En el caso puntual que ocupa hoy la atención y solidaridad nacional como es la masacre contra los indígenas, de inmediato se requiere que toda estrategia de protección militar desde el Estado sea concertada con los indígenas en el marco de su cultura, tradición, costumbres y autoridades, a partir del respeto por su autonomía institucional y territorial.
Como solución estructural para resolver el problema en las zonas indígenas es necesario de una parte respetar la propiedad histórica sobre sus territorios que hoy ocupan y de otros que siguen bajo usurpación ilegítima de terratenientes amparados por el Estado.
En segundo lugar frente a los cultivos de uso ilícito la solución no puede ser otra en el departamento del Cauca y en el País que la sustitución progresiva y concertada con los campesinos, comunales e indígenas para que se queden en sus territorios mejorando sus condiciones de vida con garantías de crédito, producción, seguro de cosecha, seguridad social, vías y comercialización de su producción.
Siendo que las Naciones Unidas reconocen que cuando la solución es por esta vía concertada, garantizando la continuidad de los campesinos e indígenas en su territorio, al año no se reactivan ni el 4% de estos cultivos, mientras que, cuando se eliminan los cultivos por fumigación de químicos, al año, aunque en otros lugares se reactiva cerca del 40%, la pregunta es ¿por qué el Gobierno no adopta la primera estrategia? En nuestro criterio porque detrás de las fumigaciones masivas con químicos, más que el sincero interés por la eliminación de estos cultivos y de una lucha frontal contra el narcotráfico, lo que realmente existe es la intención por desplazar a los campesinos de sus territorios para entregárselos a los grandes capitales nacionales e internacionales para la agroindustria de exportación como está sucediendo en la Macarena y en la Altillanura. Por eso detrás de esta masacre contra indígenas, comunales y dirigentes sociales en las zonas rurales pueden estar estos grandes capitales nacionales e internacionales, no obstante sus hipócritas declaraciones.
Después de la bonanza de la marihuana en la década del 70, el incremento vertiginoso de la producción de hoja de coca en Colombia se explica en primer lugar porque existe un mercado incontrolado en los Estados Unidos y en Europa. En segundo lugar el l incremento de la producción en Colombia a partir del año 1992 se explica por el impacto de la apertura económica que dejo a millones de trabajadores del campo sin ocupación por la quiebra de la agricultura. Muchos de estos jornaleros y campesinos no tuvieron otra opción de supervivencia que refugiarse en la selva con la única producción rentable para su supervivencia como es la hoja de coca y en parte de amapola, realidad que persiste ante la indiferencia del Estado para una solución integral.
Desafortunadamente el impacto del problema de los alucinógenos se está extendiendo masivamente a las grandes ciudades en donde estos dineros tienen un bien abonado sustrato de cultivo en la economía informal en que se ocupa cerca del 70% de la población para su supervivencia. En la medida en que millones de personas en la angustia del rebusque de recursos para sus pequeños negocios callejeros y no lo consiguen con el sector formal ni con el Estado, caen bajo la amenazante esclavitud de estas redes. Son centenares los dirigentes comunales y sociales que en defensa de sus territorios se oponen a estas prácticas, del gota a gota, lo que está generando hoy el mayor número de amenazas y afectaciones contra nuestra dirigencia. De muchas maneras hemos dicho al Gobierno y a todo el Estado que además de las medidas de Policía que sin bien son necesarias, no dejan de ser paliativos, se deben tomar medidas de fondo con programas estatales de apoyo a estas economías populares pero no existe ni una voz de respuesta. Y que no nos digan que este es un problema de narcotráfico, no señores es un problema estructural del Estado y de la sociedad.
Los gobernantes y grandes poderes económicos conocen muy bien esta realidad, tanto que antes que combatirla, tratan de vivir de ella, estableciendo grandes redes comerciales de mercancía primaria para capturar muchos de estos dineros, lavarlos y llevarlos a sus bancos y lo que llaman la economía formal. Por eso algunos analistas hemos dicho que la economía colombiana a pesar de muchos indicadores adversos, no ha tocado fondo por que flota en estas economías ilegales.
Además se necesitan muchas otras soluciones estructurales que hemos planteado por varios años sin respuestas serias como la impunidad, la estigmatización, la corrupción ligada a la intolerancia y persecución contra quienes hacemos veeduría a lo público o ejercemos derechos, entre muchos otros temas de fondo.
Por eso, si bien se debe reconocer el profesionalismo con que actúan muchos integrantes de la fuerza pública cuando deben enfrentar el problema con medidas reactivas, debemos decir que en las declaraciones de los altos poderes del Estado y de los más grandes dueños del capital solamente vemos hipocresía y ambición por seguirse lucrando del problema y de la violencia antes que por medidas estructurales de solución.
Observación: esta nota refleja las conclusiones de nuestros congresos nacionales comunales y de la base comunal, en especial rural.
Guillermo A. Cardona Moreno, Pte. Observatorio Nacional Comunal
Foto tomada de: Elespectador.com
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