La gente no solo se protege cuidando de su salud en el contexto de la crisis del covid-19, ya hay víctimas de él que aún sin estar infectadas, perdieron empleos, o al menos se han visto incapaces de seguir en las actividades del “rebusque”, estas últimas son en la mayor parte de los casos, ejemplos de un “deporte de contacto”, es decir, desarrollan trabajos o labores que no se pueden virtualizar pues la presencia física del vendedor ambulante en la calle, solo tiene sentido si hay gente en las calles.
Defender el trabajo en un mundo de trabajo precario
El país arrastra una deuda gigante con sus ciudadanos: una de largo plazo que se explica por tasas históricas muy altas de informalidad laboral y una de corto plazo por un sistema de políticas y acciones de Estado incapaces de hacer frente a la debacle laboral que el covid-19 desató.
En cuanto a la primera, hay que señalar que entre 1980 y 2020 el promedio de la informalidad laboral no ha bajado del 45% del total de la fuerza laboral que es un promedio similar al del resto de los países de la región. La informalidad no obstante significa aproximadamente el 41% del PIB del país, y esto comprende adicional a las ventas callejeras, los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, el trabajo familiar no remunerado y parte importante de la economía del cuidado.
En el corto plazo la deuda social, está relacionada con el progresivo incremento del desempleo, la situación del COVID-19 solamente agudizó lo que ya era una tendencia, en la última medición del DANE disponible (abril 2020) el desempleo a nivel nacional se ubicó en 19,5%, la cifra a ese momento más alta de toda la región, las promesas del gobierno de más empleos menos impuestos quedaron en eso: en falsas promesas de campaña.
El COVID-19 solamente agudizará esa tendencia y en forma grave tanto a nivel local como a nivel global: la encuesta de Cifras y Conceptos realizada durante la última semana de marzo refleja que en el 38% de los hogares colombianos algún miembro de la familia ha perdido el empleo, en Estados Unidos en dos meses 22 millones de personas han realizado solicitudes de Seguro de Desempleo, y las estimaciones de la OIT hablan que la crisis del COVID-19 puede costarle al mundo más de 25 millones de empleos de manera permanente, es decir, que difícilmente se recuperarán.
Entonces es de esperar que la informalidad aumente, pues según el DANE el 65% de los trabajadores que pierden el empleo pasan a la informalidad como medida de subsistencia, sin embargo, esta ya no es una opción tan fácil en la medida en que el aislamiento social lo dificulta aunque si algo tiene la informalidad es su capacidad de adaptación a la circunstancias: la venta de alcohol, gel antibacterial, domicilios y el diseño de nuevos productos útiles en la lucha contra el contagio se destacan en las calles de la ciudad como los nuevos “reyes” del mundo informal.
Los segmentos de la población que potencialmente mantendrán el empleo, bien sea porque están vinculados en actividades esenciales en el momento de la crisis, porque sus sectores no se ven tan afectados -financiero, o administración pública-, e incluso algunos que están en auge -comercialización de alimentos o domicilios- tampoco están de plácemes: unos porque al seguir funcionando, y requerir la presencia física de los trabajadores los exponen a altos riesgos de contagio y mortalidad -el caso del personal médico es totalmente importante en este momento-, otros porque no tienen otra opción sino movilizarse para ganar dinero para su sustento y otros finalmente que están en casa en actividades de teletrabajo. A pesar de ello representan una pequeña parte de la fuerza laboral.
Para estos trabajadores las necesidades son otras: medidas de protección física y mental, reconocimiento social, estabilidad laboral y mejora de salarios -especialmente para el sector médico- así como regulación eficaz de las prácticas laborales para evitar el aumento de fenómenos de estrés y ansiedad, que ya marcan problemas serios de salud mental que comienzan a ser reconocidos.
Es claro que una pérdida masiva del empleo, así como la transformación súbita del mismo tendrá potenciales efectos microeconómicos graves (inseguridad alimentaria y vital de las familias, y problemas sicológicos graves que pueden agravar patologías médicas) y efectos macro igual de complejos (ruptura de las cadenas de suministro y consumo, caída de la demanda agregada y del PIB[1], potenciales desabastecimientos de bienes esenciales especialmente en el Sector Agrícola y eventual caos social).
Medidas extraordinarias…para tiempos impensables
Ahora no es tiempo de seguir ensayando las fracasadas medidas de sustentación basadas en focalización de los pobres, paternalismo de Estado y segmentación poblacional, incluso instituciones que han promovido estas medidas históricamente como el FMI, hoy dicen que
“Los hogares que pierdan sus ingresos debido directa o indirectamente a las medidas de confinamiento necesitarán apoyo gubernamental. Este apoyo debe contribuir a que la gente se quede en casa y al mismo tiempo mantengan sus empleos (las licencias médicas financiadas por el gobierno reducen el movimiento de personas y, por tanto, el riesgo de contagio). Las prestaciones por desempleo deben ampliarse y extenderse. Es necesario que las transferencias de efectivo lleguen a los trabajadores independientes y sin empleo” (FMI, Políticas Económicas para la guerra contra el COVID-19, Abril 3 2020)
Es por ello, que las medidas tomadas por el Gobierno Nacional son en el mejor de los casos insuficientes, en la realidad mal enfocadas, y en la mayor parte del tiempo inoportunas, los subsidios a la nómina llegaron en mayo cuando ya se habían perdido enormes fuentes de empleo, y estos subsidios son insuficientes para mantener andando unas estructuras económicas cerradas en su mayor parte por la cuarentena de los meses de abril y mayo.
El gobierno nacional y los gobiernos locales deben ser radicales en las medidas que ha propuesto para defender el trabajo, simplemente con decretar prohibiciones de despidos no resuelve el problema de caja de las empresas, ni los problemas de mercadeo de estas y tampoco defienden el tejido productivo local.
Otras medidas no comprenden la complejidad del mundo laboral, plantean prestar a las empresas a cambio de mantener el empleo, mediante el mecanismo de emisión de bonos o acciones a través del FOME. Esto solamente orienta la ayuda a las empresas grandes con estructuras de capital que les permiten hacer este tipo de operaciones, las MyPyMES no tienen esa capacidad y para ellas no se ha diseñado un mecanismo diferente al crédito, que difícilmente podrán repagar.
El Gobierno debería contemplar el convertirse de manera temporal en empleador de última instancia, con un seguro de desempleo equivalente al 60% (y hasta el 80%) de 1 smmlv a los empleados que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos (83% de la fuerza laboral), esta medida no es un desatino fiscal, y tendría unos costos que se estiman en la tabla siguiente
Estos recursos irían directamente a las empresas para cubrir buena parte de sus nóminas (excluyendo a las instituciones gubernamentales claro está) y haciéndolo directamente y no a través del sistema financiero. Ahora bien, esto se puede calibrar enfocando en las empresas que tengan unos límites de ganancias, las grandes empresas pueden acceder a otros canales de estímulo (créditos, aplazamiento de impuestos, uso de reservas, etc.) de tal manera que el impacto fiscal sea menor.
En este sentido, adicional a ello se necesitan tomar medidas innovadoras en materia fiscal, que suponen dos medidas: i. aplazar o renegociar el servicio de la deuda pública del país, ii. Reacomodar el presupuesto de gastos en sectores como Defensa y Seguridad, iii. Reacomodar el presupuesto de gastos suntuarios del presupuesto 2020. Estas medidas deben ser tomadas de manera urgente, antes que se comprometan y obliguen los recursos que hoy se encuentran disponibles.
Para que todo el esquema no dependa del financiamiento del Presupuesto del Gobierno Nacional, permitiendo que durante los meses de la emergencia las empresas no tengan que pagar impuestos ni servicios públicos, y congele los pagos de deudas al sistema financiero. Todas estas medidas son avaladas por instituciones como el FMI y la CEPAL, quienes urgen al desarrollo de un paquete ambicioso en materia fiscal para defender el empleo y las cadenas productivas.
Los sistemas de Seguridad Social (especialmente ARL) deben tener la prioridad en materia de cuidado de los trabajadores que están soportando todo el peso del funcionamiento del sistema económico, y particularmente a quienes están enfrentando directamente la pandemia (Sector Salud). Es increíble que en este momento no se estén proporcionando los medios de protección y seguridad para los trabajadores y las trabajadoras de la salud, quienes deben ser privilegiados en TODOS los aspectos de la vida.
Finalmente hay una opción que cada día gana más peso: la implementación de una Renta Básica de Emergencia, cuyo primer intento fracasó en el Senado de la República, pero que ya cuenta con el apoyo de amplios sectores políticos y de la sociedad colombiana, pero sobre este tema hablaré en otra ocasión.
___________________________
[1] Proyecciones realizadas por CEPAL y Goldman Sachs, estiman que América Latina decrecerá en al menos 3,8% en promedio y para Colombia estiman que la retracción costará una caída de entre el 2,5% y el 3% del PIB en 2020 con bajas expectativas de crecimiento para 2021.
Jairo Bautista, Docente Universidad Santo Tomás y Asesor Legislativo
Foto tomada de: Colombia Informa
Deja un comentario