Comprar votos se hizo costumbre entre los costeños, como práctica de un delito que nadie castiga, con la reciente excepción de Aida Merlano, condenada a 15 años de prisión, irradiada a todo el país, según lo reconoció cínicamente Roberto Gerlein, quien se mantuvo como senador por el partido conservador durante más 40 años, gracias a los votos que le compraba su hermano Julio Gerlein en cada carnestolenda electoral. Cometió el delito en diez procesos electorales y se mantuvo en la absoluta impunidad, igual que concejales, alcaldes, alcaldesas, diputados/as, gobernadores/as, parlamentarios/as y presidentes de la República, todos/as de los partidos históricos y nuevos de la derecha y la extrema derecha, elegidos y reelegidos mediante la práctica impune de estos delitos durante décadas.
Ah, pero los votos no son comprados con recursos propios de los/as candidatos/as, sino con dineros robados al erario, mediante artificios “legales”, como la mermelada, cupos indicativos, auxilios parlamentarios, aportes multimillonarios de empresarios beneficiados con la jugosa contratación pública, o procedentes del narcotráfico. El día de las elecciones pululan los mochileros en cada esquina, con su mochila cargada de millones, para comprar los votos de los electores/as para sus respectivos candidatos/as. Dineros que, como es sabido, no ingresan a los libros contables de las respectivas campañas, para evitar cualquier riesgo de investigación judicial.
El negocio es redondo, los financiadores prepagan con aportes millonarios a los candidatos, una vez estos acceden a sus cargos, proceden a adjudicar según lo convenido, los contratos públicos, previamente acordados, a sus benefactores. Así, les retornan el capital invertido con jugosas ganancias extraídas del erario. Razón tenía el maestro Carlos Gaviria cuando alertaba que “el que paga para llegar, llega para robar”. Poderosas mafias organizadas en empresas electorales, que financian delincuentes para mantener el control de las prostituidas instituciones “democráticas” del Estado liberal. Así funciona el círculo infernal de las pandillas oligárquicas en el poder. ¡Poderoso caballero es don dinero!
Todo está fríamente calculado para asegurar impunidad de los delitos electorales y todo tipo de delitos que cometan los dueños del poder. Así, los magistrados que integran Consejo Nacional Electoral, son elegidos por el Congreso, con representación milimétrica, previamente acordada, de los partidos coaligados en el gobierno; los magistrados de las altas cortes, se reciclan con integrantes de los partidos de la derecha hegemónica, los encargados de los organismos de control, el Contralor General, el Procurador y el Defensor del pueblo, son nombrados, previa nominación del presidente, por el Congreso de la República; la mal llamada comisión de acusaciones (léase de absoluciones), juez natural del presidente de la República, es conformada en contubernio de los partidos de gobierno; la cúpula de las Fuerzas Armadas, es nombrada por el Congreso que aprueba los ascensos de los generales nominados por el presidente de la República y el Fiscal General de la Nación, cabeza del sistema acusatorio, es ternado por el presidente para que el congreso lo elija.
La justicia, la ética y la democracia, han quedado secuestradas por la diabólica alianza de oligarquías y mafias que usufructúan el poder. En el CNE fenecen las denuncias de corrupción al elector y fraude electoral; en los escritorios de los magistrados mueren los expedientes de las denuncias contra congresistas y altos funcionarios del Estado; en el despacho del fiscal agonizan, carcomidos por el polvo y la polilla, las investigaciones de delitos contra el patrimonio público y el erario. Por último, la historia no registra fallo condenatorio alguno de la comisión de acusaciones, contra delitos cometidos por los presidentes de la República
El actual gobierno de Uribe-Duque, según lo demuestran los dos últimos escándalos, ha sido elegido mediante compra de votos, en la costa norte de Colombia por orden del matarife y su títere. De una parte, el pueblo colombiano se enteró de este monumental fraude, por las declaraciones de la Exsenadora Aida Merlano, quien dijo ser testigo presencial de la inversión de miles de millones de pesos en la compra de votos para Iván Duque en la segunda vuelta presidencial de 2018, por parte de los clanes Char y Gerlein y su cuadrilla de contratistas beneficiados por la alcaldía de Barranquilla, con el consentimiento de Duque.
De la otra, el escándalo que salió a la luz pública, fue bautizado como la Ñeñe política, porque el señor José Guillermo Hernández, alias el Ñeñe, conocidísimo personaje en el departamento del Cesar, dedicado a la ganadería, al narcotráfico, al lavado de dineros, a ser el brazo político de la organización mafiosa de Marquitos Figueroa y el asesino exgobernador de la Guajira, Kiko Gómez y, a la campaña electoral del partido Centro Democrático en la costa atlántica; resultó ser el eje de una operación, en la que se invirtieron miles de millones de pesos donados por supuestos empresarios costeños, de compra de votos en la alta Guajira para el entonces candidato Iván Duque, por orden del expresidente Uribe; según se desprende de varios de los más de 25000 o más audios de las conversaciones sostenidas por el Ñeñe, con María Claudia (Cayita) Daza, principal asesora del Senador y patrón del Uribato, grabadas por orden judicial, que reposaban en el silencio de las gavetas de la Fiscalía, hasta que el abogado de la familia del joven Oscar Eduardo Rodríguez, joven asesinado por orden del Ñeñe, Doctor Miguel Ángel del Río, las solicitó como parte del acervo probatorio y el periodista Gonzalo Guillén las hizo públicas, con la convicción de que dichas grabaciones constituyen “descubrimientos probatorios” del fraude electoral cometido por el matarife, su títere y su pandilla de cómplices, del mal llamado partido Centro Democrático, para apoderarse de la presidencia de la República.
Con el mismo convencimiento, Guillén, en compañía del abogado Daniel Mendoza, decidieron interponer denuncias penales contra Iván Duque, “por corrupción al sufragante y financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas”, ante la comisión de absoluciones de la Cámara y, Contra Álvaro Uribe ante la Corte Suprema de Justicia, a sabiendas de que estos entes, controlados por la “Cosa Nostra” en el poder, actuarán, no para esclarecer y condenar los autores de estos delitos, sino para para encubrirlos y asegurarles impunidad. Los parlamentarios David Racero e Iván Cepeda, hicieron lo propio, incluida la “Cayita” demandada ante la Fiscalía, quien ya puso pies en polvorosa y ya se encuentra en Miami.
Este escándalo, ha alcanzado proporciones insospechadas; en mi opinión, por dos razones; primero, porque por primera vez, lo que era un secreto a voces, sale a la luz pública y los hechos ratifican que las campañas de los candidatos de viejos y nuevos partidos de la extrema derecha, se financian con dineros saqueados del erario, vía grandes contrataciones públicas, como es el caso de los clanes Char y Gerlein; en combinación con dineros aportados por las mafias del narcotráfico.
Y, segundo, es precisamente un mafioso, alias el Ñeñe, el designado por la campaña “del que dijo Uribe” para liderar los aportes multimillonarios de “empresarios” que fueron repartidos, “por debajo de la mesa” en los departamentos de la costa norte e incluso en Salgar, Antioquia, según se escucha en voz de “cayita”, por orden de Uribe. Dineros no registrados en los libros de contabilidad “. Mienten el titiritero y su títere, al afirmar que a su campaña no entraron dineros robados al Estado y producto del narcotráfico. Se trata, nada menos de la evidente alianza de mafiosos que han controlado por décadas el poder y han convertido el Estado en guarida al servicio de mafiosos y de los intereses del capital financiero.
“No lo conozco”, “me enteré que era narco después de que lo mataron” “Mis campañas y las de Duque han sido pulcras y austeras”, “a mis campañas nunca entraron dineros ilícitos” “muchas gentes quieren tomarse fotos conmigo” “cayita actuó sin mi autorización”; son las muletillas que el mandamás del Uribato, su títere y sus secuaces utilizan como respuestas para negarlo todo o confundir a la opinión pública, que afortunadamente y mayoritariamente ya no le comen ese cuento. Ahí están las evidencias, los “descubrimientos probatorios” de Gonzalo Guillén, que dicen lo contrario, como aseguró el periodista Julián Martínez en entrevista con Semana, “la vida de Uribe ha estado rodeada de cocaína por todas partes”. No lo conoce, pero @alvarouribevel tuitea que le “Causa mucho dolor el asesinato de José Guillermo Hernández, finquero del cesar…”. Duque por su parte, declara que lo conoció de infancia pero que no eran amigos, que no hizo aportes a su campaña; sin embargo, al enterarse du asesinato, en @IvanDuque, tuitea que lamenta su “vil asesinato y lo reconoce como, “gran aportante de mi campaña, gran apoyo en la guajira y la Costa Norte colombiana… era como mi hermano, según decía”. Mienten con el cinismo que ya no asombra ni convence.
Los audios demuestran que el Ñeñe era un reconocido narcotraficante perseguido por la DEA, procesado por asesinato, consentido por las altas esferas del Uribato y amigo entrañable del círculo más cercano al matarife, apreciado y galardonado por las cúpulas de las fuerzas armadas, protegido en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, donde le “rendían pleitesía”, todo un patrón del mal, un capo de la “cosa Nostra” que seguramente recolectó entre “empresarios” de la mafia el dinero suficiente para comprar votos y consolidar el fraude electoral en favor del títere del Uribato.
El gobierno Uribe-Duque carece de toda legitimidad. Nada podemos esperar de la investigación que adelanta el CNE, sobre fraude en dicha campaña, si se sabe que, el magistrado Jaime Luis Lacouture, encargado de investigar, hizo parte de la campaña de su investigado.
Al pueblo colombiano, le quedan cuatro caminos. El primero es quedarse callado y aceptar que Duque termine su periodo presidencial, como afirman algunos voceros del centro izquierda; el segundo, exigir la renuncia de Uribe-Duque y toda su pandilla del gobierno y demandar la convocatoria a nuevas elecciones, con nuevas reglas de juego, financiadas totalmente por el Estado, para constituir un nuevo gobierno de transición para la paz; el tercero exigir la convocatoria de una asamblea nacional constituyente popular y democrática y la cuarta, organizar el paro nacional indefinido, como una insurrección popular, para derrocar el gobierno ilegítimo y convocar las nuevas elecciones para instaurar el nuevo gobierno propuesto.
José Arnulfo Bayona, Miembro de la Red Socialista de Colombia
Foto tomada de: Telesurtv.net/
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