El gobierno de Ivan Duque ha encontrado una válvula de escape, por donde desviar sus pobres resultados de gobierno en los primeros dos años de mandato, la pandemia ha pateado la mesa, y se ha vuelto a barajar, por lo tanto este borrón y cuenta nueva juega para todos; temas espinosos como la responsabilidad del Uribismo en la compra de la campaña presidencial de Ivan Duque (ñeñepolitica), los escándalos de corrupción y nepotismo al interior del gobierno actual, el asesinato de líderes sociales y excombatientes de Farc, así como la cada vez mas evidente corresponsabilidad de miembros de las Fuerzas Armadas en varios de estos crímenes, han pasado a un segundo plano de manera temporal o provisional, pero en este mundo en crisis, lo provisional se puede tornar fácilmente en permanente, por lo tanto la agenda cambio y las prioridades hoy son enfrentar el coronavirus, esa es una realidad que no podemos evadir.
En tal sentido es necesario hacer un seguimiento constante a la evolución de la situación y de las medidas que se han tomado para enfrentar la crisis de salud, para acertar en nuestras criticas y propuestas, las medidas económicas por ejemplo van a repercutir fuertemente en los gastos prioritarios de carácter estratégico que realice el Estado colombiano en los próximos años. Surgen preguntas como estas:
¿Podrá la estrategia de la economía naranja recuperar las cadenas de valor que se han reventado en la actual crisis económica?, ¿será la industria sin chimeneas bajo el dogma neoliberal (el turismo, la gastronomía, el consumo de intangibles, la empresa cultural, la moda, etc.) capaz de mantener el liderazgo como motor económico después de superada la crisis y con un desempleo a ojos vistas que puede llegar al 20%, en los próximos meses en nuestro país?
¿Lograra el actual modelo importador de bienes de consumo y capitales, mantener los ingresos de las familias y empresas colombianas, en un escenario futuro en el que los puertos y fronteras se van a cerrar a causa de las medidas de protección de la población hacia futuras pandemias y en las que las economías de muchos Estados dirigirán su objetivo a incrementar el consumo interno y a fortalecer la independencia de sus mercados frente a la globalización, ante el hecho cierto que la politica de puertos libres ante el actual sisma epidemiológico ha resultado fallido?
Es posible que la respuesta sea ¡que no!, por lo tanto, debemos acercarnos al texto del Acuerdo Final, profundizando en su sentido transformador del modelo económico y político de Colombia, allí esta su potencia.
El primer punto del acuerdo “Hacia un nuevo campo colombiano. Reforma rural integral”. Contiene las propuestas pertinentes para sacar el campo colombiano del atraso en que se encuentra, integrando a la economía campesina en un modelo de desarrollo más equitativo con los productores de riqueza en el sector rural, mitigando el impacto de destrucción de la biodiversidad y el medio ambiente, en ese sentido la defensa de la pequeña propiedad rural y el apoyo técnico a su modernización son propuestas acordes con los retos que tiene el país de producir la comida que consumen sus 50 millones de habitantes, la cadena de valor de la agricultura además debe incentivar la agroindustria asociada a la alimentación; por su parte el Estado debe inyectar créditos y subsidios a la produccion de abonos nacionales, mejoramiento de semillas criollas, invirtiendo en centros de investigación biológica y agroquímica para la produccion de fungicidas ecológicos y control de plagas eco ambientales.
En lo referente al círculo virtuoso del mercado interno, es necesario incentivar la produccion alimentaria y cárnica a gran escala para el consumo local, sumada a la produccion de cultivos medicinales para la industria farmacéutica, que permita la creación de nuevo empleo en el sector, rural, agroindustrial, industrial y comercial. Actualmente Colombia importa unas 14 millones de toneladas de productos agrícolas, que se pueden cosechar en la frontera agrícola colombiana si se ejecuta lo dispuesto por el acuerdo de paz en el sentido de aprobar los mecanismos de acceso a la tierra, ordenamiento social de la propiedad y la resolución de los conflictos por la tierra, de tal manera que por lo menos 7 millones de hectáreas aptas para la agricultura sean puestas a producir en los próximos 4 años.
En ese sentido realizar grandes inversiones en la agricultura en municipios PDETs, se convierte en una gran oportunidad de crecimiento económico sostenible y de pacificación de regiones en conflicto como el Catatumbo, en donde su campesinado puede reconvertir su vocación cocalera por producción de alimentos subsidiados por el Estado para garantizar la sostenibilidad e ingresos de los pequeños campesinos, fortaleciendo la cadena de distribución y comercialización alimentaria, alejando al pequeño agricultor de los vaivenes tormentosos del mercado, eso mismo se puede hacer en departamentos como Nariño y Putumayo en donde la vocación agrícola de sus habitantes ha sido heredada de generación en generación, integrando las 25 mil hectáreas sembradas en coca al circuito agrícola del departamento.
En el departamento del Cauca por su parte es fundamental promover la seguridad alimentaria de los indígenas y afrodescendientes, fomentando la transformación de la coca y la marihuana para usos medicinales y alimenticios, produccion de bebidas con ese tipo de plantas y productos alimenticios, adquiridos por el Estado y distribuidos en los almacenes de cadena, con campañas de “compra lo nuestro” y fomentando nuevas dietas alimenticias libres de químicos y que integren las propiedades alimenticias de la hoja de coca, así como el valor proteico de este tipo de plantas.
Para todo el litoral pacifico Chocoano, es clave el fomento a la pesca artesanal e industrial, así como el subsidio a la siembra y recolección de plátano, banano, ñame, chontaduro y otros frutos tropicales, promoviendo el empleo juvenil y de las mujeres, así como el fomento de otros renglones del empleo como los guardabosques, gestores ambientales y protectores de fauna y flora del pacifico.
La Reforma Rural Integral, acordada en La Habana, plantea una convivencia de formas de producción, pero prioriza la producción de alimentos y la economía campesina, familiar y comunitaria, acompañada de asistencia técnica para mejorar la productividad del campo y el mejoramiento de la calidad de los productos agrícolas, así como de sus cadenas de almacenamiento y distribución a los centros poblados; dinámica que proteja la agricultura nacional en función de la generación de empleo rural y sostenibilidad de la economía campesina, en el entendido que el campo colombiano, bajo una visión de modernización de las formas de explotación rural, tiene una enorme capacidad de absorción de empleo estable en toda su cadena productiva.
La dependencia energética del país a los combustibles fósiles como el petróleo y el carbón no tiene futuro en un mercado de crudos a 20 dólares el barril, es necesario que el país mire con toda seriedad la inversión de importantes recursos en el desarrollo de energías alternativas, la eólica y la solar con posibilidades inmensas para el crecimiento económico endógeno de nuestro aparato económico y tecnológico, la región de la altillanura y la amazonia, protegida por décadas por la insurgencia de las Farc en compañía de las comunidades campesinas e indígenas, tiene las condiciones óptimas para el desarrollo de energía solar en sus territorios, que sustituya los pozos petroleros en departamentos como Casanare, Meta y Arauca. Es posible llegar a acuerdos con las comunidades para que, en un plan progresivo de sustitución energética, los campesinos adapten la energía solar a sus cultivos y convivan con el entorno rural, que genere autosuficiencia energética en el campo y suministre energía a los grandes centros urbanos, incluida la sabana de Bogotá.
Hay que recordar que en Colomba, al problema a de la pandemia del coronavirus, se le suma la contaminación ambiental creciente y la destrucción de la biodiversidad, al punto que después de la firma del acuerdo de paz en el año 2016, miles de hectáreas fueron arrasadas en el litoral pacifico y en la amazonia para convertirlas en potreros de ganadería extensiva para el gran latifundio o para la siembra de coca y la explotación de minería extractivista. De acuerdo con organizaciones ambientalistas como el Instituto Humboldt y WWF, entre los años 2017, 2018 y 2019 el país perdió más de seiscientos mil (600.000) hectáreas de selva, es el periodo en que más tala y deforestación se han producido en las áreas protegidas de la Amazonia, Orinoquia y litoral colombianos en los últimos 50 años, a ese ritmo en menos de 20 años acabaremos con nuestras selvas y bosques tropicales. “preservación, sí, pero con desarrollo. Pero oculto en la palabra ‘desarrollo’ hay un modelo que solo entiende la actividad económica si se arrasa el bosque”. Es la conclusión lapidaria de la cumbre Amazónica en la que los países Amazónicos de Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay (exceptuando a Venezuela y Guyana) trazaron el desarrollo del modelo neoliberal extractivista para la Amazonia en las próximas décadas, que no es otro que la destrucción del bosque primario selvático, lo que significa la muerte para millones de especies y la liberación de toneladas de dióxido de carbono a la atmosfera del planeta en las próximos 30 años, lo que provocara el aceleramiento del calentamiento global y la destrucción de nuestro medio ambiente.
Mientras tanto en ciudades como Bogotá, Medellín, entre otras, la contaminación supera los niveles permitidos para la salud humana, la contaminación por emisiones de gases de biodiesel y gas carbónico ha llevado a que las alcaldías decreten medidas extremas de circulación de vehículos y otras fuentes contaminantes, como el pico y placa ambiental. “En Bogotá, el parque automotor se compone de 1.983.553 carros y 513.173 motos. De estos vehículos, cien mil todavía utilizan diésel; un combustible fósil que genera miles de gases contaminantes durante la combustión y que debió ser reemplazado por diésel Euro VI —reglamentación en Europa— para disminuir la afectación al medio ambiente”.
El Instituto Nacional de Salud estima que 15.681 muertes por año en Colombia están asociadas a la mala calidad del aire y a la exposición a combustibles pesados. El material particulado (PM) —que se compone de una mezcla de hollín, polvo y cenizas metálicas— flota por el aire en cantidades tan diminutas que el diámetro de un cabello supera varias veces el tamaño de estas partículas que causan siete enfermedades mortales.
En conclusión, la crisis general provocada por el Covid-19 en Colombia, ha sobreexpuesto las graves fallas estructurales del modelo de desarrollo económico que las elites económicas y políticas han impuesto en nuestro país: Extractivismo, destrucción ambiental, comodities de materias primas y monocultivos para mercados externos, un conjunto de políticas nefastas para la vida no solo de los seres humanos sino de todas las especies animales y vegetales que actualmente habitamos este pedazo del planeta.
Se requiere un cambio de rumbo, aun estamos a tiempo, en el texto del Acuerdo Final de Paz, están contenidas un importante número de propuestas para recuperar el campo colombiano y enderezar el modelo económico de desarrollo, la década que ha iniciado es definitiva para saber qué proyecto va a triunfar; si el de la muerte y la miseria neoliberal del régimen actual, o el de la vida y el desarrollo alternativo y sostenible de la nueva economía de bienestar social que propone el pueblo colombiano a través del documento del Acuerdo de La Habana, respaldado por millones de compatriotas.
La participación politica de las FARC y de la oposición en Colombia en la implementación del Acuerdo Final.
En Colombia han venido escalando las contradicciones entre el campo democrático que defiende las transformaciones sistémicas asociadas a la paz firmada con las FARC y los sectores reaccionarios contenedores del statu quo, que como vacas muertas se han atravesado al Acuerdo Final en cada uno de sus componentes; desde el preámbulo hasta el punto final del texto de La Habana, el Acuerdo de Paz ha tenido contradictores designados para oponerse a que las iniciativas transformadoras no se materialicen y por el contrario retrocedamos a momentos previos a la constitución del 91, en una pretensión patibularia y revanchista de hundir el proceso de paz y de paso revocar los avances democráticos que se alcanzaron con la carta politica que adoptamos hace casi 30 años , ese es el talante de los adversarios que enfrenta la democracia en Colombia.
Lo hemos visto en diferentes momentos durante los años 2018 y 2019, en las contiendas electorales presidenciales, del congreso y locales de gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos. En las presidenciales la estrategia de la extrema derecha consistió en perseguir violentamente al partido Farc para que no pudiera participar en la campaña, las agresiones a Timochenko y a la militancia fue un verdadero linchamiento publico por parte de hordas de paramilitares y delincuencia común envalentonados por la complicidad de los medios de comunicación y la policía que permitió y promovió asonadas en ciudades y pueblos en los que se intento desarrollar la campaña presidencial, lo que llevo a renunciar a la aspiración por falta de garantías.
Al mismo tiempo la lista al congreso presentada por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, fue invisibilizada y constreñida en su actividad proselitista, se impidieron eventos como en el departamento del Caquetá, donde el Uribismo quemo vallas del partido Farc y amenazo a la población simpatizante para que no concurriera a los mítines políticos, en grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali; solo se pudieron hacer reuniones en recintos cerrados, extremando las medidas de seguridad, por lo que la ciudadanía temerosa opto por no asistir a escuchar los discursos de los candidatos al senado y la cámara.
En el año 2019, desde los albores de la coyuntura electoral del mes de octubre se observó con preocupación una nueva dinámica de estigmatización en contra de nuestro partido Farc, esta vez el ataque o “fuego amigo” vino desde los llamados “sectores políticos alternativos de centro izquierda” que de manera premeditada aplicaron lo que sabiamente denomino el intelectual, Medofilo Medina, un “cerco sanitario” en contra del partido Farc, al mejor estilo del que le aplican hoy a toda la población en plena cuarentena; para que ninguna agrupación de izquierda o grupo significativo de ciudadanos se aliara con la agrupación politica salida de los acuerdos de La Habana.
Esta discriminación nunca antes vista en la historia, a una organización de izquierda por parte de sus posibles aliados del campo de la paz, fue funcional al Uribismo y la extrema derecha del país, por un lado impidió que el partido Farc, pudiese obtener mejores resultados electorales a través de las coaliciones interpartidistas que se conformaron a lo largo del país para estructurar listas a concejos, asambleas, al igual que para respaldar candidaturas uninominales a alcaldías y gobernaciones, muchas de las cuales resultaron exitosas, gracias al respaldo de una ciudadanía cansada con el gobierno de Ivan Duque e indignada por los escándalos de corrupción de las mafias políticas regionales que azotan las entidades públicas; y de otro lado han dejado expuestos a los militantes y voceros de Farc al siniestro plan sistemático de eliminación física, que a la fecha llega a la trágica cifra de casi 200 militantes y excombatientes de Farc asesinados en Colombia.
Mientras tanto en las legislaturas de senado y cámara, el partido Centro democrático, al lado del partido Conservador y varios partidos cristianos funcionales a las mafias e incluso al paramilitarismo, han presentado una batería de proyectos de ley para acabar con el Acuerdo Final de Paz, como por ejemplo, el proyecto de reforma y/o eliminación de la Ley de victimas 1448 de 2011, las objeciones presidenciales a la JEP, además de los proyectos para crear la sala especial para el juzgamiento de los militares al interior de la jurisdicción especial, o la propuesta para que los denominados delitos en contra de menores en el marco del conflicto sean sacados de la potestad de la JEP y pasen a la justicia ordinaria, al igual como iniciativas para acabar con la consulta previa las comunidades en los megaproyectos energéticos y mineros; afortunadamente hasta el momento la mayoría de esas regresivas iniciativas han fracaso en su transito legislativo al no contar con las mayorías de votos en el congreso.
No se puede dejar de mencionar, la falta que hacen como bancada, las 16 curules de las víctimas de las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz de las zonas de conflicto, para poner en primer plano la problemática de las regiones apartadas del país, su grado de abandono, la violencia y asesinato de líderes sociales, el conflicto por la tierra, el daño ambiental y el grado de implementación del Acuerdo Final de paz. Lamentablemente el Uribismo y la bancada de gobierno logro mediante artimañas impedir que las comunidades mas afectadas por la violencia no tuviesen voz y voto en el congreso.
Reincorporación socioeconómica y financiación de la implementación (Plan Marco de Implementación) PMI.
El Plan Marco de Implementación y las metas para el año 2020, se van a ver seriamente afectadas por la crisis económica que se avecina en el país a raíz del frenazo en seco del aparato productivo, como consecuencia de las medidas de aislamiento preventivo de toda la población y el cierre de las fronteras para evitar la propagación del virus Covid-19, a lo que se agrega el ajuste a la baja de las proyecciones de ingresos de la nación por cuenta de las exportaciones de petróleo, cuyos cálculos fueron estimados, a principio de año, por el ministerio de hacienda a un precio de US.55 dólares por barril, pero que en la actualidad se cotizan cerca a los 20 dólares en las bolsas internacionales. De hecho, las expectativas de crecimiento de la economía colombiana de un 4% para este año, serán revisadas drásticamente; algunos analistas vaticinan que el crecimiento a lo sumo llegara al 0.5%, en un escenario de moderado optimismo, mientras que el Banco Mundial y otros organismos multilaterales pronostican un negativo del -2% para la economía colombiana para el 2020, en medio de la recesión mundial.
La lectura realizada por el Centro de Pensamiento Político en el texto “Claro oscuro”, es esclarecedor cuando afirma textualmente que: “Aspirando a tasas de crecimiento del PIB del 4% en el año en curso, a un precio del petróleo creciente (US$ 67,5 el barril) y esperando que los recortes a los impuestos corporativos generen los estímulos en materia de recaudo tributario para cumplir las metas de déficit estipulados por la regla fiscal (2,2% del PIB para el año), el Gobierno Nacional proyecta un presupuesto para la paz de $9,79 billones. Además de las dudas que generan los supuestos macroeconómicos mencionados, dicho presupuesto incluye gastos de funcionamiento que ascienden al 75% de los recursos previstos y muestran una dependencia del 48% con respecto al Sistema General de Participaciones, lo que pone en evidencia el desfinanciamiento de la inversión y un bajo esfuerzo presupuestal real por parte del Gobierno central, pues los recursos frescos ascienden únicamente a $5 billones de los $9,79 billones contemplado”. Es decir, La desfinanciación del PMI para el periodo 2020 será mucho más severo y traumático de lo que se pensó en un principio”, pero se queda corto por obvias razones, fue escrito ante que estallara la crisis del Covid-19, negro panorama que le espera a la economía nacional, en el futuro inmediato.
Por lo tanto las metas de inversión en vías, transporte, electrificación rural, infraestructura y saneamiento básico en los territorios PDETS van a ser recortadas para la vigencias 2020- 2022, así como los recursos del fondo “Colombia paz”, al ajuste anterior hay que incluirle la disminución en las ayudas económicas de la cooperación internacional, toda vez que varios de los países que integran la mesa de donantes a la implementación de la paz en Colombia, como Alemania, España, Francia; entre otros, necesitaran redirigir los rubros de cooperación multilateral hacia la recuperación de sus economías, una vez superada la epidemia del coronavirus en esas naciones.
En conclusión, se avecinan escenarios de mucho conflicto y movilización social, para exigir al gobierno de Ivan Duque, el cumplimiento de los compromisos económicos adquiridos en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz y en la ruta de Reincorporacion económica de los excombatientes. Para el régimen neoliberal que detenta el poder político y económico es claro que la crisis no la va a pagar el sector financiero, aliado del Uribismo y las elites, la debacle de nuestra economía la vamos a pagar los trabajadores, campesinos pobres y la clase media de las ciudades, así como los territorios rurales incluidos en la implementación del AF y por supuesto los excombatientes de Farc y las víctimas del conflicto armado, sino nos movilizamos desde ya en contra del gran capital transnacional, el verdadero responsable de la crisis civilizatoria que vivimos.
Julio Arenas, Investigador de la Corporación Nuevo Arco Iris, CNAI
Foto tomada de: El Tiempo
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