El primer gran reto debería ser obligar a tributar a los ricos, ya que en un mundo global, el capital siempre encuentra la manera de evitar el pago de impuestos. Se trata, pues, de encontrar la manera de gravar los beneficios generados por este y por la acumulación de riqueza. De todas las propuestas presentadas, la más ambiciosa es la de Piketty, que sugiere la implementación de un impuesto a la riqueza global que parta de un nivel de coordinación muy elevado entre Estados. Dicho impuesto, que debería ir acompañado de un registro de patrimonio a nivel global, ha sido eliminado de manera sucesiva en los distintos países europeos. En la actualidad, solo es efectivo en Noruega y Francia; y en España se eliminó en 2010, cuando gobernaba el PSOE, si bien se ha recuperado con carácter temporal.
Un segundo reto debería ser establecer el Impuesto a las Transacciones Financieras Internacionales sobre la economía especulativa. En 1972, el economista y Premio Nobel James Tobin propuso un impuesto que gravase las transacciones en los cambios de moneda para poner obstáculos a la excesiva movilidad de capitales. La propuesta consistía en aplicar un ínfimo impuesto —el 0,05%— a las transacciones financieras especulativas, lo cual supondría un beneficio mínimo de 400.000 millones de dólares para la lucha contra la pobreza y la adaptación al cambio climático.
Un tercer reto debería ser la lucha contra el fraude fiscal y la abolición de los paraísos fiscales (PF). Para ello, existen dos vectores fundamentales. Por un lado, fijar el cálculo del Tax Gap, indicador de las diferencia entre lo que se debería recaudar según la definición de la ley y lo que se acaba recaudando; por el otro, dotar de más recursos a las agencias tributarias. Con todo, ninguna de ambas propuestas tendrá sentido si no logramos acabar de una vez por todas con los PF.
De acuerdo con el libro de Diego Guerrero, Economía no liberal, podríamos llevar a cabo una serie de aplicaciones, como la elaboración de una ley contra la evasión fiscal que tuviese un impacto mesurable y asegurase una plena transparencia y rendición de cuentas en los ámbitos parlamentarios. Los objetivos de dicha aplicación serían: reducir a la mitad el nivel de evasión y elusión fiscal de manera general y, en particular, de las grandes empresas en el plazo de 5 años; erradicar el uso abusivo de los PF; lograr que se elevase el tipo efectivo de las grandes empresas hasta acercarlo al tipo nominal en vigor; y, finalmente, lograr que las grandes empresas españolas pagasen la parte justa que les corresponde en España y fuera de nuestras fronteras, especialmente en los países en desarrollo en los que operan.
Esta ley, además, debería revisar la definición de PF, cuáles son las «zonas libres» de dichos PF, garantizar la transparencia y rendición de cuentas, analizar en el primer año de entrada en vigor de la ley el impacto que todos los convenios de doble imposición y acuerdos de intercambio de información fiscal tienen en países, contener un compromiso de avanzar hacia la armonización de las bases fiscales consolidadas en la Unión Europea (UE), suprimir la figura jurídica de las Empresas Tenedoras de Valores Extranjeros (ETVE) y todos los privilegios que conllevan, y asegurar una dotación extraordinaria en recursos económicos y humanos para la agencia tributaria.
Otra acción positiva sería necesaria la reforma del sistema fiscal internacional por medio de las siguientes herramientas: el compromiso de impulsar desde España y en todos los espacios internacionales en los que participa una reforma del sistema fiscal internacional en profundidad que reequilibre también los intereses de los países en desarrollo; en el marco del G20 y del proyecto BEPS liderado por la OCDE, España debería impulsar que el G20 considerase el proceso BEPS tan solo como el primer paso de una reforma fiscal internacional más justa para reequilibrar los criterios tributarios y poner fin así a las prácticas de ingeniería fiscal de las grandes empresas y que se tributase realmente allí donde se genera el valor; finalmente, una nueva arquitectura fiscal internacional.
No quiero terminar este artículo sin hablar del «Cupo Vasco»: el territorio del Estado español se conforma a partir de una serie de autonomías que tienen aplicadas transferencias a distintos ámbitos y uno de ellos es el conocido como «Cupo Vasco».
Todas las autonomías están formadas por provincias y, en cada una de ellas, hay una diputación que representa los intereses de los municipios que la conforman. En el caso vasco, son las que deciden cuál es el nivel de impuestos que deben pagar sus ciudadanos y el único requisito legal que deben seguir es que la presión fiscal de cada una de ellas sea similar a la del resto del Estado. Pero en las restantes autonomías es la Agencia Tributaria la que recauda los impuestos y los reparte en función de los criterios del sistema de financiación autonómica.
Por lo que respecta al «Cupo Vasco», hay establecido un principio general por el cual el País Vasco debe pagar al Estado el 6,24% de la renta estatal, porcentaje que es del 1,6% para Navarra. En ambas autonomías la tasa no varía desde 1982. En realidad, se trata del peso que tenía cada una de ellas sobre el total del Estado en 1982. Ahora bien, ambos territorios han prosperado más que la media estatal y, sin embargo, los porcentajes se mantienen inalterados desde hace 35 años. Es el motivo por el cual la mayoría de los expertos en financiación autonómica considera que hay que actualizar, ya que el peso de Euskadi sobre el total nacional ha aumentado.
¿Cuánto dinero supone dicho Cupo? En los Presupuestos Generales del Estado de 2016 se calculaba que el País Vasco debía pagar al Estado 1.525 millones de euros, cantidad similar a la que se reclama cada año desde 2007. El Gobierno vasco calcula que ha pagado 1.600 millones de más y que el cupo debe rondar los 850 millones anuales, casi la mitad de lo previsto hasta ahora. El Gobierno fijó en los Presupuestos de 2017 una cantidad de cerca de 1.200 millones, inferior a lo que venía pagando hasta ahora el País Vasco, pero superior a lo que calculan que deberían pagar.
¿Qué opinan los expertos? La mayoría cuestionan el Cupo Vasco y el Concierto navarro. Consideran que es un sistema que privilegia a Euskadi y Navarra sobre el resto de comunidades autónomas y provoca agravios en el resto de territorios. Recuerdan que la capacidad fiscal de Euskadi está por encima de la media y, sin embargo, su aportación al sistema está por debajo del promedio. Cuando cuestionan el Cupo, no atacan el concierto económico, que está reconocido en la Constitución, sino el método para calcularlo1.
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1 Este artículo también está basado en el Taller de Economía Crítica del economista y profesor Antonio Marco.
Pepa Úbeda
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