En Colombia se ha ejercido una práctica anticomunista aún antes de la fundación del Partido Comunista en 1930, Y es que para muchos gobernantes ha sido fácil atribuir al “fantasma comunista” la responsabilidad frente a actuaciones justificadas del pueblo qué protesta en contra de injusticias, arbitrariedades y excesos de los gobernantes de turno.
La “amenaza Comunista” no es otra cosa que el legítimo derecho de las comunidades de organizarse para ejercer, en un acto político una reacción a todas aquellas acciones que desde el poder dominante, representan un abuso de autoridad o una imposición de normas arbitrarias tanto sociales, políticas, como económicas, que van en contra de las mayorías. Y por supuesto esta “supuesta amenaza” hay que contenerla supina de poner en riesgo la continuidad de una clase coma partido o sector en el poder mismo.
El anticomunismo, ha sido una herramienta eficaz, utilizada por los gobiernos colombianos durante todo el siglo XX y comienzo del siglo XXI, del cual se ha válido la jerarquía de la iglesia católica para aprovechar el fervor religioso del pueblo colombiano y desde ese escenario, promover discursos segregacionistas que alientan el repudio, de quienes profesan ideologías contrarias a las que promueven las élites gobernantes.
Es especialmente después de culminada la segunda guerra mundial, cuando promovido por el gobierno de los Estados Unidos, los gobiernos de América Latina impulsan una fuerte ofensiva ideológica contra las ideas qué promueven la lucha por los derechos sociales y económicos de los trabajadores y de los sectores más humildes, justamente con la idea de contener cualquier influencia de los países socialistas en América Latina.
Es así como en Colombia después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán (9 de abril de 1948) y con el ascenso al gobierno de partidarios de ideologías conservadoras y posteriormente con el golpe militar de Gustavo Rojas Pinilla, se alientan la expedición de normas y leyes que prohíben el desarrollo del comunismo en el país, a esto se sumó un accionar de represión y persecución contra el movimiento popular, que significó una disminución de su capacidad de respuesta a este abuso de autoridad
A partir de ese momento y con la llegada del Frente Nacional se promueven acciones legislativas y políticas para excluir de la participación política a todas aquellas personas y corrientes políticas distintas al partido Liberal y Conservador y particularmente se desarrolla una legislación que favorece las salidas represivas en contra de la protesta social, durante esta fase se instituye cómo política permanente, la declaratoria del estado de sitio y la restricción de los derechos civiles y políticos, cómo fórmula para contener el avance del movimiento social, popular y sindical que se había visto estimulado con el avance de la revolución cubana desde 1960.
Durante las décadas de los años 60 y 70 Colombia asiste un momento extraordinario de aumento de las movilizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles, indígenas, cívicas, de mujeres y el desarrollo de un movimiento de resistencia armada campesina, ante la cual los gobiernos del Frente Nacional respondieron con una cruzada propagandística militar y judicial, tratando de vincular toda protesta y manifestación en reclamo de mejores condiciones laborales o el establecimiento de políticas de educación, salud y desarrollo comunitario, como promovidas por el comunismo internacional y lo que significó una acción represiva tanto de orden militar como también judicial contra personas pertenecientes a estas organizaciones, que promovían las manifestaciones y la exigencia de derechos sociales políticos y económicos.
El discurso y prácticas anticomunistas se hicieron presentes en la década de los 80 ante el fortalecimiento del accionar militar de los grupos insurgentes, el cual fue contrarrestado con el impulso del proyecto paramilitar, funcional a los intereses de las élites gobernantes, que tenían el encargo de impulsar el proyecto neoliberal, como alternativa a la crisis económica que vivía la sociedad en ese período. Ese impulso del paramilitarismo se “justificó mediáticamente” como una respuesta a la ofensiva de las guerrillas, pero que significó una oleada criminal contra los movimientos sociales y populares en distintos territorios del país, especialmente aquellos donde se había detectado la presencia de importantes recursos naturales o qué están vinculados con sectores estratégicos de la economía, necesarias a las pretensiones privatizadoras del neoliberalismo, así, este accionar militar se volcó contra el movimiento sindical vinculado a la salud y a distintas empresas del sector minero energético del país.
El siglo XXI no ha sido ajeno a la implementación de un discurso y de un ejercicio anticomunista, promovido principalmente desde un sector de ultraderecha en el gobierno que se viene fortaleciendo en el país, desde el cual se alentaron discursos de miedo que luego vinieron a justificar la implementación de políticas “salvadoras” como la seguridad democrática, y en desarrollo de tal política, un aumento exorbitante de las violaciones a los derechos humanos, el aumento de las masacres, los desplazamientos de comunidades enteras las judicializaciones arbitrarias, el uso de la policía secreta del estado (DAS) para recabar información de inteligencia contra el movimiento social y los principales líderes de la oposición, que luego fue entregada para acciones criminales de los grupos paramilitares.
De esta manera el país ha asistido en los últimos 130 años a un conveniente discurso anticomunista, que cada vez adquiere características discursivas apropiadas al momento histórico respectivo, pero que siempre sirven para justificar el discursos de aumento de pie de fuerza, el fortalecimiento de las medidas de persecución, hostigamiento y control contra el movimiento social y popular, el desarrollo de una legislación restrictiva de garantías y el establecimiento de un código penal que cada vez limita más las posibilidades del ejercicio del derecho constitucional a la protesta y el derecho humano de la rebelión, frente a las situaciones de tiranía y opresión.
Hoy en medio de una profunda contradicción política e ideológica en tanto que se habla de la democracia y de la construcción de la paz, se siguen implementando acciones de persecución estigmatización, señalamiento, judicialización contra quienes desarrollan y promueven la organización y el ejercicio de la protesta, exigiendo el establecimiento de políticas sociales, económicas y políticas, que favorezcan los intereses de las más amplias capas ciudadanas en el país, mientras al mismo tiempo, contradiciendo el compromiso del estado colombiano, de cumplir el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC, garantizando entre otros el derecho a la verdad y las garantías de no repetición, lo único que se ve prosperar, es el escenario de impunidad, negacionismo y cinismo de las élites gobernantes, vinculadas con la promoción de un discurso que desde la extrema derecha alienta el exterminio físico de los opositores políticos.
Sin duda el movimiento social y popular, tiene una inmensa tarea a la hora de fortalecer los escenarios de la lucha democrática, y esa tarea comienza por la exigencia al estado colombiano de brindar las más amplias y suficientes garantías para el desarrollo de la oposición política, sin que esto implique perder la vida o ser judicializado, obligado al exilio político, esta tarea requiere sin duda alguna la comprensión del papel que juegan los opositores políticos y de quiénes promueven un proyecto político social y económico distinto al capitalismo.
Alfonso castillo, Defensor de Derechos Humanos
Foto tomada de: Seminario Voz
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