Lastimoso, además, que el gobierno olvide que tiene compromisos de Ley con el proceso de paz y propine un zarpazo a los recursos que debían estar invirtiéndose en actividades productivas, para cual reina mafiosa dedicar tres mil quinientos millones de pesos a maquillar su imagen, que como decía mi abuela: ‘el mico, aunque se vista de seda mico se queda.’
Frente a esta situación qué camino tomar. Estado papá o Estado reformador o cambio de Estado. El estado papá no resiste más de dos mercados a una parte de los más desvalidos. El petróleo está en la UCI, “Grave, muy grave para Colombia, que se acostumbró a vivir del petróleo y no diversificó oportunamente su economía. (Caballero Argáez, ET, 24/04/2020) Agotada la vía petrolera ¿con que seguir comprando alimento? Se han escuchado voces en favor del Estado reformador: el expresidente Samper, el exministro y académico Carlos Caballero Argáez que llaman a repensar la situación y numerosos académicos y sectores políticos. Entre esas voces progresistas -por el momento- está la de Gabriel Silva: “La reflexión debe empezar ahora, sobre la base de que el orden del pasado no se puede restaurar. Así como nada será igual en las relaciones sociales y personales después del coronavirus, la estructura económica, las políticas públicas y la participación ciudadana no regresarán a esa ‘normalidad’ injusta e insostenible que se hizo evidente con la crisis que estamos viviendo. Hay que anticiparse, hay que empezar a pensar. (Gabriel Silva, ET, 18/05/2020)
El capitalismo esta grave
Como si hubieran sido adivinos la revista Foreing Affairs de enero de este año, dedica el número al análisis del capitalismo con la previsión de que después de 200 años de capitalismo su futuro no estaba garantizado. Este punto de vista es consecuencia de la oleada de protestas que recorrió el mundo, en que los jóvenes pusieron de manifiesto que no están de acuerdo con el orden actual y abogan por un cambio de Estado. Y ha surgido en Norteamérica, Europa y Asia una corriente que ha introducido una nueva palabra en la terminología, defendida por liberales de izquierda: el ‘neosocialismo’, por oposición al neoliberalismo. Conjunto de ideas que giran en torno a la descentralización como propuesta, con el fin de devolver el poder a las comunidades, de suerte, que las gentes resuelvan, en su pueblo, ciudad, barrio, villorrio o vereda como mejorar su nivel de vida. Cuáles son sus necesidades reales y que no hace falta. Para ello, desde ya los alentadores de esta nueva visión tienen que comenzar la ardua labor de convivir con las gentes, escucharlas y darle forma organizada y racional a la protesta. Es un papel que corresponde a los jóvenes, muchos pertenecientes a las capas medias de la población que ven angustiadas la incertidumbre de su status social y ya han identificado que el modelo de Estado financiero no es el que conviene al país.
Así mismo, en un artículo publicado este año por El Tiempo (‘¿Tenía razón Marx?’, 19 de enero), Andrés Velasco, exministro de Hacienda de Chile y actual decano de la Escuela de Políticas Públicas del London School of Economics, “refieren a la demora de los procesos políticos en la región para reconocer que, después de los avances en materia de crecimiento, de reducción de la pobreza y de acceso a la educación superior, era necesario enfocar el desarrollo hacia la mejora en la distribución de los ingresos y la reducción de la desigualdad y agregan: ”Karl Marx y Friedrich Engels, recordemos, se asombraron frente al “constante revolucionar de la producción” del capitalismo, pero señalaron que ello conllevaba “un trastorno ininterrumpido de todas las condiciones sociales, una incertidumbre y una agitación perpetuas”. Otros académicos Itskhoki y Moll, dicen que la “la redistribución debe prevalecer sobre la acumulación. En ese momento, el 1 % tiene que aprender a vivir con menos ganancias y con una carga impositiva más alta –a menos, obviamente, que opte por emplear su poder político para luchar contra dicho cambio”, el cual desafío también tienen posibilidades de perderlo.[1] Ahora bien, “Marx y Engels no afirmaron -anotan los articulistas- meramente que el desarrollo capitalista engendra sus propias contradicciones. También llegaron a la conclusión de que dichas contradicciones solo se pueden superar mediante “el derrocamiento forzoso de todas las condiciones sociales existentes”.
Crédito agropecuario
Es inconcebible que en plena pandemia el advenedizo Ministro de Agricultura a través de la agencia de crédito agropecuario oficial Finagro en dos horas entregara miles de millones de pesos a ocho magnates, dineros que por Ley debían estar orientados a los pequeños y medianos agricultores. El Sistema Nacional de Crédito Agropecuario de Finagro, fue creado por la Ley 16 de 1990 por el ministro Gabriel Rosas, en la administración de Virgilio Barco. Pero, en los últimos diez años, la concentración de créditos en grandes empresas y comercializadoras de tipo monopólico, que operan más como lavadores y tienen escasos o inexistentes vínculos con el sector agropecuario incrementó del 34 % en el 2009 al 70 % en el 2019. En el otro plato de la balanza los pequeños productores agropecuarios se redujeron del 65 % al 13 % en esta década. Y como comenta el analista del campo Andrés Espinosa Fenwarth: “La razón de fondo de la pérdida de foco del financiamiento agropecuario tiene que ver con el crecimiento del 869 por ciento de la cartera sustitutiva de las inversiones forzosas en Títulos de Desarrollo Agropecuario, TDA, –exigidas al sistema bancario desde los años cincuenta para financiar el agro– de 1,6 billones de pesos a 15,5 billones de pesos en estos diez años. según el Censo Agropecuario (2014), el 91 por ciento de los 2,7 millones de unidades de producción rural no están en el radar del sistema de financiamiento agrario. La concentración de crédito agropecuario también es regional. Bogotá, que abarca menos del 1 por ciento de las empresas agropecuarias del país concentra el 16 por ciento del crédito de fomento del sector. Es más, el 70 por ciento de la cartera agropecuaria se coloca en cinco departamentos (Antioquia, Cundinamarca, Santander, Tolima y Valle del Cauca) agentes económicos que utilizan los recursos subsidiados del agro para importar alimentos y competir deslealmente con la producción nacional.” He ahí el secreto de porque las políticas oficiales podían sobreaguar y mostrar un ambiente positivo. Pero, la pregunta es: ¿Cuándo se paraliza la economía y entra en crisis no solo el país sino el mundo entero, la amenaza de una pandemia alimentaria quien la va a soportar? Los potentados cuando no haya dinero a la vista se retiran a un lado. Al fin de cuentas trabajan con la plata del míster decían los viejos. Una crisis financiera pude poner en ceros esta cuenta que siempre han pelechado.
Producir comida
Tomo del Nuevo Siglo la idea: “La producción de alimentos se convirtió en la aliada de Latinoamérica en los últimos años del siglo XIX. La Argentina de Roca vio como la Pampa se llenó de cultivos de trigo, que, poco a poco, fueron compartiendo tierras con el ganado vacuno. Al mismo tiempo la caña para Cuba fue casi oro, como el maíz para México. El café, casi, llovía en las colinas de clima templado en las afueras de Sao Paulo, en Brasil … ¿cuál es su ventaja comparativa? Sus economías, se sabe, viven principalmente de las materias primas, que desde la Colonia han sido una fuente esencial de crecimiento … el potencial de Latinoamérica estaba en dos palabras: agua y tierra. Hoy a pesar del cambio climático, que golpea a los países de la región sigue teniendo aquella diversidad geográfica. Hay agua y mucha tierra; la frontera agrícola debe ser ocupada.” (NS, 17/05/2020)
Claro está que la mirada burguesamente embotada de los gobernantes, no les permite ver sino el potencial de mercado exterior en las proyecciones de las entidades multilaterales, pierden de vista el interior, en como convertimos el país en un mercado que dinamice la producción de alimentos para nuestro sustento. ¿Qué condiciones se precisan? Hay tres productos básicos que no harán aparecer la mano huesuda del hambre: el maíz, el frijol y la ahuyama y los tres se pueden cultivar entreverados. Es el plan de salvamento inicial. ¿En dónde sembrar? Hay que dotar de tierra a los productores. Un mínimo de tres hectáreas. Recordemos las reformas agrarias de Corea del Sur, Japón y Taiwán pos-II Guerra Mundial. Después, pensaremos en el suministro de riego para elevar la productividad y asegurar la cosecha por el cambio climático. Tercero, ¿a quienes se va a favorecer?
Hay que matar dos pájaros de un tiro, dice el argot popular. Es la oportunidad para cumplir con lo pactado por la paz y profundizar los compromisos adquiridos, que además le evitaría al país un nuevo y costoso enfrentamiento.
Al tener diversos cultivos en tamaño, tipo y propiedad, se limita el número de plagas y enfermedades que afectan en mayor medida a economías dependientes del monocultivo. Además, las cadenas de suministro son más cortas y la producción es más diversificada. Esto, sin duda, potencia la pequeña y mediana agricultura que abastece los grandes cascos urbanos, como Ciudad de México, Buenos Aires, Sao Paulo o Bogotá. Numerosos países dependen hoy más de las importaciones que unos años atrás, fenómeno que incluye a Latinoamérica.[2]
Cuanto panfleto neoliberal burlesco tuvimos que soportar los llamados peyorativamente ‘agraristas’ que desde de las épocas de la Reforma Agraria que impulsó el presidente Carlos Lleras Restrepo que buscaba para Colombia aplicar políticas de seguridad alimentaria y que la reversó el papá del presidente Pastrana con el Chicoralazo.
Bajo el argumento de que era más barata la comida comprada en el exterior, maíz, lenteja, garbanzo, frijol del Canadá; trigo, cebada, soya de los EE.UU. terminamos abandonando los productores nacionales y pagando con las divisas del petróleo y en un santiamén las importaciones de alimentos pasaron de tres millones de toneladas en el año 2000 a casi 15 millones de toneladas para 2019. Cifras que deberían darnos pena en la siempre ufanada despensa agrícola del mundo
“Ahora las cosas -anota Espinosa- son a otro precio. El coronavirus representa una seria amenaza para la seguridad alimentaria de una nación como la nuestra, especialmente para los más vulnerables.” Ya comenzaron a constatarse cambios negativos en los mercados de pollo, cárnicos, pescado, hortalizas y frutas por parálisis del transporte y la caída en consumo de restaurantes, hoteles y colegios, que pone en aprietos a los productores, sobre todo para las próximas cosechas. La mano de obra también pronostica problemas por las medidas de cuarentena y movilidad. El mayor riesgo será para la cosecha cafetera, primero en la recolección y luego en el comportamiento del mercado mundial del grano. Un 80% de los venezolanos que ya se habían acomodado a la informalidad rural y a la ausencia de prestaciones sociales agrícolas de nuestro país se ausentaron.
No hay necesidad de nuevas leyes, reglamentos e incisos, solo cumplir con el mandato constitucional: “Artículo 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.”
Otro aspecto será comenzar un proyecto coherente de sustitución de importaciones de productos agrícolas, estableciendo políticas para incentivar la producción nacional, dando prioridad al estímulo de los productores pequeños y medianos, porque no se trata de competir, sino de garantizar la posibilidad de no pasar hambre. El coronavirus no se confronta sino con personas comidas y sanas, por eso, el esfuerzo hay que centrarlo en el bienestar de la gente, en la salud de las personas que estas se encargarán de recuperar la economía. Solo nuestros campesinos y arraigados rurales podrán salvar al país del hambre. Las ilusiones faraónicas de las Zidres y demás proyectos clasistas y racistas han quedado sin piso real.
Acuerdo de paz
El acuerdo de paz estableció un tiempo de 15 años para realizar los objetivos de la reforma rural y es previsible que los primeros años enfaticen la construcción de políticas públicas y la adecuación institucional para adelantarlas. Empecemos a volverlo realidad. ¿Será posible cuando el gobierno ha abusado en disponer de los recursos para implementarlo? Y mucho menos con la segunda andanada del Ministro de Defensa Trujillo que hoy (ET, 20/05/2020 declaró “si conviene o no hacer algunos cambios adelante, sin afectar siquiera el texto del acuerdo … Y yo, humildemente, digo con toda claridad que sí es bueno abrir esa posibilidad.” Acuerdo, que solo busca ganar gobernabilidad, paralizar a los sectores democráticos y atarlos de manera que no pueden estar a la cabeza de las acciones que se vienen en defensa de la salud, la vida y la comida a lo largo de Colombia.
Impuesto a la tierra
Realizar la seguridad alimentaria basados en la progresiva producción nacional re quiere recursos y en grandes dimensiones. Hace unos años escribí un artículo sobre la tributación rural que previamente hice conocer de nuestro mayor experto en el tema agrario colombiano el profesor Alejandro Reyes Posada, quien me respondió tajante: impecable, contundente. Pero más interesante es que la respuesta la acompañó de una consulta que él mismo había formulado al cacao Hernán Echavarría Olózaga sobre el particular y esta fue su respuesta:
“Consideraciones:
- El impuesto catastral municipal es el impuesto que paga la tierra en todas partes del mundo. En todas partes las tierras municipales pagan los gastos de educación e higiene, solamente en países subdesarrollados como el nuestro estos servicios están a cargo de la nación. En donde hay buena organización territorial ellos están a cargo de los habitantes del municipio. El impuesto predial nacional tiene por objeto captar recursos para que la nación
- pueda llevar a cabo un programa de repartición de tierras a las familias, no a los individuos, que no tengan tierra. Este gravamen a la tierra rural hace además costoso mantener tierra improductiva y por lo tanto aumentará la oferta de tierras, bajando su precio.
C) Lo que se dice comúnmente que hay que gravar la tierra improductiva es un error porque no hay cómo determinar si la tierra está “económicamente” productiva. Nos tenemos que preguntar: ¿es una vaca por hectárea en la Sabana de Bogotá una explotación “económica”? Toda la tierra debe cargar con impuestos o, de lo contrario, sucede como ahora que todos estamos invirtiendo en tierras en busca de valorización, y como todos lo hacemos, ricos y pobres, nadie se ocupa de las manufacturas, y la tierra, debido al crecimiento de la población, tiene la valorización garantizada. (Menos en la coyuntura actual, por razones monetarias muy especiales y debido a la violencia rampante).
D) Hoy día la valorización obtenida en la venta de un predio tiene un impuesto a la ganancia, como cualquier otra renta. Sin embargo, debido a falta de reglamentaciones adecuadas, este impuesto no se paga. Es preciso, entonces, cambiar la reglamentación.”
El debate sobre el catastro multipropósito tiene que ser el inicio de la reforma rural del acuerdo de paz. Quiero concluir estas letras con una estocada final a cuenta del profesor Reyes: “Alberto Carrasquilla, actual ministro de Hacienda, escribió un artículo titulado reforma en tierras, publicado en EL ESPECTADOR el 19 de septiembre de 2010, en el que dijo: “A finales del siglo XIX, Henry George publicó su libro “Progreso y miseria”, en el que esboza una propuesta sencilla analizada innumerables veces desde aquel entonces: imponerle un tributo del 100% a las ganancias asociadas con la propiedad de la tierra. La lógica es muy clara: el valor de la propiedad se deriva de la utilidad que, indirectamente, le provee a la población. Cuando se provee un bien público, en un determinado monto, el precio de la tierra afectada sube. Cabe pensar, entonces, que tiene sentido pagar la provisión del bien público con un impuesto de este tipo. Diversos autores han mostrado que, en efecto, el atrevido impuesto ideado por George es óptimo económicamente en toda clase de contextos.”
Con argumentos tan sólidos, el país está en mora de establecer, por primera vez, el impuesto nacional a la tierra, como cualquier otro activo productivo, para que deje de ser la alcancía de almacenamiento gratuito de capital ocioso y parasitario y se pueda crear un mercado de tierras moderno y funcional.”
Quedan estas propuestas para alentar a los Samperes, Caballeros, Silvas y a todas las gentes progresistas a que se enfoquen en los cambios para salvar la producción básica de alimentos y ser autosuficientes en la comida, de la mano de millones de seres que van a manifestar sus aspiraciones a un mundo nuevo.
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[1] https://www.eltiempo.com/economia/sectores/por-que-hay-marchas-en-distintas-partes-del-mundo-453108
[2] https://www.portafolio.co/opinion/andres-espinosa-fenwarth/transformacion-del-campo-colombiano-columnista-540766
Alfonso Cuéllar
Foto tomada de: El Colombiano
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