En el entretanto, el ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda, pasó por alto la antigüedad al nombrar comandante del Ejército, obligando al retiro a oficiales cuestionados de mayor antigüedad. La reorganización militar promovida por el ministro y la nueva cúpula dio resultados positivos en confrontaciones con guerrillas, en 1999 y 2000. El ministro señalaba que el Ejército contaba con 43.000 soldados profesionales y aspiraba a que llegaran a 55.000. Más tarde renunció por problemas y hubo cambios en la cúpula. Ante la carencia de una estrategia militar integral, en 2001 el gobierno logró aprobación de una ley de defensa y seguridad nacional, para evitar improvisaciones militares. Pero en 2002, la Corte Constitucional la declaró inexequible, pues su diseño era propio de la Guerra Fría.
El narcotráfico se convirtió en objetivo en ascenso, con nuevas unidades militares y apoyos financieros que culminaron en el Plan Colombia, aprobado por Estados Unidos en 2000. Su presupuesto bianual sobrepasó los 1.300 millones de dólares para el área andina. Colombia fue su eje, con más del 65%, que se sumó a los 130 millones de ayuda militar y policial gringa. Al finalizar el gobierno, el balance del Plan Colombia era ambivalente, entre otros problemas por corrupción en la Policía y prevenciones por inseguridad en países vecinos.
El tema de seguridad se integró en la conciencia ciudadana hasta convertirse en el principal problema en la opinión pública. Este hecho sirvió al candidato disidente del Partido Liberal, Álvaro Uribe, para ascender en las encuestas y triunfar en 2002, apoyado en propaganda contra la corrupción y la politiquería. Con una mujer como ministra de Defensa, declaratoria del “estado de conmoción interior”, impuesto para la seguridad, reclutamiento de soldados campesinos y redes de informantes para alimentar la inteligencia comenzó la “política de seguridad democrática”. La vigencia de la ley 418 de 1997 –de orden público—se prolongó, pero aboliendo el requisito de estatus político a grupos armados para negociar desmovilizaciones. Uribe buscó mayores apoyos internacionales para la solución del conflicto armado interno. La imagen presidencial se reafirmó como neo-caudillo carismático, con polarización de la opinión pública a su favor, pero con una conducta non sancta.
La toma, a sangre y fuego, por la Fuerza Pública, de la Comuna 13 de Medellín, dominada por guerrillas, ratificó en la opinión nacional la imagen de voluntad política del gobierno frente a la subversión. Se reglamentó la ley de orden público para desmovilización de paramilitares. Las líneas de acción oficial fueron tres: “política de paz”, ofensiva contra las Farc con estímulo a deserciones y redes de informantes para alimentar a las primeras. La política de seguridad, llamada “plan de guerra”, se denominó Plan Patriota, pues el gobierno nunca reconoció el conflicto armado interno por conveniencias políticas.
Las Farc iniciaron atentados urbanos contra civiles: “carro bomba” en el Club el Nogal de Bogotá y otro en Neiva contra miembros de la fiscalía, con muchos muertos y heridos. Uribe pretendió internacionalizar el conflicto armado interno. Las conversaciones del gobierno con las AUC se concretaron en 2003 con el acuerdo de Santa Fe de Ralito: compromiso de desmovilizar gradualmente a sus miembros, desde 2003 hasta 2005. Con tales estímulos, los paramilitares avanzaron en política: en las elecciones regionales triunfaron varios de sus candidatos.
La extradición a EE.UU. se convirtió en un “tira y afloje”, según conveniencias de paramilitares y guerrillas. Desmovilizaciones de “paras” e indultos a guerrilleros entraron en la contienda. El Congreso aprobó la Ley de Justicia y Paz, a favor de los paramilitares, y la reelección presidencial inmediata. Los ataques de las Farc a la Fuerza Pública se incrementaron. Las desmovilizaciones de paramilitares incluyeron trampas: entrega de armas inservibles, reciclaje de delincuentes y falsas entregas.
Tras la reelección de Uribe en 2006 (apoyado en un acto legislativo fraudulento de 2004, hecho público en 2008) continuó la ofensiva contra las guerrillas mediante el Plan Patriota, pero con modestos resultados e incremento del conflicto. Sin embargo, las Farc fueron replegadas hacia el sur, en territorios poco conocidos por los militares. Esta guerrilla percibió que la violencia no era la ruta para alcanzar el poder del Estado.
Uribe fue el único presidente que asumió el control directo de la Fuerza Pública por primera vez desde 1958, pero con improvisaciones y sin estrategias, aunque se ganó el apoyo castrense. Durante sus dos mandatos la Fuerza Pública fue incrementada: en 2002 el pie de fuerza era de 313.406 efectivos, 203.283 de las FF.MM. y 110.123 de la Policía Nacional, y en 2010 los efectivos alcanzaron 426.014, 267.629 de las FF.MM. y 158.385 de la Policía Nacional. En 2010 el presupuesto del Ministerio de Defensa sobrepasó los 15 billones y medio de pesos: 63 por ciento para los militares y el resto para la policía.
La falta de resultados efectivos de la ofensiva contra las Farc en el primer período, posibilitaron la designación de Juan Manuel Santos como ministro de Defensa (2006-2009), dados sus conocimientos militares. Sustituyó a Camilo Ospina, quien estimuló con normas apoyadas por Uribe los “falsos positivos” militares. Los buenos resultados operativos del nuevo ministro se hicieron visibles. Este hecho hizo que Uribe se viera obligado a apoyar la candidatura presidencial de Santos, luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible una nueva reelección.
Los dos períodos de Santos (2010-2018) se debieron a la norma que permitió la reelección inmediata de Uribe en 2006. Pronto comenzó a desligarse de la pesada herencia de su antecesor. Mediante la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (2011) se enfrentó a los poderosos intereses de terratenientes. Con ello se ganó la oposición cerrera de Uribe, fortalecida luego con la creación del Centro Democrático (CD) y la elección del expresidente como senador. Dada la continuidad de las políticas neoliberales, Santos no prestó atención a los graves problemas sociales del país. Continuaron aumentos de recursos para la seguridad.
Las negociaciones secretas con las Farc salieron a la luz pública en 2012 y se convirtieron en blanco del uribismo y sectores afines. Sus logros, con el apoyo internacional, fueron lo positivo del gobierno de Santos, pero prosiguió la polarización. El apoyo a Uribe por miembros activos del Ejército fue subrepticio, mediante filtración de información reservada, utilizada por el expresidente. Pero sí fue publicitado en organizaciones de oficiales retirados, como Acore.
La segunda elección de Santos fue difícil, pues el candidato del CD ganó en la primera vuelta, con lo cual hubo cambios en las estrategias electorales para la segunda vuelta. En 2016 el gobierno propició un referendo innecesario para ratificar el acuerdo con las Farc, cuya derrota sirvió para que se incrementara la oposición. En 2017 se concretó el inicio de negociaciones con el ELN, con apoyo de la comunidad internacional.
En 2018, manejos inadecuados de la campaña electoral y “chanchullos”, como los fraudes de la “ñeñepolítica”, permitieron que Iván Duque ganara la presidencia (2018-2022). Su inexperiencia política, sumisión a Uribe, acciones contra Maduro y genuflexión ante Estados Unidos han sido notorias. La ausencia de Estado en gran parte del territorio nacional ha permitido que las violencias continúen. Los errores del ELN se consumaron con el atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía, con lo cual Duque acabó las negociaciones en La Habana.
El ELN y disidencias de las Farc delinquen en territorios sin Estado, además de narcotraficantes y grupos de minería ilegal. Campesinos y líderes sociales son víctimas de asesinatos sin control. La Fuerza Pública (segunda en tamaño en América Latina, luego de Brasil) ha sido incapaz de controlar esta situación. Renacieron los “falsos positivos”, pero ante todo sobresalen corruptelas, en medio de incompetencias gubernamentales y contradicciones del CD. Por fortuna, en las elecciones regionales de 2019 triunfaron buenos alcaldes en grandes ciudades, así como gobernadores competentes en varios departamentos. Por eso hay expectativas electorales positivas para 2022, pese a la tragedia del coronavirus.
Por otra parte, son bien conocidas por la opinión pública las recientes corruptelas, “chuzadas” a periodistas, funcionarios y entidades, y demás problemas de la Fuerza Pública, gracias a medios de comunicación en las últimas semanas, además de ineptitudes gubernamentales para controlarlas. Por eso, para concluir este relato, es importante plantear propuestas de reformas estructurales indispensables para que la Fuerza Pública se recupere de sus prolongadas incompetencias y problemas, a la espera de que la actual coyuntura crítica facilite una apertura con un nuevo gobierno adecuado en esa dirección.
- Reducción drástica de efectivos y presupuesto de las Fuerzas Militares –en particular en el Ejército–, con excepción de la Infantería de Marina, que debe cubrir zonas amenazadas de la Amazonia y la Orinoquia.
- Simplificación de la compleja estructura del Ejército, en especial frente a su tradicional función de defensa nacional hacia el exterior, para orientarla en buena medida a operaciones de seguridad en el territorio nacional, sobre todo en regiones sin Estado, al menos mientras autoridades oficiales legítimas ocupen tales territorios.
- Desmilitarización y reorganización de la Policía Nacional (dependiente ahora de ministros de Defensa incompetentes) y traslado al Ministerio del Interior, bajo un nuevo viceministerio, además de incrementar sus efectivos para un cubrimiento adecuado en zonas urbanas y rurales.
- Normativización para el nombramiento de ministros de Defensa, con el objetivo de que tengan conocimientos y buenas capacidades para administrar la Fuerza Pública de manera apropiada.
- Diseño de un proyecto de ley de defensa y seguridad nacional, orientado hacia las complejidades nacionales, para facilitar que sea aprobado en el Congreso.
- Reglamentación de los servicios de escoltas para suprimir las innecesarias, que son numerosas y fuente de exhibicionismos.
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Fuentes:
-Francisco Leal Buitrago, “Una visión de la seguridad en Colombia”, en Análisis Político, No. 73, Bogotá, septiembre-diciembre de 2011.
-Francisco Leal Buitrago, “Retos de la Fuerza Pública en la implementación de los acuerdos”, en Rutas y retos de la implementación del Acuerdo de Paz, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2018.
Francisco Leal Buitrago, Sociólogo, Profesor Honorario de las universidades Nacional de Colombia y Los Andes.
Foto tomada de: https://www.elheraldo.co/
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