Con menos del 30% de aprobación, el Presidente Duque adelanta el trámite del Plan de Manejo Ambiental para retomar el PECIG (Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato, ante la ANLA (Agencia Nacional de Licencias Ambientales). Aspira a regresar a ese método de “destrucción de cultivos” que tanto cuestionamiento ha recibido dentro y fuera del país.
Desde cuando Duque visitó la Casa Blanca y Trump le pidió-ordenó que fumigara lo más pronto posible porque de lo contrario, según él, “será imposible eliminar la oferta de droga de Colombia”, se nota una aceleración de la erradicación forzada terrestre y un afán por cumplir a regañadientes las órdenes de la Corte Constitucional para retomar las fumigaciones aéreas con glifosato. En Marzo, la Oficina de Narcóticos del gobierno de Estados Unidos lanzó su informe anual registrando, en 2019, un incremento de las hectáreas sembradas y un aumento del 8% del volumen de producción de cocaína. Una cifra récord volvieron a decir todos los entrevistados, funcionarios oficiales y medios de prensa.
En Junio, la Oficina de Naciones Unidas contra las drogas y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), en una escuálida rueda de prensa desde el Palacio de Nariño, con un escueto comunicado dio a conocer que según sus mediciones, en 2019, hubo una reducción del 9% del área sembrada con coca y –vaya paradoja- un incremento de la producción de hoja de coca y un aumento del volumen total de cocaína producida. Por primera vez en varios años las tendencias entre los informes de la ONU y la Casa Blanca no se parecen. Pierre Lapaque, representante de esa Oficina de la ONU se apresuró a decir que estaría bien fumigar y que esa entidad se ofrecía a monitorear tales operaciones, en una abierta intromisión en asuntos nacionales y en clara contravía del papel que las partes le asignaron en el Acuerdo de Paz.
Duque aprovechó para celebrar sus pretendidos éxitos en la lucha contra el narcotráfico. El Ministro de Defensa señaló que las metas de erradicación forzada vienen creciendo. En 2019, ese Ministerio dijo haber eliminado 94.000 hectáreas y su meta para 2020 es de 130.000 hectáreas más. Para cumplir con ese cometido, los Grupos Móviles de Erradicación Terrestre han aumentado a más de 120 y la Policía Antinarcóticos se ha dotado de un suministro importante de glifosato, el cual se usa aprovechando la logística de esa entidad en San José del Guaviare, Tumaco, Florencia, VillaGarzón, Caucasia, Barrancabermeja, Popayán, Tibú y Cúcuta, entre otros lugares del país.
Por otra parte, el Programa de Sustitución voluntaria de cultivos, generado con el Acuerdo de Paz de 2016, y el cual es política pública vigente, se estancó, no permitió el ingreso de nuevas familias y por el contrario suspendió o excluyó a varios miles por “incumplimiento de requisitos documentales”, o por no poderse verificar en campo la eliminación total de su cultivo. De las 99.907 familias inscritas en dicho Programa, solo 470, aproximadamente, han iniciado su etapa de proyecto productivo con el cual esperan reemplazar la economía que dejaron atrás cuando decidieron voluntariamente arrancar ellos mismos las plantas de las que derivaban sus ingresos y su sostenimiento. Al mismo tiempo, más del 25% de las familias inscritas se encuentran suspendidas, excluidas o pendientes de trámite para el Plan de atención inmediata del PNIS.
Tal estancamiento se nota en el aporte de este programa a las cifras totales que presentaron Duque y el Sistema de Monitoreo Satelital SIMCI de la UNODC. Entre 2017 y 2018, los propios campesinos arrancaron cerca de 40.000 hectáreas de coca directamente o a través de acuerdos con la fuerza pública en una operación absolutamente pacífica que no exigió despliegues militares en tierra, cuantiosos operativos helicoportados, choques con comunidades o siquiera “un tiro” de la Policía. Mientras tanto en 2019, solo unas 6.000 hectáreas fueron reclamadas por la Oficina del Consejero Emilio Archila como resultado de la sustitución voluntaria. Las cifras no mienten, diría un economista. La administración Duque ha puesto su mayor empeño en la erradicación forzada, tal cual fue su promesa de campaña, tornándose violenta contra el campesinado, los pueblos negros e indígenas, como lo demuestra el número de denuncias por violaciones a derechos humanos.
La Coordinadora de Organizaciones de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana –COCCAM- ha emprendido la campaña “erradicación forzada, no soluciona nada”, ante el hecho cierto de que en medio de la pandemia del COVID 19, Duque y su Ministerio de Defensa han arreciado la campaña de erradicación terrestre. En Febrero 1 del presente año, la Policía inauguró su ingreso al litoral nariñense con la muerte de un labriego en Rio Mejicano Tumaco, un Consejo comunitario, pero las muertes y el número de campesinos heridos aumentó en Marzo, Abril y Mayo en Putumayo, Norte de Santander, Guaviare y Meta. La cuarentena pareció ser obligatoria para las comunidades pero no para las fuerzas militares y de policía las cuales ingresaron a apartados rincones de la geografía sin cumplir protocolos de bioseguridad poniendo en riesgo al campesinado. En Guaviare, militares de la Brigada XXII de Selva dieron positivo para COVID19 pero esto no fue impedimento para que esa unidad continuara con sus operativos en zonas rurales donde no existe ninguna infraestructura de salud.
Al mismo tiempo, la fumigación con glifosato volvió a desatar polémica. En un país entretenido con la ñeñepolítica, el arribo vertiginoso del coronavirus, los escándalos de la Vicepresidenta de la República, desviar la atención de la llamada “lucha contra los drogas” enfocándose nuevamente en los productores fue una salida para la elite gobernante. Otra vez como en 1994, cuando estalló el escándalo del proceso 8.000 y como en un deja vu, el gobierno dijo que la culpa del narcotráfico la tienen quienes cultivan y no los grandes intereses nacionales y transnacionales que se lucran de ese negocio. Las grandes campañas electorales se financian de aportes que hacen jefes de mafias narcotraficantes, que a su vez se han adueñado de las tierras productivas del país, y que lavan su dinero, merced a la llamada “confianza inversionista”, a plena luz del día y en las ciudades, pero los programas antidrogas se lanzan con violencia contra los agricultores de la coca.
La ANLA accedió a la petición de cuatro ONG (Dejusticia, Viso Mutop, ATS y Elementa) para hacer una Audiencia Pública, decidió que la haría virtual usando medios tecnológicos de los que no disponen las comunidades que potencialmente serían afectadas (104 municipios) y que deberían tener el derecho de participar en el trámite de la autorización ambiental. La audiencia virtual fue rechazada por las organizaciones peticionarias y numerosas organizaciones sociales. Se recurrió a la acción de tutela y un juez ordenó su suspensión hasta que se garantice de forma idónea la participación. El Tribunal Administrativo de Nariño está a punto de decidir varias impugnaciones que se instauraron contra la primera decisión.
En todo caso, el estudio de impacto ambiental presentado por la Policía ante la ANLA contiene muchas deficiencias técnicas, aparte de que se hizo sin cumplir las condiciones que impuso la Corte Constitucional en el Auto de Seguimiento a la Sentencia de Tutela de Nóvita Chocó, de Agosto de 2019. No se construyó con probada evidencia científica, es incierto en cuanto a riesgos y daños, no aporta toda la información abiótica y biótica para la discusión ambiental. A esta situación se suma la incertidumbre respecto de salud, pues le correspondería al Ministerio de Salud adoptar un plan de manejo en este campo, sobre lo cual ni siquiera se conoce información que esa entidad haya construido o espacios de discusión con expertos en la materia.
El glifosato se le aparece a Duque como salida ante Trump, frente a una eventual descertificación con la que siempre amenaza esa potencia, al tiempo que le es útil para tapar el escandaloso ingreso de dineros del narco a su campaña. Pero el glifosato es acusado en varios tribunales de los Estados Unidos de estar asociado a cáncer y la empresa Bayer ha decidido ofrecer a cientos de demandantes, millonaria indemnización para que cesen los pleitos jurídicos. En Colombia el glifosato es de ingrata recordación por cuanto se asperjó desde el aire en aviones de guerra durante 21 años consecutivos sin que se acabara el cultivo de coca, pero si se afectaron las agriculturas lícitas, la seguridad alimentaria campesina, se generó desplazamiento forzado de poblaciones, se envenenaron fuentes de agua, se duplicó la deforestación, se agudizó el conflicto armado y se puso en riesgo de extinción a varias comunidades indígenas.
Hasta la Corte Constitucional llegaron en el pasado varias acciones. Un fallo de tutela a favor de la OPIAC en 2003, reconoció la obligatoriedad de la consulta previa para aspersiones en territorios indígenas; otro fallo obligó a la antigua Acción Social –por entonces, administradora del sistema de recepción de población desplazada- a reconocer como víctimas a campesinos de la zona de amortiguamiento de La Macarena como víctimas de la erradicación forzada; a través de otro caso, esa misma Corte ordenó un plan de reparación colectiva al pueblo Carijona entre Guaviare y Vaupés. Además, en 2013, el Estado colombiano indemnizó a Ecuador, con 15 millones de dólares, por los daños causados en las fumigaciones en la zona de frontera, a cambio del retiro de una demanda que se había interpuesto ante la Corte Internacional de Justicia. A esto se suma que la CIDH recientemente ha admitido el caso de la muerte de una mujer y su hijo en Caquetá como consecuencia de las fumigaciones. Y a lo anterior se agrega que la propia Policía asegura haber tenido que indemnizar a familias afectadas por el veneno en medio del Plan Colombia, en un porcentaje mínimo en comparación con las quejas, pero esos pagos son una aceptación de parte del daño causado por esa entidad con tales operaciones.
A pesar de esto, Duque estima que la erradicación forzada “con todos los métodos” (incluyendo la violencia física y la judicialización a labriegos), como aseguran sus emisarios ante la Comisión de Narcóticos de la ONU en Viena, es la alternativa para reducir el narcotráfico. Nadie le ha dicho que con sus ataques a las comunidades rurales solo lesiona más la credibilidad de las instituciones, las cuales no cumplen con los protocolos establecidos en la ley cuando adelantan esas operaciones; pero tampoco sabe, o lo evade, que con el ataque a los cultivos solo se ha logrado el incremento de la productividad, mejores rendimientos en la transformación de la materia prima de cocaína, y por ende, mejores resultados financieros para los narcotraficantes que dice querer perseguir.
Pedro Arenas, El autor es miembro del Comité de Trabajo de la Sociedad Civil en Viena, del Consorcio Internacional de Políticas de drogas de Londres y es aliado del Transnational Institute de Amsterdam.
Corporación Viso Mutop @visomutop
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