El presidente Iván Duque en su primer año de gobierno ante la implementación del acuerdo de paz conseguido entre el Estado y las FARC EP ha sido resistente y orientado a asumir compromisos parcialidad a la vez que confronta compromisos centrales del mismo acuerdo. Adicionalmente aplica una política exterior de marcada hostilidad contra Venezuela y de apoyo incondicional a la estrategia de presión, sanciones arbitrarias, amenazas y preparativos de intervención de EEUU contra este país hermano y fronterizo. Esta posición llevó al rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, cierres frecuentes de la frontera, alta tensión y militarización desde ambos países y presencia en la frontera desde Colombia de grupos guerrilleros, narco-paramilitares y redes delincuenciales que también penetran y actúan en Venezuela. A la vez, Venezuela ha registrado una fuerte crisis política, económica, social, tensiones y disturbios internos, intentos de golpe al gobierno y una masiva migración de su población que mayoritariamente se dirige a Colombia, principalmente por esta frontera.
La deseable superación de la crisis en Venezuela corresponde al propio pueblo venezolano, a sus instituciones y podrá contar con el positivo apoyo de organismos intergubernamentales y de la comunidad internacional; debe lograrse bajo el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos de su población. Debe abogarse por la solución política de las problemáticas en curso. Sin embargo, el presidente Duque desconoce la Carta de la ONU vigente desde 1945, en lo relativo al Capítulo VI que demanda la solución política, diplomática, pacífica y concertada de las diferencias y las tensiones que surjan entre sus Estados miembros. En contrario a tal disposición, Duque junto con su canciller Carlos Holmes Trujillo y su embajador Francisco Santos en Washington, han declarado apoyo a una posible intervención militar contra esta república hermana, sobre la cual ya existen preparativos y movimientos militares desde EEUU. Más aún, el gobierno colombiano con relación a Venezuela desconoce de los dos pactos que constituyen el pilar de la Carta de Derechos Humanos de la ONU[1], que consagran sus derechos a la soberanía estatal, la autodeterminación nacional y el derecho inalienable de su población a elegir y decidir sobre su propio gobierno. Posición evidenciada en su política reiterada de llamado público a intervenir para derrocar al gobierno venezolano, hecho además relacionado con el apoyo directo y expreso a los planes e intentos de golpe y a sus promotores internos e internacionales.
Bajo tal panorama, en Catatumbo y toda la zona fronteriza con Venezuela se debaten dos tendencias y dinámicas contradictorias. La de continuidad de la guerra interna, la violencia política, la ilegalidad y la criminalidad transnacional, con graves efectos sobre la población, la institucionalidad y las organizaciones sociales, que además al momento obra como acicate a favor del posible conflicto bélico internacional referido. Y la de construcción de la paz interna, movilización democrática de la población, empeño por la actuación garantista de las instituciones, recuperación de la paz en las fronteras y búsqueda de soluciones políticas y diplomáticas, en aras de consolidar la paz regional, la paz en la frontera y en el contexto internacional.
La paz en Catatumbo y la frontera exige superar notorios obstáculos
La Provincia de Ocaña y el Catatumbo han sido de las regiones con más intensos conflictos sociales y de prolongado conflicto bélico por varias décadas. Allí se registró el aniquilamiento progresivo del pueblo originario Barí con apoyos estatales y gubernamentales en beneficio de la explotación petrolera en beneficio de multinacionales norteamericanas. Se registraron protestas obreras que exigieron respeto a la soberanía y nacionalización de la explotación petrolera ante las onerosas condiciones impuestas por el capital internacional. Movimientos campesinos han demandado acceso la tierra, condiciones de mercado y los pobladores han realizado paros y movilizaciones en demanda de servicios sociales e infraestructura pública. En tal contexto surgieron las guerrillas ELN, EPL y FARC con marcada presencia, de forma que a pesar del acuerdo de paz con el EPL en 1991 y del reciente acuerdo de paz con las FARC en 2016, se mantiene el ELN y algunas viejas como ahora nuevas disidencias guerrilleras a los pactos de paz suscritos.
El paramilitarismo incursionó en esta región mediante una sucesión de masacres contra los pobladores campesinos y de barrios populares urbanos señalados de ser supuesta base social de las guerrillas, de forma que, entre 1999 y 2004 produjo más de siete mil asesinatos, varias decenas de miles de desplazados internos y centenares de refugiados en Venezuela. La desmovilización de estructuras de las AUC en la región en 2004 fue un hecho parcial, puesto que se prolongaron hasta la actualidad estructuras narco-paramilitares que controlan economías ilegales y mantienen alianzas y niveles de infiltración y control en entes institucionales. Los campesinos en buen grado por fuerza de los hechos se tuvieron que dedicar cultivar y raspar coca, por lo cual desde mediados de los 90 realizan movimientos de protesta en demanda de alternativas de inclusión y en rechazo al trato criminalizante y represivo de las políticas gubernamentales. En años recientes tras fuertes paros comprometieron medidas políticas de beneficio para la sustitución viable de economías de uso ilícito a las de uso lícito, posibilidades que se pueden fortalecer y ampliar con el acuerdo de paz con las FARC en implementación. Las organizaciones sociales, ONG promotoras de los DDHH y la paz y movimientos de izquierda y alternativos fueron golpeados a fondo por el paramilitarismo, de forma que en años recientes buscan recuperarse, a la vez que aflora una importante movilización de las víctimas en demanda de derechos.
En Caño Indio, Tibú, está la zona de concentración de excombatientes de las FARC desde donde promueven la aplicación del acuerdo de paz y asumen su propia reincorporación a la vida con positivo impacto social y político en la región. Pero acechan en su contra graves los riesgos. Se mantienen reconocidas redes narco-paramilitares que controlan zonas de cultivos de uso ilícito, de procesamiento de alcaloides y rutas de economías ilegales que se extienden a territorios de Venezuela. Han sido asesinados varios excombatientes, incluido el sonado caso de Dimar Torres en Convención, con responsabilidad del Ejército. Se mantienen activos frentes del ELN lo cual significa la prolongación del conflicto bélico con la Fuerza Pública, a la vez que recientemente se produjo una guerra local entre esta guerrilla y la vieja disidencia del EPL. Y ahora aparece, desde 2018, un núcleo rearmado disidente al acuerdo de paz con las FARC, conformado por algunos exintegrantes del anterior Frente 33, que actúa entre Tibú y La Gabarra. Estos factores de conflictividad violenta han generado en los años recientes hasta la actualidad nuevas víctimas entre la población, de forma que en rechazo han cobrado vigor la movilización de redes sociales y de derechos humanos, quienes conforman comisiones humanitarias y demandan la recuperación de la paz.
El ingreso al país de Guidó mediante apoyo de Los Rastrojos es asunto de fondo
Bien se recuerda que el pasado 22 de febrero se realizó un concierto en el lado colombiano de la frontera, destinado a ambientar la jornada convocada al día siguiente que pretendió conseguir una avalancha humana que ingresara al vecino país por la fuerza, violando los controles fronterizos oficiales, con la consigna de derrocar al presidente Maduro, pero que fue publicitada cual si fuera una movilización para llevar una supuesta “ayuda humanitaria”. Hecho que no solo no respondía al propósito ni a la naturaleza ni a los protocolos exigidos por tal tipo de acción, sino que configuró una forma de transgresión a su posibilidad que configura el delito de perfidia o traición a la misión y la acción humanitaria. A la vez, hubo presencia militar, política y de inteligencia directa de EEUU en Cúcuta y se produjeron declaraciones agresivas del presidente Trump en esos días, sobre considerar la opción de invadir con tropas a través de Colombia a Venezuela.
Hace dos semanas se conocieron fotografías del presidente de la Asamblea de Venezuela, Juan Guaidó, autoproclamado “presidente interino de Venezuela”, quien con ocasión del concierto referido cruzó ilegalmente la frontera entre Venezuela y Colombia por una trocha, que según este testimonio gráfico y testimonios recogidos por la organización de derechos humanos colombiana Fundación Progresar, dirigida por Wilfredo Cañizares, con reconocida presencia en Norte de Santander, se trató de un operativo de los integrantes del grupo narco paramilitar los Rastrojos. De tal forma, la estructura narco-paramilitar guio, facilitó y custodió a Guaidó y su comitiva en la ruta de tránsito ilegal entre los dos países, de forma que recurrieron a decretar un “paro armado” que exigió a los pobladores de la zona permanecer encerrados en sus casas.
Ahora se interroga al gobierno colombiano por el involucramiento de los narco-paramilitares en este operativo con Guaidó. “En Cúcuta todo el mundo sabe que esa zona es controlada por los paras (…) la inteligencia colombiana que armó el operativo para que entrara a Colombia sí debía de saber que ese territorio era controlado por los Rastrojos”[2]. “Era imposible pasar la frontera sin que los Rastrojos lo permitieran. Ahí no es posible que una comisión, una comitiva de extranjeros ingresen por una trocha, por un camino ilegal a nuestro territorio, sin que haya presencia paramilitar o sin que medie un acuerdo con el grupo que controla la zona que son los Rastrojos. Esas fincas a la orilla del río La Grita son de narcotraficantes, esa es una ruta de salida de la droga, de la pasta de coca que se produce en el Catatumbo. Ellos tienen un control muy estricto ahí desde el año 2012. En marzo de este año le dijimos al Procurador General de la Nación, en una reunión que tuvimos en Cúcuta, le explicamos con detalle la casa de descuartizamientos que tenían los Rastrojos en Puerto Santander, como estaban desapareciendo la gente, como asesinaban las personas (…) como estaban ejerciendo el control”[3].
Las fotos reveladas de dos jefes narco paramilitares abrazados con Guidó, uno de ellos armado, tomadas en el corregimiento de Guaramito, Puerto Santander, tomadas el mismo día por lugares donde pasó y continuó con su comitiva hacia el puente de Aguaclara, donde fue recibido por el concejal de Cúcuta, Juan Felipe Corso, del Partido Conservador, quien se unió a la comitiva en la cual también se integraron dos escoltas del presidente Duque. En tales circunstancias, llegó Guaidó y su comitiva hasta una cancha donde estaba el conjunto del dispositivo oficial de seguridad colombiano, el cual llevó a Guaidó en un helicóptero hasta el lugar del concierto, donde lo esperaban en el puente de Tienditas el presidente Duque de Colombia y el presidente Piñera de Chile. ¿Acaso las autoridades colombianas y el dispositivo presidencial de seguridad desplegado ignoraban y no coordinaron con el dispositivo de seguridad de ingreso de Guidó?, incluso cuando se pretende reconocerlo como supuesto “presidente” de Venezuela.
Estos dos jefes paramilitares Albeiro Lobo Quintero alias “el Brother” y Jhon Jairo Durán Contreras alias “el Menor”, hace una década están identificados por la inteligencia oficial colombiana y tienen reconocidos antecedentes criminales desde que trabajaban para el capo narcotraficante Wilmer Varela alias “Jabón”. Asesinado Varela en 2008, estaban ya los Rastrojos en esta zona de frontera bajo el mando de Wilfredo de Jesús Torres Gómez alias “Necoclí”, quien fue capturado en 2019 en Venezuela, por autoridades de ese país. Tras esta captura quedó al mando “el Brother”, que actuaba junto con alias “el Menor”, pero como es usual en estas bandas narco-paramilitares, el cambio de mando desató una disputa mortal, de forma que aliados de “Necoclí” realizaron una masacre contra familiares de “el Menor”, quien herido se entrega a la Policía y de forma subsiguiente lo hizo “el Brother”. Fueron entonces capturados bajo los cargos de asociación para delinquir agravada, homicidios, narcotráfico y extorsiones. De allí también surge el interrogante sobre porqué dos altos delincuentes sobre los que había labor de inteligencia de organismos de seguridad colombianos y que debían estar judicializados y en prisión se mantenían controlando territorio, armados e inscritos con responsabilidad en el operativo de seguridad del desplazamiento ilegal de Guidó. Se agrega el hecho, en las semanas recientes, de la aparición de otras fotos de Guidó abrazado también y compartiendo con otros narco-paramilitares de los Rastrojos, durante el curso de la ruta referida.
“…Juan Guaidó, abrazado con dos miembros del grupo criminal los Rastrojos no son un asunto menor (…) el presidente reconocido por la diplomacia colombiana como legítimo, (…) ha dicho que contó con apoyo de muchas personas, incluyendo miembros de la Policía y el Ejército de Colombia. ¿Tal es el control de este grupo en la frontera que sus líderes se sienten cómodos mostrándose en un momento de tanta atención nacional e internacional?”[4].
Buscando servir a EEUU Duque promueve el derrocamiento del gobierno de Venezuela
La política internacional de Trump ha sido agresiva, provocadora, con presiones de diverso tipo, pero a la vez con algunos giros al diálogo, que llevan a escenarios de alta tensión y a la vez también con algunas coyunturas ambivalentes. Así realizó el bombardeo y la intervención directa y con potencias aliadas contra Siria incrementando la cruenta guerra generalizada en ese país. Se retiró del acuerdo de desnuclearización pactado por el anterior gobierno de Obama con Irán con participación de varios Estados, de forma que intensifica la tensión y provoca incidentes militares con ese país. Desata presiones militares y aboca un diálogo que resultó fallido con Corea del Norte. Mantiene presencia militar invasora y recién fracasa en un diálogo con la resistencia armada a su intervención en Afganistán. Realiza amenazas de ataques contra Venezuela, Nicaragua y Cuba, de manera que en el caso de Venezuela incluye movimiento de dispositivos militares y apoyo en el gobierno de Colombia en sus preparativos. Impone arbitrarias “sanciones económicas” contra la Federación Rusa, Irán y Venezuela. Realiza presión económica arbitraria contra la República Popular China y, en parte también, contra la Unión Europea y contra México, a la vez que con política marcada por la xenofobia ataca la población migrante de origen latino y especialmente mexicana y centroamericana. Y de forma desproporcionada le exige públicamente a Dinamarca que le “venda” Groenlandia a los EEUU.
Por su parte el presidente Iván Duque asumió como línea central de su política internacional jugar protagonismo a favor de la estrategia de derrocamiento del gobierno del presidente Maduro de Venezuela, planteando una acción político diplomática de “cerco” internacional, que incluye la opción del ataque militar, de forma que ha sido aliado subordinado al respecto de EEUU y ha buscado liderar acciones con tal propósito en la región. Además del activismo haciéndose presente en la frontera, desde Cúcuta, que llevó a disturbios contra el gobierno de Venezuela, lideró el Grupo de Lima bajo el presupuesto de apoyar el “gobierno” simbólico de Guaidó y ayudar al derrocamiento del presidente Maduro, sin embargo, tras el fracaso del llamado al levantamiento militar interno que sería capitalizado por Guaidó este Grupo entró en contradicción y se diluyó cuando Colombia invitó de manera inconsulta a EEUU a hacerse presente y ambientó la estrategia de intervención militar contra Venezuela, hechos rechazados por varios de sus integrantes. Distinta ha sido la posición del llamado Grupo de Contacto con Uruguay, México y Bolivia que aboga por una solución política a la crisis en Venezuela, en lo cual coincide Noruega que ha propiciado eventos de diálogo interno en ese país en calidad de facilitador respetuoso de los asuntos internos, a la vez que la Unión Europea osciló de las posiciones intervencionistas iniciales y de imponer sanciones a la de contribuir hacia las solución política por la que bien presionaban Italia, Grecia y otros Estados.
Por supuesto que hay tensiones y crisis grave en Venezuela, el desconocimiento de la Asamblea Nacional por el Gobierno polarizó fuertemente, con la convocatoria de una Asamblea Constituyente ha existido una ruptura entre estos dos órganos institucionales y se ha señalado al gobierno de medidas autoritarias, injerencia en otras ramas del poder público y violaciones a los derechos humanos. Pero corresponde es al propio pueblo venezolano resolver sus asuntos y hacerlo de cara a las reglas constitucionales, la legalidad, los desarrollos políticos y el apoyo y la cooperación constructiva de la comunidad internacional y sus organismos convencionales. Luego de muy fuertes tensiones y disturbios con pico en el 2018, luego hubo positivos acercamientos al diálogo entre el gobierno y la oposición y se anunció recientemente sobre acuerdos del gobierno Maduro con varios sectores de oposición así como del positivo retorno del chavismo a la Asamblea Nacional. Deseable es entonces que prosperen las soluciones políticas y consigan efectos reales ante la grave problemática existente en distintos órdenes.
Al respecto, bien señala Francisco Gutiérrez que una cosa es señalar, discutir e incluso incidir constructivamente en las problemáticas que afecten la democracia en otro país y otra cosa distinta es asumir como política derrocar su régimen de gobierno. Además, indica que tal definición gubernamental en el caso del actual gobierno colombiano ni siquiera cuenta con un sustento de algún orden desde el punto de vista de la elaboración y sustentación política, jurídica ni institucional. También distintas voces han discutido como se intenta involucrar a Colombia desde su propio gobierno en un conflicto bélico internacional y ni siquiera se ha realizado la mínima consulta debida, por lo menos inicialmente en la Comisión de Relaciones Internacionales, ni se ha recurrido a las instancias y los mecanismos establecidos constitucional y legalmente.
“…una cosa es entender que el Gobierno de Maduro no es tremendamente democrático, e incluso decirlo abiertamente, y otra orientarse hacia el cambio de régimen. Lo que está haciendo el gobierno de Duque es lo segundo. Haber dado ese paso sin un análisis mínimo (…) es una irresponsabilidad inaudita. (…) Colombia no tiene ni las capacidades organizacionales y económicas, ni la legitimidad internacional para propiciar cambios de régimen. (…) Y precisamente por eso, aquella orientación hacia el cambio de régimen se apoya en una opción única: el poder estadounidense”[5].
Así las cosas, por fuera de la realidad y del derecho internacional, el gobierno colombiano pretende reconocer legitimidad y naturaleza de gobierno al parlamentario opositor Juan Guidó, quien ostenta una nominación simbólica y caprichosa, sin ningún poder ejecutivo ni jefatura de Estado. En contrario a esta equivocada posición que ha tenido eco en un grupo de países de la región que expresan el giro político a la derecha y la facilitación del intento de recuperación del hegemonismo de EEUU en el continente, el Consejo de Seguridad de la ONU y la gran mayoría de los Estados del mundo, mantienen el reconocimiento oficial debido a la República Bolivariana de Venezuela y a su gobierno. A esto se agrega lo que resulta ahora un contrasentido, cuando el gobierno colombiano se ha referido a Guaidó incluso como el de ser un soporte en el combate a los “grupos armados ilegales”, lo que se cae de peso de forma vergonzosa luego de las denuncias referidas sobre su apoyo al incursionar ilegalmente en Colombia con apoyo de un reconocido grupo narco-paramilitar.
“Tanto el mandatario -Duque- como su canciller -Trujillo- hicieron la absurda promesa de que Colombia trabajará con el “presidente legítimo” de Venezuela, Juan Guaidó, para combatir a los grupos armados al margen de la ley…”[6].
El costo de la tensión: Venezuela de garante de paz a factor de conflictividad
Conocido es que Venezuela fue en las últimas dos décadas un positivo facilitador de los diálogos de paz y de acciones humanitarias relativas al conflicto y la crisis en derechos humanos colombiana, de forma que realizó diversas acciones que contribuyeron de manera importante en el Acuerdo de Paz Final entre el Estado colombiano y las FARC EP, junto con otros Estados. Así mismo, fue también garante y facilitador con positiva labor a favor de los diálogos simultáneos realizados entre el Estado colombiano y el ELN, siendo país sede donde las partes firmaron el Acuerdo de Negociación de Paz que se hizo público en Caracas en 2017. Sin embargo, el gobierno Duque suspendió la mesa de conversaciones con el ELN instalada en La Habana Cuba, desconoce la agenda convenida, hace exigencias inviables hacia un posible entendimiento con esta guerrilla y desconoce el protocolo de garantías ante la suspensión de las conversaciones, de forma que violando normas del DIH y desconociendo el rol internacional de los Estados garantes, pretende que Cuba entregue a la comisión negociadora del ELN mediante extradición y llevarlos a la cárcel bajo la sindicación de “terroristas”.
En estas circunstancias, bajo el actual gobierno Duque el gobierno venezolano no pudo seguir desarrollando el positivo rol de agente a favor del logro de la paz en Colombia. Pero, además, en medio de las tensiones y la ruptura y tensiones crecientes referidas, la relación que presumiblemente tiene el gobierno venezolano con integrantes de guerrillas colombianas, ahora es señalado y percibido como un factor de alta conflictividad.
Hace tres semanas la revista Semana dio a conocer supuestos documentos secretos de inteligencia venezolana, del Servicio de Inteligencia Venezolano (Sebín) y del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que harían referencia a la presencia de integrantes del ELN y de las disidencias de las FARC en ese país. Según esta publicación los efectivos guerrilleros en ese país “son punta de lanza de Maduro para desestabilizar a Colombia”. Afirma la misma publicación que el exdirigente de las FARC Iván Márquez y su recién conformado grupo disidente con el acuerdo de paz de esta guerrilla estarían en Venezuela. Que por orden presidencial en Venezuela las guerrillas no serían atacadas y recibirían apoyo. Que habría unos mil efectivos del ELN y unos 600 de disidencias de FARC, quienes estarían en los estados de Zulia, Apure, Amazonas y Mérida y que incluirían en sus filas reclutamiento de personas venezolanas. Que estas organizaciones insurgentes estarían colaborando con información estratégica sobre Colombia a Venezuela y que habría espionaje de agentes venezolanos en Colombia. Y que habría supuesta coordinación entre autoridades venezolanas y las guerrillas colombianas mediante un plan de actuación defensiva en caso de darse una “invasión imperialista de EEUU desde Colombia”[7].
“…resulta muy llamativo que en este caso en particular los servicios de inteligencia y las Fuerzas Militares venezolanas cuenten con la guerrilla como parte fundamental de sus planes de inteligencia…”[8].
Estas consideraciones reflejan el momento de tensión con expresiones de movilización militar entre las partes que se vive en la frontera, parte de los preparativos de todo orden incluidos los informativos que surgen bajo la perspectiva de una posible guerra, con apoyo en las labores de inteligencia y a favor de estrategias en curso. Por supuesto que es evidente que hay cierta presencia guerrillera en Venezuela, por vía de hecho siempre se ha registrado por décadas, pero ahora al declarar el gobierno Duque enemistad total al gobierno Maduro, es explicable que no se pueda dar ni la cooperación de éste para la paz con las guerrillas ni la cooperación policial y judicial que en otras épocas, que por ejemplo con el gobierno Chávez llevó a casos de captura de guerrilleros colombianos en Venezuela por parte de sus autoridades y la entrega a las autoridades colombianas.
En este contexto, el canciller de Colombia Holmes Trujillo presentó denuncias de supuesta presencia y apoyo a guerrillas colombianas en Venezuela, las cuales sirvieron de acicate para que once países de la OEA acordaran activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), de cooperación militar en el continente, el cual estipula que ante un ataque armado sufrido por uno de los países los demás lo considerarán un ataque contra ellos y podrán reaccionar colectivamente. Es sin duda un mecanismo de movilización militar desde el eje aliado de EEUU en su enfrentamiento contra el gobierno de Venezuela. Pero es de advertir que ocho estados parte del TIAR no estuvieron presentes por distintas razones, cuatro ya se habían retirado de este tratado y Uruguay lo declara su retiro ahora, de forma que se trata de un grupo minoritario de países al seno de la OEA. El TIAR es de ingrata recordación por su acción en décadas pasadas de anticomunismo, aislamiento de Cuba, apoyo a las dictaduras en la región y apoyo a EEUU en su política de hegemonía regional.
En reacción a estas circunstancias recientes el presidente Maduro ordenó a las tropas venezolanas realizar ejercicios militares en la frontera con Colombia, a la vez que argumentó que el plan de agresión militar de EEUU con el concurso de Colombia es una posibilidad vigente. Por su parte, el gobierno de Colombia denunció en su intervención en la Asamblea de la ONU, en la sesión del 25 de septiembre, de manera que el presidente Duque reiteró la denuncia de supuesta presencia de estructuras armadas de guerrillas colombianas en Venezuela y apoyo del gobierno de ese país, de forma que se registraría una supuesta violación de la Resolución 1323 de la ONU, la cual prohíbe a los Estados albergar y dar protección a integrantes de “grupos terroristas”.
El presidente Trump despidió recientemente a su consejero Bolton que proclamaba expresamente la intervención militar en Venezuela, lo que no significa descartarla como lo pone de presente el enviado especial que mantiene para el caso. “El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, advirtió que, si “hay ataques, Colombia va a reaccionar”, y en este caso, Estados Unidos “apoyaría totalmente a Colombia”[9]. De hecho, el riesgo continúa y Colombia con su política exterior sigue bajo el riesgo de inmiscuirse en un conflicto bélico internacional, bajo un gobierno que parece actuar al decir de Francisco Gutiérrez como un “aficionado”, a la vez que azuzado por la posición francamente guerrerista del expresidente que lo promovió para el cargo.
“Sabemos ya que el exceso de entusiasmo de Bolton frente al vecino país fue uno de los motivos de su salida por la puerta de atrás. El escenario, pues está bastante abierto e inestable. ¿Y si las garantías estadounidenses no son tan seguras, dónde nos dejará el activismo de Duque? Mal mirada la cosa, pues, estamos involucrados en un juego con materiales explosivos y altos niveles de incertidumbre en el que, de nuestra parte, tienen la voz un cantante aficionado y un pirómano. El aficionado actúa sobre bases totalmente erradas que pueden costarnos horrores. El pirómano exige ver fuego y sentir explosiones ya, ya. ¿Será que el uno está tomando órdenes del otro?”[10].
Rechazo a las propuestas en contra de la paz en Colombia y por la guerra contra Venezuela
Numerosas voces se han pronunciado en Colombia en rechazo a quienes propician o proponen acciones en perspectiva de atizar la guerra en Colombia y la agresión militar internacional contra Venezuela. En columna reciente María Jimena Duzán refiere como el expresidente Uribe en uno de los talleres semanales del presidente Duque exclamó, con relación a la denuncia de presencia guerrillera colombiana en Venezuela: “¡Con las Fuerzas Armadas y el apoyo del pueblo hay que acabar con esos bandidos, presidente! (…) ¡Estén donde estén, presidente! ¡En Venezuela o donde sea!”[11]. Es decir, un llamando a una intervención armada colombiana en Venezuela. Ante lo cual esta recocida periodista discute: “Sería absurdo que hubiésemos salido de una guerra interna que nos costó 60 años de conflicto solo para entrar en una guerra con Venezuela. Pero más grave es tener unos gobernantes empeñados en ofrecernos una nueva guerra que no queremos ni deseamos”[12].
Por su parte, Antonio Caballero argumenta que los llamados guerreristas de Uribe esconderían propósitos propios, ante los costos de la paz para quien se empeñó en la guerra como bandera política y ante los procesos de esclarecimiento de la verdad y las posibilidades de actuación de la justicia que se activan con la paz y ante los cuales teme, dadas sus responsabilidades: “…el malvado Álvaro Uribe entiende el peligro para Colombia de volver a la guerra, pero es ahí donde están sus posibilidades de conservar el poder y de paso resguardarse de las persecuciones judiciales heredadas de su comportamiento de hacendado paramilitar, de gobernador de las Convivir y de presidente de los “falsos positivos” en la guerra anterior”[13].
La internacionalista Tickner advierte sobre el riesgo contra la paz de la recuperación del discurso bajo la bandera del antiterrorismo y la concepción de “enemigo”. “…la actitud guerrerista del presidente, desempolvar un lenguaje político heredado del uribismo plantea el riesgo de que la situación interna se “terrorice” nuevamente, dando lugar no solo a la justificación de medidas extraordinarias para enfrentar esta nueva amenaza -más construida que real- dentro y fuera de Colombia, sino al empoderamiento del Estado para determinar quién es “amigo” y quién es “enemigo””[14].
De manera equivocada algunos medios de prensa afirman, a propósito de la aventura asumida por este gobierno contra Venezuela, que Colombia se ha caracterizado por no haber realizado hechos de fuerza hacia otros países, lo cual denota desconocimiento de dos hechos lamentables que comprometieron con tal tipo de actuación reciente al Estado colombiano. Ambos cometidos bajo la presidencia de Álvaro Uribe. El ingreso de un operativo de fuerza colombiano a Venezuela en 2004 que produjo la retención ilegal y su traída ilegal al país en condición de capturado de forma arbitraria de Rodrigo Granda desde Caracas, quien era de la Comisión Internacional de las FARC. Granda actualmente es parlamentario y dirigente del partido FARC tras el acuerdo de paz y fue señalado sin fundamento por el actual canciller colombiano Trujillo como si hubiera estado en Caracas conspirando, cuando estuvo en eventos políticos públicos ya reincorporado a la vida legal. El otro caso fue el operativo militar colombiano que penetró de forma inconsulta violando la integridad territorial y la soberanía de Ecuador, en 2008, que llevó a instancias de la OEA a que el gobierno colombiano pidiera excusas y firmara una declaración ofreciendo garantía de no repetición de este tipo de acción. Adicionalmente, se recuerda así mismo la declaración en 2010 del entonces presidente Uribe, quien antes de terminar su mandato expresó que le había “faltado tiempo” para haber realizado una operación militar de ataque contra Venezuela.
La gran mayoría de los partidos políticos y sectores de opinión en días recientes han rechazado el llamado de Álvaro Uribe de realizar por el gobierno colombiano una acción de fuerza, en aras de capturar a Iván Márquez y los disidentes del acuerdo de paz de las FARC y a integrantes del ELN, supuestamente ubicados en este país: “Una irresponsabilidad, no se puede seguir jugando a la guerra”, declaró el senador del Partido Liberal Luis Fernando Velasco. “Es una propuesta temeraria, implicaría meter al país en un conflicto bélico internacional”, expresó el senador del partido Alianza Verde Antonio Sanguino. “No se puede prender una chispa para volver a Colombia un teatro de la guerra, en la que el pueblo pone los muertos”, expresó el senador del Partido de la U Roy Barreras. Por su parte, el senador del partido Cambio Radical Rodrigo Lara declaró: “No es responsable proponer acciones militares contra un país (salvo que) exista una incursión armada contra nuestro territorio”. Concluyen en sus declaraciones que es necesario abogar por la vía política diplomática para tratar la tensión internacional, proteger la frontera ante cualquier riesgo y llaman al presidente Duque a desatender el llamado de Álvaro Uribe a realizar acciones militares contra Venezuela.
Igualmente, con vehemencia se opuso al llamado guerrerista de Uribe el exnegociador de paz Humberto de la Calle: “¿Cómo se le ocurre a Uribe proponer guerra interna y guerra externa? Serían los soldados y policías de Colombia los que morirían, ya Uribe no significa seguridad sino miedo e inestabilidad y lo lamento porque todavía hay un grupo de colombianos que lo sigue, aunque los muertos no los pongan ellos…”[15].
En conclusión, es preciso exigir mediante amplia movilización al gobierno de Colombia coherencia con su obligación constitucional y legal para con la paz, tanto en términos de implementar el acuerdo de paz de forma integral en lo interno como en el cese de la hostilidad y el apoyo a una eventual agresión internacional contra Venezuela, para adoptar una política de coherencia con la defensa de la paz en las fronteras y en el contexto de las relaciones internacionales.
_______________________________________________________________________________
[1] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966.
[2] “Todo por una foto”, María Jimena Duzán, Semana No. 1950, septiembre 15 de 2019, página 24.
[3] Declaración de Wilfredo Cañizares a Noticias UNO, Cúcuta, 15 de septiembre de 2019. https://canal1.com.co/emision/emision-noticias-uno-15-de-septiembre-de-2019/
[4] “La fotografía de un asunto mayor”, editorial, El Espectador, 14 de septiembre de 2019, página 20.
[5] “De pirómanos y amateurs”, Francisco Gutiérrez Sanín, El Espectador, 13 de septiembre de 2019, página 22.
[6] “Malabarismos”, Arlene B. Tickner, El Espectador, 4 de septiembre de 2019, página 6.
[7] “Manguala contra Colombia”, Semana, No. 1941, septiembre 8 de 2019, página 22-27.
[8] “Manguala contra Colombia”, Semana, No. 1941, septiembre 8 de 2019, página 25.
[9] “Normalidad en la frontera tras ejercicios militares de Maduro”, El Espectador, 11 de septiembre de 2019, página 8.
[10] “De pirómanos y amateurs”, Francisco Gutiérrez Sanín, El Espectador, 13 de septiembre de 2019, página 22.
[11] “Jugando con candela”, María Jimena Duzán, Semana, No. 1941, septiembre 8 de 2019, página 33.
[12] “Jugando con candela”, María Jimena Duzán, Semana,
[13] “Alacranes”, Antonio Caballero, semana No. 1950, septiembre 15 de 2019, página 101.
[14] “Malabarismos”, Arlene B. Tickner, El Espectador, 4 de septiembre de 2019, página 6.
[15] “Chao, Bolton: “hello” TIAR. ¿Y Cuba?”, Humberto de la Calle, El Espectador, 15 de septiembre de 2019, página 58.
Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática.
Foto tomada de: Revista Semana
Deja un comentario