero afirma que no ha recibido la respuesta requerida de las instituciones del Estado.
Es de recordar que entre marzo y abril de este año se desarrolló la Minga Social Indígena Campesina y Popular en el noroccidente colombiano, con epicentro en el norte del Cauca y fuerte movilización de las organizaciones indígenas lideradas por el CRIC y la ACIN, de forma que hubo una dura represión de la fuerza pública, hechos de violencia asociados a esta protesta y fueron muertos varios comuneros indígenas y un número mayor resultaron heridos. Más aún, ante la prolongación de la Minga en demanda de la presencia de una misión del más alto nivel del Gobierno nacional en este territorio, se resintió el transporte y el comercio en la región por los bloqueos de los protestantes, lo cual motivó una agresiva campaña en su contra que llegó al extremo de realizar un ataque tipo asonada contra la sede del CRIC en Popayán. En su denuncia los indígenas señalaron en este hecho responsabilidad y participación de la Policía.
“El día de hoy 03 de abril de 2019, personas de la ciudad de Popayán se han convocado a las afueras de las instalaciones del CRIC, en contra de la Minga Social Sur Occidente y la Minga Nacional Por La Vida. Lo grave de esta manifestación es que sectores en contra de la movilización en el marco de la legitima protesta social, se han convocado para incentivar el odio, la discriminación, la xenofobia, la discriminación racial, y para hacer daño a las personas del CRIC (…) Esta manifestación ha sido violenta, (…) los incitadores llegaron con mensajes que constituyen injuria y calumnia, como es llamar al CRIC “terroristas”, “secuestradores”; y en el desarrollo de la misma, han estado amenazado y señalando a las personas solidarias que están adentro y a las afueras del CRIC”.
“Además, lo más preocupante (es) que los manifestantes violentos llegaron con la presencia de miembros de la Policía Nacional y del ESMAD, quienes aun verificando la situación de odio que están promoviendo, han actuado pasivamente, omitiendo su papel de garantizar los derechos, y al contrario, la Policía y el ESMAD, se han puesto de parte de estos actos violentos, grabando a los solidarios con la Minga, tomándoles fotos, tirando gases afectando su salud, cuando en ningún momento ha habido confrontación”[2].
En medio de tales tensiones se hizo presente al diálogo con la Minga la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez acompañada del Alto Comisionado para la Paz y la Legalidad Miguel Ceballos, de forma que concertaron acuerdos con la delegación indígena frente a sus exigencias de medidas a favor de determinados derechos y que fueran garantizadas con respaldo económico definido en el Plan Nacional de Desarrollo. A pesar de la insistencia indígena para que hiciera presencia de presidente Iván Duque, éste, aunque viajó a la región se reunió con los gremios económicos y las autoridades seccionales, pero no llegó hasta la Minga ante la información cuestionable y estigmatizante que le entregó el entonces Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, sobre supuestos indicios de que podría ocurrirle un atentado terrorista si asistía al sitio de concentración indígena. Sin embargo, se consolidaron acuerdos, se levantó el movimiento, pero los riesgos de seguridad y las presiones contra los indígenas, campesinos, afros y pobladores de la región continuaron[3].
En tal contexto, en agosto de 2019 sobrevinieron graves atentados por parte de grupos armados irregulares contra comunidades indígenas y su guardia en varios municipios del norte del Cauca, entre ellos: fueron asesinados Gersain Yatacué, coordinador de la guardia indígena de Toribió; Enrique Guegia, alguacil y médico tradicional del Resguardo Indígena de Tacueyó; y Eduardo Tumbó, líder de Caloto. Fue emboscada la Guardia Indígena con un ataque a la vez indiscriminado contra una chiva que transportaba población indígena, de forma que murieron dos guardias indígenas y quedaron ocho personas heridas. En el resguardo San Francisco, en Toribió cientos de personas acompañaron el sepelio de los guardias indígenas asesinados.
La violencia también afecta la población afro y a otros sectores de la población
En el norte del Cauca también se ha producido en estos años recientes un fuerte ataque contra las comunidades afros y sus dirigencias, contra comunidades campesinas y contra pobladores y habitantes, en el mismo contexto de lo referido sobre la agresión contra las comunidades indígenas. Este mismo año se registró el atentado cometido contra la dirección de los Consejos Comunitarios afros de la región, que tenía el propósito de asesinar a Francia Márquez y a otras personas entre sus dirigentes, cuando sesionaba en Santander de Quilichao. Entre las víctimas de la población afro también se registra el asesinato del rector de la Institución Educativa Afro Empresarial Huasanó, en Caloto, Orlando Gómez, tras ser capturado y desaparecido, de manera que su cadáver fue encontrado en Corinto.
En el ámbito urbano y regional también comunicadores y periodistas han sido amenazados por realizar su labor profesional de informar sobre lo sucedido. Así, periodistas del diario Proclama del Cauca denunciaron amenazas al no atender exigencias que buscaban censurar su labor por parte de un supuesto grupo armado ilegal. Igualmente periodistas de otros medios de prensa y comunicación han denunciado amenazas similares: “…las intimidaciones fueron hacia los periodistas Miguel Ángel Palta, de 90 Minutos, Fransuá Martínez, de Blu Radio, y Eduardo Manzano, de Noticias Caracol, junto a los camarógrafos Arlex Piedrahita y Alexander Cárdenas, quienes dijeron haber recibido amenazas de otra organización armada ilegal”[4].
De otra parte, el pasado primero de septiembre se produjo una masacre en el corregimiento de Betulia en Suárez, Cauca, realizada con el propósito de atacar en especial a Karina García candidata a la Alcaldía de ese municipio por el Partido Liberal, de forma que murieron ella y un grupo de personas que la acompañaba en desarrollo de su campaña política, entre ellas su madre, el candidato al consejo del mismo municipio Yeison Obando y miembros de su esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP). La candidata había denunciado amenazas, presión de un grupo armado ilegal que había exigido retirar su propaganda electoral y calificó de calumniosos e infundados señalamientos en su contra hechos por contradictores políticos, lo cual habría agudizado el riesgo en su contra desde actores ilegales.
“No continúen haciendo comentarios irresponsables acerca de mi candidatura, comentarios que son falsos, como que voy a traer a los paramilitares, que voy a traer a las multinacionales, que les voy a quitar las tierras a la gente, por Dios, no sean irresponsables. Esto puede traer para mí consecuencias fatales. Respeten hoy a esta mujer que se presenta como una opción de cambio”[5].
El hecho en estas circunstancias en las cuales había un previo informe de alerta temprana de la Defensoría y la víctima denunció lo sucedido y demandó la protección requerida sin tener la respuesta adecuada de las autoridades respectivas, también trascendió en el país. “Ni una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, ni una denuncia hecha en un consejo de seguridad, ni un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), ni un video pidiendo respeto y seguridad sirvieron para evitar una tragedia anunciada: el asesinato de Karina García (…) Con ella también fueron ejecutadas seis personas…”[6].
La reacción aún parcial e insuficiente de las instituciones oficiales en la región
Ante los graves hechos referidos en estos dos últimos meses, el pasado 13 de agosto se hizo presente el Gobierno nacional en Popayán, en cabeza de la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez, quien se reunió con autoridades seccionales y con una delegación indígena. Sin embargo, la posición oficial no asume la responsabilidad debida, por cuanto el norte del Cauca está altamente militarizado por la fuerza pública y sin embargo se mantienen espacios de ilegalidad, grupos armados ilegales y redes mafiosas, prácticamente actuando en la impunidad, de tal forma que el gobierno expresa la denuncia de lo sucedido, pero no asume el deber de garantía y protección debido en el territorio. En ese sentido declaró la ministra en el contexto de tales reuniones: “El problema de los territorios donde están las comunidades indígenas es el narcotráfico y la disputa por el control territorial entre grupos armados organizados ilegales, para garantizar el dominio de los circuitos de ilegalidad”[7].
Por su parte, el fiscal general encargado, Fabio Espitia, ha señalado en reportes y declaraciones que son responsables de los ataques realizados contra pobladores del norte del Cauca el “Clan del Golfo”, los “Caparros”, el ELN, las disidencias de las FARC y la disidencia del EPL. Sin embargo, los resultados en investigación son aún demasiado parciales y se ignora también la existencia de redes de cooperación que incluso puede involucrar agentes de Estado y miembros de la fuerza pública en la región, dadas las condiciones en que actúan tales actores ilegales, sin que determinadas instituciones oficiales cumplan su obligación constitucional y legal con la debida eficacia.
En lo referido al Ministerio Público la Defensoría del Pueblo de manera importante y positiva en lo referido a las actuaciones preventivas ha tenido en los dos últimos años nueve alertas tempranas vigentes en Cauca. Su Informe de Alerta Temprana No. 033-19 del 15 de agosto de 2018, vigente, en su contenido puso de presente el ingreso o surgimiento de determinados grupos armados ilegales que han buscado copar territorios antes de presencia de las FARC EP, relacionados con las economías ilegales asentadas. En Suárez y zonas contiguas registró la existencia de plantaciones con propósito ilegal de cultivos de uso ilícito, procesamiento y tráfico ilegal de estupefacientes -coca, marihuana y amapola-. Presencias del ELN, la vieja disidencia del EPL con una estructura armada procedente del Catatumbo y grupos rearmados por disidentes al acuerdo de paz de las FARC, como el que aparece a nombre de “Columna Móvil Jaime Martínez, la cual según reportes de prensa “agrupa personal de estructuras extintas, como la Miller Perdomo, la Jacobo Arenas y el Frente 30”[8].
El director nacional de la Unidad Nacional de Protección (UNP), responsable de los esquemas de protección a personas y comunidades amenazadas, llegó a reconocer dramáticamente que en el caso de esta región, a propósito del asesinato de la candidata a la alcaldía de Suárez, que no tendría la posibilidad real de responder a su misión ante el nivel de riesgo, amenaza y hechos existentes: “Se piensa que pueden ser las disidencias de las FARC y pues ahí no hay esquema que aguante (…) por grande que sea, por pequeño que sea, frente a un ataque de esos, es imposible evitar por la forma y la sevicia con que atacaron el vehículo”[9].
De manera positiva en reacción a lo sucedido en esta subregión las Comisiones de Paz de Senado y Cámara sesionaron en Caloto el pasado 4 de septiembre, a la vez que con posterioridad se realizó en el Congreso un Debate de Control Político ante el recrudecimiento de la violencia en Colombia, en donde los más afectados y violentados son los Pueblos Indígenas, dado que en lo que va de este gobierno han sido asesinados 102 líderes y lideresas indígenas, y 167 desde la firma del Acuerdo de Paz[10].
En esta sesión de control político los senadores Feliciano Valencia de MAIS -quien es indígena Nasa y ha sido destacado dirigente de la ACIN- e Iván Cepeda del Polo Democrático Alternativo, y los senadores Temístocles Ortega y Roosevelt Rodríguez de Cambio Radical, Luis Fernando Velasco del Partido Liberal y Roy Barreras del Partido de la U, citaron en el marco del Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional y de la grave situación de genocidio que viven los Pueblos Indígenas a lo largo y ancho del país, como ellos mismos lo caracterizan, a: la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; al Ministro de Defensa, Guillermo Botero; al Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo; al Director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, Ramón Alberto Rodríguez; al Director de la Unidad Nacional de Protección – UNP, Pablo Elías González; al Fiscal General de la Nación (e), Fabio Espitia Garzón. Con la presencia de las Autoridades Indígenas de la ONIC, el CRIC, la ACIN, la Mesa permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas; y de la Comisión Étnica para la Paz. Estuvieron invitadas la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El debate fue importante, pero la transcendencia en medidas estatales y gubernamentales aún no se registra al nivel, eficacia y profundidad esperada en la región, a tono con la dimensión y gravedad de lo sucedido. Así lo demanda el CRIC en un pronunciamiento, en el cual señala consideraciones sobre causas y responsabilidades de la problemática afrontada:
“La Consejería Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, denuncia y rechaza ante la opinión pública Nacional e Internacional la agudización del conflicto en nuestros territorios, pueblos y comunidades indígenas, así como la violación sistemática de los derechos humanos a sectores sociales y populares del Departamento del Cauca. Es evidente, que avanza la consolidación de una estrategia de despojo territorial y de respaldo a las políticas económicas de sectores políticos de ultraderecha del País por parte de grupos paramilitares, lo que viene generando desarmonización y persecución a las organizaciones territoriales del Cauca, entre ellas al CRIC y la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca –ANCOC- a través de amenazas, persecuciones y asesinatos a nuestras comunidades, autoridades, lideres, docentes, mayores y mayoras”[11].
La expectativa con el proceso de paz y la atención de las víctimas
En una visión de mediano plazo, además de la urgencia de la debida prevención y atención ante los hechos de violencia que se vienen sucediendo, está la expectativa de las medidas positivas derivadas del acuerdo de paz, en términos del enfoque territorial, étnico, de género y de atención priorizada hacia las regiones y territorios más afectados por el conflicto. Al respecto, urge el desarrollo coherente y eficaz en la región del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDEP) y del Programa de Sustitución de Economías Ilegales (PNIS), las garantías efectivas para los partidos y movimientos políticos y sociales y la atención de los derechos de las víctimas en un enfoque reparativo, de esclarecimiento de lo sucedido y de recuperación de la justicia ante la impunidad imperante frente a las graves y masivas violaciones sucedidas y que se siguen repitiendo.
Al respecto de las posibilidades de la justicia transicional o la justicia de paz derivada del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC EP, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha priorizado entre sus macro-casos ya seleccionados el Norte del Cauca, esfuerzo que se conjuga en el marco del Sistema Integral de justicia transicional del acuerdo de paz, con lo que implica el esclarecimiento y la promoción de la convivencia y no repetición que proyecta la labor de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la propia actuación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, como esfuerzos en el horizonte de las estrategia y acciones hacia la recuperación de la paz con el consiguiente énfasis en la atención de los derechos de las víctimas.
Vale precisar sobre la JEP que su Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, mediante el Auto 078 abrió el caso No. 005, sobre la grave situación humanitaria que afectó a la población en los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono, ante hechos presuntamente cometidos por miembros de las FARC-EP y de la fuerza pública, entre enero de 1993 y el primero de diciembre de 2016. En el acopio de información de entes estatales y sociales la JEP encontró que se identifican sobre lo sucedido en la región violaciones graves como desplazamiento forzado, detenciones irregulares, tortura, violencia sexual, homicidios, confinamiento, siembra de minas antipersonal, reclutamiento forzado, desaparición forzada, ataques a la población civil, amenazas y atentados al medio ambiente. Además, sobre esta región la JEP advierte la necesaria aplicación del enfoque territorial y étnico-racial, la presencia de múltiples actores armados y la importancia estratégica de la ubicación de los pueblos étnicos[12].
Denuncias y discusiones sobre presuntas responsabilidades
En panfletos con amenazas contra los indígenas y su guardia indígena, supuestamente firman Águilas Negra, algunas disidencias rearmadas de anteriores guerrillas que pactaron la paz y recientemente aparecen otros acreditados supuestamente por el Cartel de Sinaloa, grupo que se haría responsable de varios de los asesinatos recientes contra indígenas. Los voceros indígenas denuncian que han recibido amenazas recientes contra las comunidades indígenas, unas a nombre “del ‘Cartel de Sinaloa’ y otra del grupo ‘distrito doce’[13].
Según información de medios de prensa carteles narcotraficantes de drogas ilícitas desde Colombia: “Llegan a negociar coca con planes “todo incluido” que les ofrecen bandas en Cauca, Valle y Nariño con territorios sembrados de coca con fines de explotación de aproximadamente 60 mil hectáreas y de exportación ilegal de cocaína. Estarían detrás de crímenes de líderes que apoyan la erradicación”. Se hace referencia al ofrecimiento por parte de grupos armados ilegales de portafolios de servicios que incluyen seguridad, control de zonas de cultivo, de instalaciones de cocinas de procesamiento del alcaloide y rutas de tránsito de la mercancía ilegal, medios de transporte incluidos hasta vehículos blindados, personal de escoltas y “hasta servicios de catering en exclusivos lugares privados para cerrar negocios”[14].
También han surgido versiones en este sentido de la red tejida entre grupos irregulares en el territorio y los carteles mexicanos y de otras nacionalidades del narcotráfico en los puntos de exportación ilegal de la droga desde el Pacífico: “Cuando el clorhidrato de cocaína es movido hasta el Pacífico, allí si hay grupos internacionales, particularmente mexicanos y hasta rusos, interesados en lo que sale de los corredores del Naya y de Micay”, declaró a El Tiempo el gobernador del Cauca Óscar Ocampo[15].
La Defensoría del Pueblo asegura que hay evidencia de estructuras de las mafias mexicanas en el Pacifico y las denuncias de las organizaciones sociales señalan que estarían implicados en el asesinato de líderes indígenas y campesinos que se oponen a los cultivos de uso ilegal y promueven su sustitución convenida en el Acuerdo de Paz. El defensor del Pueblo, Carlos Negret ha declarado: “Los actores armados, alimentados por la minería ilegal y el narcotráfico, pretenden convertir al departamento del Cauca en un territorio condenado de manera indefinida a la violencia”[16].
La Fiscalía ha reportado la presencia de las mafias mexicanas en diez departamentos, incluido Cauca en su zona Norte y Valle en su zona sur contigua. Las versiones señalan que en esta zona del Cauca los contactos los establecen con la disidencia del Frente Sexto de las FARC, la disidencia de la Columna Jacobo Arenas ahora denominada “Carlos Patiño”, la vieja disidencia del EPL que se proyectó del Catatumbo a la región y de un frente del ELN.
ONG y centros de estudio han puesto de presente la existencia, formas de actuación e impacto de los actores irregulares en la región. Así entrega su percepción el Centro de Estudios en Seguridad y Paz a través del especialista en seguridad Néstor Rosanía: “El gran comprador del Pacífico es el cartel de Sinaloa. Muchas de las disidencias intentan que les paguen con armas, que sabemos los carteles sacan desde Estados Unidos hacia México, al desierto de Sonora, para desde allí distribuirlas hacia Centro y Suramérica”[17]. La MOE ha presentado informes de monitoreo de los riesgos de delitos electorales y llama a las autoridades ante esta delicada coyuntura de campaña electoral en la cual se registran víctimas entre los candidatos en varias regiones, incluida Cauca, a adoptar medidas urgentes ante los delitos contra candidatos y actores políticos en las regiones.
En un panfleto a nombre de la disidencia de las FARC “Columna Móvil Dagoberto Gómez” declaró objetivo militar a la guardia indígena en la región”. El dirigente de la ACIN Mauricio Capaz declaró a los medios de prensa: “Estas amenazas de muerte que seguimos recibiendo por nuestra labor autónoma de control territorial no responden a ningún proyecto político revolucionario, sino a la mezquina ambición del narcotráfico”[18].
Por su parte, el gobierno a través de Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz y la Legalidad, señala a Leder Johay Noscué (Mayimbú) de ser jefe de esta estructura disidente de las FARC, quien con el grupo Jaime Martínez o Dagoberto Ramos, según su declaración es el responsable del asesinato de integrantes de las comunidades indígenas[19].
El coordinador del Tejido de la Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la ACIN, Mauricio Capaz, señaló que las comunidades buscarán a los responsables de los hechos para aplicarles la jurisdicción especial indígena. “Gobernador del Cauca dice que detrás estaría una mafia. Gobierno pide que se permita actuar a la Fuerza Pública e indígenas señalan que hay 7 bases militares en la zona”[20].
Los voceros indígenas insisten en que existen responsabilidades estatales o de agentes suyos en la situación, al punto que señala una especie de contraste entre la propia ineficacia e impunidad estatal y ciertas acciones de justicia propia que el pueblo Nasa ha realizado al respecto de estas graves violaciones: “Entre las comunidades nativas se habla de una alianza con paramilitares que se mueven bajo complicidad estatal”[21]. Jhoe Sauca, coordinador del CRIC declaró: “En varios sectores siempre ha estado la Fuerza Pública. Por ejemplo, en la vía a Caloto, del sector del Palo hacia arriba, hasta Tierrero, Rionegro, donde han venido sucediendo la mayor parte de ataques a la guardia indígena”[22]. Dice que contrario a las autoridades estatales la guardia indígena capturó a cuatro presuntos responsables, desde la justicia propia. Agregó este dirigente indígena: “Cuando ese tipo de cosas suceden y la guardia y las autoridades logran capturar, siempre se han hecho la asamblea y el juicio públicos, y se envían a la cárcel si es del caso. En esta oportunidad, no es un simple asesinato, es un tema de violación en el marco internacional de los derechos humanos, porque son ilegales disparando a civiles”[23].
El debate público y la campaña de los pueblos indígenas
Ante el impacto de lo ocurrido en los principales medios de prensa en las últimas semanas se editorializa sobre lo sucedido en el Cauca: “Es claro que el fin de las FARC como guerrilla armada hizo que estas regiones vislumbraran, por fin, una luz al final del túnel que, lamentablemente. muy pronto se apagó. En lugar de oportunidades, con la firma de los acuerdos vino un violento reacomodo de fuerzas por las organizaciones dedicadas a negocios ilegales: la mencionada coca, pero también la minería ilegal”[24].
La ONU ha exhortado al Estado y al gobierno colombianos para que se avance en el esclarecimiento de los responsables intelectuales de los crímenes frecuentes contra líderes sociales y excombatientes en el contexto de la implementación del acuerdo de paz, llama a que actúen con eficacia los entes responsables de prevenir los hechos de violencia y los entes responsables de investigar e impartir justicia. Y al respecto, saluda como hecho político positivo el que se haya logrado la firma del pacto por la no violencia y por la paz por parte de los partidos políticos, con participación del Gobierno nacional, que es una medida considerada en el acuerdo de paz en implementación.
“Hacemos un llamado para que se investigue, juzgue y sancione a los responsables de estos hechos violentos y, en este periodo electoral, apelamos a que se redoble la protección y garantías de seguridad para líderes, lideresas sociales y candidatos en el país. Saludamos el Pacto firmado por los partidos políticos por una cultura política y la no violencia en la campaña electoral. Desde el Sistema de las Naciones Unidas reafirmamos nuestro compromiso y colaboración por consolidar la paz, la democracia, los derechos humanos y el desarrollo en Colombia”[25].
A la vez, las organizaciones indígenas de la región y nacionalmente, además de demandar protección debida, garantías y emprender una campaña al respecto, también convocan a que todos los esfuerzos se hagan en la perspectiva de la construcción de la paz y con ella a la consideración del enfoque territorial y étnico. “Lo que nos conmina a la imperativa necesidad de reafirmar la voluntad de Paz del pueblo colombiano y la demanda que se cumpla el Capitulo Étnico en el marco de la Implementación del Acuerdo Final de Paz, entre el Gobierno de Colombia y las FARC – EP”[26].
El CRIC, alerta a todos los cabildos indígenas de los diferentes territorios, y especial mente a los jóvenes en edades de 18 a 25 años, que no permitan que se vulneren sus derechos fundamentales por parte del Ejercito Nacional ya que a partir del 20 de abril del 2016 están realizando incorporaciones. Recomendamos a nuestros jóvenes portar el carnet de exención de prestación del servicio militar de acuerdo a la ley 48 de 1993 que se están aplicando en los resguardos indígenas en el marco del Derecho Propio.
En consecuencia, el movimiento indígena en la actualidad como acción de resistencia pero también de demanda de derechos y de la paz, realiza en consecuencia una “Campaña nacional e internacional por los cuidadores de la madre tierra”, organizada por la ONIC-Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, con la Coordinación Nacional de la Guardia Indígena Colombiana, y que cuenta con el respaldo de numerosas organizaciones sociales, bajo el lema “Soy Guardia Indígena”, ella trascurre desde este mes de septiembre e incluye un acto en el Muro de la Paz de Paris, Francia, y actos en ciudades de diversos países y en ciudades y poblaciones de Colombia.
“Mas de 60 mil Guardias Indígenas en todo Colombia, como cuidanderos de los territorios, de los páramos y ríos, no solo para los Pueblos Originarios, sino para todos los seres del universo, claman que nos unamos a la campaña que inicia este 6 de septiembre en Colombia y el mundo. Guardia Indígena, Cimarrona y Campesina con los bastones de Paz en alto por defender la Vida nos están matando, y esto también le compete a usted, a mí y a todos”[27]. “El guardia indígena observa y pone en práctica la Ley de Origen, por ello como hijos de la Madre Tierra tenemos la corresponsabilidad de amarla, respetarla y cuidarla.
La Guardia Indígena milenariamente protege y ejerce el control territorial de los Pueblos Indígenas de Colombia para garantizar su pervivencia, el derecho a la paz y el buen vivir.
________________________________________
[1] Nota de Colprensa, 11 de agosto de 2019.
[2] Comunicado CRIC, 2 de abril de 2019. https://www.onic.org.co/minga/2915-denuncia-publica-sobre-ataque-a-la-sede-del-cric-en-popayan
[3] Comunicado ACIN, 30 de marzo de 2019.
[4] “Multitudinario adiós a dos indígenas en Cauca”, El Tiempo, 14 de agosto de 2019, página 1.14.
[5] “Cada día y medio hay un hecho de violencia electoral”, El Espectador, Germán Gómez Polo, 3 de septiembre de 2019, página 2.
[6] “¿Qué está pasando en el Cauca?”, editorial, El Espectador, 3 de septiembre de 2019, página 14.
[7] Declaración de la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez, citada en: “Indígenas, bajo fuego, revista Semana No. 147, 25 de agosto, página 43.
[8] “Cada día y medio hay un hecho de violencia electoral”, El Espectador, Germán Gómez Polo, 3 de septiembre de 2019, página 2.
[9] Declaración de Pablo Elías González, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), El Espectador, 4 de septiembre de 2019, página 24.
[10] “Debate de control político “Situación de riesgo de los pueblos indígenas de Colombia-especial Norte del Cauca”. https://www.onic.org.co/comunicados-onic/3407-debate-de-control-politico-situacion-de-riesgo-de-los-pueblos-indigenas-en-colombia-especial-norte-del-cauca
[11] Comunicado del CRIC el 26 de abril de 2019. “Continúan amenazan contra los procesos indígenas, sociales y populares del Cauca https://www.colectivodeabogados.org/?_Concejo-Regional-Indigena-del_
[12] “Se prioriza situación en el norte del Departamento del Cauca”, comunicado de la JEP, noviembre 16 de 2018. https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-prioriza-situaci%C3%B3n-del-norte-del-Departamento-del-Cauca.aspx
[13] https://caracol.com.co/radio/2019/08/11/nacional/1565547276_006378.html
[14] “Los narcos mexicanos que aterrorizan el sur del país”. El Tiempo, Unidad Investigativa, 11 de agosto de 2019, página 1.6.
[15] “Los narcos mexicanos que aterrorizan el sur del país”. El Tiempo, 11 de agosto de 2019, página 1.6.
[16] “Mirar al Cauca”, Carlos Negret, El Tiempo, 18 de agosto, página 1.7.
[17] Declaración de Néstor Rosanía, del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, citada en: “Los narcos mexicanos que aterrorizan el sur del país”. El Tiempo, 11 de agosto de 2019, página 1.6.
[18] “¿Quiénes se esconden tras el “plan pistola” contra indígenas?”, El Tiempo, 18 de agosto de 2019, página 1.7.
[19] “Cada día y medio hay un hecho de violencia electoral”, El Espectador, Germán Gómez Polo, 3 de septiembre de 2019, página 2.
[20] “¿Quiénes se esconden tras el “plan pistola” contra indígenas?”, El Tiempo, 18 de agosto de 2019, página 1.7.
[21] “¿Quiénes se esconden tras el “plan pistola” contra indígenas?”, El Tiempo, 18 de agosto de 2019, página 1.7.
[22] “¿Quiénes se esconden tras el “plan pistola” contra indígenas?”, El Tiempo, 18 de agosto de 2019, página 1.7.
[23] “¿Quiénes se esconden tras el “plan pistola” contra indígenas?”, El Tiempo, 18 de agosto de 2019, página 1.7.
[24] “La gente, en la mira”, editorial. El Tiempo, 13 de agosto de 2019, página 1.12.
[25] Comunicado, “Naciones Unidas en Colombia condena y lamenta los ataques contra líderes y personas candidatas en el país”, 4 de septiembre de 2019.
[26] “Campaña nacional e internacional por los cuidadores de la madre tierra”, ONIC, https://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/3414-campana-nacional-e-internacional-por-los-cuidadores-la-madre-tierra
[27] “Campaña nacional e internacional por los cuidadores de la madre tierra”, ONIC, https://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/3414-campana-nacional-e-internacional-por-los-cuidadores-la-madre-tierra
Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática.
Foto tomada de: Vanguardia
Deja un comentario