La Renta Básica Universal (RBU)2 es un ingreso no condicionado pagado por el Estado —en sus diferentes niveles o incluso a nivel supranacional— a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente sin que dicho pago vaya en detrimento de los derechos del Estado de Bienestar conquistados (educación, sanidad, etc.). Se trata de una cantidad monetaria que recibirían los ciudadanos —no por familia— individual y universalmente. Su objetivo primordial es terminar con la pobreza y la desigualdad.
No consiste en un subsidio o renta de inserción ni un impuesto negativo sobre la renta. Tampoco presupone la satisfacción de algún requisito como, por ejemplo, demostrar un determinado estado de pobreza, estar buscando trabajo remunerado o haber perdido el empleo.
Posiblemente la idea de una RB la propuso el belga Philippe van Parijs en un artículo publicado a principios de los 1980 junto a Robert van der Veen.
Varios grupos poblacionales tendrían derecho a dicha RB. En primer lugar, aquel grupo que, en términos monetarios, se considere en «riesgo de pobreza»: personas que viven en hogares donde la renta disponible por unidad de consumo es inferior al 60% de la mediana de la renta nacional. En caso de no alcanzarse el umbral del 30%, se califica de «pobreza extrema».
En cuanto a la «privación material severa», se refiere a hogares que no pueden permitirse 4 ítems de entre los 9 siguientes: 1. Pagar la hipoteca, alquiler o facturas corrientes; 2. mantener el hogar a una temperatura adecuada en invierno; 3. salir de casa en vacaciones al menos una semana al año; 4. una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; 5. capacidad para afrontar gastos imprevistos; 6. teléfono en el hogar; 7. televisión en color; 8. lavadora; 9. coche.
También habría que considerar la «baja intensidad de empleo», grupo al que pertenecen personas que viven en hogares cuyos miembros en edad de trabajar —entre 18 y 59 años— lo hicieron por debajo del 20% de su potencial total de trabajo.
Por lo que respecta a los conceptos de «pobreza» y «desigualdad» y los distintos marcadores utilizados, tenemos en primer lugar el indicador AROPE (At Risk Of Poverty or social Exclusion), que combina ambas dimensiones —monetaria y material— y añade, además, la intensidad como dimensión adicional. Si es suficiente sufrir pobreza en alguna de las tres formas señaladas —monetaria, carencia material severa o baja intensidad laboral— para considerar a una persona en riesgo de pobreza o exclusión social, el indicador AROPE ofrece siempre índices mayores de pobreza que cualquiera de los otros indicadores considerados por separado.
Otro indicador es la relación de quintiles —también llamada «S80/20»—, que mide la desigualdad en la distribución de la renta comparando el 20% de la población con los ingresos más altos y el 20% de la población con menores ingresos.
En tercer lugar, está el «Índice Gini», que mide la desigualdad entre los ingresos dentro de un país. El Coeficiente de Gini es un número entre «0» —que se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos)— y el «1» —que se corresponden con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y el resto, ninguno). La relación entre Índice y Coeficiente de Gini es que el segundo, expresado en referencia a 100 como máximo en vez de 1, daría el primero multiplicado por 100.
Si nos centramos ahora en la «Tasa de riesgo de pobreza» en España dentro de la Unión Europea (UE) en 2017, estamos en el 21,6 en relación con el umbral 60% de la mediana. Si seguimos la evolución a partir de la Crisis Financiera (2008), por edades es mayor en jóvenes y ancianos; por sexo, mayor en mujeres que en hombres; y por nacionalidad, mayor en inmigrantes procedentes de países con niveles de renta más bajos. Finalmente, si atendemos a situaciones particulares, constatamos la transmisión intergeneracional de la pobreza y la elevada tasa de riesgo de pobreza infantil en España con respecto a la UE. De hecho, con datos de 2017, muere un niño cada 3 segundos a causa de la pobreza —unos 30.000 diariamente— y son, por ello, sus primeras víctimas.
La RBU es también un tema de Salud Pública. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se producen 800.000 suicidios al año (1 suicidio cada 40 segundos) debido a la pobreza: más que el total de muertes causadas por guerra y homicidios juntos. En España es la primera causa de muerte entre jóvenes varones de entre 15 y 29 años y está relacionada con el desempleo. Efectivamente, la cifra de ocupados entre 16 y 30 años ha caído entre 2007 y 2017, pues ha pasado de 4,9 a 2,5 millones según la Encuesta de Población Activa (EPA). Más del 50% de estos empleos se dan en hostelería y comercio y un tercio de los contratos son a tiempo parcial.
También se ha comprobado que hay una relación directa entre crisis económica y desempleo, y salud mental: por cada incremento del 1% del desempleo, aumenta un 0,79% el número de homicidios y suicidios. Ahora bien, según la UE, la relación entre crisis económicas y suicidios no se produce cuando las Administraciones Públicas (AAPP) se gastan en programas sociales más de 190€ per cápita.
Como consecuencia, la RBU podría constituir una respuesta potente y racional a la falta de protección social que padecen, especialmente, los jóvenes.
¿Qué opinan los distintos sectores sociales acerca de la RBU?
Hay quien se pregunta si quien que no quiera trabajar de forma remunerada tiene derecho a ella3.
El Republicanismo oligárquico y el democrático —con una tradición de más de dos mil años— han compartido la misma concepción de la libertad: los individuos no pueden ser libres si su existencia material no está garantizada. Ahora bien, la diferencia entre ambos radica en que, para el primero, la libertad solo la deben alcanzar aquellos que posean alguna forma de propiedad, algún conjunto de recursos que los haga independientes; para el segundo, por el contrario, la libertad debe alcanzar a todos aquellos que viven en la comunidad, de manera que tengan su existencia material políticamente garantizada. Así pues, «ricos» y «pobres» —tal como son entendidos en la tradición republicana desde Aristóteles—son «gente independiente» y «gente dependiente» —de otros— respectivamente.
Según el Juez de la Corte Suprema de EEUU, L.D. Brandeis, «Podemos tener democracia o podemos tener la riqueza concentrada en pocas manos, pero no podemos tener ambas cosas».
Aunque existen resistencias intelectuales a la implantación de una RB, de acuerdo con el republicanismo democrático aquella que suponga una cantidad al menos igual al umbral de la pobreza es la mejor forma en las sociedades contemporáneas de garantizar la existencia material al conjunto de la población.
Si la independencia material es condición indispensable para el ejercicio de la libertad, es comprensible la defensa por los republicanos democráticos de la RB, pues entienden que la «universalización de la propiedad» como una garantía para toda la población de la existencia material. Su objetivo principal es, pues, conseguir que los individuos sean independientes, tanto de la caridad —pública y privada— como de la posible arbitrariedad de los «empleadores» (los propietarios).
También habla la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Asamblea General de la ONU 10/12/1948) de dicha independencia — artículos 22, 23.1, 23.3 y 25.
En cuanto a la Estrategia Europea, tiene como meta prioritaria en 2020 sacar a 20 millones de personas de la UE del riesgo de pobreza y exclusión social, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (UN) tienen como Objetivo 1 poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo y como Objetivo 10, reducir la desigualdad de los países.
La Constitución Española dice que «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo» (Artículo 35.1).
Por su parte, los críticos con la RBU, aunque dicen que desincentiva el trabajo, se ha constatado que, ante una RB de 650€ mensuales, el 86,2% de los ocupados seguiría trabajando igual, el 8% trabajaría menos horas, el 2,9% dejaría de trabajar y el 2,9% Ns/NC. En cuanto a los parados, el 84,4% seguiría buscando trabajo, el 11,4% buscaría un trabajo de menos horas, el 2,2% dejaría de buscar trabajo y el 2,0% NS/NC. Finalmente, entre los inactivos, el 71,7% seguiría igual, el 14,0% seguiría igual pero haría otra actividad, el 4,3% haría otra actividad y el 10,0% NS/NC.
Ante la pregunta «¿a qué destinaría el tiempo libre por dejar de trabajar, trabajar menos, dejar de buscar trabajo o realizar otras actividades? », responde el 52,2% de los ocupados que se dedicaría a la familia, el 16,3% al ocio, el 11,5% a buscar mejor trabajo, el 11,3% a estudiar, el 4,7% a montar un negocio propio y el 4,1% a un trabajo voluntario. Entre los parados, el 61,7% a la familia; el 26,7% a estudiar; el 7,7% al ocio; y el 3,9% a montar un negocio propio. Entre los inactivos, el 26,3% a estudiar; el 25,1% a trabajo voluntario; el 21,5% a montar un negocio propio; el 10,5% a buscar trabajo y el 8,0% a la familia.
La RB también beneficiaría enormemente a los jóvenes —los peor tratados por el mercado de trabajo y también los que presentan un mayor riesgo de pobreza, precariedad, etc.—, pues, aunque fuera de una cuantía equivalente tan solo al umbral de la pobreza, no se verían obligados a aceptar contratos laborables «basura», y podrían decir «no» a situaciones laborales en las que hoy se ven obligados a decir que «sí» y emanciparse a una edad mucho más temprana, cosa que en la situación actual no pueden hacer, como media, hasta pasados sobradamente los 30 años. Tampoco se verían obligados a dejar los estudios por motivos económicos, personales o familiares.
En cuanto a la inmigración, las desigualdades económicas, políticas y sociales entre los países ricos con sistemas de protección social y los pobres ya tienen hoy en día un efecto «llamada» poderosa e independiente de la RB, así que debería tenerse en cuenta el efecto positivo de dicha RB. Además, otro argumento a su favor es una gran variedad de factores —políticos, bélicos, climáticos, religiosos…— que afectan al individuo al tomar la decisión de emigrar. Como la propuesta de la RB tiene vocación universal, es válida para toda la población mundial y afectaría a todo el planeta positivamente. No olvidemos, por ejemplo que, cuando 35.000 niños mueren de hambre cada día en el mundo, cualquier objeción contraria a garantizar la existencia material de todos los habitantes del planeta no merece el más mínimo crédito público ni moral.
Me centraré en mi próximo artículo en aspectos parciales de la RBU4.
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1 (Barcelona, España 1952 – 2017). Filósofo y abogado que militó en la clandestinidad contra el franquismo en las filas del PCE- PSUC. Su influencia principal fue el lógico, filósofo y político comunista Manuel Sacristán.
2 La información sobre la RBU proviene, si no se indica lo contrario, de la «Red Renta Básica» y de las publicaciones «Sin Permiso».
3 Resumen de Raventós, Daniel: ¿Qué es la Renta Básica?, Editorial El Viejo Topo.
4 Artículo basado en el Taller de Economía Crítica del profesor y economista Antonio Marco.
Pepa Úbeda
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