El paro nacional del 21N convocado por las organizaciones sindicales y otras organizaciones sociales desató una inmensa movilización social y ciudadana, más allá de las posibilidades y las propias iniciativas de las organizaciones convocantes agrupadas en el Comando Nacional de Paro. En el ámbito urbano se congregaron en las marchas y concentraciones diversos movimientos sociales, sectores de oposición al gobierno, partidarios de la paz de un amplio espectro, con gran peso la juventud y el movimiento estudiantil y vertientes ciudadanas de expresión libre, creativa y diversa. Fue una explosión de inconformidad con el gobierno, con permanentes arengas contra sus políticas, contra el uribismo y de exigencias de derechos sociales, del derecho a la vida y de la paz.
Pero, de forma inesperada lo que era la manifestación de un día se tornó en la generalización del cacerolazo nocturno en los barrios de distintos estratos de las principales ciudades, a los cuales familias y vecinos en marchas y concentraciones locales compaginando el sonido del tableteo de sus trastos de cocina con consignas y animaciones con carteles y expresiones lúdicas y artísticas. Y más aún, el grado de movilización diurna con marchas y concentraciones y nocturna con cacerolazos y mítines lúdicos se extendió hasta la nueva marcha nacional programada y realizada de nuevo con rotundo éxito por su masividad y entusiasmo el día 4D y de forma que las actividades de movilización y expresión ciudadana a favor de este movimiento de protesta se siguen expresando.
Este llamado Paro Nacional pero que constituye una movilización popular, social y ciudadana de mayor magnitud de fondo y a tono con circunstancias se constituye en un hecho histórico, de incidencia determinante en la inflexión importante que se vive y profundiza en el panorama político nacional. Este trasfondo se enmarca al menos en tres hechos protuberantes de alto impacto en el proceso político y social colombiano que se conjugan e interactúan:
- Primero, el declive del uribismo que aunque ganó el gobierno se torna en minoría política con muy escasos aliados, sufre fuertes derrotas en el Congreso con sus proyectos contrarios al acuerdo de paz, recientemente perdió estruendosamente las elecciones, Álvaro Uribe al llegar a las regiones ahora desata espontáneas manifestaciones en su contra hasta en su departamento y estas jornadas de protestas expresan como foco un inmenso y creciente rechazo a lo que significa el uribismo como proyecto político.
- Segundo, el proceso de paz que aparece atascado entre cumplimientos parciales y oposiciones a sus medidas centrales desde el propio gobierno y su partido y sus aliados, en todo caso consigue un impacto histórico innegable en las posibilidades de democratización, cambia la agenda de la guerra y su posible solución como referente y entrega nuevas posibilidades para la acción política y social que se revierten a favor de las posibilidades de este tipo de emergencia social y de las garantías para los sectores de oposición y alternativos.
- Y tercero, desde su autonomía, propia lógica y dinámica, se vienen fortaleciendo importantes movimientos sociales y ciudadanos de expresión, que se conjugan e interactúan hacia dinámicas ciudadanas, sociales y políticas alternativas, con sentido progresista, democrático y de inclusión ciudadana. A pesar de las vicisitudes y graves consecuencias ocasionadas por la guerra que tiende a cerrarse, por la violencia política instalada con responsabilidad estatal, gubernamental y de diversos actores y de la criminalización de las protestas sociales, éstas expresan fuertes dinámicas, reaparecen en las décadas recientes y en las coyunturas reciente y actual. El movimiento por la paz desde los años 90 ha sido portentoso en sus emergencias, el movimiento de derechos humanos y de víctimas se ha instalado con fuerza en sus exigencias e incidencias en lo nacional e internacional. Las dignidades, paros agrarios y movilizaciones regionales territoriales campesinas han tenido un fuerte resurgir desde el pasado gobierno. El movimiento indígena es fuerte, recurrente con sus mingas y posiciona demandas en favor de sus derechos sociales, su autonomía y posibilidades de expresión de su resistencia. Al igual las comunidades afros y el fuerte posicionamiento de la diversidad étnica y sus derechos. El movimiento estudiantil derrotó medidas del anterior y del presente gobierno en defensa de la universidad pública y contra su privatización. Las redes de mujeres y sus organizaciones es inmensa, como lo es la aportación del feminismo a la agenda de no discriminación, contra el patriarcarismo y el feminicidio. Las movilizaciones y los logros de la población LGTBI inmensos. Los movimientos poblacionales y regionales contra la gran minería de multinacionales que arrasan con el ambiente, las redes de minería ilegal conectadas con la criminalidad y las redes mafiosas y narco-paramilitares, han tenido como respuesta movimientos ambientalistas regionales, poblacionales y de opinión inmensos, que con consultas ganadas en muchos municipios y movilización permanente posicionan urgente demanda ambiental. Y de suma importancia, el rechazo ciudadano a la inmensa corrupción se potenció y tuvo expresión histórica contundente con esa movilización estupenda que constituyó el referendo con más de once millones de respaldo y que inspira y condiciona los proyectos políticos y de gobernanza desde tal aspiración ciudadana ahora instalada con mucha fuerza. Pero lo nuevo desatado con 21N… 4D… es que todos los movimientos sociales junto con múltiples y diversas expresiones confluyen en un solo haz de protesta ciudadana con denominador común en el rechazo a políticas del gobierno, al uribismo como responsable de ellas y reivindican lo propio con exigencias de democratización, libertad de expresión, garantías y consolidación de la paz.
La catástrofe anunciada, medidas autoritarias y violencia encubierta y del ESMAD
El paro fue interpretado y anunciado por el gobierno y el partido Centro Democrático y por parte de sus opositores como una tragedia. El ministro de hacienda Alberto Carrasquilla tan implicado por los motivos laborales, pensionales, tributarios y de posibilidades de ingresos de la población, llegó a propósito del debate opositor y las propuestas de los líderes sindicales y sociales: “Me duele como colombiano escuchar tanto odio y tantas mentiras (…) Es un sentimiento de odio al Gobierno por decirlo de alguna forma simplista”[1].
Los preparativos frente al paro del gobierno incluyeron medidas arbitrarias como los allanamientos en casas y lugares de trabajo de sus promotores y organizaciones convocantes, capturas arbitrarias, hechos de censura, militarización y cierre de las fronteras con el anuncia supuestamente fundado en acción de inteligencia sobre “intención de extranjeros de infiltrarse en la protesta”, como lo expresó Christian Kruger, Director de Migraciones. El presidente Duque expidió el Decreto 2087 sobre “conservación del orden público”, reiterando la facultad de gobernadores y alcaldes de tomar decisiones extraordinarias como restricción porte de armas, consumo licores, toque de queda, entre otras. Y en sus declaraciones como forma de señalamiento contra el paro y sus posibles consecuencias afirmó: “…toda la sociedad debe rechazar el vandalismo, el pillaje, la agresión, la violencia…”[2].
De tal manera, hubo allanamientos a 27 líderes estudiantiles, organizaciones sociales y promotores de la protesta y a un medio de comunicación, la revista Cartel Urbano, en 15 localidades Bogotá. La policía incautó material gráfico y artístico legítimos como si fuera material subversivo y hubo intento de censura rechazado por un programa en redes de la Universidad de Los Andes. Igualmente, sucedieron este tipo de hechos en Soacha; en Medellín con tres allanamientos contra activistas estudiantiles con incautación de documentación sobre la situación de las universidades; en Cali los allanamientos fueron contra un docente y varios estudiantes. Y en otras ciudades y municipios hubo situaciones similares. Y de forma absurda, injusta y marcada por la xenofobia, dado que miles de jóvenes migrantes de Venezuela permanecen en las calles de las ciudades, en actividades informales y de rebusque, entre 50 y 60 de ellos fueron capturados arbitrariamente, aislados, negada la asistencia jurídica que les ofreció la Universidad de los Andes y deportados como supuestas “personas peligrosas”, hecho vergonzoso para el país en términos de las relaciones de vecindad y la trasgresión del derecho interno e internacional con tal arbitrariedad.
“El gobierno ha optado por la “alerta máxima” en las guarniciones militares y el alarmismo máximo de cara a la opinión pública (…) El gobierno Duque se empaña en presentar la protesta como una batalla, habla de 800 kilos de dinamita encontrados en zona rural de Putumayo como posible “insumo” para la protesta”. Una caleta un poco lejana. La semana pasada fueron los extranjeros deportados como supuestos cabecilas de vándalos profesionales”[3].
Entre tanto, los líderes del paro declaraban que la protesta sería civilista, pacífica y ajena a las insinuaciones de violencia y vandalismo hechas por el gobierno, sectores de empresarios y opositores a sus reclamos y propuestas. Y fue valiosa la posición del procurador general Fernando Carrillo, al expresarse en favor del reconocimiento de la legitimidad y la legalidad del paro las movilizaciones sociales previstas, criticando expresamente las posiciones de señalamiento y estigmatización esgrimidas por el gobierno y otros sectores en su contra. “…una democracia fuerte no puede sentir pánico con la protesta social. Ni la deslegitima, ni mucho menos la menosprecia, la estigmatiza o la distorsiona con propaganda sustentada en el miedo (…) la respuesta del Gobierno no debe ser la fuerza arbitraria, sino el diálogo social…”[4].
Pero el “plan antiparo” del gobierno tuvo un efecto bumerán, como bien se podía prever dado que radicalizó desde las organizaciones sociales, los sectores de oposición e independientes y la opinión democrática, el rechazo a tal posición y, lo cual derivó en reconocimiento del derecho a la protesta y su potenciación. Bien lo interpretó y lo expuso la reconocida periodista Cecilia Orozco el día previo al anunciado paro: “El uribismo repite, eso sí con eficiencia el método Maquiavelo de dominación de masas. Pero esta vez, el temor sembrado por su mano, en un intento de sabotear las marchas de más de 50 organizaciones sindicales y sociales y de miles de personas del común que no tienen dirección distinta que la que les indica su propia voluntad, se les devolvió como bumerán. Y, hoy, el gobierno, se encuentra asfixiado y con el agua al cuello por la posibilidad de que mañana se presente una confrontación civil cuyo germen nació con sus mensajeros extremistas”[5].
En igual sentido, la columnista Catalina Ruiz-Navarro, con sentido crítico puso de presente la falta de inteligencia, tacto y habilidad del gobierno para tratar las dinámicas sociales y críticas ante sus políticas, de forma que ante el despliegue represivo tan desproporcionado y no solo el rechazo sino el llegar a tratar hasta de “mentirosos” a los promotores de la protesta, la llevó a sumarse al inconformismo y alentar expresamente la participación : “El nuevo presidente no sabe jugar poker y lo que nos grita este despliegue desproporcionado de represión y fuerza es que, ante la inminencia del paro, el gobierno tiembla. No será sorpresa si hay represión a la protesta, la fortuna es que estamos a tiempo de ir preparadas, pero sobre todo juntas, porque la mejor resistencia ante los desmanes de la fuerza pública es la solidaridad y las redes. Y claro que el panorama es intimidante, pero que no se nos olvide ni por un minuto que hoy son ellos los que tienen miedo. La democracia se defiende en las urnas, pero se construye en las calles”[6].
Ante esta situación con cierta ambivalencia, Duque buscó matizar su posición, habló de la legitimidad y legalidad de las protestas, pero las medidas autoritarias y de represión previstas continuaron, a la vez que remarcaba en señalamientos de violencia y bandidaje y desconocía los motivos de la protesta, en muy repetidas incursiones en los principales medios de prensa. De hecho, el motivo argumentado por los dirigentes sindicales y sociales, con muy inequitativo acceso a los medios de comunicación, aludía al rechazo a las medidas adelantadas o anunciadas por el gobierno en sus políticas económicas, fiscales, laborales, en seguridad social, en lo agrario e indígena, en lo ambiental, en lo referido a la grave situación de derechos humanos y asesinato de líderes sociales y los incumplimientos con la implementación del acuerdo de paz.
El paro desató una poderosa protesta de oposición civilista ciudadana, social y política
El paro nacional realizado el pasado 21 de noviembre convocado por el Comando Nacional Unitario conformado por la CUT, CGT, CTC, CPC, a cuya convocatoria contra las políticas y las reformas laboral y pensional del gobierno se unieron numerosas organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y políticas, enriqueciendo así las demandas sociales, en las “diez razones” convenidas, con referencia también a demandas como el rechazo a las privatizaciones, la reforma tributaria, la corrupción, el incumplimiento a los acuerdos con movimientos indígenas, campesinos y estudiantiles así el las incoherencias e incumplimiento con el acuerdo de paz con las FARC. También fueron denominadores comunes de la convergencia social y política configurada en la convocatoria al paro nacional el rechazo a las diversas políticas del gobierno, a la estigmatización y criminalización de la protesta social y a los asesinatos contra líderes sociales, excombatientes acogidos al acuerdo de paz y de las niñas y niños muertos en el bombardeo militar en Caquetá. Pero además, más allá de los sectores convocantes, como lo referimos, el paro en tanto jornada de protesta ciudadana constituyó un éxito por cuanto derivó en amplia y multitudinaria protesta social, poblacional y ciudadana extendida en todas las ciudades y municipios importantes del país.
Es de advertir que el paro y las movilizaciones centrales no fueron espontáneas, la jornada se preparó por la convergencia de organizaciones y coaliciones sociales nacionales con fuertes asientos regionales por siete meses. Distinto es que se dimensionó con la adhesión multitudinaria de ciudadanía inconforme, organizaciones de base y muchas expresiones ciudadanas espontáneas, a la vez que puede decir que se volcaron diversas expresiones más allá de los propios convocantes. Caso de las organizaciones de paz, de DDHH, colectivos de las mujeres y colectivos LGTBI, de las barras de equipos de fútbol, de artistas reconocidos y colectivos de ellos tanto vinculados a expresiones ciudadanas o sociales como independientes, entre otras expresiones que sin ser formalmente convocantes se sumaron. Aunque no es la primera vez, ahora fue muy generalizado el que todas las demostraciones permitían no solo la presencia formal de las organizaciones convocantes, sus emblemas, pancartas y consignas, sino que afloraban entre ciudadanías diversas y en mucho desde la base estudiantil y juvenil, mensajes originales propios, pancartas o carteleras hechas a mano alzada, recursos creativos, símbolos diversos, disfraces y una gran expresión artística y de colectivos musicales. A la vez, como muchos lo destacan, la proliferación de mensajes, videos e informaciones en directo desde las redes era motivo de animación, convocatoria y forma novedosa de generación de colectivos y acciones en las jornadas.
En términos de participación el sindicalismo con sus centrales, confederaciones y sindicatos pudo haber movilizado un millón 400 mil personas. La presencia juvenil y estudiantil fue mayoritaria en todos los casos, con el soporte del movimiento estudiantil de universidades públicas y privadas que ya venía movilizado, de forma que podría por lo menos triplicar la presencia sindical. Los bloques de los partidos de izquierda y centro izquierda, siempre ligados a las organizaciones sociales del ámbito popular estaban presentes acompañándolas y con bloques propios. A la vez, como referimos concurrieron grandes cantidades de personas de distintos otros movimientos sociales, de sectores informales que son mayoría en la economía, profesionales y expresiones diversas de colectivos de vecinos, amigos y familias movilizadas. Esto indica que han sido varios millones de personas, que podría estimarse pudo con facilidad entre cuatro y cinco millones de personas participantes en las numerosas marchas, concentraciones y demás acciones realizadas.
Sin embargo, casi todos los más poderosos medios de prensa y comunicación tienden a disminuir el apreciado de la presencia multitudinaria, hasta el extremo de informar en casos frecuentes en franca contra evidencia. Pero basta referir, por ejemplo, la información al respecto del diario El Mundo, de Medellín, el cual reporta para las marchas del 21N que en Bogotá habían marchado “más de un millón de personas desde distintos lugares” y sobre otras ciudades reconocía en Medellín 200 mil y sumando lo informado para otras ciudades importantes se agregarían otros más de 200 mil, sin hacer referencia a todas las ciudades capitales departamentales ni a los más de 500 municipios donde se organizó y realizó con éxito la jornada[7].
Así, las multitudinarias marchas en Bogotá colmaban varias veces la Plaza de Bolívar, a la vez que hubo 12 puntos de salida de grandes marchas y otras que se presentaban no previstas en los barrios de distintas localidades o desde entidades educativas. En la noche se generalizaron en los barrios de las ciudades los cacerolazos que incluían otras marchas y concentraciones locales. Ante el sorpresivo hecho el presidente Duque en una alocución nocturna extraordinaria el mismo 21N, se limitó a reconocer que las inmensas manifestaciones habían sido pacíficas, rechazó las manifestaciones de vandalismo que se denunciaban y afirmó a manera de reconocimiento obligante de la inmensa demostración ocurrida: “hoy hablaron los colombianos: los estamos escuchando”.
Pero asunto grave fue precisamente el de la represión violenta, los disturbios que ella produjo en varias ciudades, la extraña irrupción de olas de vándalos organizados especialmente en Cali y Bogotá el 21N y la presencia de algunos casos de minoritarios colectivos violentos en varias de las principales universidades públicas del país. Producto de la represión del ESMAD no justificada sino orientada a disolver las manifestaciones se registraron al menos 42 heridos, varios de ellos posteriormente murieron en distintas ciudades. Se sucedió el caso grave y de profunda repercusión nacional del ataque directo, cercano, con una bomba lacrimógena disparada por el ESMAD contra la cabeza del joven Dylan Reyes, estudiante de bachillerato recién graduado, que participaba en una marcha pacífica en el centro de Bogotá, quien quedó gravemente herido y a los varios días murió. Desde pobladores y jóvenes atacados con gases por la Policía se producían réplicas de ataques que también llevaron a afectar estaciones de Transmilenio y se registraron casos de saqueos en Suba en Bogotá y en Cali.
En la noche del día 21N afloró un fenómeno inédito de actos vandálicos, sin ninguna relación con las protestas, pero organizado y con la misma forma de operación, principalmente en barrios de Cali y de Bogotá, grupos de personas irrumpían con alta agresividad en barrios y conjuntos residenciales para amenazar e infundir zozobra. Algunas denuncias y videos señalan que sería una acción posiblemente preparada por la misma fuerza policial y de policía militar, pues aparece en una denuncia un mando de la Policía Militar de Cali, presuntamente implicado en realizar este plan, reclutando y pagando personas para infundir pánico colectivo y atribuir estos ataques a la protesta organizada a instancias del paro. En este ambiente al parecer creado, Toque de queda en Cali. La represión del ESMAD y la muerte de Dylan Reyes en Bogotá y otros muertos y heridos en distintas ciudades.
El gobernador de Boyacá Carlos Amaya, ex líder estudiantil universitario, integrante del Partido Alianza Verde, acordó con la Policía que el ESMAD no hiciera presencia en la movilización, de forma que constituyó una experiencia inédita de prácticamente ausencia de violencia en las jornadas y buen entendimiento entre autoridades seccionales, locales, policía y organizaciones sociales y ciudadanía movilizada.
Crisis en el gobierno Duque y en el CD:
En esta coyuntura y con estas jornadas de protesta se profundiza la tendencia que ya se registraba en el curso de este año de pérdida de respaldo político y de fracasos en sus acciones por parte del uribismo, tanto en términos de su gobierno con el presidente Duque como con su partido el Centro Democrático (CD). Hecho que referimos con los siguientes elementos que lo evidencia y que registra al momento circunstancias de debilitamiento y crisis en tal proyecto político y sus posibilidades.
- El haber optado el CD una política contra el acuerdo de paz, la falta de talante del presidente Duque y el sectarismo y radicalidad de las propuestas hechas en tal sentido como con relación a sus políticas sociales regresivas, lo han llevado a fracasos políticos y pérdidas de aliados. El gobierno Duque fue elegido con los partidos de centro Liberal, U y Cambio Radical y los perdió como aliados, incapaz de una apertura hacia el centro político. El presidente habló de un acuerdo nacional, nunca implemento y sólo lo convocó para conseguir apoyo en su propósito de modificar de fondo y regresivamente la JEP, el dispositivo transicional del acuerdo de paz. El gobierno y el CD sufrieron así dura derrota y quedaron como minoría con pocos aliados en el Congreso, que incluso en algunos temas y asuntos no los respaldan, como en el caso del tratamiento del paro y las jornadas de protesta. Igualmente fueron recientemente derrotados con el hundimiento del proyecto de acto legislativo para reformar la sanción penal de delitos sexuales cometidos contra menores en el marco del conflicto armado, de forma que no pudieran ser juzgados por una jurisdicción especial de justicia transicional en un proceso de paz sino por la justicia ordinaria.
- En política internacional el gobierno y su cancillería han fracasado con la línea dura e irresponsable de romper relaciones con Venezuela, apostarle al derrocamiento de su gobierno y respaldar los dispositivos de intervención militar de EEUU en ese país, para lo cual estimularon el Grupo de Lima, sumido ahora en el fracaso. Con Cuba desconocieron los protocolos como garante este país del proceso de paz con el ELN, de forma que contrariando el DIH pretende el gobierno Duque este país entregue extraditados, en calidad de supuestos terroristas a los negociadores de esa guerrilla en la mesa de conversaciones de paz. Posición rechazada interna e internacionalmente, al punto que frenó la amenaza del presidente Duque de romper relaciones con ese país. Así mismo, la posición de seguidismo ante el gobierno de EEUU ha debilitado la posición de Colombia y lo liga incluso a la gran dificultad del presidente Trump, cuestionado e investigado ahora por supuestos graves ilícitos por el Congreso de su país.
- Aunque el uribismo discute ser mayoría por haber ganado la presidencia, hecho alegado en contra del paro para afirmar que quienes protestan son minoría frente a quienes eligieron al presidente, resulta contundente la pérdida de las elecciones regionales por parte del CD, a la vez que se fortalecieron en gobiernos territoriales y en corporaciones públicas territoriales vertientes políticas de izquierda, centro izquierda e independientes.
- Después de más de 200 denuncias sobre casos con relación a narcotráfico, paramilitarismo, hechos de corrupción y de arbitrariedad, solo una hasta ahora prospera al pasar a la fase de investigación y al señalamiento de indicios de responsabilidad penal, a instancias de la Corte Suprema de Justicia, que al momento enjuicia en tales términos al expresidente y senador Álvaro Uribe. A raíz de esta situación el CD llamó a respaldarlo en una movilización nacional que fracasó y en contraste, sin haber sido convocada, surgió una manifestación mayor en rechazo y en exigencia de que haya justicia desde ciudadanos y colectivos de víctimas el mismo día, que resultó ser ampliamente mayoritaria.
- El gabinete de ministros del presidente Duque ha registrado en varios casos mala gestión y ha sido motivo de repetidas sesiones de control político y de propuestas de moción de censura del Congreso. Son los casos del canciller Carlos Holmes Trujillo, referida antes la fracasada política internacional en curso. La gestión del ministro de defensa Guillermo Botero, quien cometió graves errores de principio a fin, hasta ser relevado ante el hecho casi consumado de la moción de censura del Congreso. Y el ministro de hacienda Alberto Carrasquilla, en el ojo del huracán por sus políticas laborales, pensionales y tributarias regresivas, motivo originario y central del paro y las protestas producidas.
- Pérdida sostenida de credibilidad en el gobierno Duque por la ciudadanía, al punto que las recientes encuestas ya registran márgenes de no aceptación del 70% y la aceptación sigue en descenso siendo del 22%.
- Fisuras en el gobierno y al seno del CD. En gobierno a raíz del paro la ministra de trabajo Alicia Arango afirmó que el presidente Duque no compartía la propuesta del ministro de hacienda Alberto Carrasquilla de suprimir el régimen pensional de prima media y que ella difería de este ministro en la posición frente al salario mínimo que Carrasquilla y sectores del empresariado lo consideran excesivo. El gobierno no logra cohesionar sus posiciones en muchos temas, en medio de las exigencias sociales y ciudadanas que las cuestionan.
Estos factores evidencian el declive del uribismo pero, sin exageración, puede afirmarse que la contundencia del rechazo ciudadano expresado puede enterrar su futuro como proyecto político. Situación, además, a la que responde con sectarismo y maniobras que lo deslegitiman. Es el caso de irse en contra del paro el CD con sus mensajes de absoluta descalificación, de manera que incluso el propio Álvaro Uribe y sus los principales dirigentes de su partido reenviaron videos con falsedades, a través de montajes como el de un supuesto activista joven del paro, encapuchado, llamando a hacer ataques y destrozos contra la infraestructura pública. Hecho desvirtuado y en investigación judicial y el de la declaración de la senadora Paloma Valencia también muy diciente cuando declaró a propósito del paro que se trataba de un acto de sabotaje y destrucción, argumento repetido por otros: “Lo que realmente quieren (los promotores de la marcha es sabotear al Gobierno. En Colombia cuando no respetamos la democracia y cuando no nos gusta lo elegido, entonces nos podemos tomar la calle, sabotearlo todo, acabar con todo para que al Gobierno no le vaya bien, a ver si así se eligen en 2022”[8].
Así las cosas, en el CD surgen divisiones, el senador José Obdulio Gaviria llama al presidente públicamente a reprimir “con firmeza” el paro, mientras que el exministro Londoño lo llama a renunciar, discuten sobre el debilitamiento sufrido, ante lo cual algunas buscan la radicalidad que les acumula fracasos, mientras otros sectores de integrantes y aliados debilitan sus apoyos a tal política. “El paro del 21N ha mostrado a un Ejecutivo temeroso, incapaz de proponer, acorralado por las encuestas y ninguneado por el Congreso. Mientras su propio partido recela la necesidad de un acomodo que sería, muy seguramente, la obligación de apartarse de muchas de las consignas de campaña”[9].
Saldos y posibilidades del paro nacional y la amplia movilización social suscitada
El paro el 21N y efectos posteriores y la gran movilización social y ciudadana referida ya cuenta con logros importantes a favor. Alta incidencia en la agenda pública de todos los temas exigidos, alto nivel de respaldo para ellas, compromiso del Congreso con el apoyo al trámite de los asuntos y debilitamiento marcado de las posiciones, proyectos, política y propuestas de reforma al respecto del gobierno. La dilación y el montaje de un espacio de “Conversación” del presidente Duque para eludir la conversación directa exigida por la protesta con el Comité Nacional del Paro, puede decirse que como estrategia fracasó, pues no se consiguió diluir las propuestas y la interlocución de las organizaciones y movimientos sociales, al conseguir que el mismo presidente aceptara un espacio propio y directo de interlocución, nombrando dos delegados para el efecto. Por supuesto que el presidente y su equipo de gobierno no parte de disposición positiva ni de manifestar intención de cambio con las políticas y medidas cuestionadas, pero se ha abierto ya formalmente un tratamiento posible del conflicto, que podrá tener nuevos logros, con el apoyo social y ciudadano tan importante logrado y con aliados políticos tan importantes conseguidos entre las bancadas del Congreso.
Al tratarse de una agenda amplia y diversa el tratamiento será complejo, los temas laborales y pensionales tendrán como foco los movimientos sindicales y de trabajadores. A propósito, ahora del salario mínimo hay disputas en proyectos legales regresivos pero el pulso también se trasladará a la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Defendamos La Paz entró a reforzar las exigencias y las posibilidades de la amplia convergencia conseguida en el tema de la implementación del acuerdo de paz, lo cual podrá revitalizar y recuperar posibilidades y medidas antes negadas o en disputa en el Congreso. Los nuevos gobiernos territoriales podrán posibilitar desarrollos de políticas y medidas progresistas en causa común con muchos de los temas exigidos en la protesta. Y en el mediano plazo seguirán las tensiones en aras de los derechos demandados y la movilización en las calles seguirá siendo un acicate y un instrumento de presión política, como ya lo vienen haciendo con eficacia los estudiantes, sectores campesinos, los maestros y otros sectores y ahora lo podrán reiterar con muy alto impacto en el orden nacional nuevamente, el conjunto de movimientos sociales, después de esta convergencia social y ciudadana contundente conseguida.
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[1] Declaración del ministro Alberto Carrasquilla, en: “El riesgo es que la tendencia al alza del crecimiento se revierta”, Ricardo Ávila, El Tiempo, 20 de noviembre de 2019, página 1.14.
[2] “Las medidas con las que el país se prepara para el paro”, El Tiempo, 20 de noviembre de 2019, página 1.4.
[3] “Paranoia”, Pascual Gaviria, El Espectador, 20 de noviembre de 2019, página 23.
[4] “¿Qué dicen los jefes de los órganos de control e investigación sobre el paro?, El Tiempo, 20 de noviembre de 2019, página 1.4.
[5] “Infundirle miedo a la protesta, táctica sucia”, El Espectador, 20 de noviembre de 2019, página 22.
[6] “¿Quién le tema al paro nacional?”, Catalina Ruiz-Navarro, El Espectador, 21 de noviembre de 2019, página 22.
[7] “El país protestó, no todo en tranquilidad”, El Mundo, Medellín, edición semanal, 24-30 de noviembre, página 1.
[8] Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, citada en: “Los detonantes del paro nacional”, Laura Angélica Ospina, El Espectador, 21 de noviembre, página 4.
[9] “Paranoia”, Pascual Gaviria, El Espectador, 20 de noviembre de 2019, página 23.
Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática.
Foto tomada de: Las20rillas
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