Fue en 1948, precisamente cuando en Colombia asesinaron a Jorge Eliecer Gaitán y se desató con mayor fuerza ese cúmulo de odios heredados que llamamos “La Violencia”, que la humanidad, en medio de las dramáticas escenas de dolor, muerte y destrucción que dejó la segunda guerra mundial, pudo concertar esta Carta Fundamental de Derechos, en una discusión llena de obstáculos y tropiezos marcada por la emergente guerra fría y en medio de los conflictos armados de descolonización, en los que se hallaban inmersas las naciones participantes.
De ahí que esta Declaración representa el hito fundamental más importante en la historia de los derechos humanos, cuyo mayor mérito radica en que, a pesar de las enormes contradicciones políticas e ideológicas de la época, se logró llegar a un consenso humanitario mundial, que plasma un ideal de derechos fundamentales que debe tener todo ser humano en cualquier parte, situación o circunstancia.
Desde entonces se desarrollaron dos grandes consecuencias: la primera, que se otorgó a todas las personas del mundo la garantía de protección de sus derechos humanos fundamentales sin distingo de raza, condición social, creencia religiosa, posición política, o condición sexual; y la segunda, que se responsabilizó a los Estados por no proteger, promover y respetar la dignidad humana y los derechos que de ella se derivan. Desde ese momento, además, se reconfiguró la democracia más allá del voto, como el sistema político que protege, promueve y respeta los derechos humanos civiles y políticos; económicos, sociales y culturales; y colectivos y del medio ambiente, dejando atrás la imposición de las mayorías, por el respeto a la diversidad, la protección de las minorías y el sagrado derecho a la oposición política.
En Colombia la conmemoración del día universal de los derechos humanos se vive en medio de la conmemoración del tercer año de la firma del acuerdo de paz y con la esperanza de poner fin a la guerra herida de gravedad. Frente al optimismo que dejó el desplome de cifras como las de homicidio (por la cual hoy están vivos miles de colombianos), la inmensa disminución del desplazamiento forzado, las desapariciones, el secuestro, la violencia sexual, las víctimas de minas antipersona, y la entrega efectiva de 9.000 armas por parte de las FARC, nos enluta y ensombrece la muerte de cientos de líderes sociales, líderes de víctimas, indígenas y ex combatientes que fueron eliminados precisamente por estar comprometidos con la paz en los territorios.
Además, existe la incertidumbre y la zozobra frente a la suerte de la aplicación del Acuerdo Final de Paz, ante la falta de voluntad política real del Gobierno Nacional; su cada vez más reticente posición ante un proceso de paz con el ELN, su equivocada política de combate o rendición de las BACRIM y el paramilitarismo, en medio de un debate político polarizado entre quienes abogan por cumplir los acuerdos y apostar por políticas de construcción de paz, y quienes han manifestado su intención de volver trizas los acuerdos e intentar incendiar de nuevo el país, especialmente en una guerra frontal contra el ELN, y la estigmatización política y social a los integrantes de la extinta guerrilla de las FARC, que se hace extensiva, a su manera, a todo el movimiento social que rodea los acuerdos.
La nueva agenda de derechos humanos se mueve ahora en la transición de la guerra a la paz, transición que no es fácil, como lo han demostrado los más de trescientos asesinatos de líderes sociales, indígenas, ex combatientes y víctimas, especialmente de zonas donde tenían presencia las FARC y al Estado le ha quedado grande llegar y ocupar el territorio.
Agenda de derechos humanos que necesariamente deberá articularse a las políticas de reincorporación, que han sido bastante mediocres y cuyo peligro de fracaso es alto y podrían terminar afectando la no repetición de acciones violentas ante la inminente migración de los excombatientes hacia la disidencia, el ELN o las Bacrim, de no tomarse correctivos a tiempo frente a las opciones económicas y sociales de los ex miembros de las FARC.
Política de derechos humanos que deberá reclamar, ante el vacío en la garantía de derechos fundamentales por la inobservancia del acuerdo de paz, especialmente tres puntos esenciales: Primero, la ausencia de una política de reforma rural integral, lo cual deja sin dientes la posibilidad de cumplir los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes rurales, que para empezar no tienen ni tierra en la cual ejercer sus derechos, lo anterior preocupa porque el Gobierno no tiene ni proyecto de reforma rural, y hoy no hay ni cómo recuperar tierra, ni recursos para comprar, ni jurisdicción agraria para reclamar.
Segundo, la violación del acuerdo político, ante la no aprobación de la reforma política, ante lo cual no se pudieron corregir los vicios históricos de clientelismo, corrupción y exclusión de grandes franjas de la población, especialmente pobre y rural, y la grosera y grotezca actitud del Congreso al no aprobar las circunscripciones especiales de paz que les reconcían representación a las víctimas en las zonas más abandonadas y martirizadas en la guerra.
Y tercero, el grave engaño al que se ha sometido a las víctimas de la guerra, las cuales fueron puestas en el centro de los acuerdos y alabadas como el fin último de la paz, pero que en la aplicación de los acuerdos han sido desplazadas y excluidas en los más importantes instrumentos que se han empezado a aplicar. Fueron sacadas de los planes de desarrollo con enfoque territorial, PDET, no es clara su participación en herramientas fundamentales de la justicia transicional, como su participación en las penas retributivas, su derecho a la contradicción o su reparación judicial, y lo peor, ni siquiera se reformó la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras para sincronizarla con la aplicación de los acuerdos de paz, simplemente la Ley 1448 de 2011 se está dejando acabar en la inercia de la inoperancia, y las víctimas, además de todo, fueron excluidas del Plan de Inversiones para la Paz.
Por lo anterior, la mejor reflexión que nos debe dejar la conmemoración del día de los derechos humanos, es que sin un Gobierno y un Congreso comprometidos con la paz no podremos superar toda la grave problemática de violaciones sistemáticas a la dignidad humana de inmensas franjas de la población sino que, por el contrario, corremos el peligro de retroceder a escenarios de violencia iguales a los que vivimos o, incluso, peores de lo que conocemos.
La buena noticia es que el rumbo del país y el cumplimiento de los derechos que la humanidad pacto hace 71 años hoy, más que nunca, está en nuestras manos, y la movilización social que multitudinariamente se ha tomado las calles de Colombia, junto a la reciente elección de mandatarios locales comprometidos con la paz y el cambio social en muchas ciudades y departamentos del país nos renuevan la esperanza.
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Gabriel Bustamante Peña
Foto tomada de: https://es.wikipedia.org/
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