Junto a un grupo de reconocidos economistas y constitucionalistas del país, le solicitamos a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad del Estatuto Tributario, y por ende de todo el sistema tributario, por no cumplir con los principios constitucionales que aseguran que este redistribuya el ingreso, sea equitativo y sea eficiente a la hora de recaudar.
Presentamos ante la Corte Constitucional una demanda solicitando declarar el actual Estatuto Tributario inexequible por no cumplir con los principios de progresividad, equidad y eficiencia tributaria consagrados en el artículo 363 de la Constitución Política de Colombia. Si bien consideramos que el Estatuto Tributario es inconstitucional, también le solicitamos a la Corte que le de tiempo al Gobierno y al Congreso para expedir uno nuevo sin afectar la situación fiscal del país.
Colombia es uno de los países con mayor desigualdad de ingresos de la región y del mundo. Si bien esta brecha se ha disminuido paulatinamente en los último 20 años, los niveles de desigualdad presentes son inaceptables en cualquier sociedad democrática. Los recursos con los que cuenta el Estado para disminuir la pobreza y financiar bienes y servicios públicos para igualar las oportunidades de los colombianos, son muy pocos, especialmente en tiempos de pandemia.
Es por esto que junto a un grupo de reconocidos economistas y constitucionalistas del país, le solicitamos a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad del Estatuto Tributario, y por ende de todo el sistema tributario, por no cumplir con los principios constitucionales que aseguran que este redistribuya el ingreso, sea equitativo y sea eficiente a la hora de recaudar.
Esta demanda le da una herramienta al Congreso y al Gobierno para que enfoquen el manejo económico de la crisis generada por el COVID-19, con criterios de justicia distributiva y progresividad tributaria. Esto no sólo conciliaría nuestro sistema tributario con los principios constitucionales de progresividad, equidad y eficiencia sino que evitaría que la crisis incremente la desigualdad y la pobreza. También es un llamado para que en el trámite del marco tributario colombiano, se tomen decisiones sensibles al contexto, a los efectos de la pandemia y a las necesidades de la población, en especial de los sectores más desfavorecidos y afectados.
En ese sentido, expusimos a la Corte Constitucional las razones y evidencia para demostrar que en el país el ejercicio impositivo no disminuye la desigualdad de ingresos, y que esta falta de progresividad no se compensa con la priorización del cumplimiento de otros principios constitucionales, pues el sistema tributario impone tarifas diferentes a contribuyentes con las mismas características (equidad tributaria) y es ineficiente a la hora de recaudar, lo que facilita la evasión y elusión de impuestos (eficiencia tributaria).
¿Por qué demandamos todo el sistema tributario?
Teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ha señalado que el principio de progresividad, en conjunto con los principios de equidad y eficiencia, “constituyen los parámetros para determinar la legitimidad del sistema tributario y (…) se predican del sistema en su conjunto y no de un impuesto en particular”[1], es necesario hacer un análisis integral del sistema tributario colombiano para verificar con la evidencia producida hasta el momento si los impuestos en el país cumplen con estos tres principios en su conjunto.
Esto quiere decir que para la Constitución, no basta con que un impuesto en particular no cumpla con estos principios para que sea inconstitucional, sino que debe ser todo el conjunto de impuestos que rompan estos principios para que pueda ser declarado inexequible.
El sistema tributario colombiano no disminuye la desigualdad y no cumple con principios de justicia tributaria
A partir del análisis de las tarifas efectivas de tributación de las personas naturales y jurídicas en Colombia y de las investigaciones que estudian la tributación de las personas con mayores ingresos del país, mostramos ante la Corte Constitucional que:
1. El sistema tributario colombiano no disminuye los niveles de desigualdad de ingresos medidos a través del índice de Gini.
2. Las personas naturales y jurídicas que pertenecen al 1% y 0,1% de mayores ingresos en Colombia, pagan en impuestos una proporción menor de sus ingresos que el resto de la población colombiana, por lo que el sistema tributario no cumple con el principio constitucional de progresividad tributaria.
Estos resultados provienen del diseño institucional y normativo del Estatuto Tributario, y no de una falta de aplicación de las normas, su incumplimiento o una mala interpretación.
Una vez demostrada la violación del principio de progresividad, presentamos evidencia que demuestra que la falta de progresividad del sistema tributario colombiano no se justifica con el argumento de que este privilegia el cumplimiento de los otros dos principios establecidos en el artículo 363 de la Constitución, los de eficiencia y equidad tributarias.
El sistema tributario colombiano no es equitativo
El principio constitucional de equidad tributaria se refiere a la equidad tributaria horizontal, es decir, que contribuyentes con la misma capacidad de pago y las mismas características, deben pagar lo mismo en impuestos. Sin embargo, el sistema tributario colombiano – como consecuencia de la proliferación de regímenes especiales que se derivan de los múltiples beneficios y tratamientos especiales en materia tributaria que se encuentran en el Estatuto Tributario – grava de manera diferenciada a personas naturales con las mismas características y nivel de ingresos, y a empresas con la misma actividad económica y tamaño similar.
La consecuencia de esto es que personas que tienen el mismo nivel de ingresos, paguen en impuestos cantidades diferentes dependiendo si los ingresos provienen de actividades laborales (salarios, honorarios…etc) o si provienen de la tenencia de capital (dividendos, renta de inmuebles…etc). En el caso de las empresas, la evidencia muestra que la tarifa efectiva de tributación de empresas de un mismo sector y con tamaños similares es muy distinta entre empresas, ya sea porque se encuentran en una zona franca o porque acceden a distintos beneficios tributarios específicos.
El sistema tributario colombiano no es eficiente
El principio de eficiencia tributaria busca principalmente que se logre el mayor nivel de recaudo tributario posible con el menor costo, y que el diseño del sistema tributario no facilite o estimule la evasión y elusión tributaria. Esto implica que la recaudación sea sencilla para la DIAN y que los niveles de evasión sean relativamente bajos.
En nuestra demanda argumentamos que, por un lado, la multiplicidad de regímenes tributarios especiales que nacen de los más de 250 beneficios tributarios que existen actualmente, hacen que el sistema tributario sea muy complejo, lo que tiene impactos considerables en la eficiencia del recaudo. Al mismo tiempo esta complejidad facilita la evasión y elusión de tributos, tal y como se muestra con los estudios de evasión que se han hecho para Colombia en los últimos años.
Por otro lado, presentamos cómo la productividad del recaudo del IVA, uno de los impuestos más sencillos de recoger, es muy baja en comparación con países similares de la región y del grupo de países de la OCDE, lo que permite argumentar que el principio de eficiencia tributaria no se cumple en Colombia.
La pandemia por COVID-19 refuerza la necesidad que el sistema tributario sea progresivo, equitativo y eficiente
La pandemia del coronavirus ha exacerbado nuestras injusticias y desigualdades estructurales. Para mitigar los impactos del virus y de las medidas de confinamiento – que se concentran principalmente en la población de menores recursos – el país debe adoptar una serie de medidas fiscales redistributivas que sean lo suficientemente robustas para que el Estado pueda garantizar efectivamente los derechos de todos sus ciudadanos, especialmente los derechos de las personas más vulnerables.
Sin embargo, producto del sistema tributario actual, el país tiene muy pocos recursos públicos disponibles para poder implementar políticas acordes a las necesidades de la emergencia generada por el COVID-19. Es imperativo entonces que se lleve a cabo una reforma estructural del Estatuto Tributario que asegure el cumplimiento de sus principios constitucionales, reduciendo así la desigualdad de ingresos y elevando considerablemente el recaudo de impuestos.
Tenemos la posibilidad de salir de esta crisis con una sociedad más desigual e individualista, o por el contrario, con una sociedad más igualitaria, solidaria y justa. Esto depende mucho de la decisión de tener un sistema tributario que lo permita.
¿Quienes firman la demanda?
Vivian Newman
Rodrigo Uprimny
Luis Jorge Garay
Jorge Enrique Espitia
Clara Leonor Ramírez
Leopoldo Fergusson
María Margarita Zuleta
Salomón Kalmanovitz
Víctor Javier Saavedra
María Fernanda Valdés
Amaranto Daniels
Carlos Julio Salgado
Consuelo Corredor
Jorge Iván González
Juan Camilo Cárdenas
Valentina Rozo Ángel
Fernando Barberi Gómez
Astrid Martínez Ortíz
Catalina Botero
Mauricio García Villegas
Esteban Hoyos Ceballos
Andrés Abel Rodríguez
Magdalena Correa Henao
Maryluz Barragán
Mauricio Albarracín
Alejandro Rodríguez Llach
Alejandro Jiménez
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