A pesar de esta imagen negativa la Universidad Distrital Francisco José de Caldas representa y tiene un carácter simbólico en un muy amplio sector de la población capitalina, pues dado su carácter de universidad pública representa la ÚNICA posibilidad que tienen amplias capas de la población para acceder a educación superior. Si bien en Bogotá funcionan la mayoría de las Instituciones de Educación Superior del país, IES, el acceso a ellas está condicionado por razones económicas, así que entre las universidades públicas las alternativas quedan reducidas, a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Nacional y La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. El ingreso a la Universidad Nacional como se conoce es muy limitado por la presión de la demanda y una oferta que resulta estrecha para las necesidades, así que el grueso de la población estudiantil bachiller se disputa los cupos entre la Pedagógica y la Distrital, aunque con preferencia en esta última porque el número de cupos es mucho mayor (la Distrital recibe anualmente cerca de siete mil estudiantes) y además por la variedad en la oferta académica en diversos programas de pregrado y postgrado agrupados en cinco facultades: Ingeniería, Medio Ambiente, Ciencias y Educación, Artes, y Tecnológica.
Dichas facultades se encuentran en distintas localidades de la ciudad: Ciudad Bolívar alberga su Facultad Tecnológica, El centro de la Ciudad, la Facultad de Artes, Teusaquillo la Facultad de Ingeniería, los cerros orientales acogen las facultades de Medio Ambiente y Ciencias y Educación. En esta distribución geográfica se distribuyen sus más de 80 programas académicos de los cuales casi la mitad son posgrados y entre estos últimos cuatro doctorados. Actualmente alberga cerca de 27.500 estudiantes de los cuales el 94% hace parte de los estratos 2 y 3. La universidad cuenta con tres mil estudiantes de posgrado.
En cuanto al cuerpo docente tiene aproximadamente 2000 profesores a su servicio y de ellos más de 600 son de planta, las dos terceras partes de estos docentes tienen el grado de Magister o Doctor. En lo que tiene que ver con la investigación, 117 grupos de investigación fueron reconocidos por Colciencias en su última convocatoria, la producción académica es variada en términos de libros, artículos en revistas indexadas por Colciencias y producción artística.
De otro lado, y no menos importante es el número de programas acreditados y la acreditación institucional. Todos estos indicadores muestran una institución que se ubica entre las mejores del país, como lo indican los rankings sobre educación superior.
El presupuesto es, como el de todas las universidades públicas, precario, pero la insuficiencia no es abrumadora, como en otras universidades especialmente de provincia. En la Universidad Distrital para el año 2020 el presupuesto será cerca de 360 mil millones de pesos, monto que junto con los aportes de las estampillas aseguran su funcionamiento y el pago de todos sus gastos.
Con aportes del Distrito se ha fortalecido la infraestructura, así se construyó la Sede el Porvenir en la Localidad de Bosa, proyecto cofinanciado por el Distrito con un monto de 30 mil millones en un proyecto que tardó más de 10 años y que no estuvo exento de controversias por el modelo de ejecución y sobrecostos. Aun así esta sede fue un avance sustancial en la expansión de la Universidad a nuevas localidades y una respuesta a la exigencia de la ciudadanía por una sede en el sur occidente de la capital. Durante la administración del alcalde Gustavo Petro, mediante un modelo de cofinanciación se aprobaron dos nuevas sedes de educación superior públicas para la ciudad, una de ellas la ampliación de la sede el Ensueño de la Facultad Tecnológica en el predio conexo a la sede que data de los años 90. Esta nueva sede que será entregada por la Alcaldesa Claudia López permitirá mejorar las condiciones de laboratorios de la Universidad y ampliar la cobertura, así como ampliar el índice de ocupación de metros cuadrados por estudiante. Sin embargo, persisten las preguntas sobre la financiación adicional que requieren la creación de nuevos cupos.
En síntesis, se puede decir que la institución cuenta con unas ventajas enormes para posicionarse en la vida académica del país y de ser una de las mejores; en efecto , su población objetivo corresponde a los mejores bachilleres de los colegios del Distrito, cuenta con el reconocimiento de la población que ve en ella una esperanza para la formación profesional de sus hijos, el presupuesto a pesar de no ser holgado permite el funcionamiento adecuado, su presencia se da en diversos puntos de la ciudad, ha tenido en estos últimos veinte años la no desdeñable ventaja de tener los recursos financieros de dos estampillas que han dado pie para un desarrollo de la infraestructura y de formación para sus docentes, sus profesores no son pocos y se encuentran en un alto porcentaje con títulos que acreditan su idoneidad lo que ha dado pie para obtener múltiples reconocimientos.
Ahora bien, del anterior recuento debería deducirse que su imagen, reconocimiento y visibilidad institucional giraran en torno a sus acciones en el orden académico e intelectual pero no es así, su reputación pública está contaminada por razones algunas veces penosas y en no pocas ocasiones penales. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué sucede en su interior para que con semejantes calidades su (des)prestigio sea generalizado?
La otra cara de la moneda
Increíblemente los problemas son viejos y conocidos y es más, están en la cultura institucional y en todos y cada uno de sus miembros la certeza de que hay actos de corrupción que van a producir escándalos si bien no tan graves e indignantes como el último que se ha que ha sido cuantificado por la Procuraduría General de la Nación en cerca de doce mil millones de pesos, que sin embargo, tal como sucede en el país, sobre ellos no se puede actuar y tampoco evitar.
Durante las décadas de los setenta y los ochenta la universidad fue escenario de una fuerte disputa entre las llamadas izquierda y derecha, época caracterizada por muchos como de un fuerte crecimiento y fortalecimiento institucional en la medida que una emulación seguramente agria, pero sana, se dirimía por las ejecutorias de cada uno de los grupos. Al final de los años ochenta y como consecuencia de cambios nacionales e internacionales en lo político, la contradicción que marcaba la vida universitaria se convirtió en anacrónica. Los grupos en torno a lo político desaparecieron y primero tímidamente pero después de manera más abierta tomaron la forma de grupos de presión en lo interno de la institución, pero sin estar asidos a una ideología o postura, sino que asumieron una forma de personalismos. Con el florecimiento de estos grupos, muchos de los cuales aún perduran, aparecen cada vez con más frecuencia noticias que dan cuenta de manejos reprobables en los recursos e incidencia en la gobernabilidad y autonomía universitaria y poco a poco se fue creando una reputación reprobable que la persistencia de noticias públicas tiende a confirmar, hasta la situación en la que hoy se encuentra.
La universidad se encuentra sobre diagnosticada, y con mucha persistencia se habla del problema de la corrupción, que tiene como todo problema complejo, múltiples caras, causas y alternativas de solución. Si se mira el asunto desde la perspectiva institucional la corrupción aparece no como la presencia de un grupo de sujetos amorales con pretensiones deliberadas de entrar a saquear la institución, de hecho, el rector actual ha mencionado que mantendrá la lucha contra la corrupción lo cual parece indicar que se entiende que el fenómeno supera los marcos estrechos de luchar contra unas “manzanas podridas” y se trata de una corrupción que pudiera llamarse institucional no en la medida que incluya a la institución como actor sino que la institución está atravesada por ella.
Una crisis administrativa
Parte del asunto estriba en que, la presencia de diversos grupos enfrentados por el control de la institución se localiza en puntos clave y se establecen islas cuya relación con el todo universitario es casi que inexistente. Esto se manifiesta en que se administra por islas desconectadas entre sí, lo que permite que tal como sucedió en el sonado caso del IDEXUD no se desplieguen las alertas durante siete años. Podría pensarse que como extensión de una cultura grupista se instauró la idea de que existe la propiedad “privada”, un instituto, una facultad, una carrera, una dependencia bien puede constituirse en una isla o feudo con lo cual se ha llegada a la situación poco envidiable de referirse al “instituto de Fulano”, por ejemplo, sin que eso en la universidad se vea como reprobable.
Estás prácticas contagiaron tanto el área administrativa como la académica.
La administrativa carece de la visibilidad y transparencia necesarias para ser creíble y respetada por la comunidad. Si se requiere una reforma probablemente lo primero que habría que hacer es una reestructuración en esta área para darle una vida y una organización que resulte del respeto y la credibilidad de la comunidad. Sin embargo, ese ha sido un propósito de todas las directivas. Durante los últimos veinte años se han hecho diversos intentos por realizarla y aún no se culmina. ¿Cuál es la razón para el fracaso de estos esfuerzos que en muchos casos han sido acompañados con la mejor buena voluntad por parte de sectores interesados en la vida universitaria de manera auténtica? Da la impresión de que se ha tratado de esfuerzos continuados y colectivos, pero al parecer sólo han terminado siendo, en la mayoría de los casos, la suma de esfuerzos individuales, ya que dada su escasa efectividad tienden a mantener a la organización en una condición anómica, pero no por ausencia de normas sino por la incongruencia entre ellas.
La condición de inseguridad jurídica que se desprende de tal situación ha hecho que toda norma que se desee aplicar deriva en un conflicto jurídico, algunos de los cuales sólo han sido resueltos vía las sentencias de los jueces de la república. En este estado de cosas se entronca una cultura, muy extendida, mediante la cual se naturalizan situaciones que comprometen la autonomía y autoregulación que una institución como la universidad esta llamada a garantizar. La autonomía en tanto hay desgobierno y desinstitucionalización manifiestos en la poca posibilidad que las administraciones pasadas y la presente tienen para sacar adelante proyectos de largo aliento en los que no esté siempre la injerencia de los grupos de presión, internos y externos, acompañados de las denuncias y demandas correspondientes.
La autorregulación, como se desprende de los anteriores comentarios, ha estado ausente en muchas de las actuaciones de los miembros de la comunidad y a cambio de ello, se ha llegado a un estado de las cosas en las que, ni siquiera existe la sanción social para aquellos que a todas luces violan la ética de la función profesoral o la función pública.
Por último la institución está aquejada por unas prácticas que se han convertido en hábitos y que configuran una cultura de no intervención en las acciones de los otros aunque ellas deterioren la universidad, lo que coloquialmente se da en llamar “hacerse pasito” (un pacto de “no agresión” que está implícitamente entendido para que las cosas sigan igual y no poner en riesgo las propias ventajas que se tienen) y que constituye un verdadero lastre puesto que paraliza las posibles acciones correctivas. Así las anomalías se convierten muy rápidamente en problemas: en este siglo la mitad del tiempo la institución no ha tenido rector en propiedad, las elecciones para los diversos consejos se han convertido en batallas jurídicas por que el fantasma del fraude tutela los certámenes electorales, la gobernabilidad es muy precaria y la existencia de derechos absolutos. Parece increíble pero el profesor protagonista del último escándalo pudo obtener un año sabático aprobado por el Consejo académico porque “cumplía los requisitos” y por lo tanto el derecho no podía ser discutido.
La destrucción de valores esenciales aceptados y aceptables en una comunidad conduce a la anarquía y/o a la desintegración social y allí puede estar pasando esto. La institución tiene unas dependencias de Planeación, Control y Evaluación, pero se puede afirmar que ninguna de estas cumple a cabalidad sus funciones más allá del “cumplimiento del requisito”. Existen los documentos que atestiguan el trabajo, pero no son usados para lo que aparentemente fueron construidos. Por allí quizá se podría comenzar por erradicar prácticas indeseables.
De otro lado, es urgente la reconstrucción de la comunidad académica, que recupere su función regulativa y autoregulativa y en el sentido planteado por Gutiérrez Girardot la “ética colectiva de la responsabilidad”, en la cual se comprometan todos los miembros de la comunidad: directivos, profesores, estudiantes, administrativos para lograr, mediante el diálogo y la participación sincera y responsable, para sacar de esta “crisis permanente” a una institución que es y puede desarrollarse como una universidad garante del derecho a una educación superior de calidad, sobre todo para aquellos que, como lo mencionamos, es su única opción para su formación.
Rita Luxemburgo
Foto tomada de: RCN Radio
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