El principio de precaución exige en las operaciones de guerra dirigidas contra objetivos militares lícitos realizar en su plan preparativo la labor de inteligencia, con todas las fuentes posibles, de manera que se eviten daños contra personas y bienes civiles. En este caso dentro de las fuentes la Defensoría del Pueblo entregó un reporte sobre reclutamiento de menores de edad en la zona e igualmente el personero del municipio de Pueblo Rico, Herner Carreño entregó tres reportes, el últimos de ellos tres días antes del operativo, advirtiendo a nivel de comandancia en la región al Ejército, sobre el reclutamiento forzado de personas menores de edad.
Sin embargo, el ataque fue realizado por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), sin atender y valorar tal tipo de información, la cual tres días antes del bombardeo el personero Carreño reiteró ante el Ejército, señalando la utilización y el reclutamiento de menores de edad que se configuraba al momento por parte de este grupo armado ilegal en la zona. Su reporte fue dirigido directamente al mayor Ricardo Fierro Barón, comandante encargado del Batallón Especial Energético y Vial de Caquetá: “La personería municipal ha recibido información de la comunidad de la presencia permanente de grupos armados organizados residuales (…) utilizando, usando y reclutando ilícitamente a nuestros niños, niñas y adolescentes…”, ha declarado este personero a diversos medios de prensa[2]. Además, siendo información tan relevante y necesaria de considerar a la hora de aprobar y de dar la orden de ejecución del operativo, debió ser conocida y valorada para la propia decisión del CCOES al respecto.
En igual sentido y señalando esta misma problemática de reclutamiento forzado de personas menores de edad se produjo una Alerta Temprana de la Defensoría con relación a esta región, con fecha de enero de este año, la cual de manera oficial fue de conocimiento de la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, de forma que se hacía referencia al nivel de riesgo ocasionado para la población y para las personas menores de edad, a partir de la configuración de lo que se ha calificado como expresión de rearmes o disidencias desde anteriores integrantes de las FARC, comprometidos con nuevos reclutamientos y la reactivación de estructuras armadas militares irregulares.
Sin embargo, como lo señala este personero el problema es que “nunca reaccionaron”[3], inclusive hace referencia a reuniones interinstitucionales con autoridades de la región presentes, incluyendo las de la Fuerza Pública, en las cuales él insistió en esta problemática sin que hubiera una respuesta al respecto. De hecho, ninguno de sus oficios con esta información fue contestada ni dio lugar a ninguna reacción o proceso de tratamiento esperado y coherente con acción de cooperación entre las distintas instancias oficiales estatales, gubernamentales y de seguridad al respecto. Pero en contraste con esta situación, el comandante del Ejército, general Luis Fernando Navarro, quien ahora ha sido designado por el presidente Duque en calidad de Ministro de Defensa encargado, después de realizado el operativo de bombardeo que por desatender esta situación produjo la muerte de al menos ocho niñas y niños, declaró ante los medios de comunicación que era: “muy difícil conocer con tanto grado de detalle quiénes estaban en ese campamento de la disidencia…”[4].
El trasfondo del problema que se manifiesta en la tragedia humanitaria sucedida con este bombardeo del Ejército, puede tener su base en el debate nacional e incluso con repercusión internacional que se desató desde hace varios meses, en reacción a la directriz del Ejército, adoptada en febrero de 2019, sobre la cual se ha denunciado y se han esgrimido documentos, para explicar que se habrían reducido los niveles de protección de la población civil en lo relativo a los efectos de las operaciones militares de guerra, dentro del proceso de planeación que ahora admitiría niveles de credibilidad y exactitud del 60-70%. Es decir que, a pesar de los reportes de inteligencia basados en distintas fuentes, de manera previa a los operativos, se adoptarían ahora altos niveles de tolerancia, con mayores inexactitudes permitidas, reduciendo anteriores directrices, para privilegiar la necesidad militar por encima del trato humano, debilitando así los niveles de precaución.
Alberto Brunori representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, ante la importante labor que debía haber servido para evitar lo sucedido declaró en reconocimiento a su labor: “(es) un hombre valiente y defensor de derechos humanos, quien públicamente se atrevió a denunciar el reclutamiento forzado de niños y niñas y cuestionar el bombardeo de un presunto campamento de hombres armados en Aguas Claras, Caquetá”. Pero a la vez, dado que ya ha sido amenazado por su denuncia y la valiosa información revelada sobre los antecedentes del hecho, llamó al Estado y al gobierno colombiano para que se le brinden las debidas garantías: “La Oficina espera que el Estado brinde todas las garantías y medidas de protección inmediata al personero, (…) Confío en que el Estado va a conducir investigaciones prontas, eficientes e imparciales con base en estándares internacionales para esclarecer lo ocurrido en la vereda Aguas Claras”[5].
El bombardeo realizado tampoco consideró el principio humanitario de distinción entre combatientes que son quienes participan directamente en las hostilidades de guerra directamente mediante métodos y medios idóneos para el caso, de las personas que no lo son. El grupo de menores de edad que estaba presente en el lugar donde estaba concentrado el grupo armado, por la información referida del personero, por los testimonios de sus familias y por otras evidencias, estaban allí recién incorporados, en algunos casos por pocas horas, en fase de incorporación, según las fotos y videos que han trascendido no portaban armas, no vestían uniformes, no estaban en formaciones militares, sino en fase de adoctrinamiento y preparación.
Testimonios de familiares de las niñas y niños muertos en el hecho, revelan al respecto casos como el de la madre de la niña de 12 años, una de las muertas, quien afirmó que le había expresado: “Mami, yo me voy porque me toca”[6], lo que pone en evidencia la condición de reclutamiento forzado, de presión indebida que se le sobrepuso según su propia expresión. O el caso de la madre de Diana Medina, niña de 16 años, quien revela que era una estudiante de bachillerato activa y socialmente vinculada a positivas dinámicas, “a mi hija le gustaba el fútbol, la música y quería ser profesional”[7], de forma que afirma que no era guerrillera, sino que fue inducida a llegar al lugar de concentración del grupo armado. “En el caso de un bombardeo como el de Caquetá, los menores no estarían tomando parte activa en las hostilidades y, por ende, no podrían ser objeto de acciones militares.[8]”
Además, como se ha discutido y se han desarrollado marcos legales internacionales y nacionales vigentes, los menores de edad en grupos armados ilegales son considerados personas víctimas, tomadas como rehenes, forzadas, que no combatientes que se incorporan de manera libre y voluntaria. Por tanto, la planeación y desarrollo de un operativo militar contra este grupo irregular debió distinguir y focalizar el blanco en los combatientes y los dispositivos que efectivamente configuraban objetivo militar concreto y licito, a la vez que no afectar a las personas civiles y menos aún a quienes estaban en tal condición de victimización.
El bombardeo del Ejército tampoco consideró el principio humanitario de proporcionalidad que exige realizar ataques bélicos contra objetivos militares proporcionales a la ventaja militar contraria, no de forma que causen daños en personas civiles, bienes civiles y el medio ambiente. Sin embargo, aunque se trataba no de fortificaciones, ni de construcciones y dispositivos militares, sino de un campamento transitorio, con una tropa reducida, en una labor al momento no de combate sino de concentración con presencia de civiles, incluidos casi en su mitad menores de edad, se utilizaron bombas explosivas de alto impacto y con capacidad de daños devastadores. Los registros de prensa que han llegado al lugar constatan que se abrió un cráter de 15 metros de profundidad por 20 de ancho y que la escena es dantesca por los niveles de destrozos causados en los mismos cuerpos humanos.
“Interceptaciones de comunicaciones y fuentes humanas daban cuenta de que en el lugar había un campamento móvil de disidencia del frente séptimo de las FARC, liderado por Rogelio Bolívar Córdoba, alias Gildardo Cucho”[9]. Incluso el principio de proporcionalidad obra a favor de los propios combatientes de la contraparte, para lograr su neutralización con el mínimo y necesario nivel de ataque que quiebre su ventaja militar ofensiva. No se trata de ataques de aniquilamiento o de tierra arrasada que son expresamente proscritos por el DIH.
Según la Fiscalía General y Medicina Legal en el bombardeo murieron al menos 17 personas, entre ellas han sido identificadas ocho como menores de edad. Las víctimas menores de edad identificadas son: Aibimiller Morales (17 años), Wilmer Castro (17), Diana Medina (16), José Rojas (15), Jhon Edison Pinzón (17), Ángela María Gaitán (12), Sandra Patricia Vargas (16) y una niña que quedó mutilada de un brazo y se desconoce su paradero. Pero a la vez hay otros dos cadáveres no identificados aún, que podrían tratarse también de otros menores de edad y que llevarían a que la mayoría de las víctimas fueran niñas y niños en estado de indefensión por las condiciones referidas.
Al día siguiente el ministro Guillermo Botero leyó una declaración rodeado de la cúpula militar ante la prensa en la que se afirma la importancia del operativo y que no se sabía de la presencia de menores de edad en el campamento. El general Luis Fernando Navarro declaró que “no fue una operación contra menores de edad, sino contra un cabecilla de los GAO-R, no sabíamos que había menores de edad, fue una operación lícita y sujeta al Derecho Internacional Humanitario”[10].
El comandante del Ejército, general Nicasio Martínez, declaró en un foro citado por El Tiempo que “No sabíamos que en el campamento había niños, si lo hubiéramos sabido la decisión había sido otra (…) quienes están violando los preceptos, y quitándoles la calidad de protegidos a los menore son los que los reclutan”[11]. Informó que las FFMM han recuperado 179 menores de edad en operativos militares que han sido entregados al ICBF.
En consecuencia, resulta grave que este evidente error militar de grave consecuencia humanitaria no sea reconocido y no se de lugar con transparencia a una actitud de facilitación de las investigaciones, evaluaciones y sanciones respectivas. El presidente Duque en declaración pública hecha ex profeso una vez realizada la operación que había sido todo un éxito: “Gracias a esa labor estratégica, meticulosa, impecable y con todo rigor cayó Gildardo Cucho”, precisamente en un evento público al día siguiente del bombardeo, el pasado 30 de agosto. Debe en consecuencia el propio presidente exigir la investigación debida y aclarar frente al país lo sucedido e incluso referir y asumir su propia responsabilidad al respecto, una vez que en la propia declaración precisó que la había personalmente autorizado y en todo caso tiene la comandancia general de las FFMM.
El impacto político del hecho resultó decisivo en la salida del ministro de la Defensa Guillermo Botero, pero esto no lo exime de la responsabilidad al respecto. Cuando el senador citante del debate de moción de censura en su contra, el senador Roy Barreras del Partido de la U entregó graves denuncias que comprometen la responsabilidad del Ejército, con referencia a los casos como el de la ejecución extrajudicial del excombatiente de las FARC y líder comunitario Dimar Torres en Catatumbo, al caso de la ejecución extrajudicial del líder campesino de Cauca Flower Trompeta en Cauca y este bombardeo contra un campamento de disidentes de la anterior guerrilla de las FARC, hizo un grave señalamiento no solo no desmentido sino realmente evidenciado por los hechos y por el tipo de información previa y posterior que debió tener el estamento militar:
“Ministro, usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó siete niños y quizás son cuatro más, porque las pruebas de Medicina Legal muestran que otros cuatro cuerpos llegaron tan despedazados, que solo pudieron identificar que tenían menos de 20 años. Llegaron restos de cadáveres que se calcula están entre los 15 y 20 años”[12].
El ministro no dio explicación satisfactoria en el debate, se limitó a decir que sobre el asesinato de Flower Trompeta esperaban informe de Medicina Legal y sobre el bombardeo militar con muerte de varios niños manifestó que “fue una operación lícita, ajustada al derecho internacional humanitario, y las autoridades competentes establecerán la responsabilidad del Grupo Armado Organizado (GAO) liderado por “Gildardo Cucho”, contra quien iba dirigido el bombardeo (…) por tener encampamentados y armados a menores”[13].
Al respecto exclamó Lido García, senador liberal presidente del Congreso: “(resulta) Inconcebible que nos hubiésemos enterado de una masacre por un debate” en el Senado. En igual sentido crítico editorializó el diario El Espectador: “El debate (…) del bombardeo del Ejército. Eso demostró que tanto el Ministerio de Defensa como los líderes de las Fuerzas Armadas le habían ocultado esa información al país. ¿Cómo es posible que en una operación, que fue presentada como exitosa, ocurran hechos atroces y las autoridades no sean las que informen? Igual de chocantes las defensas posteriores. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que para el Ejército es imposible determinar si hay menores o no en una zona que va a ser atacada”[14].
A la vez que voces críticas de la sociedad lo hicieron y exigen que se asuman las debidas responsabilidades: “…el ocultamiento del hecho por parte del ahora exministro de Defensa y del comandante del Ejército, quienes presentaron el suceso como un exitoso operativo militar en el que fallecieron 14 criminales, (…) son suficientes motivos no solo para la renuncia del ministro, sino también del comandante del Ejército”[15].
Por su parte, un editorial del diario El Tiempo habla de: “posibles fallas en los protocolos operativos de la Fuerza Pública”. Y advierte que “le corresponderá a la justicia y a los entes de control establecer las responsabilidades…”[16]. Y le asiste razón al senador del PDA Alexander López al señalar que se violó el Estatuto de la CPI y que hay responsabilidad directa del presidente Duque y del alto mando militar, pues bien sabido es que debe operar la justicia interna pero que en caso de impunidad ya no se trata solo del principio de subsidiaridad sino el de complementariedad y que ya hay una labor de seguimiento de la propia CPI ante circunstancias de impunidad de graves violaciones que no se lleguen a resolver en el derecho interno.
Entre tanto, el ministro de Defensa encargado persiste en justificar como correcto y atenido al DIH el operativo de bombardeo: “A la luz de los protocolos del DIH que ejecutamos para planear esta operación no hubo error. (…) es la disidencia la que comete un crimen al reclutar menores y ubicarlos en un objetivo militar. (…) hemos actuado con total transparencia, a la luz de la normativa colombiana, del DIH, y las tropas están a disposición de los organismos de control”[17]. Por lo cual, el debate, la transparencia y la consecuencia en la normativa humanitaria y el propio derecho interno, debe llevar al estamento militar a reconocer la realidad de lo sucedido con esta operación y a facilitar el tratamiento debido.
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Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática
Foto obtenida de: https://www.semana.com/
[1] En medio del debate de todo orden que ha surgido sobre este operativo militar y sus graves consecuencias Por su parte el ministro de Defensa encargado, el general Luis Fernando Navarro, dijo ante medios de comunicación que era muy “difícil” conocer con tanto grado de detalle quiénes estaban en ese campamento de la disidencia…”[1].contra un grupo de personas menores de edad, coincido con la apreciación también hecha por el especialista Gabriel Cifuentes sobre la trasgresión de estos tres principios humanitarios. https://lalineadelmedio.com/un-bombardeo-ilegal/
[2] “La historia oculta del bombardeo que cobró la vida de 8 menores y la cabeza de un ministro”, El Tiempo, 10 de noviembre de 2019, página 1.3.
[3] “La historia oculta del bombardeo que cobró la vida de 8 menores y la cabeza de un ministro”, El Tiempo, 10 de noviembre de 2019, página 1.3.
[4] “La crítica gestión de Guillermo Botero, José David Escobar Moreno, El Espectador, 8 de noviembre de 2019, página 6.
[5] “ONU teme por seguridad de personero de zona en la que murieron ocho menores en bombardeo”, El Tiempo, 9 de noviembre de 2019, página 1.4.
[6] “”Mami, me voy porque me toca”, dijo menor que murió en el bombardeo”, El Tiempo, 7 de noviembre de 2017, página 1.2.
[7] “”Mi hija no es ninguna guerrillera”: mamá de niña muerta en el bombardeo”, El Tiempo, 8 de noviembre de 2019, página 1.4.
[8] “Un bombardeo ilegal”, Gabriel Cifuentes, La línea del medio, 10 de noviembre de 2019, https://lalineadelmedio.com/un-bombardeo-ilegal/
[9] “La historia oculta del bombardeo que cobró la vida de 8 menores y la cabeza de un ministro”, El Tiempo, 10 de noviembre de 2019, página 1.3.
[10] “”Mami, me voy porque me toca”, dijo menor que murió en el bombardeo”, El Tiempo, 7 de noviembre de 2017, página 1.2.
[11] “No sabíamos que en el campamento había niños”, El Tiempo, 8 de noviembre de 2019, página 1.4.
[12] “Mindefensa ocultó la muerte de siete menores en bombardeo: Roy Barreras”, El Espectador, 6 de noviembre de 2019, página 4.
[13] “Mindefensa ocultó la muerte de siete menores en bombardeo: Roy Barreras”, El Espectador, 6 de noviembre de 2019, página 4.
[14] “Ido el ministro, ¿quién responde en el Ejército?”, editorial de El Espectador, 8 de noviembre de 2019, página 22.
[15] “No es solo Botero”, Patricia Lara Salive, El Espectador, 8 de noviembre de 2019.
[16] “Replantear la defensa”, editorial de El Tiempo, 7 de noviembre de 2019, página 1.10.
[17] “No podemos parar las operaciones”, entrevista al Ministro de Defensa (e) general Luis Fernando Navarro, Alicia Liliana Méndez, El Tiempo, 10 de noviembre de 2019, página 1.5.
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