La ley 100 de 1993 implantó un Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) que acabó con la red pública, privatizó los servicios y convirtió la salud en una mercancía y la atención de la salud en un vil negocio.
José Félix Patiño, ex Ministro de Salud
Hace más de 25 años el exrector de la Universidad Nacional de Colombia y médico Patiño anunció cual sería el efecto de la Ley mencionada en el epígrafe, presentada y defendida entonces en el parlamento por el novel legislador Álvaro Uribe Vélez con la cual inició su tránsito del Liberalismo-partidista al puro ideal Conservador de la mano del presidente del Directorio Nacional Conservador Jaime Arias, los dos, coautores de la mencionada Ley. Pues bien, a raíz de la pandemia que nos azota ha quedado demostrado con creces que la salud en Colombia no solo es un ‘vil negocio’, sino además un fracaso total. El hecho mondo y lirondo es que las autoridades no han podido contener la pandemia y día a día aumenta el número de infectados y de muertes, que Duque de manera falaz atribuye a que han aumentado las pruebas para detectarlo, cuando precisamente es la cantidad reducida de pruebas lo que no ha permitido parar la propagación. Un solo ejemplo, el gobierno comunista de China para controlar una segunda ola del virus realizó en el lapso de dos semanas 11 millones de pruebas en la ciudad de Wuhan, a un costo de US$ 127 millones, pero para ello hay que poner al pueblo en el centro de las preocupaciones, disponer de los recursos y de un sistema de salud a toda prueba, como también lo han demostrado Japón y Corea del Sur. Pero, el gobierno ha dejado ver su carácter excluyente con los sectores mayoritarios de la población y para no salir comprometido ha puesto la responsabilidad en los alcaldes sin recursos y no en el sector financiero que son los verdaderos dueños del sistema de salud en Colombia. ¿De dónde sacar recursos para afrontar el desarrollo y una pandemia como la que estamos viviendo?
Acaparamiento de la tierra en Colombia
Quién tiene tierras tiene guerras.
Les Paysans
Honorato de Balzac
Nada más diciente que las cifras sobre monopolio de la tierra en Colombia, el 75 por ciento son predios que sobrepasan las 1.000 hectáreas está en manos del 2 por ciento de propietarios, en la inmensa mayoría terratenientes ganaderos y que según uno de sus cabecillas Lafaurie no pasan de 8000, la mayor parte miembros del Centro Democrático y contribuyentes sagrados del paramilitarismo. Mientras tanto, en proporción inversa, un 75 por ciento de tenedores predios que no alcanzan las 5 hectáreas, cuentan con tan solo el 2 por ciento de la superficie y son quienes suministran a la población colombiana los alimentos básicos hortalizas, frutas, legumbres tubérculos y los caficultores que engordan las arcas de la camarilla que controla la Federación Nacional de Cafeteros. Y según, el Proyecto de Protección de Tierras del gobierno nacional (2010) en Colombia había 27.691 predios calificados como gran propiedad, por lo general dedicados a la ganadería extensiva con 37’.925.233 hectáreas.
Crisis de recursos
Con la pandemia ha quedado al desnudo la crisis de recursos del país y se decidió por aumentar el déficit: Primero, tomar dineros prestados a departamentos y municipios (pensiones, fondo de estabilización de las regalías) con lo cual dejó en la miseria las instituciones regionales, así como la inversión forzosa que se le impuso a los bancos por 2,7% del PIB, un préstamo que estos por obligación tienen que hacerle al gobierno, pero que hay que redimirlo y pagar intereses como todo empréstito. Otro 2.2% del PIB, el déficit que arrastraba el presupuesto, financiado con emisiones de TES en el mercado interno y un tercer elemento, la caída de recaudos de la DIAN por unos 12 billones, financiado con crédito externo hasta por US $ 3.500 millones.
El ministro de Hacienda haciendo de estratega militar plantea tres barreras de contención de la crisis. Primera, mas crédito externo por parte de entidades multilaterales (FMI) por US $ 12.000 millones. Segunda trinchera, recurrir a empréstitos internos de largo plazo (20-30 años) que está por verse y la tercera casamata, la de siempre, recorte del gasto publico con una reducción del presupuesto, o, ‘reacomodación’ de 6 billones de pesos, que como es obvio lo primero que afectará será la inversión social. Es decir, no se apela al Banco de República que es un crédito mas barato, ni a la reforma tributaria que mas temprano que tarde llegará, dentro de lo que el exministro Juan Camilo Restrepo llama el “gradualismo homeopático propio de los colombianos”. La misma receta cuyos resultados están a la vista, conclusión de un sistema de capitalismo superexplotador y agalludo y claro hay que preocuparse por un aumento de la deuda o por su sostenibilidad, factor de tener muy en cuenta dada la elevada deuda pública cercana al 60% del PIB.
El Banco de la República siguiendo la metodología de la Reserva Federal de los EE.UU., viene de presentar el reporte de Estabilidad Financiera (27/05/2020) que constata la “aparición de vulnerabilidades para la estabilidad financiera, producto de la caída de los precios del petróleo y de la pandemia”. El informe alude a una contracción del crédito como efecto del endurecimiento de las garantías y de la alta exposición de la cartera de hogares y la reducción de los márgenes de intermediación que ha disminuido la rentabilidad del negocio bancario y plantea un crecimiento negativo transitorio pero fuerte y recuperación de la economía hasta finales de 2021. No lo dice Petro, sino el propio banco central, con retos muy grandes en el terreno fiscal, social, monetario y financiero, promovidos por la reducción de los precios de los comodities, único bien del que vivimos.
En esas condiciones la propuesta lógica de quien toma como centro de la problemática al pueblo y no a los ocho mil terratenientes ganaderos de Lafaurie es buscar los recursos en el interior de nuestra propia realidad económica. Esta crisis de salud pública revela que existe una gran crisis social y económica que sacó a flote la inequidad de nuestro sistema.
Por ello la propuesta y la urgencia de una actualización catastral que considere un bien establecido impuesto a la tierra.
Impuestos a la propiedad de la tierra
Pasada la II Guerra Mundial y bajo la ocupación de tropas estadounidenses, el General McArthur asesorado por Wolf Ladejinsky (1899-1975) del Departamento de Agricultura-USDA un académico estadounidense especialista en política agraria y creador del movimiento de reforma agraria de la pos-II Guerra Mundial, con valiosos estudios enfocados a aliviar la pobreza rural y los problemas del desarrollo de estas sociedades, que con un mandato de fuerza y poder impusieron profundos cambios por medio de la reforma agraria, en las sociedades de Corea del Sur, Japón y Taiwan, territorios que habían quedado devastados después de la guerra y de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki y la guerra de Corea y que hoy son modelos de progreso y bienestar.
Y el ministro conoció y sabe que en Colombia el cacao-empresario y sólido intelectual don Hernán Echavarría Olózaga durante toda su vida defendió esta misma idea, como expresión del odio que este capitalista industrial tenía hacia el propietario terrateniente como elemento parásito y obstáculo a la modernización del país. El mérito de George señor ministro es haber sido el creador del movimiento de reforma agraria ¿y el suyo? Porque, después de encomiar a George, concluye traicionándolo refiriendo, que la polémica sobre el impuesto a la tierra está desde que “mi dios existe” y es de ‘nunca acabar’ porque es un “problema político” como si lo contrario no fuera político. El impuesto a la tierra no es un invento socialista o comunista, como quieren hacerlo ver Lafaurie y su manada de ganaderos, lo demuestra el hecho de que los países que han aplicado impuestos a la tierra siguen siendo capitalistas, pero lo trascendental es que son de los más avanzados y equitativos del mundo. El historiador Álvaro Tirado Mejía en el prólogo al libro La Revolución en marcha en su última edición afirma: “Se sabe que, en todas partes, las reformas tributarias crean resistencia y oposición de los sectores afectados. Que el meollo de la discusión está en determinar cuál sector de la sociedad –si los más ricos, la clase media, los asalariados– soportará el mayor peso de la carga fiscal. Así sucedió cuando el gobierno de López Pumarejo propuso una tímida ley tributaria (78 de 1935), dirigida a gravar el exceso de utilidades, a la creación del impuesto al patrimonio y a aumentar las tarifas para las rentas más altas.” Juan Ricardo Ortega exdirector de la DIAN quien tuvo que buscar el exilio por sus denuncias sobre evasión de impuestos afirma en la revista Dinero “ que las zonas urbanas apenas cubren 3,6% del territorio nacional, que de los 15,7 millones de predios formados 11,6 millones son urbanos y que de los 114 millones de hectáreas de territorio cerca de 30 millones aun no cuentan con una formación catastral debería ser evidente para todo el mundo que la propiedad de tierras rurales son un agujero negro.” Y de hecho, según la ONU, el promedio del predial en el campo colombiano es de 3 pesos por cada 1.000 pesos del avalúo de la propiedad, cuando el potencial es de 16 por 1.000.
Es bueno recordar los argumentos de Echavarría Olózaga con eco en pocos políticos entre otros Carlos Lleras Restrepo, y el conservador Jota Emilio Valderrama. En su disertación de membresía a la Academia de Ciencias Económicas dedicado al tema de Tenencia de la tierra decía que en Colombia la “tenencia de la tierra es una inversión patrimonial en busca de valorización, más que un activo de producción, es un activo de acumulación de patrimonio”. Argumentó como el narcotráfico desde “La ventanilla siniestra”, el grueso de la clase dirigente decidió que las finanzas y la propiedad raíz tenían mejores perspectivas para la inversión, pues como cantaba el poeta León de Greiff, “Para que laborar si eso es útil, hidalgo”, que lleva a Kalmanovitz a demostrar como el afán de poseer tierra es una “tara” “y la verdad es que “el prestigio que siempre tuvo en la península la posesión de la tierra nos llegó a nosotros. Hidalgo en España es derivación de “hijo de algo”, que se decía del que tenía solar hacen que los agricultores ganen poco en sus actividades agrícolas y mueran ricos, debido a la valorización de sus tierras”[1], siendo enfático en afirmar que “debemos tener presente que el sesgo feudal de la legislación tributaria ha mantenido los avalúos catastrales de la tierra en sí (sin tomar en cuenta el gravamen de las mejoras) muy bajo”. Tajantes los argumentos de Echavarría Olózaga cuando dice que “la tierra es el recurso natural más valioso que tiene el país. Si permitimos que pueda ser acaparada, con miras a valorización, sin obligación de hacerla producir eficientemente, obviamente no satisfacerá las necesidades de la comunidad”, pues los terratenientes ganaderos le tienen aversión al campesino, porque es productivo, es un ejemplo de laboriosidad al producir los alimentos que mantienen viva la población colombiana y por ello los expulsan del campo en todas las formas. Una hacienda de mil hectáreas en ganadería no ocupa más de dos trabajadores permanentes. Entonces, el campesino es marginado y expulsado y no es el proceso de industrialización el que lo lleve a la ciudad, sino que en el campo no tiene espacio, ni de que vivir y se marcha a la ciudad donde tampoco, porque la industrialización es incipiente y no le queda otro camino que el de la informalidad.
Se pregunta HEO el “¿Por qué entonces se permite que la tierra pague el impuesto catastral sobre valores irreales? Esta es una de las muchas demostraciones del espíritu feudal que todavía subsiste en el país … El que es inevitable y efectivo es el impuesto sobre el valor del predio, y ese es el que no se acepta por ningún motivo, precisamente por eso, porque es efectivo…en Colombia mucha tierra está en manos de propietarios que no necesitan explotarla porque tienen otras rentas de las cuales viven. De la tierra sólo esperan obtener una ganancia por valorización, que vendrá con el tiempo.”. En estas condiciones HEO concluye: “Según las normas vigentes, el avalúo catastral no se hace sobre el valor de la tierra pelada, sin mejoras, sino sobre el valor de la explotación con todas sus mejoras. Esta norma es contraria a lo que debería ser, puesto que penaliza los predios a los cuales se les han introducido mejoras, como quien dice, el mundo al revés. Un sistema impositivo racional e inteligente para el agro, en las condiciones actuales del país, debería tener estas características:
- Unos avalúos catastrales muy cerca al valor comercial de los predios pelados, sin mejoras.
- Un impuesto catastral razonable sobre esos avalúos comerciales.
- Eliminación de los impuestos de renta y presuntiva que hoy gravan las explotaciones agrícolas.,
- Un impuesto patrimonial razonable, destinado íntegramente a crear un fondo para adquisición de tierras para su distribución.”
Esto, para “sacar al país del cepo feudal”
El IGAC en una actualización a 2019 del predial del departamento del Magdalena reveló que los 30 municipios comprendidos áreas urbanas y rurales suman 2,3 millones de hectáreas con un valor predial de $14,3 billones de los cuales $11,4 billones corresponden a áreas urbanas que grosso modo serían unas 300.000 hectáreas y $2,8 billones al área rural, esto es, a 2.000.000 de hectáreas, lo que muestra una tasa del gravamen del 3.8 x 1000 para lo urbano y de 1.2 x 1000 para la parte rural. O sea, seguimos en lo mismo, sino peor. Se nota la influencia del presidente de Fedegán y su matarife, si se tiene en cuenta que más adelante la información el IGAC informa que “De 30 municipios del Magdalena, 22 están en mora de actualización rural: Algarrobo, Aracataca, Ariguaní, Cerro de San Antonio, Ciénaga, Concordia, El Piñón, El Retén, Fundación, Guamal, Nueva Granada, Pedraza, Pijiño del Carmen, Puebloviejo, Remolino, San Sebastián de Buenavista, San Zenón, Santa Ana, Santa Bárbara de Pinto, Sitionuevo, Zapayán y Zona Bananera … la desactualización en el municipio supera los 20 años en las áreas rurales y las urbanas.” Con toda razón Ortega, exdirector de la Dian, refiriéndose al total del país acotaba: “De los 16 millones de predios, 64% no tienen información actualizada, como muchos de los apartamentos de lujo en Santa Marta cuyos precios son de $2.000 millones, pero sus avalúos catastrales son ridículos, $200 millones.” Y entonces, un apartamento en El Rodadero de un clase media avaluado en $200 millones y que lo está pagando, paga igual que uno de $2.000 millones que también esta avaluado en $200 millones, pero que pertenece o a un corrupto o a un traqueto: Ni más ni menos que el “agujero negro” a que se refiere el exDian. Por esas razones concluye: “En Colombia la propiedad rural es un importante medio para atesorar riqueza sin rendirle cuentas a nadie. No es clara la propiedad, el valor se registra por cifras irrisorias, las entidades que deberían actualizar el valor no lo hacen, los linderos de los predios se pueden modificar por resoluciones del IGAC a nivel de unas débiles y vulnerables oficinas locales, las benditas escrituras de posesiones siguen estando al orden del día y el registro de propiedad es incompleto, débil y vulnerable. Los impuestos son el instrumento idóneo para desincentivar su uso como medio para atesorar la riqueza de narcos y corruptos.”
Modernización: el catastro multipropósito
El catastro multipropósito o modernización del sistema catastral del país fue uno de los compromisos del pacto de paz firmado con las Farc. El gobierno dio paso libre a la iniciativa que cuenta con los recursos para su ejecución proporcionados por préstamos del Banco Mundial de US $100 millones y otro del BID por US $50 millones. Mas recursos de USAID que apadrina el programa.
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC responsable de la ejecución empezó a trabajar, pero a ritmo de tortuga, tal como ha sucedido cuando de actualizar los registros que busquen sanear las deficiencias del sistema o puedan implicar la mas mínima alza del impuesto catastral para los terratenientes ganaderos de quienes esta agencia es prisionera.
Pilotos de IGAC realizados a 2019 a continuación:
De la experiencia piloto en el Municipio de Ovejas, zona de Montes de María, desarrollada con la Agencia Nacional de Tierras-ANT, el Departamento Nacional de Planeación-DNP y la Agencia para el Desarrollo Internacional-USAID, en agosto de 2019, entregó 1058 títulos de propiedad con lo que formalizó 1395 hectáreas, después de tres meses de trabajo. Lo curioso es que los predios saneados son todos urbanos correspondientes a la cabecera municipal de Ovejas y a 11 corregimientos que lo conforman. Con toda razón los dirigentes de la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos ANUC en cabeza de Alfonso Chamorro denunciaron que los “terrenos veredales no se incluyeron”, y como es obvio, allí es donde esta el verdadero problema a la hora de definir la situación legal de los predios y sus verdaderos dueños. Salta a la vista la demagogia de la acción gubernamental en cuanto al cumplimiento de los acuerdos de paz, porque, si para levantar el catastro multipropósito de 260.000 hectáreas en 9 municipios demoraron 3 años, para hacerlo sobre los 114 millones de hectáreas de todo el país estarían terminando el próximo siglo, o sea, como dice el bolero: ¡!Ya para que¡! Más alarmante es la declaración de María Adelaida Barros, asesora de la Consejería Presidencial encargada de monitorear la implementación del catastro multipropósito, señala que el piloto en Ovejas “comenzó en 2016, sin embargo, se extendió hasta 2018 por un déficit de coordinación entre las entidades estatales a cargo”, lo cual hizo que el gobierno tuviera que implementar ajustes en 2019 como simplificar el formulario de actualización al mínimo de variables. una de las críticas que ellos tienen es que “en algunos predios y parcelas legalizadas no ha habido una gestión diferente a la ya hecha”, según advierte Chamorro. (ET, Karen Parrado,27 de febrero 2020) y así, se aspira a cubrir 11.7 millones de predios. Simplificar el formulario implica escamotear el rigor técnico de la Catastro Multipropósito, esto es, volvemos a quedar en lo mismo y los ganaderos se saldrán otra vez con la suya, en contra de la modernización del país. ¿Porque afirmo escamotear? La razón es que el sistema multipropósito buscar definir e identificar los predios no con un racero, sino de manera individual para que la administración fiscal sea equitativa y representativa de la realidad de la tierra y no el resultado de un promedio. Además, deberá contener información completa y veraz sobre la situación legal real de los predios y no podrá presentar inconsistencias entre su propio sistema y el registro.
El catastro multipropósito tendría un contenido político de suma importancia en la medida en que pone a disposición del público toda la información predial, aunque en los pilotos referidos estos datos no aparecen en la información del IGAC y además es la oportunidad de que involucren una especie de veedores a los equipos técnicos de gentes de la región de reconocida idoneidad, como las Juntas Veredales de los Usuarios Campesinos y de la Acción Comunal. Si partimos de la base de que el 65% del territorio ya formado presentan catastros desactualizados es decir 722 municipios y 187 municipios afectados por las acciones armadas del conflicto, y el 17 % no tiene formación catastral, la tarea al ritmo que se lleva es una verdadera frustración y un incumplimiento a los acordado en el pacto de paz. En sus propias palabras el mismo IGAC presenta la situación: “El nivel de actualización catastral del país (29% de los municipios) es extremadamente bajo: tan solo 320 de un total de 1.101 municipios y San Andrés cuentan con catastros al día. Lo anterior contrasta con las disposiciones normativas, ya que de acuerdo con la Ley 223 de 1995, las actualizaciones deben realizarse al menos cada cinco años. En consecuencia, todo municipio con vigencia catastral anterior a 2011 se encuentra desactualizado”, que ha sido la eterna constante de este instituto que ha demostrado por siempre su ineficiencia. Bogotá que maneja su propio sistema catastral y de recaudo en 2014 el “predial recaudado per capita fue de $262.849, mientras que municipios administrados por IGAC, “solo alcanzaron un per capita promedio de $65.608, es decir, Bogotá triplica el recaudo de los municipios restantes del país”, según el propio IGAC.
Se gana así mismo, precisión en cuanto a la representación geográfica de los predios que en la actualidad es poco confiable y da lugar a numerosos conflictos de delimitación. Y no se diga en gran beneficio del multipropósito en lo que hace relación con el ordenamiento territorial y el tema del medio ambiente y protección de áreas naturales de conservación. Los beneficios económicos del catastro multipropósito y del establecimiento de un impuesto nacional a la tierra, no solo en cuanto al incremento del recaudo, por efecto del ordenamiento, sino de tarifas que tengan en cuenta el valor real de las propiedades en un avalúo muy cercano al comercial. Es por completo antiético e inmoral, por ejemplo, la practica que para tasar el impuesto predial se base en el avalúo catastral y para cobrar intervenciones del Estado en un predio, como cuando lo atraviesa una carretera o una red eléctrica, -de hecho valoriza el predio-, se liquide sobre la base del avalúo comercial. Otro beneficio es que al establecer el impuesto a la tierra nacional, se elimina la acción perversa de los gamonales y politiqueros que mangonean los Concejos Municipales que en la actualidad detentan la potestad de fijar las tarifas. Dichos recursos se dedicarán exclusivamente al desarrollo de las regiones en los propósitos de específicos de los acuerdos de paz, los municipios tendrían a su cargo la ejecución de obras como las vías terciarias, la infraestructura educativa y de salud y el fomento agropecuario; los departamentos administrarían vías secundarias y la nación las primarias. Hay millares de iniciativas que no se pueden desarrollar sino con recursos. Y por esta razón no se trata de “incrementar el recaudo” cantaleta eterna del IGAC, sino de incrementar las irrisorias tarifas actuales del 3 x mil.
Las consecuencias del sistema terrateniente, en especial de la ganadería extensiva son palpables en las grandes haciendas en particular de la costa caribe donde aun si paga el salario mínimo los trabajadores están excluidos de muchas de las prestaciones y deben trabajar todos los días de la semana, incluyendo los dominicales, pero no es solo el trabajador contratado, es también el trabaja de la esposa o compañera y de los hijos que algunas labores realizan todos esto sin paga, por lo cual aunque es un trabajo asalariado, este se encuentra en una servidumbre que lo condena a estar siempre a disposición, situación que esta emparentada con la feudalidad. Con plena razón dice Kalmanovitz: “El procedimiento más sencillo de evitar Impuestos en Colombia es legal: Consiste en comprar tierra”
Unos meses antes de la pandemia, Mauricio Cabrera escribió en El País un artículo titulado “Impuestos a la tierra” en el cual resalta la importancia que toma la influyente revista The Economist que editorializa en los siguientes términos: Todos los países deberían poner más impuestos a la propiedad de la tierra y a las herencias … una propuesta sería crear un impuesto sobre el valor de la tierra que es la forma mas eficiente de impuesto sobre la propiedad.” La versión actual de esta propuesta -dice Cabrera-– es el Catastro Multipropósito que no ha podido ser aprobado en el Congreso por la presión de los terratenientes.” El reciente pronunciamiento de Garay y Espitia[2] con un énfasis sobre el aumento de poder económico que produce el acaparamiento de tierras, sino el incremento del poder político, como el ejemplo mas reciente es el reverzaso de Frank Pearl en el gremio de los azucareros, que fue ungido por los grandes capitalistas de la producción industrial de azúcar (Manuelita, Providencia, Central Castilla y el emporio de Ardila Lule), pero echado para atrás por los ganaderos que a la vez son pequeños arrendadores de tierras a los magnates con un panfleto clandestino en el que afirman que el “acuerdo de paz imperfecto que en su contenido tiene una reforma Agraria nefasta para nuestro Valle del Cauca y el País” que atribuyen a Pearl. La propuesta de Garay y Espitia se concreta a proponer un aumento en la tarifa al 10 por mil para 2021 y en un 14 por mil para 2022.
Con todo y lo benéfica que sería esta propuesta, sigue vigente un problema. ¿Sobre que base se aplicaría esta propuesta? Y vuelve y salta la liebre, no puede ser sobre la base de los avalúos catastrales vigentes que son irrisorios, sino sobre la base nueva que arroje el catastro multipropósito si es bien concebido y no lo siguen limitando. Y además, la tarifa debería elevarse hasta el tope máximo que fija la ley y es el 16 por mil. ¿Podrían los señores de la tierra y de la guerra colaborar al progreso y la paz de Colombia después de la pandemia si es que algún día termina?
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[1] Hernán Echavarría Olózoga, LA TENENCIA DE LA TIERRA Y EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, Disertación para ingresar como Miembro de Número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas.
[2] http://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/reforma-del-impuesto-predial-como-medida-emergente-ante-la-crisis-por-el-covid-19/
Alfonso Cuéllar
Foto tomada de: RCN Radio
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