A pesar del complejo contexto internacional, el desempeño de Colombia es bueno
Dada la compleja situación mundial, donde los diferentes centros de pensamiento (Cepal, FMI, Banco Mundial, Nouriel Roubini, entre otros) vienen revisando a la baja las tasas de crecimiento, para la OECD le resulta “alentador” el mediocre crecimiento que se espera de la economía colombiana: “Proyectamos una sólida expansión del crecimiento del PIB colombiano, que pasará del 2,6% registrado en 2018 al 3,4% en 2019 y al 3,5% en 2020, situándose entre los niveles más altos en la región”. Cabe recordar que, según los registros históricos del DANE, el crecimiento promedio de la economía colombiana, para el periodo 2005-2018, fue del 4%; y que el crecimiento acumulado de los últimos cuatro trimestres tan sólo fue del 1.4%, respecto al del año anterior: ¿eso es lo alentador?
Adicional a lo anterior, lo alentador del corto plazo contrasta con la evolución de la economía en el mediano y largo plazo, a tal punto que Colombia ha perdido terreno frente a otras economías del mundo en términos de la evolución de su ingreso per cápita (Gráfico 1).
Llama la atención que el informe destaque el “sólido marco fiscal” con aspectos como la “brecha entre ricos y pobres”, el aumento de la esperanza de vida al nacer y la reducción de la pobreza, sin hacer mención que ello es producto de la constitucionalización de los recursos del Sistema General de Participación (SGP) que la Asamblea Nacional aprobó para la provisión de bienes públicos esenciales (educación, salud, agua potable y saneamiento básico); y, que hoy se está impulsando, por parte de los diferentes sectores sociales y académicos, la constitucionalización de nuevos recursos para proveer o producir bienes esenciales como la seguridad alimentaria, la vivienda, la pensión para todos los ciudadanos de la tercera edad, educación superior, la vivienda, e incluso la provisión de bienes complementarios para el desarrollo rural integral y la competitividad.
Todo lo anterior no es posible sin la profundización de la presión fiscal, la reducción de la elusión y evasión fiscal, la transparencia tributaria por parte de las empresas y de los empresarios (como de sus familiares o accionistas) para que declaren sus verdaderos patrimonios, así como sus ingresos, no como costos de la firma sino como Personas Naturales. Mientras esto no se dé, resulta vergonzoso y políticamente incorrecto pedir reducir la presión fiscal a las empresas, menos aun cuando se presentan altos niveles de concentración de la riqueza y de los ingresos.
Para la OECD, “Sin embargo, persisten desafíos importantes”
Entre los desafíos que destaca el informe se encuentran: i) Aumentar la productividad laboral; ii) Reducir los altos niveles de Informalidad; iii) Mejorar la pésima distribución del ingreso y de las oportunidades lo cual profundiza la brecha entre ricos y pobres; y, iv) no persistir en mantener a la industria extractiva como motor del crecimiento, y a la cual se le brindan beneficios fiscales y económicos.
La productividad laboral corresponde al nivel producido por trabajador en una unidad de tiempo. En este aspecto, las cuentas de la producción y del mercado laboral son determinantes. Las cuentas de la producción y el empleo de las grandes empresas formalizadas resultan ser de calidad y precisión que las existentes en el mercado informal. Adicionalmente, la institucionalidad colombiana ha venido formalizando empleos precarios y de baja productividad como el servicio doméstico, el comercio al por menor, entre otros; mientras que no lo ha logrado con la mediana y pequeña producción. Este hecho conlleva reducciones o estancamientos en el nivel de productividad, al presentarse claramente aumentos en el denominador de la relación PIB/Trabajador.
De acuerdo con el DNP, la productividad del capital humano en Colombia es baja y su desempeño en el tiempo es muy pobre. La relación PIB / trabajador ocupado en Colombia
Es un cuarto del valor promedio de los Estados Unidos y un tercio la del trabajador europeo, y se encuentra muy por debajo de los niveles que registra Chile, Argentina y México.[2]
De igual manera, formalización y pago de las obligaciones fiscales no implica transparencia contable ni de información. El hecho que una empresa sea formal y pague los impuestos a los que está obligada, no significa que exista plena información sobre sus costos de producción, ni sobre las asignaciones salariales que las empresas realizan a sus dueños o accionistas. Mientras los dueños de las empresas no declaren a cabalidad sus ingresos como su patrimonio, resulta difícil y cuestionable la reducción de sus cargas fiscales a efecto de incrementar y poner en marcha sus planes de inversión, así como el aumento de las exenciones y beneficios fiscales, como más adelante se mostrará.
Ahora bien, la OECD dentro de su marco conceptual es coherente. Si la productiva está bajando o se encuentra estancada, no tiene sentido que la remuneración de los trabajadores aumente. Es más, si la productividad de un sector es baja, las remuneraciones de esos sectores deben ser baja, o viceversa, si la productividad del sector de hidrocarburos es alta, las remuneraciones lo deben ser también.
Este análisis se puede hacer extensivo a un espacio geográfico. De ahí el elemento de cambio que impulsa la OECD para Colombia: “Materializar el potencial de todas las regiones en cuanto a productividad”, de no materializarse esos se puede pensar en remuneraciones diferenciadas regionalmente dependiendo de sus niveles de productividad; lo cual incrementará la brecha entre las regiones ricas y pobres como entre lo urbano y lo rural, sin pensar en la necesidad que hay de crear transferencias interregionales inclusivas tal y como se plantea en el marco constitucional sobre la necesidad de un sistema de corresponsabilidad fiscal, pues las productividades laborales regionales no es homogénea. Por ejemplo, mientras que en Santander (gracias a la refinería de Barranca) y Bogotá la productividad laboral es superior en más del 40% respecto a la media nacional, la de Caquetá, Nariño y Chocó es tan sólo el 60% del promedio (DNP, 2018, Pág. 3). ¿La productividad de todo el departamento, por ejemplo, en Santander, va a determinar las asignaciones salariales en cada uno de sus municipios?, ¿o a su interior también se deben presentar diferenciaciones sectoriales y subregionales? Este tipo de políticas son regresivas y van a deteriorar aún más la actual distribución del ingreso.
La preocupación de organismos como la OECD, el FMI o el Banco Mundial por el tema de la productividad laboral conlleva necesariamente al tema de las remuneraciones laborales. Ahora bien, de acuerdo con este marco de análisis, la reducción que ha venido sufriendo la remuneración de los asalariados en el PIB es producto de su baja productividad. Este indicador representaba el 37% del PIB a finales de los 90 y hoy representa menos del 30%; mientras que el excedente bruto de explotación paso del 27% al 38%. Así pues, los beneficios recibidos por los dueños del capital son gracias a su productividad, eso sí, sin perder de vista la falta de competitividad que hay en algunos sectores (financiero, telecomunicaciones, o en los sectores oligopólicos o monopólicos), lo cual les ha permitido obtener rentas no productivas dado su poder económico y político que ello les concede; ejemplo de ello son las exenciones fiscales introducidas a nivel sectorial en cada una de las reformas tributarias.
Esto último, es lo que explica que aún en Colombia la industria extractiva tenga un peso tan importante en la economía o que el sector financiero obtenga los altos niveles de ganancia a pesar de sus ineficiencias: ¿la brecha entre las tasas de interés de captación y de los créditos es productos de sus niveles de eficiencia? O del poder político que le otorga ese monopolio, al punto de poner a la misma OECD a promover la eliminación del impuesto a las transacciones financieras. ¿Será que al eliminar este impuesto se reducen las tasas de intermediación, o se aumentan las ganancias de los bancos?[3]
Respecto a la profundización de la brecha entre ricos y pobres, la OECD muestra que el nivel de gasto público (Gráfico 2) como del recaudo tributario (Gráfico 3) de Colombia es uno los más bajos del mundo y los grandes beneficiarios son los ricos.
El nivel de gasto público en Colombia no solamente es bajo (Gráfico 2) sino, no se compadece con las demandas ciudadanas en vivienda, calidad de la educación, de la salud y de los servicios públicos domiciliarios (p.e. energía eléctrica, agua potable), universalización de la educación superior, seguridad alimentaria, profundización de las pensiones, la reforma rural integral, los acuerdos de la Ley 1448 con las víctimas del conflicto armado, entre otros; ni con las demandas de las empresas en tema de bienes públicos complementarios (infraestructura vial, seguridad, entre otros), o el desarrollo rural integral para cerrar la brecha social entre campo y ciudad.
Además de ser bajo el nivel del gasto público, su distribución no sólo es inequitativa a nivel regional, urbano-rural, sino entre niveles de ingreso. Hay regiones más ricas que otras, que reciben mayores beneficios de gasto gracias al poder de representación política. El nivel de bienes públicos complementarios en las ciudades es superior al del sector rural e inclusos de bienes públicos esenciales para los ciudadanos, de ahí la necesidad de la reforma rural integral. La distribución de los subsidios a los servicios públicos o las pensiones presentan cierto favorecimiento hacia las personas de mayores ingresos.
La OECD señala: “Las transferencias monetarias a la población más desfavorecida son escasas y una gran parte de los subsidios van a parar a la población más rica. La cobertura en las zonas rurales es baja” (Pág. 17).
En cuanto a los ingresos fiscales cabe recordar que el monto de las exenciones fiscales es sumamente importante, no cuentan con una justificación técnica más que una simple retorica que les permita dar legitimidad a la desigualdad, y los beneficiarios son las empresas y las personas naturales más pudientes. Esta situación profundiza la desigualdad como las ineficiencias del sistema tributario.
Este hecho, hace que las tarifas efectivas que se le cobran a las empresas como a las personas naturales sea muy reducidas, en otras palabras, en poco impacta su hoja de balance.
En el caso de las Empresas (Personas Jurídicas), la tributación que recae sobre las empresas representa el 4% de sus ingresos brutos menos sus costos de producción, y corresponde al 2% de los ingresos brutos declarados (Cuadro 1) con claras diferenciadas entre deciles.
Adicionalmente, cuando se realiza una aproximación a la tarifa efectiva de los impuestos a las empresas, considerando no sólo el impuesto sobre la renta y complementarios, sino el de patrimonio como los pagos a la seguridad social se encuentra que para este agregado la tarifa efectiva aumenta al 4.4% manteniendo el comportamiento redistributivo anterior (Cuadro 2).
Estos niveles de tarifas medias no se compadecen con los de concentración en el patrimonio como en el ingreso. De acuerdo con las declaraciones de renta presentadas en 2000, el decil más rico de las empresas concentró el 95.0% de la riqueza total de las Personas Jurídicas en el país, mientras que el decil 1 de las más pobres aglutinó tan sólo el 0.001%, sin haberse alterado en los últimos años. Es así como según las declaraciones de renta del año 2017, el decil 10 concentró el 95.4% de la riqueza total, consecuente con un índice de concentración Gini del 0.974.
El decil 10 de empresas más ricas del país concentró el 94% del Ingreso Bruto Total. Los sectores que concentraron la mayor porción de Ingresos fueron el de Comercio (26%), el Financiero (18%), la Industria Manufacturera (17%) y Actividades de la Administración pública (14%).
De igual manera, las declaraciones de renta de las Personas Jurídicas muestran altos niveles de opacidad en el rubro de gastos deducibles a nivel sectorial y subsectorial. Los ingresos brutos de las empresas corresponden al doble del PIB y los gastos de administración el 45% del PIB, los gastos de distribución y ventas el 13%, y, los gastos financieros otro 13%. Adicionalmente, los ingresos no constitutivos de renta suman 27 billones de pesos que liquidados a una tarifa del impuesto sobre la renta del 33% corresponde a un gasto tributario de 9 billones de pesos. Si los gastos de administración, los de distribución y ventas como los financieros, los limitara el Estatuto Tributario de tal manera que se presentara una reducción del 1%, la Nación recaudaría por este concepto cerca de 2 billones de pesos.
Ahora bien, los niveles de concentración de estos beneficios fiscales se encuentran en los deciles más altos de las empresas, con lo cual se puede afirmar que el sistema fiscal de las empresas es inequitativo e ineficiente.
Las Personas Naturales (PN) más ricas pertenecientes al decil 10 según el Ingreso Líquido concentran más del 30% del Patrimonio Líquido Total y las PN del decil 9 otro 11%, mientras que las de los deciles 1 y 2 en su conjunto participaron con menos del 18% en el año 2017.
En cuanto a la composición de los Ingresos de las PN declarantes, de los $115.2 billones (12.5% del PIB) de las Rentas Líquidas Totales, el 65% corresponde a Rentas Laborales, las cuales se concentraron en el decil 10, con el 38%, y en el 9 con el 16%.
En cada una de las rentas cedulares hay un conjunto de exenciones, lo que hace necesario comparar las Tarifas Impositivas Nominales del Impuesto sobre la Renta Líquida Gravable cedular y Efectivas según Ingresos Líquidos cedulares, para concluir que los beneficios fiscales recaen sobre las personas de mayores rentas, al observarse que los grandes beneficiarios del entramado fiscal en Colombia son los super super ricos (deciles del decil 10 de los super ricos) al observar las reducciones de sus tarifas nominales (Cuadro 3).
Lo anterior, muestra que hay espacio fiscal suficiente, a nivel de las empresas como de las personas naturales, para impulsar una reforma tributaria estructural que garantice equidad en el sistema como una mayor recaudación de manera permanente sin afectar la competitividad.
Ahora bien, dados los niveles de concentración de la riqueza como de los ingresos de las empresas, es posible pensar en tarifas diferenciadas dado los niveles de ganancia, y no una simple tarifa plana; así como pensar en la inclusión de tarifas marginales para los niveles altos de ingresos, ojalá en el marco de cada una de las cedulas para profundizar aún más la equidad del sistema tributario; con esto es posible hacer realidad el cierre de la brecha fiscal estructural que presenta el Gobierno nacional, profundizar los programas sociales para atender las demandas de los ciudadanos como de las empresas; e impulsar un crecimiento económico inclusivo.
________________________________________________________________________________
Jorge Espitia
Foto obtenida de: https://id.presidencia.gov.co/
[1] Véase: https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-colombia-2019_e4c64889-en#page1
[2] DNP. 2018. Productividad laboral y capital humano para el crecimiento verde. Documento elaborado por Marcela Meléndez. En https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/ejes-tematicos/laboral/DIagn%C3%B3stico%20y%20revisi%C3%B3n%20de%20experiencias%20internacionales_v2.pdf
[3] Entre los argumentos dados por la Corte Constitucional para tumbar la sobretasa del 4% a los bancos fue que el Ministro de Hacienda y Crédito Público nunca dio el aval a tal medida.
Deja un comentario