Organizaciones de Derechos Humanos sostienen que ha habido más de 16.700 compulsas de copias que comprometen a 2.300 empresarios, comerciantes, civiles y más de 1.800 políticos[2]; sin embargo, los resultados de las investigaciones de la justicia ordinaria han sido mínimos, el único caso importante que ha avanzado es el de las filiales de Chiquita Brands, Banadex y Banacol en el cual hay 13 sindicados con Resolución de Acusación.
La impunidad incentiva la continuidad de la violencia y la ilegalidad que la sustenta; es de conocimiento público que hoy, amplios sectores de la Fuerza Pública, 16 generales, 128 oficiales, 122 suboficiales y 35 civiles están involucrados en estrechas alianzas con el crimen organizado como el Clan del Golfo, la mayor estructura sucesora del paramilitarismo y la mafia de los carteles de la droga, minería ilegal, trata de personas, contrabando y otros delitos; incluso con las disidencias guerrilleras y la tenebrosa Oficina de Envigado tal como lo denuncian medios de comunicación con información ampliamente publicada por periodistas en medios norteamericanos.
Las investigaciones siempre surgen por presiones externas, en este caso en el marco del ingreso de Colombia a la OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte;[3] igual sucedió en el destape de los nuevos “falsos positivos,” con el general Nicasio Martínez a la cabeza, lo precipita una publicación del New York Times; las “chuzadas” se ponen en el orden del día por interrogantes de los servicios secretos norteamericanos, detectan que los dineros para perseguir a las bandas criminales del narcotráfico son usados para “perfilar” opositores del régimen, organizaciones de Derechos Humanos y periodistas norteamericanos, su ingreso a los perfiles se justificaba como datos bajados de internet, o datos suministrados por “informantes” etéreos.
Pero esta solicitud de la Corte Penal Internacional es también un campanazo de alerta para la JEP, pues esta debe romper paradigmas como aquel de tratar de no generar controversias o aquel otro que la lleva a exceder los tiempos que la prudencia recomienda para tomar decisiones de fondo; la JEP debe pisar el acelerador en este aspecto de sus competencias que son los terceros civiles; es cierto, que los enemigos de la Justicia Especial de Paz, incluso desde el mismo gobierno, utilizan todas las oportunidades posibles para atacarla, algunas producto del absurdo; frente a las protestas que ha generado la firma “del contrato entre la Presidencia de la República y la firma Du Brands por 3.330 millones de pesos para mejorar la imagen del presidente Iván Duque en redes sociales, genero la inmediata reacción del ex presidente Uribe quien contraatacó , publicando en su cuenta de twiter ; “La JEP derrochó $4.930 millones en medio de la pandemia para pagarle los abogados a las FARC[4] ; señala los contratos de la JEP con los abogados encargados de garantizar el derecho a la defensa de los comparecientes; nada tiene que ver lo uno con lo otro; pero es la estrategia calculada del Uribismo, de agredir a la JEP de manera permanente, para obstaculizar su función .
Si la JEP no aborda pronto el sometimiento de los terceros civiles que hubieren contribuido de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto; como el “fomento, promoción y financiación de grupos al margen de la ley”[5]; será vista, dentro y fuera del país, como paquidérmica y esa indecisión podría conducirla a la intrascendencia en este punto crucial como es el de los promotores de la guerra en su punto más álgido.
Los procesos contra estos terceros no combatientes se han originado en la justicia ordinaria bajo el imperio de la Ley 600 que es un Código de Procedimiento Penal Mixto anterior a la Ley 906 (Sistema Acusatorio); desde esa jurisdicción, esos casos, han venido pasando a 2 instancias:
- La Jurisdicción de la Ley de “Justicia y Paz” encargada de juzgar a los paramilitares tras el proceso de sometimiento a la Justicia que se adelantó entre 2002 y 2006 en Santafé de Ralito y
- La JEP Jurisdicción Especial para la Paz pactada en los Acuerdos de La Habana que tuvieron desarrollo entre 2012 y 2016 con la guerrilla de las FARC; la cual a la fecha tiene 766 solicitudes de terceros para acogerse a ella y se han aceptado solo 4.
Es de recordar que la CPI tiene en observación a Colombia desde 2004 por la posible comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en el marco del Conflicto Armado[6]; el acervo probatorio acumulado es muy grande; existen fuentes en los procesos por la Parapolítica adelantado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia contra más de un centenar de parlamentarios, gobernadores, políticos importantes y empresarios; en las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia y Paz, contra los jefes paramilitares, en las solicitudes de investigación adelantadas por las víctimas y las organizaciones de derechos Humanos; sin embargo, hay poderosos intereses que impiden que la justicia avance en lo relacionado con los promotores, determinadores y financiadores del conflicto .
EL AGUJERO NEGRO LEGAL DEL SISTEMA FINANCIERO PARALELO
Se requiere mucha voluntad política para empezar a descorrer el velo de la financiación de la guerra en el caso del paramilitarismo durante su proceso de formación, consolidación y expansión, Mancuso lo expresó de modo muy claro: “los ingresos de la AUC procedían en un 70% del narcotráfico y en un 30% del blanqueo de la contratación pública” y esta voluntad política debe empezar por reconocer que existió un “sistema financiero paralelo del crimen” en el cual jugaron papel decisivo importantes entidades del Estado; la razón principal, ayudaron a forjar un inmenso “agujero negro legal” por el cuál penetró el paramilitarismo “como cuchillo caliente en bloque de mantequilla”.
La primera de ellas fue el Departamento Administrativo de Seguridad de la Presidencia de la República en la organización y funcionamiento de los grupos paramilitares; el INCODER y algunos notarios en la legalización del despojo de tierras, las superintendencias de Salud, Vigilancia y Seguridad, Economía Solidaria, Notariado y Registro, en unos casos por acción y en otros por omisión en la vigilancia y control de las estructuras organizativas y financieras del paramilitarismo en todos los aspectos legales.
La consolidación y expansión de los bloques paramilitares está íntimamente ligada a la captura de las rentas públicas, el lavado de activos y la formación de monopolios en los mercados de abastos, elementos que se convirtieron en el músculo financiero de su operación militar.
Para entender este proceso se deben relacionar tres factores que se desarrollan simultáneamente: a) los niveles de profundidad de la corrupción administrativa dentro del Estado b) el avance en el control territorial por parte de las AUC de la periferia al centro para imponer políticos y burócratas que administraran la captura de las rentas del Estado a nivel local y c) la “adjudicación de franquicias” para la explotación de las rutas del Narcotráfico.
Las investigaciones por la Parapolítica lograron reunir material probatorio suficiente para establecer, que la promoción y financiación del paramilitarismo, se adelantó en 4 áreas geográficas del país con sus respectivos periodos de intensificación del Conflicto Armado: Zona Bananera del Urabá (1993-2006), Costa Atlántica (1997-2006), Magdalena Medio (en 2 etapas desde los años 80 hasta 2006) y una cuarta zona muy amplia de influencia de la Casa Castaño (Altillanura, Valle, Tolima y Distrito Capital); este artículo solo enuncia lo relativo al sistema cooperativo.
ACERVO PROBATORIO POR AREAS GEOGRÁFICAS Y PERIODOS DE INTENSIFICACIÓN DE LA GUERRA
URABA: El acervo probatorio del Proceso de consolidación del paramilitarismo en el Urabá Antioqueño, Daríen Chocoano y la Zona Costanera Cordobesa se encuentra en los archivos del ganadero Pinzón Arango; un conjunto de 72 archivos en medio magnético, audio, físico y video hallado en la finca Andalucía en Necoclí, condujo a la vinculación de más de 35 políticos paisas y ha sido invaluable para conocer la estructura paramilitar de Urabá entre los años 1993 – 2006 “la telaraña paramilitar de Urabá”[7] que permitió la consolidación de la “cabeza de playa” de las AUC en la zona bananera de Urabá y su expansión por todo el país.
Jorge Pinzón Arango fue director de INDEPORTES Antioquia entre 1974 y 1978 y cabeza de la lista a la asamblea de Antioquia en las elecciones de 2001 a 2003, sus pruebas han sido refrendadas por las declaraciones de Freddy Rendón “El Alemán” del bloque Elmer Cárdenas, Ever Veloza “HH” del Bloque Bananero y Raúl Hazbùn alias “Pedro Ponte” del Bloque Alix Hurtado.
El conocimiento detallado de esta red política ha permitido profundizar en un elemento aún más perturbador, la tenebrosa Oficina de Envigado como financiador y franquiciador de la estructura económica del Paramilitarismo, tanto en Antioquia como en la Costa Atlántica.
COSTA ATLANTICA: aquí es indispensable ahondar en el acervo probatorio organizado y archivado sistemáticamente por las mismas estructuras criminales de las AUC y son el llamado “computador de don Antonio”– quien era un oficial retirado del ejército como muchos paramilitares-, y los archivos contables de la Hacienda de San Ángel en lo que a las actividades del Bloque Norte, al mando de Rodrigo Tobar Pupo “Jorge 40”, concierne entre los años 1997 y 2006 en la Costa Atlántica.
Allí se da el proceso de diseminación como reguero de pólvora del fenómeno paramilitar, desde abril de 1997 hasta el final de las negociaciones de Santafé de Ralito en el 2006: la expansión irradia en la banda occidental del río Magdalena desde Sucre (Bloque Montes de María) hacia Cartagena y el departamento de Bolívar (Bloque Canal del Dique) y en la banda oriental desde el Sur del Cesar, (grupo delictivo de “Juancho” Prada), pasando por el departamento del Magdalena, (grupos delictivos de Hernán Giraldo y Chepe Barrera), hasta el departamento del Atlántico (Frente José Pablo Díaz).
MAGDALENA MEDIO: allí hubo dos grandes etapas en el desarrollo del paramilitarismo; la primera de las autodefensas que irradiaron desde Puerto Boyacá con la financiación de ACDEGAM al inicio pero después con una inyección letal de dineros de la economía caliente del narcotráfico de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha “El Mexicano”, incluyó la llegada de los mercenarios británicos, escoceses e israelíes y el apoyo a fondo de batallones como el Bárbula y la escuela Luciano D’elhuyar; la segunda es contemporánea de la Casa Castaño, expandió sus tentáculos a amplios sectores de la clase política de Santander, zona minera de Antioquia, el viejo Caldas en su rivera sobre el río Magdalena, sur de Bolívar, parte de Cundinamarca ( Yacopí que aportó jefes y tropas) y otras zonas circunvecinas.
ALTILLANURA, VALLE, TOLIMA, DISTRITO CAPITAL: en el cuadro anexo se detalla lo relacionado con los procesos de financiación en Meta y Casanare; en lo referente a Valle, Tolima y Distrito Capital la información se ha venido acumulando en tiempos más recientes y requiere una ardua labor de clasificación y organización de los documentos.
COOPERATIVAS QUE FINANCIARON ESTRUCTURAS DEL PARAMILITARISMO.
¿COMO UTILIZÓ EL PARAMILITARISMO A LAS COOPERATIVAS PARA FINANCIAR SUS ACTIVIDADES AL MARGEN DE LA LEY MEDIANTE EL SAQUEO DE REGALIAS Y TRANSFERENCIAS, EVASION DE IMPUESTOS, CONTROL DE ABASTOS Y AGROINDUSTRIA?
Para eludir el Sistema de Control de Lavado de Activos nacional (SIPLA Sistema Integral para el Control del Lavado de Activos) e internacional (GAFISUD Grupo de Acción Financiera Internacional para Sudamérica), el control Fiscal y Aduanero (DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), la legislación cooperativa, las normas contables, evadir impuestos, ocultar transferencias de dineros calientes y un larguísimo etcétera de violaciones al régimen jurídico; los empresarios de la ilegalidad utilizaron 6 tipos de cooperativas, cuya clasificación se realiza a partir de los decretos y normas que las regían en esa etapa, pues estas determinaron los espacios o ámbitos que aprovecharon los actores ilegales:
1) Las Administraciones Públicas Cooperativas.
Estas Cooperativas eran (en esa época) entes solidarios que asociaban a las alcaldías municipales con organismos, tanto gubernamentales como no gubernamentales, en el propósito común de impulsar el desarrollo local o regional. Los grupos paramilitares entendieron su importancia y las utilizaron para saquear los recursos públicos, en colaboración con políticos locales, especialmente las regalías minero- energéticas y las transferencias nacionales. El mejor ejemplo fue la cooperativa Coopsabana, creada por los jefes del Bloque Montes de María “Diego Vecino” y “Cadena”. La modalidad 14 del GAFISUD la definía como lavado de activos de dineros, producto de la corrupción utilizando entidades públicas.
2) Las cooperativas de producción agropecuaria o agroindustrial.
Fueron utilizadas de preferencia por los grupos paramilitares, a los cuales estaban vinculados palmicultores, ganaderos y lecheros para controlar y monopolizar mercados. El principal ejemplo fue la cooperativa COOLECHERA durante la administración de Combariza. Mancuso dijo haber creado una Cooperativa de sustitución de cultivos para más de 3.000 familias y Carlos Castaño hablaba de la Asociación Cooperativa de Campesinos del Alto Sinú y Urabá ACOLSIBA, con más de 14.000 asociados. A esta cooperativa le apareció girado un cheque en la denominada “Oficina de Envigado”, luego de un allanamiento realizado a un parqueadero donde funcionaba. Las Bandas criminales emergentes han seguido utilizando este método; por ejemplo, “Los Reciclados de Jorge 40” tenían como Holding de sus empresas ilícitas a la cooperativa COOCOAGRO. La modalidad 7 del GAFISUD las definía como la utilización de empresas de fachada para apoyar organizaciones criminales.
3) Cooperativas de trabajo Asociado CTA:
Las CTA de la Salud constituyeron en su momento la columna vertebral de la contratación en el sector y formaron una masa descomunal de entidades difíciles de tocar, un cálculo burdo nos llevó a pensar que el 80% de los recursos de la salud en los entes territoriales se manejó así durante el periodo de la expansión paramilitar. Un caso notorio de la utilización de este tipo de cooperativas, por parte de ilegales, fue el Hospital Materno-Infantil del municipio atlanticense de Soledad, que se convirtió en la caja menor de “Don Antonio” para el pago de sicarios.
4) Cooperativas Holding, utilizaron la figura del aporte en reemplazo del ahorro para evadir controles del SIPLA.
Este tipo de cooperativas captan y distribuyen dinero en actividades legales e ilegales simultáneamente. A través de estas se financiaron en esa etapa las operaciones de las tenebrosas “oficinas de cobro” del Narcotráfico, como la “Oficina de Envigado”, que aún cumple las tareas de ajuste de cuentas, extorsiones, vacunas y tráfico de drogas, no sólo en Antioquia. Las autoridades consideraron en ese momento que “Don Berna”, cuando era el amo y señor del Narcotráfico en Antioquia, coordinaba, mediante cooperativas de transporte, los negocios de unos 15 grupos de narcos, de los cuales 6 tenían su base en Envigado. Hoy el método hace escuela: las bandas criminales o GAO han creado cooperativas que actúan como núcleo de una maraña de empresas criminales. “Los reciclados y herederos de Macaco” crearon una cooperativa en el municipio de Bello, en el Valle del Aburrá.
5) Las Cooperativas “pitufas” o “peso brokers”, donde se abrieron múltiples cuentas de ahorro a nombre de personas naturales, reclutadas por diferentes medios:
Este sistema fue muy utilizado en las cooperativas vinculadas al mercado del contrabando en los Sanandresitos y pajareras, así como para irrigar dineros del sistema de créditos, denominados “gotagota” y el fomento del mototaxismo. También hay referencias de su utilización en las zonas de frontera para el cobro del “peaje” a los pequeños contrabandistas; por ejemplo, los “pimpineros” en la frontera con Venezuela: es el caso de las cooperativas del cartel de la gasolina en Cúcuta. La modalidad 5 del GAFISUD la definía como transferencias fraccionadas de dinero ilícito, a través de giros internacionales, y la modalidad 6ª definía al “Peso Broker” como un intermediario financiero informal del mercado de capitales y dineros de origen ilícito.
6) Cooperativas Mixtas o Siamesas, (una cooperativa CONVIVIR ligada a una Paracooperativa que blanquee los dineros calientes) sirven para cubrir simultáneamente los planos militar y económico del paramilitarismo.
Las cooperativas Convivir hicieron una eficaz sinergia con las Paracooperativas porque les permitía combinar diferentes modalidades de lavado de activos. El caso mejor documentado es el de las cooperativas Coochigorodo y la CONVIVIR Papagayo, utilizadas por los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, “El Alemán” y Carlos Castaño, el empresario David Hazbún, y los llamados “Cuádruples” del Movimiento “Por un Urabá Grande” para recaudar dineros de las multinacionales bananeras, evadiendo el Régimen de Control de Cambios, el Estatuto Tributario, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Normatividad Cooperativa. Una de ellas fue Banalcol de la empresa Chiquita Brands que tiene sentencia de las cortes norteamericanas por financiar grupos terroristas paramilitares, por una cuantía que sobrepasa los 1,7 millones de dólares, y adicionalmente la financiación de 3.700 fusiles AK-47, amén de 4 millones de municiones utilizadas para asesinar colombianos.
CONCLUSION: si bien es cierto que el portafolio de negocios de la paraeconomía fue muy extenso, pues incluyó recursos de la Salud, Universidades Públicas, contrabando, el sistema de “vampiros” de los combustibles, los mercados de abastos en capitales de departamento y poblaciones intermedias, regalías del petróleo y el carbón, transferencias, situado fiscal, presupuestos departamentales y municipales, apropiación ilegal de tierras entre otras; se considera que el sistema circulatorio del monstruo lo constituyó este “sistema financiero paralelo” a través de lo que han denominado las paracooperativas; indagar en profundidad sus finanzas permitirá hacer un seguimiento a quienes las utilizaron para correr el velo a este fantasma, un asunto crucial para el Proceso de Paz.
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[1] https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/fiscalia-envia-informe-sobre-financiadores-del-conflicto-a-la-corte-penal-internacional-493876
[2] Soraya Gutiérrez presidenta de Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
[3] SEMANA.COM https://www.semana.com/nacion/articulo/operacion-baston-los-secretos-d
[4] ”. Especial Coronavirus – El Expediente https://elexpediente.co/la-jep-derrocho-4-930-millones-en-medio-de-la-pandemia-para-pagarle-los-abogados-a-las-farc-especial-coronavirus/ …
[5] Ley 1820 de 2016, Decreto 277 de 2017.
[6] ELTIEMPO.COM” Los financiadores de la guerra en el radar de la CPI” publicado en ELTIEMPO.COM el 11 de mayo a la 1:29
[7] “Así se tejió la filigrana del poder para en Urabá” verdadabierta.com, lunes 5 de septiembre de 2011
Hernán Pedraza, Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: las2orillas.co
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