Uno de los macro-casos hasta el momento definidos por la JEP es el 03: “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, que hace referencia a las masivas ejecuciones extrajudiciales cometidas por estructuras de las FFMM contra ciudadanos inermes, las que son conocidas popularmente en la década reciente como “falsos positivos”. En desarrollo del caso ante la JEP se han registrado 215 versiones, de ellas 169 orales y 46 escritas. Han rendido versiones otros generales retirados como Paulino Colorado y Henry Torres, 7 coroneles, otros 10 oficiales de rango mayor, 32 suboficiales entre tenientes, subtenientes y capitanes y 51 soldados. En 11 de los casos revelados ha sido implicado por las versiones de los militares el ex general Mario Montoya.
Mario Montoya llegó a ser comandante general del Ejército Nacional entre 2006 y 2008, antes ocupó otros cargos en el Ejército de comandante den la I División entre 2003 y 2006, del Comando Conjunto Caribe 2005-2006, de la IV Brigada 2001-2003 y del Batallón Charry Solano, entre 1978 y 1981. En todas estas estructuras militares durante los períodos de ejercicio de la comandancia de Mario Montoya existieron situaciones de graves violaciones a los derechos humanos contra sectores victimizados de la población, con casos en los cuales también se le señalan responsabilidades.
El ex general Mario Montoya se ha hecho famoso por las reiteradas versiones de militares de distinto rango que coinciden en señalar que en ejercicio de la comandancia general del Ejército, bajo el gobierno del presidente Álvaro Uribe, en atención a las exigencias presidenciales sobre conseguir bajas de la guerrilla, lo cual fue una política particularmente enfatizada por este presidente, con exigencia directa a los principales mandos militares, ante lo cual Montoya adoptó la expresión “necesitamos litros de sangre, ríos de sangre”, con referencia a le exigencia de que reportaron muertes causadas a la guerrilla. Esta situación coincide con el desarrollo de esta práctica monstruosa, generalizada y agravada, con compromiso de numerosas estructuras militares, que actuaban en las distintas regiones del país, de realizar ilegalmente retenciones y asesinatos de personas inermes, de condición vulnerable en el ámbito social rural y urbano, para legalizar tales hechos falsamente como supuestas bajas de integrantes de la guerrilla en combates.
En el seguimiento que realizan ONG de derechos humanos al caso 03 de la JEP se encuentran ciertas revelaciones importantes de los militares o exmilitares que se han acogido, de forma que en varias de sus versiones implican directamente a Mario Montoya como alto mando del Ejército en estas graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos: “Hay al menos 18 versiones voluntarias rendidas hasta hoy por sus subalternos en el Ejército, que se sometieron a la JEP y que han señalado a Mario Montoya como el responsable de instigarlos a cometer delitos a través de la presión por resultados operacionales, con expresiones que, inequívocamente, los llevaron a cometer asesinatos a cambio de recompensas o, incluso, bajo presión o amenaza. “Necesitamos resultados, litros de sangre”, citada en varias de las versiones voluntarias, o “las bajas no es lo más importante, es lo único”, divulgada a través de las comunicaciones del Ejército en hechos ya documentados ante la JEP, son algunas de esas expresiones de público conocimiento”[1]. Por su parte, desde 2016 la Fiscalía desde la justicia ordinaria había anunciado que le imputaría al ex general Mario Montoya cargos por unos diez casos de tales ejecuciones extrajudiciales.
En tal contexto, Mario Montoya pidió sometimiento a la JEP en 2018, pero ha afirmado desde entonces que es inocente y que desconoce los cargos que se le señalan, por lo cual en la primera sesión que tuvo con la JEP y con las víctimas éstas abandonaron el recinto en rechazo a su posición y denunciaron que, con tal actitud, de negar responsabilidad y callar sobre lo sucedido, les vulneraba sus derechos. Entre tanto, en el debate público y con base en las denuncias que trascienden y los pocos avances previos ante la justicia ordinaria, las organizaciones defensoras de derechos humanos argumentan que hay claridad en que existen identificados patrones de actuación oficial en la comisión de este tipo de grave violación configurada, por lo cual existe expectativa amplia expectativa social y en las víctimas sobre el logro de resultados en esclarecimiento, sanción y aporte a los derechos de las víctimas por parte de la JEP.
Entre tales patrones se hace referencia a “la alianza con paramilitares para cometer los crímenes, la utilización de informantes, la construcción de una narrativa común para negar los hechos, el uso en varias unidades del llamado “kit” de legalización (que consistía en uniformar y armar a las víctimas asesinadas), la alteración de órdenes de batalla y otros documentos oficiales, así como irregularidades en pagos de recompensas”[2].
Los pasados días 12, 13 y 14 de febrero Mario Montoya presentó su primera versión voluntaria ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los hechos y Conductas de la JEP, con asistencia de 41 víctimas. En esta audiencia inicialmente leyó un documento con un contenido de generalidades sobre el Ejército, de forma que hizo alusión a la realización de los “falsos positivos”, afirmando que era algo que no debió ocurrir, pero afirmando no tuvo ninguna responsabilidad al respecto, por cuanto su actuación había sido con apego a la ley. Además, alegando un formalismo sin validez por cuanto el régimen de condicionalidad obliga en todo el proceso a aportar a la verdad plena, se negó a responder a preguntas de los magistrados con relación a su comandancia en la Primera División del Ejército en Cesar, para luego responder solo con generalidades y frases elusivas ante hechos relativos a su comandancia general del Ejército.
Así lo reconocieron distintos medios de prensa: “…Montoya se negó a responder las preguntas que le hicieron sobre los hechos que habrían sido responsabilidad de la Primera División del Ejército (…) no quiso hablar de esos hechos ya que el auto con el que fue citado a la JEP hablaba solo de las situaciones que abarcan el período en el que fue comandante del Ejército (…) Por ello, alegó su derecho a guardar silencio”[3].
Montoya dijo que acudía a su “derecho al silencio” para no referirse a los casos de tal tipo de homicidios que lo comprometen, según informes de la Fiscalía y declaraciones de once militares. Eludió las preguntas de los magistrados con respuestas evasivas que a la vez se enfocó de manera inaudita, en pretender responsabilizar de los hechos a los soldados de base, señalándolos sin fundamento bajo el estigma de ser de estratos pobres y por tal razón supuestamente carecer de formación y de valores.
Esta posición re-victimizante causó airado repudio de las madres de las víctimas fatales presentes en la sesión: “Dijo que la verdad, aunque fuera dolorosa, es que los soldados que prestaban servicio militar eran de estratos 1 y 2, pues “esos muchachos ni siquiera sabían cómo coger cubiertos ni cómo ir al baño”, haciendo una referencia a que eran ignorantes que no tenían valores, que no entendieron la diferencia entre resultados y bajas, y por eso cometieron estos hechos”[4].
Por esta situación las víctimas presentes protestaron con firmeza al término de la sesión, lo cual registraron los medios de prensa presentes: “Es que ese argumento es ofensivo. ¿Entonces por ser pobres no tienen valores? Mi hijo quería entrar al Ejército, quería prestar el servicio y le inculqué los mejores valores. Jamás hubiera hecho algo así, ¿cómo se le ocurre decir algo así?”, dijo en su declaración Soraida Isabel Muñoz, miembro del colectivo de víctimas denominado Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo). Y agregó con indignación: “…fuimos al silencio porque desde el principio él dijo que no iba a decir nada. Sólo lo escuchamos hablar mentiras. Dígame: ¿Qué hacemos nosotras? No se justifica que nos hagan venir hasta acá para esto. Merecemos respeto”[5].
Las víctimas siguen demandando que se conozca quienes dieron la orden de asesinar a sus hijos, quienes fueron los principales responsables, esperan que la JEP les facilite en próximas sesiones contar su verdad, sobre quienes eran realmente sus hijos victimizados y del conocimiento que han logrado tener de lo sucedido con sus desapariciones forzadas y asesinatos en estado de indefensión.
Por su parte, en nota editorial el diario El Espectador rechazó con dureza la posición del ex general Montoya, calificándola de vergonzosa, ofensiva, clasista e insultante contra la JEP y las víctimas. “Sus declaraciones no solo subestiman el involucramiento de agentes del Estado en crímenes atroces, sino que son una afrenta contra las víctimas y su derecho a conocer la verdad. (…) aludir la condición social de sus propios subordinados no solo es mezquino y equivocado, sino que es una forma de negar responsabilidades en hechos que, como lo ha demostrado la justicia, requieren de complicidad dentro de las estructuras del Ejército”[6].
Y de manera conjunta, varias reconocidas organizaciones de derechos humanos y de víctimas, después de esta sesión, expidieron un comunicado con solicitudes a la JEP: “…consideramos que esta audiencia de versión voluntaria ha resultado una verdadera burla y un desgaste del mecanismo de justicia transicional, que tiene la tarea de investigar los más graves crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado. Esto contrasta con las enormes expectativas de las víctimas frente a la versión voluntaria de quien fuera comandante del Ejército y que al acogerse a la JEP tiene el deber de decir la verdad plena y completa sobre las más de 2.429 ejecuciones extrajudiciales entre 2006 y 2008, así como aquellas otras ocurridas cuando se desempeñó como comandante de la Cuarta Brigada, la Primera División y el Comando Conjunto Caribe”[7].
A la vez estas organizaciones le pidieron a la JEP que revise la situación de real cumplimiento o no de Mario Montoya de su acogimiento a la JEP y de proceder con la investigación requerida con los casos que lo involucran: “…solicitamos a la Jurisdicción Especial para la Paz analizar el cumplimiento de los requisitos de sometimiento a la JEP por parte de Montoya, evitando dilaciones innecesarias y avanzando hacia la investigación y acusación y juzgamiento del general e incluso analizando su posible exclusión del Sistema Integral” [8].
En la actualidad, a dos años de su labor, la JEP se ha consolidado como jurisdicción de paz en justicia transicional, de paz, de forma que logró sortear oposiciones e intentos gubernamentales y de sectores opuestos al acuerdo de paz, que intentaron derogarla o reformarla para lesionar sus posibilidades, de forma que ahora ha conseguido importante legitimidad institucional y social, de forma que avanza de manera importante en sus labores y tiene el alto reto de responder a las víctimas, a la sociedad colombiana y a las expectativas de la propia comunidad internacional que la sigue con gran expectativa y admiración. Sus resultados se esperan en materia de justicia como cierre al régimen de impunidad que ha imperado en Colombia frente a las graves violaciones a los derechos humanos y como pieza central de la paz democrática, con sus particulares aportes a la verdad, la recuperación de la justicia y a contribución a la reparación de las víctimas.
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[1] “La JEP debe avanzar en el proceso contra Montoya sin más dilaciones”, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – Cspp, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Corporación Jurídica Yira Castro, Corporación Jurídica Libertad –CJL-, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Comisión Colombiana de Juristas –CCJ-, Asociación Minga, Colectivo Socio-jurídico Orlando Fals Borda –COFB, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar-, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice-, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos –CCEEU. https://www.coljuristas,.org/nuestro_quehacer/item.php?id=281
[2] “La JEP debe avanzar en el proceso contra Montoya sin más dilaciones”, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – Cspp, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Corporación Jurídica Yira Castro, Corporación Jurídica Libertad –CJL-, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Comisión Colombiana de Juristas –CCJ-, Asociación Minga, Colectivo Socio-jurídico Orlando Fals Borda –COFB, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar-, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice-, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos –CCEEU. https://www.coljuristas,.org/nuestro_quehacer/item.php?id=281
[3] “Montoya primero guardó silencio y luego decidió responder a la JEP”, El Tiempo, 13 de febrero de 2020, página 1.5.
[4] “Montoya habría dicho que soldados cometieron falsos positivos porque eran de estratos 1 y 2”, El Espectador, 14 de febrero de 2020, página 6.
[5] “Montoya habría dicho que soldados cometieron falsos positivos porque eran de estratos 1 y 2”, El Espectador, 14 de febrero de 2020, página 6.
[6] “Clasismo e insultos ante la JEP y las víctimas”, editorial, El Espectador, 17 de febrero de 2020, página 22.
[7] “La JEP debe avanzar en el proceso contra Montoya sin más dilaciones”, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – Cspp, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Corporación Jurídica Yira Castro, Corporación Jurídica Libertad –CJL-, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Comisión Colombiana de Juristas –CCJ-, Asociación Minga, Colectivo Socio-jurídico Orlando Fals Borda –COFB, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar-, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice-, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos –CCEEU. https://www.coljuristas,.org/nuestro_quehacer/item.php?id=281
[8] “La JEP debe avanzar en el proceso contra Montoya sin más dilaciones”, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – Cspp, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Corporación Jurídica Yira Castro, Corporación Jurídica Libertad –CJL-, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Comisión Colombiana de Juristas –CCJ-, Asociación Minga, Colectivo Socio-jurídico Orlando Fals Borda –COFB, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar-, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice-, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos –CCEEU. https://www.coljuristas,.org/nuestro_quehacer/item.php?id=281
Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática
Foto tomada de: https://www.kienyke.com/
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