Desde el 15 de marzo, como se comenta en artículo anterior, Caro (23, 06, 2020), el movimiento carcelario presentó propuestas, a través de comunicados, con respecto a la urgencia de adoptar medidas para proteger la vida de la población reclusa ante la inminencia del coronavirus, teniendo en cuenta que ninguna cárcel estaba preparada para enfrentar la pandemia. Por esos días, la Corporación Solidaridad Jurídica le entregó al gobierno una serie de videos, para mostrar las condiciones de riesgo sanitario. Hubo manifestaciones pacíficas por parte de las internas del Buen Pastor que, en vez de ser atendidas mediante el diálogo, fueron reprimidas con intervención del ESMAD. En general, la respuesta fue proceder a la restricción de las visitas, sin aplicación de protocolos ni asignación de recursos para mejorar las condiciones de higiene.
En ese contexto y, como parte de las protestas sociales que venían desde el año pasado, a raíz de la preparación, realización y continuidad del Paro Nacional del 21 de noviembre (21N) en el país, también en las cárceles se iniciaron los “cacerolazos”, en la noche del 21 de marzo; estos fueron promovidos por presos políticos que, coordinadamente, en diversos centros de reclusión buscaban que se mejoraran las condiciones internas y como expresión pacífica de rechazo a la restricción de las visitas, única medida de prevención adoptada por el INPEC frente a la inminencia de la pandemia. Pero, la dinámica de coordinación de la población interna implicó diversas manifestaciones. Entre ellas, un grupo minoritario en diversas cárceles, especialmente en la Modelo de Bogotá, transformó la protesta pacífica en motín, presumiblemente, con intención e incitación a escapar del centro de reclusión. Dicha acción se convirtió en “excusa” por parte de la Ministra de Justicia, Margarita Cabello, del General de la Policía Norberto Mujica y de los grandes medios de comunicación para justificar la cruenta represión que, durante más de diez horas, vivieron los internos en aquella fatídica noche en la Cárcel Modelo.
La imagen que se quiso afianzar en la llamada “opinión pública” fue la de un levantamiento armado de los reclusos, provocado por guerrilleros del ELN, “disidentes” de las FARC en alianza con paramilitares, dentro de un plan de fuga en todo el país. Así tiende, todavía la Revista Semana (06,06,2020) a mostrar la violencia desenfrenada que terminó con 23 internos asesinados y otros 83 heridos, más 8 guardias también lesionados, en la Cárcel Modelo. Del resto de cárceles del país y de los “cacerolazos” realizados por parte de los internos en 13 cárceles, de manera simultánea aquella noche trágica del 21 de marzo de 2020, no se volvió a hablar, o mejor, se les presentó como parte de los motines, con la intención de desvirtuar sus características originarias de protesta pacífica.
La crónica de los sucesos en el relato de Revista Semana, así como una muestra de diez horas de grabación a través de las cámaras instaladas en el penal y la posterior entrevista en #SemanaTV (08,06,2020) tiende a presentar, inicialmente, el alzamiento de un grupo de reclusos en “diez horas de terror”. Mientras las imágenes pasan durante 22 minutos, los comentarios del Equipo Periodístico encabezado por Vicky Dávila destacan las acciones de 200 reclusos amotinados, en una cárcel de 5.000 internos hacinados, con capacidad solo para la mitad, con 40 guardias del INPEC para controlarlos en situaciones normales.
Los textos de la crónica de Semana del seis de junio, presentan relatos de guardias acerca de un levantamiento de cerca de 1.000 internos del patio cuarto, armados con cuchillos y punzones, quienes incendian colchones para alejar a los guardianes y, luego, se apoderan del fusil de un guardián de la garita número ocho, quien salta ocho metros al vacío para huir del humo, después de romper el vidrio.
Los relatos dejan en evidencia que desde días anteriores se sabía de los preparativos de los grupos de reclusos y no se hizo aparentemente nada para prevenir los hechos, hasta el momento de la conflagración, cuando aparecen guardias especiales del INPEC, fuertemente armados, cuya intervención arrecia hacia las once de la noche. Muestran, además, la forma como mueren varios de los internos; la mayoría en condiciones de indefensión y mediante balas de fusil, en la cara, la nuca, el cuello, el pecho o por la espalda; las distancias presumibles por balística, llevan a pensar que las personas estaban corriendo en procura de escapar y no atacando a los francotiradores.
En las imágenes del video del seis de junio, se muestra cómo un guardia arrastra el cuerpo desgonzado de un hombre, aparentemente muerto y lo deja en el piso. Otros internos, desnudos, son obligados a correr hacia adentro de las instalaciones, mientras grupos de reclusos son sometidos a golpes de garrote por parte de grupos de guardianes ensañados en sus cuerpos y otros más, caminan agachados esposados, mientras son sometidos a golpes.
Los comentarios refieren que, gracias a la intervención de los guardias del INPEC y no del ejército, la masacre no fue más cruda. A pesar de ello, reconocen que las necropsias muestran que la fuerza aplicada contra los internos fue desmedida. La crónica refiere que los informes forenses y el avance de las investigaciones permite hoy saber cómo murieron los internos. Presenta registros de hallazgos específicos de lesiones mortales en las necropsias. Sin embargo, plantea que no es fácil determinar la responsabilidad individual de los guardias del INPEC, dado que, como lo estableció una comisión de la Procuraduría, los guardianes no dejaron un registro de quién usó cada una de las armas. Nada se dice de líneas de mando ni de responsabilidad política y jerárquica dentro del camino de impunidad ante estos hechos horrendos, donde se cuenta con el compromiso de palabra, por parte del Procurador, para esclarecerlos y proceder a las sanciones pertinentes.
El domingo 22 de marzo, la Ministra de Justicia, Margarita Cabello y el Director del INPEC, Norberto Mujica hicieron una rueda de prensa para presentar los hechos de la Cárcel Modelo en la noche anterior como la frustración, por parte de la guardia, de “un intento masivo y criminal de fuga”, insistiendo en que en las cárceles no había, a la fecha, ni un solo contagio de coronavirus con respecto a personas privadas de la libertad, personal administrativo o de custodia, como lo refiere Escaich (22,03,2020).
Paradójicamente, el día lunes 23 de marzo, la Ministra y el director del INPEC expiden un decreto declarando la emergencia carcelaria por temas de salud y de orden público. Supuestamente, las medidas contempladas abrían la posibilidad de detención domiciliaria para mayores de 60 años, no condenados por delitos graves, madres gestantes o con permiso de salir por 72 horas, entre otros. Se buscaba “deshacinar los establecimientos de reclusión del orden nacional” y mitigar la posibilidad de contagio con Covid-19 de las personas privadas de la libertad. Mediante la Resolución 001144 del 22 de marzo de 2020, firmada por el director del INPEC, Norberto Mujica (22,03,2020) se asignó facultades para realizar traslados, aislamientos, uso racional de medios extraordinarios de coerción y el reclamo del apoyo de la fuerza Pública; así como suspender o reemplazar al personal del servicio penitenciario si se ve involucrado en los hechos; pedir colaboración de autoridades sanitarias y de emergencia y clausurar penales, entre otros aspectos. Además, dejó claro que el estado de emergencia no faculta a la Rama ejecutiva para dejar en libertad presos, competencia que sigue a cargo de la Rama Judicial.
Es de reiterar que tal declaratoria de emergencia carcelaria ya había sido solicitada con antelación por parte del movimiento carcelario, las organizaciones humanitarias, los abogados de más de 170 organizaciones de la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Precisamente, el 20 de marzo, previo a la masacre de la Modelo, la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T388 de 2013 de la Corte Constitucional (donde se plantea la declaratoria del estado de cosas inconstitucionales en las prisiones colombianas), había solicitado a la Corte que convenciera al gobierno nacional para la declaratoria de la Emergencia Carcelaria en el país.
Por su parte, Burbano (2020) del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre, en este contexto de pandemia, considera apremiante salvaguardar los derechos de las personas privadas de la libertad. Reitera que la crisis humanitaria de las cárceles proviene, en gran medida, del hacinamiento (123 mil reclusos cuando la capacidad es de solo 80 mil cupos), dado que las condiciones de vida, salud, convivencia y resocialización son, prácticamente, nulas. Subraya, así mismo, que la suspensión de visitas de familiares impide a los internos acceder a bienes y remesas que les comparten sus seres queridos, a la par de la precariedad del servicio médico, la carencia de suministros de higiene, salubridad y protección, tales como tapabocas, elementos de aseo afecta su capacidad de subsistencia.
No obstante, como lo expresan Vélez y León (15,06,2020), el decreto sobre liberación de presos para descongestionar las cárceles, basado en la emergencia carcelaria “no le hace ni cosquillas al hacinamiento ni al coronavirus”. En medio de la declaratoria y la lentitud administrativa comenzó a expandirse el coronavirus por las cárceles. El decreto expedido sobre descongestión carcelaria se fundamenta en sugerencias minimalistas del Fiscal Barbosa, en un contexto de población excedente de más de 40 mil internos y de riesgo de expansión del contagio. El decreto de excarcelación solamente estimó beneficiar a lo sumo a 4 mil personas, cuya salida de sus sitios de reclusión es tradicionalmente lenta, en razón de los trámites administrativos.
Con la adopción de las exclusiones propuestas por el Fiscal, para limitar la salida de reclusos, la Ministra desestimó las recomendaciones de la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013. Integrada por Dejusticia, el Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado de Colombia, Colectivo Abolicionista contra el Castigo, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Semillero de Estudios Dogmáticos y Sistema Penal de la Universidad de Antioquia, entre otras organizaciones, dicha Comisión había sugerido liberar, al menos, a 40 mil personas para reducir el hacinamiento de manera rápida, mediante la exclusión de personas bajo detención preventiva, las implicadas en delitos de hurto sin violencia o microtráfico. Al respecto, dicha Comisión se sustentó en experiencias como la de Los Ángeles que liberó a quienes les quedaban 30 días de condena. En Italia, donde se anunció la implantación de la libertad con vigilancia electrónica para seis mil personas o en Irán, donde fueron liberados 85.000 reclusos, incluyendo presos políticos, ante la crisis del coronavirus.
Por su parte, en el Programa Expreso Libertad (27,05,2020), el abogado Uldarico Flores y Liliany Obando (ex prisionera política) presentan análisis con respecto a la pandemia del Covid-19 en las cárceles de Colombia y plantean que debido a la parálisis de la rama judicial no se han visibilizado los hechos relacionados con la masacre en la Cárcel Modelo del 21 de marzo e informan que persiste la ausencia de medidas de protección frente a la expansión de la pandemia. Además, refieren una Acción de Tutela radicada en segunda instancia ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para que la Procuraduría, una vez tenga las suficientes evidencias, presente un informe a la sociedad sobre sus hallazgos como lo establecen la constitución y la ley; también, llaman a que se permita el acceso de una comisión interdisciplinaria para que se precise cuántos fueron los muertos, los heridos y los desparecidos. Así mismo, comentan que el Observatorio Jurídico de la Universidad de los Andes viene reconstruyendo los hechos, donde se demuestra que la intención de la guardia, a pesar de conocer con días de antelación la organización de las protestas, no fue la de prevenir el conflicto.
De otra parte, expresan que las medidas de la guardia carcelaria siguen siendo abusivas, mientras la pandemia sigue expandiéndose por las diversas cárceles del país, sin que se implementen los protocolos de higiene y seguridad.
Así mismo, retoman las solicitudes del Movimiento Nacional Carcelario para que se rebajen efectivamente las penas, más allá de las situaciones de los mayores de 60 años y madres lactantes; se dejen las puertas abiertas de las celdas en las horas del día, o se controlen las condiciones de exposición al sol, como ocurre en la Cárcel de Valledupar y se mejore la dotación de bioseguridad.
Al día 8 de junio de 2020, como muestra la Redacción Judicial de El Espectador (8,06,2020), el INPEC confirma 1.399 casos de coronavirus, 18 recuperados y cuatro muertes; particularmente, 109 casos de coronavirus en la Cárcel de Villahermosa de Cali y la expansión de la pandemia en 11 penales del país.
La siguiente gráfica de El Espectador permite apreciar por colores, las curvas de penetración del Covid-19 en las cárceles del país y su propagación desde la primera semana de abril hasta el 8 de junio de 2020:
Es de recordar que la Procuraduría indaga acerca del impacto de los traslados de internos en plena pandemia por coronavirus y que, presuntamente, han desencadenado la propagación del virus en diversos centros de reclusión. Como es de recordar, en medio de la cuarentena, el INPEC trasladó internos de la Cárcel de Villavicencio, primera con casos de Covid-19, a otros centros de reclusión donde se han venido confirmando contagios, como lo refiere la Redacción Judicial del Espectador (27,04,2020). Aunque el INPEC argumenta que estos traslados se realizaron antes de que se confirmara el primer caso de Covid-19 en Villavicencio, la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Congreso de la República, denuncia una presunta omisión del director en su deber de proteger los derechos a la salud y la vida de las personas privadas de la libertad.
Al respecto, como relata Morales (24, 04,2020) el contagio comenzó en la Cárcel de Villavicencio y de allí salió un bus con ocho reclusos el 1° de abril, nueve días antes de confirmarse el primer caso de coronavirus en dicho penal. Mediante resolución 648 del 30 de marzo de 2020 se determinó el traslado de ocho internos, como represalia ante supuestas agresiones a la guardia por el cierre de sus celdas. El bus dejó tres internos en La Picota, dos en Florencia, dos en Guaduas y uno en Yopal. Como reconoce el general Mujica, son las personas trasladadas quienes se han venido enfermando en las cárceles a las que llegaron. Aunque estas personas fueron aisladas tuvieron contacto con personal administrativo y de custodia que, a raíz de esto, se aislaron.
A partir de estos hechos, El sindicato Nacional del Sistema Penitenciario y Carcelario (Sinalpec) radicó denuncia ante la fiscalía para que se investigue a los funcionarios que autorizaron los traslados. Aduce, además, que el director Miguel Ángel Rodríguez de la Cárcel de Villavicencio y la Directora de la Región Central del INPEC, Imelda López, pudieron haber acondicionado un lugar en el centro de reclusión para aislar a los internos castigados, en vez de trasladarlos a otros establecimientos carcelarios.
Como informa la Agencia de Periodismo Investigativo – API (26,04,2020) hay cuatro los funcionarios del INPEC vinculados a la investigación por contagio masivo en las cárceles del país. Ellos son: Imelda López, Directora Regional Central, el Coronel de Policía Manuel Antonio Quintero, Director Operativo; Luz Miriam Tierradentro, Subdirectora de Talento Humano y el Capitán David Alexander Álvarez, procesado por la fuga de la exsenadora Aida Merlano y quien fue responsable de reprimir la protesta de los internos en Villavicencio.
La crisis del coronavirus pone en evidencia la crisis sistémica del sistema penitenciario y carcelario colombiano, la carencia de alternatividad penal cuando se trata de sancionar y castigar a los humildes, el nivel de vulnerabilidad de las personas privadas de la libertad, carentes de recursos y despojadas de sus derechos más elementales, en un contexto en el que predominan el abuso, el trato denigrante, la corrupción y la burocratización institucional.
Fuentes:
Agencia de Periodismo Investigativo. Funcionarios del Inpec en la mira por contagio masivo en cárceles. 26,04,2020.
Burbano Villamarín, Kenneth. Derechos de las personas privadas de la libertad. Observatorio Constitucional Universidad Libre. Blog Universidad Libre. 2020.
Ver: https://blog.unilibre.edu.co/news/derechos-de-las-personas-privadas-de-la-libertad/
Caro, Albeiro. Coyuntura carcelaria: reclusión, vulnerabilidad y violación de derechos. Revista Sur. 23, 03,2020.
Ver:https://www.sur.org.co/coyuntura-carcelaria-reclusion-vulnerabilidad-y-violacion-de-derechos/
Gerard Escaich Folch. 23 muertos en la cárcel La Modelo de Bogotá por miedo al coronavirus. EFE. Euronews. 22,03,2020.
INPEC. Sistema único de Información Normativa. RESOLUCIÓN 1144 DE 2020. 22, 03,2020.
Ver: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30038994
Programa Expreso Libertad ¿Quiénes son los responsables de contagios de Covid 19 en las cárceles? Contagio Radio. 27,05,2020.
Ver: https://www.contagioradio.com/quienes-son-los-responsables-de-contagios-de-covid-19-en-las-carceles/REVISTA SEMANA. JUNIO 6 de 2020. EDICION 1988
Redacción Judicial. El Espectador. COVID-19 en las cárceles: hay 1.399 casos, 18 recuperados y cuatro muertes. 8,06,2020.
Morales Sierra, Felipe. El bus del Inpec que esparció el COVID-19 a tres cárceles del país. Judicial el Espectador. 24, 04, 2020.
Semana Noticias. El terror en las cárceles de Colombia por el primer amotinamiento en cuarentena. 08,06,2020
Ver: https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=rTZrkWR9HVg&feature=emb_logo
Ver: https://www.semana.com/seccion/edicion-impresa/60
Vélez, Juanita y León, Juanita. El decreto de presos no le hace ni cosquillas al hacinamiento ni al coronavirus. La Silla Vacía. 15,04,2020.
Albeiro Caro Fernández, Coordinador Programa Territorio, Paz y Desarrollo. Corporación Nuevo Arco Iris.
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