Por tratarse de un año convulsionado en el que se incrementó la movilización y protesta social en diversas expresiones y la participación de diferentes actores sociales, 2019 adquiere relevancia para la reflexión que presenta dicho informe. No obstante, en este análisis, también es pertinente dedicarle un espacio a las tendencias y contextos en lo que va corrido del año 2020.
Como primer aspecto, aunque en la cifra de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos se registra una disminución de 155 en 2018 a 124 en 2019, el Programa Somos Defensores advierte que esta no es la única expresión de las agresiones que ocurren. Desde 2002, se tiene documentado todo tipo de agresión incluyendo amenazas, atentados, robos de información, detenciones, desapariciones, desplazamientos. En ese contexto, las agresiones pasaron de 805 en 2018 a 844 en 2019. Al tiempo, mientras el gobierno nacional y la Fiscalía General se apoyan, únicamente, en casos documentados por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuyo reporte es de 108 casos, la Defensoría del Pueblo reporta 134 personas defensoras de derechos humanos asesinadas en 2019.
Pero, aunque sumamente grave, el Informe sostiene que reducir las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos únicamente a los asesinatos tiene graves implicaciones en materia de limitación de las políticas públicas de protección, dado que se minimiza la prevención necesaria ante la violencia generalizada que les afecta.
Desde esa óptica, las políticas de protección se reducen a temas de seguridad física, militar y policial y se despolitiza el problema en relación con la insatisfacción y la protesta social en contextos de injusticia social, generadores de desigualdad, violencia y ausencia del Estado Social de Derecho en las regiones, con comunidades en estado de abandono, necesidades básicas insatisfechas, en medio de un conflicto armado degradado, de población confinada en alto riesgo y con un gobierno cuyas políticas están desconectadas de la realidad.
El Informe insiste en que la reducción de las agresiones a los asesinatos, también le permite al gobierno “focalizar” el problema en 75 municipios de los 1.103 que tiene el país, lo que le permite eludir una perspectiva integral de protección de los derechos humanos.
El informe muestra que en 2019 fueron agredidas en promedio 2,3 personas por día, lo que convierte a este año en el más agresivo de la década. Los meses más significativos fueron: mayo (150) casos, febrero (117) y abril con (112). En trimestres, los más violentos fueron abril-junio con 337 casos, enero-marzo con 253; julio-septiembre, con 130 casos y octubre-diciembre con 124. Así mismo, que, del total de agresiones en 2019, 74,4% fueron amenazas, 14,6% asesinatos, 6% atentados, 3,4% detenciones arbitrarias; 0,8%, robos de información; 0,3% desapariciones y 0,1% judicializaciones.
Como hecho notable, el ejercicio de sistematización de Somos Defensores permite evidenciar que a mayor presencia de liderazgos en un territorio hay mayor incremento de la agresión contra líderes y lideresas, dado el aumento de su capacidad para enfrentar a los poderes locales y regionales, además del incremento de la participación y exigibilidad de derechos frente al Estado.
También, recalca el informe que los departamentos con mayor concentración de las agresiones son aquellos donde antes la guerrilla desmovilizada de las FARC-EP controlaba la vida social, económica y política.
No obstante, con la salida de esta guerrilla dichos lugares, estratégicos para las economías legales e ilegales, se presenta un aumento de las disputas por el control de la producción y los mercados, incremento en los cultivos de uso ilícito y procesamiento de sustancias psicoactivas, extracción de minería ilegal, reorganización de grupos paramilitares y de narcotráfico, pese a la mayor presencia militar en esas mismas zonas. Como resultado, se incrementa la violencia contra los liderazgos sociales, sumado a la desprotección de los liderazgos campesinos comprometidos con la sustitución de cultivos de uso ilícito.
Ante el incumplimiento del gobierno de Iván Duque con el Programa de sustitución, los liderazgos quedaron sin garantías de seguridad.
En este contexto, de los 32 departamentos del país, en 30 se presentan agresiones contra los derechos de personas defensoras de derechos humanos. En once de ellos, los actos de violación de los derechos humanos y de violencia política son muy significativos: en el Cauca (237) casos; Antioquia (60), Arauca (52), Guajira (41) Valle del Cauca (42), Chocó (32), Córdoba (34), Risaralda (28), Bolívar y Norte de Santander (27 cada uno); en el Distrito Capital (22), Nariño (21) y Huila (20). En el resto de departamentos se registraron entre 3 y 19 casos. Esto se puede apreciar en la siguiente gráfica:
En lo que respecta a la clasificación de agresiones por sexo, de los 844 casos registrados en 2019, 835 ocurrieron contra personas, siendo el 73% contra hombres y 27% contra mujeres, aunque existen dos casos sin identificar por sexo. Con respecto a 2018, hubo una disminución de 10 casos en la agresión contra lideresas con respecto a 2018; para los hombres, se presentaron 39 casos más de agresión, para un incremento del 7%, con respecto a 2018.
Con respecto a tipos de liderazgo, en 2019 fueron los afectados fueron: 271 indígenas; 128 personas defensoras de derechos humanos, 97 comunitarios, 87 campesinos, 66 afrodescendientes, 45 víctimas, 21 sindicales, 13 ambientales, 7 académicos o estudiantiles, 5 de población LGBTI y 4 mujeres.
Esto evidencia la mayor afectación a 12 tipos de liderazgo: Indígena con 148 casos en el Cauca (norte y oriente del departamento) y la Guajira con 22 agresiones; Antioquia con 14 casos y Chocó con 13. Se trata de regiones de tradicional disputa por la tierra, control territorial de grupos armados (paramilitares, ELN y grupos residuales de las FARC); también, zonas de economías legales e ilegales de minería y producción de sustancias de uso ilícito; de lucha por recursos renovables y no renovables como el agua, obras de infraestructura en beneficio de transnacionales de bienes y servicios y, por ende, de interés geoestratégico y mantenimiento del ordenamiento social y político.
A pesar de la disminución en el número de asesinatos en 2019, es de resaltar que durante el segundo semestre (meses de agosto, septiembre, octubre y diciembre) ocurrieron 56 casos, equivalente al 45% de los asesinatos del año. Los departamentos del Cauca y Antioquia concentran el mayor número de estos hechos luctuosos, con 34 y 28 casos, respectivamente; Caquetá ocupa el tercer lugar. En este contexto, los municipios más afectados por asesinatos son caucanos: Toribío, con once asesinatos; Caloto, con cinco y Corinto, con cinco.
Con relación a los presuntos responsables de muertes se desconocen los autores en 82 casos, se atribuye a disidencias de las FARC 21 casos, 16 a grupos paramilitares; 4 al ELN y uno a integrantes del Ejército Nacional. Esta preocupante cifra de impunidad tiene que ver con la tradicional práctica del sicariato, que permite distanciar estratégicamente a los autores intelectuales de los ejecutores.
De otra parte, las amenazas constituyen el tipo de agresión más utilizado para intimidar a los defensores y defensoras de derechos humanos en el país. En 2019, se registraron 628 amenazas individuales, lo que equivale al 72,6% de las agresiones ocurridas, lo que refleja un incremento del 7,7% de esta modalidad de agresión con respecto a 2018 y convierte al 2019 en el año con mayor número de amenazas de la década. Por departamentos, la mayor cantidad fue en el Cauca con 165 casos; Arauca con 43; Antioquia con 42. La Guajira tuvo 37 casos; Córdoba, 33; Valle del Cauca, 30; Risaralda, 26 y Chocó, 25.
Con respecto a los autores de 347 amenazas mediante panfletos, 245 fueron a nombre de grupos paramilitares, de los cuales las llamadas “Águilas Negras” fueron autoras de 117; las AGC, de 99 y el resto de los Caparrapos y del Cartel de Sinaloa; 48, de disidencias de las Farc; 30 fueron de origen anónimo; 12, del ELN. Somos Defensores Atribuye 12 casos a la Fuerza Pública.
Dado que 2019 se caracterizó por ser un año de movilización y protesta social, especialmente, en lo relacionado con el Paro Nacional iniciado el 21 de noviembre, el Informe profundiza en los factores de riesgo. Al respecto, destaca el alto nivel de exposición de las personas defensoras de derechos en zonas rurales que ejercen liderazgo comunitario, comunal y étnico; además de quienes promueven las políticas derivadas del Acuerdo de Paz, particularmente, quienes se relacionan con los temas de la tierra como la sustitución de cultivos de uso ilícito y la reforma agraria. En esos contextos, el nivel de exposición se incrementa con la presencia de grupos armados, “la ausencia integral del Estado y la falta de protección efectiva por parte de la Fuerza Pública presente en los territorios”.
En este sentido, el Informe es enfático en insistir que la gran responsabilidad de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos recae, principalmente, en el Estado, dado que los gobiernos, aunque parecen saberlo, no lo reconocen y mantienen políticas y medidas que no resuelven las demandas esenciales. Frente a esta cuestión, Somos Defensores retoma la afirmación del Informe Forst, el Relator de Derechos Humanos, frente a que la presencia integral no ocurrió después de la desmovilización de las FARC y de su salida de los territorios, permitiendo la reorganización del poder a manos de grupos ilegales y criminales en torno a economías ilícitas. Así mismo, coincide con dicho Informe Forst, al señalar la falta de determinación y la insuficiente asignación de fondos para temas demandados por las comunidades, lo que incrementa el nivel de riesgo de las personas defensoras, con lo que la responsabilidad recae sobre el gobierno de turno, a quien corresponde dar continuidad a lo acordado. Paradójicamente, en un contexto en el que el gobierno resulta transformando su inconformidad frente al Acuerdo de Paz en obstrucción y superposición de sus políticas frente al Acuerdo de Paz.
Al respecto, el Informe alude a la práctica desactivación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad –CNGS- escenario en el que participaban entidades del gobierno y sociedad civil, creada con el fin de construir estrategias conducentes a la desarticulación de grupos criminales y que el gobierno transformó por decreto, pero, solamente ha sido convocada dos veces desde el cambio de gobierno, cuando se suponía que debía reunirse mensualmente. En contraste, el gobierno creó el Plan de Acción Oportuna – PAO, sin la participación de la sociedad civil ni de la comunidad internacional, desconociendo así, el Acuerdo de Paz, los decretos que lo regulan, las necesidades propias del contexto, la validez de los protocolos y políticas públicas integrales de respeto y garantías para la labor de defensa de los derechos humanos.
Así mismo, Somos Defensores señala que los pactos por la vida propuestos en el Plan de Desarrollo se quedaron en meros enunciados. Este es el caso del “Pacto por la Vida y la Protección de los Líderes y Lideresas Sociales y las Personas Defensoras de derechos Humanos” suscrito en Apartadó el 23 de agosto de 2018.
El Informe llama la atención en que la militarización no está impidiendo el crecimiento exponencial de los grupos paramilitares y residuales de las FARC, generando contextos de violencia que afectan a los liderazgos sociales.
Así mismo, el Informe considera innecesario que la política pública de protección a los liderazgos sociales se concentre en un documento Conpes, dado que el Acuerdo de Paz ya dispone de herramientas y deplora que se haya construido en forma exprés, carente de conceptos y estadísticas.
Somos Defensores cuestiona que el gobierno reduzca los factores de riesgo en sus diagnósticos a Grupos armados Organizados, minería ilegal y narcotráfico, por ser estos, factores parciales que dejan de lado otras variables importantes de los contextos territoriales; tales factores incluyen las disputas por la tierra y el uso de la misma, la minería ilegal, los megaproyectos relacionados con hidroeléctricas y represas y las graves denuncias de corrupción; temas, que se relacionan con conflictos históricos de los pueblos étnicos y campesinos ante el predominio de élites económicas y políticas. El Informe insiste en el estudio de la complejidad de los territorios, donde la lucha por la tierra es central, así como la defensa de las comunidades ante la voracidad extractivista.
El Informe resalta la miopía de la Fiscalía General en materia de documentación y sanción de los asesinos de líderes sociales, lo que se manifiesta en sus anuncios difusos con respecto al esclarecimiento de los crímenes. En este contexto, plantea como gran dificultad la salida mediática de los funcionarios de la Fiscalía, la variedad de cifras que dificultan su lectura y el uso politizado de resultados de investigaciones, anclado a las coyunturas e intereses gubernamentales. Al respecto, el Informe muestra cómo la Fiscalía presentó anuncios en 2016 y 2019 sobre 308 y 321 casos investigados, donde afirma que se tendrían avances en el esclarecimiento entre el 58% y el 60%. Pero, paradójicamente dicho esclarecimiento judicial solamente llega a entre 13% y 14%, dado que solamente entre 42 y 47 casos tienen sentencia condenatoria.
En contraste, el Informe resalta la labor de la Defensoría del Pueblo, con sus constantes informes y alertas tempranas, frente a los riesgos de los líderes sociales. Así mismo, destaca los esfuerzos de la Procuraduría General para sensibilizar a la nación con respecto a los derechos humanos de los líderes sociales, mediante la Campaña Lidera la vida, así como las denuncias y artículos en los medios, en procura de visibilizar las agresiones y de divulgar las iniciativas de la sociedad civil en la búsqueda de justicia y el cese de las agresiones contra los liderazgos sociales.
Por último, vale la pena retomar el Informe de la Fundación Ideas para la Paz FIP (27,05,2020) donde resalta que entre enero y abril de 2020 hay un incremento del 53% en asesinatos de líderes sociales en Colombia, con una cifra de 49 muertes y un crecimiento del 5% en desplazamiento forzado. Este informe, sostiene que los departamentos más afectados son: Cauca con 14 casos; Putumayo, con 6; Antioquia, con 5 casos y reitera que se trata de regiones que no han visto los beneficios del Acuerdo de Paz. Así mismo, sostiene que se desconoce el 67% de los autores de los crímenes
En el mismo sentido, como informa EFE (27.05,2020), la Oficina de la ONU para la coordinación de Asuntos Humanitarios – OCHA- en los cuatro primeros meses de 2020, el desplazamiento forzado creció en un 5% al pasar de 55 eventos entre enero y abril de 2019 a 58 en el mismo lapso de tiempo en 2020. De estos, el 57% de los casos fue masivo y el 43% de tipo individual.
Con ello, se evidencia que, a pesar del confinamiento a raíz de la Cuarentena, la violencia sigue siendo la pandemia predominante en los territorios, pese a las oscilaciones por el confinamiento, sin que cese la agresión contra los líderes sociales y las comunidades.
FUENTES:
- Ulcué Campo Gustavo, Muñoz Murillo Sirley, Pinzón Suly, Díaz Morales Leonardo, Herrera Sebastián y Llano Cristian. Programa Somos Defensores. La Ceguera. Informe Anual 2019. Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia – SIADDHH-. Bogotá. 2020.
Ver: https://somosdefensores.org/
- EFE Redacción. Asesinatos de líderes sociales en Colombia crecieron 53 %, entre enero y abril. Periódico El Espectador. Informe: “Dinámicas de la confrontación armada y su impacto humanitario y ambiental” de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). 27, 05, 2020.
- Ver: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/asesinatos-de-lideres-sociales-en-colombia-crecio-53-entre-enero-y-abril-articulo-921354
Albeiro Caro Fernández, Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo. Corporación Nuevo Arco Iris.
Foto tomada de: https://www.radionacional.co/
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