Como advierte el Programa Mundial de Alimentos-PMA, citado por la Emisora Deutsche Welle-DW (21, 04,2020), de Alemania, se podrían desencadenar “múltiples hambrunas de proporciones bíblicas” en unos cuantos meses, de no implementarse medidas de inmediato. A esto se añade, como lo dijo al Consejo de Seguridad de la ONU David Beasley, director general del PMA, antes de la declaratoria de la pandemia por parte de la OMS, que el año 2020 enfrentaría la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, con motivo de los conflictos armados en Siria y Yemen; las plagas de langostas en África, así como los desastres naturales y crisis económicas en Afganistán, Haití, Líbano, Congo, Nigeria, Sudán, Etiopía, entre otros países.
Su alerta se da en simultánea con la muerte por covid-19 de más de 178.000 personas en todo el mundo y los contagios que superan los 2.5 millones, en medio de la ansiedad de los gobiernos, por salir del confinamiento y de la parálisis económica provocada por la crisis sanitaria. Se estima que el impacto económico puede elevar a 265 millones el número de personas que padecen hambre en el mundo doblando así la cifra actual, lo que configura una catástrofe humanitaria de proporciones mortales.
Esto se ve agravado, según el PMA porque, en primer lugar, la mayoría de 55 países a los que se refiere el informe, los sistemas de salud son débiles y la población está mal nutrida o padece de enfermedades no transmisibles, además, que los colegios donde los niños reciben la alimentación están cerrados. En segundo lugar, la disponibilidad de alimentos puede verse afectada por el cierre de fronteras con fuerte impacto en la recolección de cosechas, normalmente asumidas por trabajadores extranjeros, particularmente, en Europa. A esto se agrega, en tercer lugar, la disminución del poder adquisitivo, especialmente, de la población que labora en la economía informal y cuyo ingreso depende del trabajo diario, generalmente incompatible con las medidas de distanciamiento social.
La penetración del coronavirus en los barrios populares de las grandes ciudades de América Latina, como afirma Zibechi (23, 04,2020), sería la penetración en un mundo de pobreza profunda, hambre crónica, infraviviendas sin agua, desocupación estructural, “en sectores ya afectados por el dengue y la tuberculosis, lo que puede tener efectos terribles.
Como advierte la Cepal (21,04, 2020), América Latina tendrá en 2020 la mayor recesión de su historia, con una caída del 5,3% en su actividad económica. Esto, es más dramático que la recesión de 1914, con la primera guerra mundial, o de 1930 con la depresión. Como consecuencia, el desempleo ascenderá a un 11,5% en comparación con el del 8,1% de 2019, lo que equivale a 37,7 millones de personas sin trabajo en la región con una población activa de 465 millones de personas.
Las Pymes, que generan más del 50% del empleo formal en la región tendrán un duro golpe en su nivel de sostenibilidad. La desigualdad de género, la violencia intrafamiliar y el aumento de cargas sin retribución, aumentará ante el cierre de establecimientos educativos y el incremento de personas enfermas. En este contexto, se estima un significativo deterioro en el ingreso de los hogares al pasar de 30,3% al 34,7%, equivalente a 29 millones de personas que elevan a 216 millones al nivel de pobreza.
La pandemia impacta en América Latina y el Caribe en un momento de debilidad económica y vulnerabilidad macroeconómica. Al menor crecimiento obtenido entre 2010-2019, de solo 0,2% en comparación con la década del 50 (que solo creció el 0,4%) se suma la crisis sanitaria, económica y social con efectos negativos en el empleo, agudización de la pobreza y profundización de la desigualdad, lo que ahonda la incertidumbre. La economía mundial puede contraerse en un 2% del PIB y cerca de un 3,8% en Estados Unidos, 4,2% en Japón, 5,7% en la Eurozona; tener un crecimiento de solo el 1,8% en China y 3,4% en India, con una caída en el comercio mundial de entre el 13% y el 32%, según estimaciones de la OMC para 2020. Con ello, las exportaciones de América Latina y el Caribe pueden caer en cerca del 15%, con bajos precios debido a la contracción de la demanda. En este contexto, las exportaciones latinoamericanas a China se reducirían en un 24,4%. A esto se suman las devaluaciones, las salidas masivas de capitales de la región y la disminución de remesas en cerca de un 10% a 15% en 2020, lo que no se recuperará en ocho años.
Este panorama lleva a Alicia Bárcena, Secretaria ejecutiva de la Cepal, a plantear como muestra IPS (22, 04,2020) que, ante la dimensión de la crisis, los países de América Latina y el Caribe deberían asegurar un ingreso básico universal para todos los habitantes. Este mecanismo no costaría más de un 6,3% del PIB que es equivalente al monto de la evasión fiscal en la región. Incluso, afirma, que si el ingreso básico universal fuera equivalente a la línea de pobreza extrema, no costaría más del 2% del PIB y si fuera equivalente a la pobreza general, sería del 4,7% del PIB. Para ello, señala la necesidad de “cambiar el esquema de fiscalidad del Estado, dirigiendo los recursos públicos a apuntalar los ingresos”, para lo cual hay que construir un futuro diferente. Subraya que, en lo inmediato, el mundo se enfrenta “a un mal público global, similar en magnitud al cambio climático, que exige proteger la salud y a sus trabajadores”, priorizando a las mujeres, que representan 71 por ciento de quienes trabajan en el sector. Es decir, que todavía en 2030 América Latina y el Caribe seguirán sufriendo las consecuencias de una crisis que ya afecta a 185 de los 194 países reconocidos por Naciones Unidas.
Así mismo, plantea que se requiere una reformulación de las relaciones Norte-Sur y avanzar hacia un multilateralismo más democrático que supere al bilateralismo y llama a la suspensión de pagos de la deuda externa para todos los países, en especial, para los de renta media. Invita a crear redes de producción y diversificación en los países, privilegiando las ubicaciones más cercanas a los mercados de consumo. Al respecto, identifica tres polos: América del Norte, Europa y Asia y América Latina y el Caribe, región que no puede seguir dependiendo de Estados Unidos, en un momento donde este país no está “en modo cooperación”. Con 650 millones de habitantes, considera que es posible hacer frente a las perturbaciones externas que vive la región, viabilizando industrias y promoviendo redes de producción e investigación entre países y subregiones.
Por su parte, para Vinicius Pinheiro, director regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo-OIT – ver entrevista de Gutiérrez (21,04,2020) – la pérdida imprevista del ingreso de millones de personas tiene “consecuencias devastadoras” para esta región donde más de la mitad del empleo está en el sector informal. Las mujeres pueden resultar más afectadas, dado que son mayorías en las actividades de salud, turismo y servicios, con trabajos mal remunerados y de baja calificación. Concluye que la crisis ha dejado en evidencia como nunca las lagunas existentes en materia de protección social, de servicios esenciales para la población y en lo relacionado con el espacio fiscal disponible. Plantea que los países, de acuerdo con sus realidades específicas, deben afianzar cuatro pilares: apoyar a las empresas, al empleo y los ingresos; estimular la economía y los empleos; proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo y utilizar el diálogo social entre gobierno, trabajadores y empleadores, como factor clave para lograr mejores resultados y dar sostenibilidad política a las medidas. Como lo señala Sihab (22, 04,2020), entre abril y junio de 2020 serán destruidos 195 millones de empleos en todo el mundo.
Colombia, por supuesto, no escapa a esta cruel realidad. Según la OIT, en el país, el 46,8% de los trabajadores tienen un empleo formal, mientras que, a enero del 2020, los trabajadores informales eran 5,7 millones de personas. En este contexto de fragilidad social, se acentúa el riesgo por las cuarentenas decretadas para frenar el avance del nuevo coronavirus. Si el peor de los escenarios se cumple, casi el 50% de los trabajadores formales de nuestra economía pasarán a engrosar las voluminosas listas de desempleo en Colombia.
Colombia ha sido un país con un mercado laboral estrecho, donde las micro y pequeñas empresas, así como el comercio ambulante han sido la opción de autoempleo para garantizar la subsistencia de los hogares pobres y vulnerables. Como lo plantean Sánchez y Torres (21, 04, 2020), dos terceras partes de la población ocupada en las ciudades son informales. El ingreso proveniente de actividades informales representa en promedio el 52 % de los ingresos totales y, en el caso de la población vulnerable, con ingresos inferiores al ingreso medio, perciben $ 626.000 en promedio por persona y el 57% de la población ocupada está en la informalidad.
Los Programas de Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción, si bien representan alivios económicos, presentan limitaciones para abordar el problema de manera estructural: son insuficientes ya que, sin la actividad informal, estos hogares caerían en la pobreza. De otro lado, el 50% de los hogares pobres de las 13 ciudades principales está por fuera de estos programas y estos tienen la limitación de no asegurar la inclusión productiva de los beneficiarios.
La medida de mitigación mediante el Programa de Ingreso Solidario, con transferencia de $ 160.000 para más de tres millones de familias no cubiertas por otros programas, más la devolución del IVA constituyen pasos hasta cierto punto válidos, pero insuficientes, además de las inconsistencias con sus presuntas evidencias de corrupción.
El riesgo de empobrecimiento emerge con la parálisis de la economía informal, con la posibilidad de duplicarse en las 13 ciudades principales, para llegar a un 35%, sin contar el deterioro del empleo en el sector formal o la afectación de municipios más pequeños donde pueden caer en la pobreza cerca de tres millones de personas. Sánchez y Torres estiman que la pobreza podría llegar al 50% de la población, implicando un retroceso de 20 años.
Colombia, como el resto de América Latina y los países del tercer mundo, vive una paradoja monumental: mientras los humildes de siempre, los postergados, segregados y marginales; los invisibles, como diría Max-Neef son golpeados por el hambre, la exclusión, la represión policial y la violencia, los banqueros y corruptos cosechan nuevos beneficios, aprovechando la coyuntura.
Para hacerse ver, el trapo rojo emerge como símbolo del hambre y señal de solicitud de auxilio. Su inicio fue en Soacha donde habitan cerca de 50.000 víctimas del conflicto armado, como lo registra Oquendo (17, 04,2010). Así, este símbolo del llamado a la solidaridad y de protesta se ha extendido por Ciudad Bolívar, Bosa, Suba, Las Cruces en Bogotá, por los barrios de Medellín, por Ciénaga (Magdalena). En este proceso, el cacerolazo resuena en diversas ciudades y pueblos de Colombia, como expresión de protesta y reivindicación del derecho a la vida y a la protesta social.
En el caso de Bogotá, la alcaldesa Claudia López impulsó una “donatón” denominada “Bogotá Solidaria en Casa”. La meta fue llegar a 500 mil familias mediante subsidios, bonos o mercados para 350 mil familias y que las donaciones ayudaran a 150 mil consideradas vulnerables, más no pobres. El ejercicio logró recaudar 51.696 millones de pesos. No obstante, el problema no ha sido la falta de recursos, sino que las familias no están en las bases de datos, particularmente, en el Sisben, o carecen de medios electrónicos para contactarse.
Como informan Hernández y León (20, 04,2020), el trabajo de identificación de las familias comenzó hace quince días. Hasta el 9 de abril se habían hecho 13 encuestas en Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Los Mártires, Bosa, Usme, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar. Hasta el 16 de abril se habían girado recursos a 281.521 familias que forman parte de la meta de cubrir 350 mil familias. Más allá de las polémicas y controversias acerca de los motivos de lentitud, confusión y revisión ante los problemas del Programa del Gobierno Nacional “Ingreso Solidario”, las limitaciones del Distrito han estado en el campo de la logística. Así mismo, la Alcaldía planea un endeudamiento para financiar la emergencia y financiar las ayudas a 500 mil personas, cuyo costo es de $ 212 mil millones por cada aislamiento de 20 días. No obstante, se insiste en la urgencia de garantizar estas ayudas que aún no llegan a las personas que lo necesitan.
Por esto, en reciente intervención la alcaldesa debió replantear su afirmación acerca de la presión de “politiqueros”, detrás de las protestas, a la par que las intervenciones del ESMAD y de la policía no han sido la opción adecuada para atender las demandas sociales de ayuda ante la emergencia social generada por la pandemia y el confinamiento.
De otro lado, es pertinente, en medio de la formulación del plan de desarrollo replantear diseños encaminados a propiciar programas de alivio social, de reactivación económica y promoción de renta básica, desde enfoques participativos propicios y de complementariedad con el gobierno nacional, para el desarrollo de nuevas formas económicas proactivas e incluyentes. Para ello, se requiere contar con mecanismos de mitigación de la crisis social y asistencia humanitaria en las primeras fases; pasar a escenarios de activación y promoción empresarial y estimular formas innovadoras de emprendimiento que contribuyan a la adaptación al cambio climático, a la recuperación de las Mipymes, al aprovechamiento del potencial existente en las nuevas tecnologías y del turismo de proximidad que, entre otros sectores, emerge como alternativa para el desarrollo territorial, en el nuevo contexto internacional.
También, al respecto, el movimiento social debe contar con una agenda definida en este marco.
- Bárcenas, Alicia. Cepal está a favor de un ingreso básico universal. Inter Press Service-IPS. Agencia de Noticias. Madrid. 22, 04, 2020.
Ver: http://www.ipsnoticias.net/2020/04/cepal-esta-favor-ingreso-basico-universal/
- Naciones Unidas. Informe Especial Covid-19. No 2. Copyright © Naciones Unidas, 2020. 21 de abril de 2020.
Ver: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45445/1/S2000286_es.pdf
- Deutsche Welle. ONU advierte que el mundo está al borde de una pandemia alimentaria. 22.04.2020.
- Gutiérrez, Estrella. “Cuatro pilares” de la OIT para rescate laboral de América Latina tras covid-19. Inter Press Service-IPS. Agencia de Noticias. 21, 04, 2020.
- Hernández Osorio, Carlos y León, Juanita. La donatón de Claudia López rompe récords, pero su problema no es de plata. La silla Vacía. 20, 04, 2020.
Ver: https://lasillavacia.com/donaton-claudia-lopez-rompe-records-su-problema-no-plata-76288
- Max-Neef, Manfred. “La Economía Descalza”. Edumed. Enciclopedia Virtual. 2019.
Ver: http://www.eumed.net/cursecon/textos/Max-Neef-texto.htm
- Sánchez Torres, Roberto y Chaparro Hernández, Sergio. Enseñanzas del COVID-19 en política social, informalidad y vulnerabilidad económica. El Espectador. 21, 04, 2020.
Shihab, . Romantizar la pandemia. Pacifista!. Abril 22, 2020
- Zibechi, Raúl. Una bomba a punto de estallar: la pandemia en las periferias urbanas de América Latina. Motor Económico. Buenos Aires. 23 de abril de 2020.
- Oquendo, Catalina. El hambre como bandera. El País. 17, 04, 2010. Madrid.
Albeiro Caro Fernández, Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo. Corporación Nuevo Arco Iris.
Foto tomada de: Colombia.com
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