Un equipo de Human Rights Watch visitó Arauca en agosto de 2019 y documentó numerosos crímenes tanto del lado colombiano como del lado venezolano de la frontera. “Entrevistamos a 105 personas, incluidos líderes comunitarios, víctimas de abusos y sus familiares, actores humanitarios, funcionarios de derechos humanos, funcionarios judiciales y periodistas. También enviamos solicitudes de información a autoridades colombianas y venezolanas y consultamos numerosas fuentes de información y documentos.
Human Rights Watch concluyó que los grupos armados controlan a la población civil en Arauca y Apure a través de amenazas, secuestros, reclutamiento de menores, trabajo forzado y homicidios. En Arauca, los grupos también han instalado minas antipersonales y han cometido actos de violencia sexual, entre otros graves abusos. Dos grupos armados imponen control social sobre los residentes de Arauca: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo guerrillero formado en la década de 1960, y el grupo disidente “Frente Décimo Martín Villa”, que surgió de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP, o FARC) tras el acuerdo de paz de 2016. El grupo disidente a veces se identifica a sí mismo como FARC-EP. Estos dos grupos también tienen presencia en el Estado Apure en Venezuela, donde a su vez operan las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN). Este grupo, cuyo origen se remonta a la década de 1990, tiene una estrecha relación con las autoridades venezolanas en Apure”[1].
En el reporte audiovisual sobre el trabajo de campo se afirma que en la zona se percibe un enorme control social por parte de los actores armados; que estos imponen las reglas, tales como no salir en la noche y no tener trato con miembros del ejército, y que nadie se atreve a incumplirlas. La vulnerabilidad de sus pobladores, la grave situación de orden público y el abandono estatal son de tal magnitud que un agente de la policía le dijo al equipo de HRW que ‘los guerrilleros son la policía’, y explicó que su control de seguridad se extiende solo a algunas manzanas, pero fuera de ese perímetro son los guerrilleros quienes imponen sus reglas.
Y es justamente esa falta de Estado, la pobreza, el bajo nivel de desarrollo económico, social y del sector productivo, la poca educación, las escasas oportunidades laborales, la elevada tasa de desempleo -que supera en 2.5 la estadística nacional-, la precariedad en la que mal viven sus habitantes, la nula industrialización, la ausencia de empresas sólidas y el exiguo desarrollo en el sector servicios, lo que fortalece las rutas de la ilegalidad y permite que diversos actores armados ejerzan poder y control sobre la indemne población. Arauca es parte de ese otro país atrasado, lejano y medioeval, que por cuenta de la indiferencia de gobiernos eminentemente centralistas se ha visto sometido por una corrupta tiranía en armas que comete toda clase de vejámenes, que se cree con el derecho y la autoridad física y moral de resolver con decisiones autoritarias y penas no contempladas en la legislación nacional, las denuncias que reciben de una población totalmente subyugada y humillada. Es llamativo que pese a su enorme producción petrolera, como ocurre en Barranca, y a contar con una población promedio de 235 mil habitantes, Arauca sea uno de los departamentos más inequitativos del territorio nacional, y con tan elevados índices de pobreza. Sus principales necesidades siguen siendo las mismas desde hace décadas: educación, transporte, vías, seguridad, justicia y salud.
Vivanco afirma que los armados se erigen como la autoridad local, a falta de una fuerte presencia institucional. “Por ejemplo, si alguna persona tiene un conflicto con un vecino o si una señora es víctima de violencia doméstica, acude a ellos. Y ellos castigan a la persona dependiendo de quién la denuncia. Los castigos van desde una paliza hasta torturas, y pueden llegar incluso hasta el asesinato de esta persona. El año pasado asesinaron estos grupos a por lo menos 16 personas, civiles. ¿Por qué sabemos que a 16 personas? Porque, de una manera tan descarada, les colocan un cartel que dice ‘a este lo asesinamos por ladrón’, ‘a este lo asesinamos por violador’, ‘a este lo asesinamos por colaborar con la fuerza pública’”[2]. Nadie se opone, nadie los detiene, no hay autoridad mayor a ellos, y con sevicia y crueldad aplican su propia ley.
La realidad que se describe en el informe de 70 páginas, luego de una investigación de filigrana que tardó varios meses antes incluir una visita a cinco de los siete municipios que hacen parte de Arauca, es aterradora, aunque no es muy diferente a aquella que se vivió en buena parte del país rural en los tiempos de mayor crudeza del conflicto armado. No obstante, la grave situación que afronta Arauca nos desborda, y nos indica que la paz firmada no alcanzó a llegar, que mucho antes de poderse consolidar con la ausencia de los frentes históricos de las FARC, estos reductos criminales lograron convertir esta región en epicentro de la ilegalidad. En Arauca la paz la vieron de lejos, como una nube blanca que el torrencial aguacero de la guerra espantó antes de que pudiera posarse sobre la realidad de las comunidades, que hoy, tres años después de la firma del Acuerdo de Paz, siguen siendo duramente castigadas por esa maldita guerra que no eligieron, pero que deben padecer día tras día porque el gobierno nunca llegó; y digo llegar en serio, no en tiempo preelectoral con carros blindados y discursos enmohecidos; llegar con presencia fuerte, inversión, reconocimiento social y político, oferta empresarial, infraestructura, fuentes de desarrollo, fuerza pública -para control y seguridad, no como actor criminal- justicia eficaz y con programas destinados a potenciar su riqueza natural y su economía local.
Cuando la tragedia es tradición
Las grandes tragedias no se cocinan ni se escriben en un solo día. Y la de Arauca demandó tiempo, mucha permisividad, largas ausencias, variadas alianzas delictivas, e intencional negligencia judicial, policiva y administrativa. Su tragedia no empezó ayer ni se gestó después de la firma del Acuerdo de paz. Desde siempre, quizás por su pobreza, ubicación fronteriza y abandono, Arauca ha sido foco de violencia y de abusos por parte de diferentes actores armados que se disputan el territorio y sus riquezas. En junio de 2018 se conocieron denuncias de organizaciones sociales que informaban sobre el deterioro en materia de seguridad en la región por cuenta de la persistente debilidad institucional y la aparición de nuevas estructuras delincuenciales. “Es así como durante los últimos meses las organizaciones sociales del departamento han reportado un incremento de los asesinatos selectivos, asociados, en buena parte, a la desaparición del control social que efectuaban las Farc y al surgimiento de una nueva estructura militar o disidencia que se hace llamar ‘Décimo Frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Farc-Ep)’.
La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, la Mesa de Organizaciones Cívicas y Populares de Arauca (Mocipar) y las Comisiones Ciudadanas de Reconciliación y Paz estimaron, por separado, que durante los cinco primeros meses de ese año [2018] fueron asesinadas 47 personas en el departamento. La cifra contrasta con el acumulado de 88 asesinatos que reportó el Instituto Nacional de Medicina Legal para los 12 meses de 2017, cuando la mayor afectación ocurrió en el municipio de Saravena.
Tan sólo entre el 18 de marzo y el 21 de abril, la Fundación Joel Sierra documentó el asesinato de ocho personas en zonas rurales y urbanas de los municipios de Saravena, Tame, Fortul y Arauquita. Para el mismo periodo, además, se denunció la desaparición de cuatro personas: el 8 de marzo, en el municipio de Cravo Norte, de un adulto mayor; el 20 de marzo, en Tame, de dos jóvenes de Arauca capital que se encontraban de visita en ese municipio; y el 9 de abril, en Fortul, de una menor de edad estudiante del colegio Alejandro Humboldt”[3].
En 2019 la Fundación Paz y Reconciliación alertó sobre la situación: “El incremento de las acciones violentas por parte de la guerrilla del ELN en Arauca, es una situación que viene alertando a defensores y defensoras de derechos humanos, población civil y organismos gubernamentales y no gubernamentales [desde hace más de un año]. Luego de la terminación del cese al fuego el 9 de enero de 2018, y el levantamiento de la mesa de diálogo entre el gobierno y este grupo subversivo el 17 de enero de 2018, se empieza a registrar en el departamento un aumento de los ataques directos a la fuerza pública -84 acciones entre 2018 y mayo de 2019- y la violencia homicida, la cual pasó de 88 homicidios en 2017 a 160 registrados en 2018”[4].
El 22 de enero pasado, la revista Semana publicó un extenso artículo sobre el informe de HRW, titulado: “Arauca bajo la ley del monte, donde “los guerrilleros son la policía”. Allí se afirma que los grupos violentos operan con una impunidad casi absoluta en ambos lados de la frontera, y especialmente en el vecino país actúan en ocasiones con la connivencia de miembros de las fuerzas de seguridad y autoridades locales. (…) Aunque el fenómeno no es nuevo porque las autoridades llevan años documentando el pulso por las rutas del narcotráfico que conducen a pistas clandestinas en el país vecino, llama poderosamente la atención los registros de cómo ejerce el control en un departamento sin industria ni grandes empresas (salvo Ecopetrol) y que no alcanza a tener 10 hectáreas sembradas de cultivos lícitos. Arauca y la línea limítrofe es sobre todo una tierra sin Estado ni desarrollo” [5].
No hay inversión ni crecimiento, tampoco se potencian sus recursos ni se atiende a la población ni se extienden puentes sociales, comerciales o empresariales. Y para rematar ni siquiera se imparte y se administra justicia. Como en muchos sitios del país la marginalidad permite el surgimiento de ‘miniestados’ violentos, corruptos y con vocación dictatorial como ocurre con todo poder armado, que, dado su andamiaje financiero y capacidad operativa, cuando chocan con la autoridad legalmente reconocida y constituida, ésta termina por subyugarse a su poder corruptor o tolerando los abusos que se cometen contra la población civil. Las características de Arauca, tanto sociales, históricos y geográficas, profundizan su tragedia. Se trata de una zona petrolera, una frontera que no es tan selvática como las del sur, es una de las rutas predilectas para el narcotráfico y el tráfico de armas, y además se trata de una frontera que separa a dos países con relaciones rotas, sin cooperación mutua, sin integración de políticas fronterizas y donde el abandono es mutuo y casi total.
Unos cuantos uniformados no son presencia de Estado, son otras víctimas tan abandonadas como el resto de la población, que muchas veces terminan siendo sometidos ante la falta de respaldo institucional y la inoperancia de la justicia, que es escandalosa. “Un fiscal que tenía a cargo más de 2.000 casos mostró a un investigador de Human Rights Watch 24 cajas con causas activas y dijo que no sabía de qué se trataban, debido al gran volumen de casos que tiene asignado. En Saravena, hay apenas dos fiscales que investigan homicidios, amenazas, hechos de violencia sexual y otros delitos graves. En Tame, hay cinco fiscales, dos de los cuales investigan delitos como homicidios y violencia sexual: uno tiene a su cargo 900 casos, y el otro 700. A esas carencias logísticas se suma otro ingrediente igual de preocupante que refuerza el desinterés y la poca confianza que tienen los pobladores en las instituciones del Estado y es que no hay garantías de seguridad para que los fiscales se muevan libremente por el territorio para recolectar las pruebas. De hecho, igual como reportó la misma organización hace un año en Catatumbo, son los empleados de las funerarias y no los peritos forenses los que hacen los levantamientos en muchas escenas del crimen. La Unidad Nacional de Protección cuenta únicamente con un funcionario en Arauca, por lo que sus empleados deben viajar desde Bogotá y otras ciudades para evaluar el riesgo que enfrentan las personas en ese departamento fronterizo”[6].
Sin embargo, pese a la seriedad del informe y a las decenas de testimonios recogidos, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, lo rechazó manifestando que el Estado si hace presencia con la fuerza pública (militares y policía) en los municipios -aunque no garantice seguridad-, que si hay institucionalidad -aunque no se vea- que si hay justicia -aunque no opere-, pero reconociendo, eso sí, “que las zonas de frontera generan unas dificultades muy grandes que el país conoce muy bien(…). No desconocemos que se da la presencia de unos grupos armados ilegales en la zona, protegidos por Venezuela, lo cual rechazamos enfáticamente”[7]. En entrevistas concedidas por Vivanco a distintos medios de comunicación, y al leer el informe o parte de éste, queda completamente claro que HRW no afirma que el ELN es la policía en Arauca; lo dice la misma policía, y la frase es tan cruda, más viniendo de un oficial, que se convirtió en el título del informe.
Otra voz de rechazo que se sumó a la de la ministra, fue la de José Facundo Castillo, gobernador de Arauca, quien sostuvo que el departamento ‘no es como lo pintan’ y que pedirá a HRW una rectificación. “Vamos a enviar una respuesta al informe que ellos presentaron para que corrijan porque es que acá nos están diciendo que aquí los únicos que ejercen el control son los grupos al margen de la ley y eso no es cierto”[8]. Pero más allá de las percepciones individuales, de las vanidades o de los intereses políticos, es necesario que el gobierno local y el nacional atiendan este llamado y alerta que hace esta organización americana sobre el poder que están consolidando los armados en el departamento, y se piense en la oportunidad que esta realidad le plantea al país.
El informe de HRW no es exageración, no es dramaturgia ni ficción. Es una realidad insostenible que como país democrático no podemos ignorar ni tolerar. Y aunque se reconoce que bajo el actual gobierno se ha incrementado la presencia militar, con la Brigada XVIII del Ejército y la Fuerza de Tarea Quirón, también se admite que estas unidades no están para garantizar la seguridad de la población, sino para proteger la infraestructura petrolera, incluidos cinco Batallones Especiales Energéticos y Viales. Sin embargo, la solución a la tragedia de Arauca no es militar, como bien lo reconoce Vivanco, es de justicia; es presencia institucional lo que se requiere; recursos para que los funcionarios de la Fiscalía cuenten con garantías y con los insumos suficientes para poder trabajar con firmeza, garantías y seguridad.
Las recomendaciones finales que HRW presenta al Gobierno Nacional son: 1) Garantizar seguridad para los fiscales e investigadores. 2) Fortalecer la Unidad Nacional de Protección. 3) Prevenir el reclutamiento infantil. 4) Crear vías de reinserción para disidentes que se desmovilicen. 5) Mejorar la ruta de atención para las víctimas. Al ente investigador mientras tanto, le sugiere apuntar a designar más fiscales e investigadores y asegurar su protección.
La suplantación de la autoridad por parte de armados no es nada nuevo en el país, pero a diferencia del pasado y de otras experiencias tan aterradoras como la que se vive en Arauca, hay algo en la conciencia histórica y ciudadana que ha cambiado. En el actual contexto, cuando se cuenta con un modelo de justicia transicional, se firmó un Acuerdo de paz que sacó de la guerra a miles de combatientes y se intenta consolidar una paz real, los desafíos contemporáneas nos orientan hacia otras realidades, donde no podemos evadir nuestra responsabilidad como individuos ni como sociedad, ni sustraernos de los nuevos planteamientos humanos para entender y asumir que estas muestras de barbarie, de consentimiento y negligencia, son sencillamente intolerables, anacrónicas e imposibles de matizar o de ignorar.
“En el departamento de Arauca en Colombia, el derecho internacional humanitario se aplica a las hostilidades entre fuerzas gubernamentales y grupos armados no estatales, en particular el ELN. La intensidad de las hostilidades y el nivel de organización del ELN alcanzan el grado necesario para que se considere que existe en Colombia un conflicto armado no internacional”.
Comité Internacional de la Cruz Roja
“Cinco conflictos armados en Colombia ¿qué está pasando? 6 de diciembre de 2018[9].
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[1] HRW: Informe “La policía son los guerrilleros”. Resumen ejecutivo. Bogotá, enero de 2020.
Consultado en: https://www.hrw.org/es/report/2020/01/22/los-guerrilleros-son-la-policia/control-social-y-graves-abusos-por-parte-de-grupos
[2] Caracol Noticias; “La solución para Arauca no es militar, es de justicia”: José Miguel Vivanco”. Bogotá, 27 de enero de 2020.
Ver en: https://noticias.caracoltv.com/politica/la-solucion-para-arauca-no-es-militar-es-de-justicia-jose-miguel-vivanco
[3] Verdad Abierta; “Arauca, asediado por la inseguridad y la disidencia de las Farc”. Bogotá, junio 12 de 2018. Ver en: https://verdadabierta.com/arauca-asediado-la-inseguridad-la-disidencia-las-farc/
[4] Paz & Reconciliación; “Arauca, una comunidad bajo la sombra del ELN”. Bogotá, 15 de agosto de 2019. Ver en: https://pares.com.co/2019/08/15/arauca-una-comunidad-sometida-al-terror-del-eln/
[5] Revista Semana; “Arauca bajo la ley del monte, donde “los guerrilleros son la policía”. Bogotá, 22 de enero de 2020. Ver en: https://www.semana.com/nacion/articulo/informe-de-human-right-watch-grupos-armados-del-eln-y-disidencias-de-farc-controlan-poblacion-en-arauca-y-apure/648870
[6] Ídem.
[7] La FM; “Ministra del Interior rechaza que HRW diga que ELN es policía en sectores del Arauca”. Bogotá, 27 de enero de 2020. Ver en: https://www.lafm.com.co/politica/ministra-del-interior-rechaza-que-hrw-diga-que-eln-es-policia-en-sectores-del-arauca
[8] El Tiempo; “Gobernador de Arauca dice que el departamento ‘no es como lo pintan’”. Bucaramanga, 22 de enero de 2020. Ver en: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/arauca-no-es-como-la-pintan-gobernador-del-departamento-454314
[9] Human Rights Watch; “Los guerrilleros son la policía”. Control social y graves abusos por parte de grupos armados en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure. Enero de 2020.
Maureén Maya
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