La demanda y su sustentación
“Es prácticamente imposible reducir las desigualdades económicas más fuertes sin un sistema tributario progresivo, que cobre tarifas efectivas más altas a quienes más ingresos y patrimonio tengan”. Esta es la frase inicial de su artículo. No precisa cuáles son las desigualdades económicas más fuertes, pero parece que entiende por desigualdades las relativas a las diferentes magnitudes de ingreso, supongo absolutas (proporción de personas que no obtienen ingresos monetarios para comprar una canasta básica) o relativas (distribución proporcional del ingreso). El propósito es reducir estas desigualdades, lo cual se puede lograr cobrando impuestos más altos a quienes tienen más ingresos y patrimonio.
Para sustentar la demanda Uprimny considera países igualitarios a Austria, Alemania y Finlandia donde mediante el sistema tributario se logra que la desigualdad antes de impuestos se reduzca en buena proporción; dichos países son también desiguales en cuanto a las clases sociales y los ingresos primarios, debido a que son países capitalistas, pero mediante los impuestos se logra que, por ejemplo, el GINI pase de 0,5 a 0,3. Es decir, no son países tan igualitarios en las relaciones de producción y la generación del ingreso social, pero lo son en el reparto posterior, aunque los trabajadores siguen sometidos a relaciones laborales donde están en posición de inferioridad y a circunstancias inevitables como el desempleo.
En Colombia no se produce dicha reducción de la desigualdad monetaria por dos grandes razones, nos expone Uprimny, basándose en trabajos de Garay, Espitia, Alvaredo y Londoño. La primera por el peso del IVA dentro de los impuestos del Estado, impuesto que es regresivo; lo segundo porque los más ricos pagan tarifas efectivas más bajas que personas de menos ingresos, debido a una cantidad de privilegios tributarios.
Es evidente que “el sistema tributario colombiano viola desde hace décadas el principio constitucional de progresividad establecido en el artículo 363 de la Constitución, razón por la cual algunos de los mejores economistas y constitucionalistas del país, junto con Dejusticia, presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra el Estatuto Tributario”, con el propósito de lograr una “sociedad más democrática y más justa”.
La demanda no apunta a la desigualdad fundamental
De acuerdo con la argumentación de Uprimny, si se realizara dicho pacto fiscal, que permita un sistema tributario progresivo, tendríamos verdadera democracia, aunque siguieran existiendo capitalistas por un lado, dueños del proceso productivo, y por el otro trabajadores asalariados y una gran masa de desempleados, abiertos o disfrazados, esperando ser contratados por los primeros, es decir a pesar de mantenerse una clara desigualdad entre las personas.
Es claro que con esta iniciativa no se pretende afectar la desigualdad cualitativa que consiste en el diferente lugar que ocupan las personas en el proceso productivo, el hecho de que más de 20 millones sean trabajadores asalariados o cuenta propia y menos de 1 millón sean capitalistas. Esta no es una desigualdad económica “fuerte”, es una desigualdad inexistente a los ojos de Uprimny, a pesar, de que para entender la desigualdad en cuanto a magnitud de ingresos y patrimonio es necesario comprender primero su fuente, es decir la desigualdad cualitativa.
El artículo 13 de la Constitución Política afirma que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades”. No hay que estudiar mucho para darse cuenta de que las personas no nacen iguales, ni tampoco profundizar demasiado para observar que no reciben la misma protección y trato de las autoridades ni gozan de los mismos derechos. El trabajador asalariado no tiene los mismos derechos que el capitalista, el asalariado está obligado a vender su fuerza de trabajo por la necesidad de vivir; es evidente que a pesar de la Constitución las personas capitalistas no son iguales a las personas asalariadas.
Siguiendo la lógica de Uprimny podría decirse que para que Colombia fuera una sociedad verdaderamente democrática habría que establecer un pacto que permita efectivamente una sociedad entre iguales en cuanto a la posición ocupacional (para hablar en términos del DANE), es decir, una sociedad donde no hubiera capitalistas y asalariados, sino simplemente trabajadores. Pero esto no se puede hacer con la Constitución actual, sería necesario reformar el artículo 17 de la Constitución Política donde se dice que se prohíbe la esclavitud y la servidumbre en todas sus formas para incluir que se prohíben también bajo la forma del trabajo asalariado. La Constitución colombiana claramente establece la desigualdad fundamental entre las personas.
Con una sustentación parecida a la utilizada para demandar el estatuto tributario se debería demandar las leyes de presupuesto general de la nación y las leyes sectoriales en vivienda y en materia de trabajo, por ejemplo, dado que no garantizan los derechos constitucionales a un trabajo digno y a una vivienda digna para todos, para solo mencionar un par de derechos no garantizados en forma igual a todas las personas.
La viabilidad política de la propuesta
Es muy difícil que prospere la idea de un pacto fiscal redistributivo en Colombia. Esto implica sencillamente que los capitalistas tienen que desprenderse de una parte mucho mayor de sus ganancias. Pero resulta que son justamente los capitalistas los dueños del país y de las instituciones estatales; basta ver cómo se ha conformado el gabinete de Duque y como un solo capitalista ha tenido en su nómina privada al procurador y al anterior fiscal, entre muchos otros funcionarios. Son además los dueños de los grandes medios de comunicación y centros de investigación, de las fundaciones más poderosas y los grandes financiadores de las campañas políticas. Los posibles beneficiarios de un sistema tributario más progresivo no tienen suficiente fuerza política ni se dan las condiciones que han permitido que en países como Alemania o Austria se dé una mayor distribución del ingreso. Pero, así como con la propuesta de la renta básica universal, hay que intentarlo y este camino jurídico es otra acción más en esta perspectiva, que puede servir para medir las fuerzas de las partes contendientes y para evidenciar los límites reales de la “democracia y la justicia” en nuestra sociedad. Si no prospera la demanda, queda la opción de promover un referendo.
En el fondo este tipo de iniciativas parecen muy democráticas y progresistas y son legítimas pero básicamente son acciones que apuntan a consolidar el capitalismo, a promover la idea de que es posible un capitalismo bueno, humano que garantiza el bienestar de todos. En lo fundamental Uprimny está de acuerdo con las concepciones de economistas neoclásicos como Samuelson: la sociedad de mercado y el capitalismo son el mejor tipo de organización para la asignación de los recursos pero tienen algunas “fallas”, como por ejemplo la mala distribución del ingreso que puede ser corregida mediante intervenciones estatales. La mayoría de intelectuales en Colombia comparte esta concepción que contribuye a generar la ilusión entre los trabajadores de que es posible mejorar sustancialmente sus condiciones de vida, sin afectar para nada la desigualdad fundamental de nuestra sociedad. De hecho, estos intelectuales ni siquiera se preguntan por qué unos nacen asalariados y otros capitalistas, esto se acepta como un designio divino o simplemente algo natural.
Estas medidas redistributivas son paños de agua tibia, medidas transitorias, sujetas siempre a retrocesos, como muestra la experiencia del neoliberalismo en las últimas décadas. Sin la supresión del trabajo asalariado no es posible pensar en una sociedad que avance hacia la igualdad consagrada en la Constitución colombiana. Parecía que Piketty en su último libro proponía el camino hacia el socialismo con su idea del “socialismo participativo” pero esto resultó ser un engaño dado que se trata solo de una nueva versión del Estado de bienestar. Más avanzado estuvo Albert Einstein quien consideraba que no había solución dentro del capitalismo: “Estoy convencido de que existe un único camino para eliminar estos graves males, que pasa por el establecimiento de una economía socialista, acompañada por un sistema educativo que esté orientado hacia objetivos sociales. Dentro de ese sistema económico, los medios de producción serán propiedad del grupo social y se utilizarán según un plan. Una economía planificada que regule la producción de acuerdo con las necesidades de la comunidad, distribuirá el trabajo que deba realizarse entre todos aquellos capaces de ejecutarlo y garantizará la subsistencia a toda persona, ya sea hombre, mujer o niño”. Aprendería mucho Piketty leyendo este texto de Einstein[3].
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[1] Artículo 363. El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad.
[2] https://www.elespectador.com/opinion/demanda-por-un-pacto-fiscal-contra-la-desigualdad-columna-921860
[3] https://www.marxists.org/espanol/einstein/por_que.htm
Alberto Maldonado Copello
Foto tomada de: Ambitojuridico.com/
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