Paradójicamente, el camino de la construcción de la paz con justicia social se evidencia como el más espinoso, más exigente y demandante de coraje y reflexión para sortear proactivamente la infinidad de peligros, riesgos y atentados contra la vida y los derechos económicos, políticos y sociales de quienes toman la decisión, mediante la firma de Acuerdos de Paz, de dejar las armas y tramitar por la vía pacífica los conflictos que aquejan a la sociedad colombiana.
Las viejas taras de la intolerancia y de la exclusión subsisten e irrumpen en los espacios sociales y territoriales donde transcurren las relaciones y se juegan los intereses coyunturales y estructurales de las comunidades, en medio de entreveros de intereses donde suelen predominar élites degradadas; donde, regularmente, no llegan las instituciones civiles; ni siquiera la Fiscalía, si no el pie de fuerza militar y policial, o donde se generan los vacíos de presencia estatal y se posibilita la incidencia de grupos armados ilegales que fungen estratégicamente como “señuelos” para justificar procesos de militarización y cambio de la vocación ambiental, social y cultural de los territorios, mientras se aprovechan de rentas ilegales surgidas del tráfico de sustancias de uso ilícito o de la minería ilegal.
En esos contextos, el ejercicio del derecho a la vida de los líderes y lideresas sociales, así como de los excombatientes se convierte en una ecuación compleja cuya lógica no puede estar soportada en la política “soberana” de un Estado cimentado en la teoría, la política, la psicología y la juridicidad propia de la seguridad nacional; o de una sociedad acostumbrada a estigmatizar y connaturalizada con la eliminación física y moral de las personas y colectivos que piensan y actúan con base en criterios divergentes y alternativos al modelo imperante.
Desde esta óptica, siendo importante establecer que al día 08 de julio de 2020 – y pasados tres años y siete meses de la firma del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, suscrito entre el gobierno de Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, en nombre de la exguerrila de las FARC EP – ya se cuentan en 216 los excombatientes asesinados, también es pertinente advertir que, más allá de las cifras es necesario ahondar en las características y tendencias de esta problemática, con el fin de buscar soluciones, deseablemente preventivas y autónomas de protección desde la civilidad, para la construcción de territorios de paz mediante pactos políticos por la vida y la convivencia pacífica, que permitan avanzar hacia un proceso de consolidación menos traumático del posacuerdo, con el necesario acompañamiento de la comunidad internacional.
Al respecto, es relevante destacar que el 65% de los casos de asesinatos de excombatientes se presentan en los departamentos del Cauca, Nariño, Antioquia, Caquetá, Putumayo y Norte de Santander. Zonas, donde la confrontación armada continúa mediante la incidencia de grupos neoparamilitares, grupos residuales de las antiguas FARC o la presencia del ELN. A la vez, se refiere a zonas donde hay incidencia de la JEP con sus macrocasos relacionados con los mal denominados “Falsos Positivos” cometidos por los militares, o de los temas de secuestros cometidos por las antiguas FARC EP, o zonas donde se construyen los Planes de Desarrollo con enfoque Territorial-PDET.
Estos elementos, como se plantea desde la Justicia Especial para la Paz –JEP- ameritan la adopción de medidas de seguridad colectivas, tal como en el caso de la protección de la seguridad de los líderes y lideresas sociales, lo que contrasta con los enfoques y medidas individualistas del gobierno, desde la Unidad de Protección.
Un caso relevante de esta problemática es el relacionado con el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorpración (ETCR) de Santa Lucía en el Municipio de Ituango en el norte de Antioquia. Con el asesinato de César Darío Herrera el 28 de enero de 2020, se llegó a seis muertes de excombatientes en esa zona altamente militarizada. Este hecho provocó el éxodo de 800 campesinos, familias con niños, personas mayores, en condición de discapacidad, afectando 12 veredas, incluyendo a 14 líderes y lideresas sociales y 13 excombatientes. Es de anotar que el 70% de los excombatientes de las FARC no viven en los ETCR. Sin embargo, cerca de 60 personas habitantes de Santa Lucía decidieron abandonar el lugar.
El problema, va más allá de la no activación de los protocolos de seguridad para la protección de los excombatientes: además de los problemas del narcotráfico y del interés de grupos paramilitares, Clan del Golfo, los Caparros, los grupos residuales de las FARC, también inciden los conflictos por la tierra, los intereses bioenergéticos, el tráfico, el microtráfico y el reclutamientos de niños, niñas y adolescentes, lo que configura una verdadera crisis humanitaria, como lo caracteriza Yezid Zapata de Fundación Sumapaz en declaración a Agudelo (2020).
En esta problemática, como en el caso de la diversidad de agresiones a los líderes y lideresas sociales, el gobierno nacional y la Fiscalía General de la Nación hacen más por practicar el negacionismo acerca de la sistematicidad de la violencia que por esclarecer y garantizar la seguridad de los excombatientes y de personas defensoras de los derechos humanos.
De hecho, como lo han evidenciado los análisis del Delegado para la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Relator de Derechos Humanos de la ONU y el Estudio del Instituto Kroc, se mantienen políticas y medidas que no resuelven los problemas esenciales. En este contexto, la realización de solo dos reuniones de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad definida en el Acuerdo de Paz, para desarrollar estrategias encaminadas a la desarticulación de los grupos criminales y a las bandas sucesoras del paramilitarismo constituye su desactivación en la práctica, para sustituirla por el Plan de Acción Oportuna-PAO, sin la participación de la sociedad civil ni la comunidad internacional, desconociendo los acuerdos y las propias necesidades del contexto.
Ante esta panorámica, cobran relevancia las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado Colombiano en 2018, en relación con la protección de líderes y lideresas sociales y la implementación del Acuerdo de Paz en todo el territorio nacional en coordinación entre las autoridades nacionales y territoriales.
Así mismo, es de destacar el pronunciamiento de 96 congresistas de Estados Unidos que instan al Secretario de Estado, Mike Pompeo para que presione al gobierno de Iván Duque para que se proteja la vida de los líderes sociales, se esclarezca la persecución ilegal del ejército contra civiles, incluyendo periodistas colombianos y estadounidenses, los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y excombatientes y se detenga el recrudecimiento de la violencia en los territorios. En este sentido, los congresistas enfatizaron en la importancia del desmantelamiento de los grupos sucesores del paramilitarismo, responsables del tráfico de drogas y respaldaron la activación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad creada por el Acuerdo de Paz. En esta óptica, invitaron a su propio gobierno para que “no apoye ni incite actos de inteligencia ilegal, ni ahora ni en el futuro”, como lo muestra Contagio Radio (06,07,2020).
Sin embargo, el acompañamiento internacional será en vano si en el contexto nacional y territorial continúa la dinámica de dispersión de las organizaciones y movimientos, en una coyuntura de pandemia que exige copar espacios políticos, sociales, jurídicos y culturales para contar con agendas propias y desarrollar métodos de protección colectiva, desde los enfoques de prevención y control territorial, contando con los apoyos de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría General de la Nación, de las autoridades territoriales, de los tribunales y de los medios alternativos de comunicación.
Fuentes:
Agudelo Urrego, Ángela María. Las víctimas del desplazamiento en Ituango. Semana Rural. 2020.
Ver: https://semanarural.com/web/articulo/campesinos-y-reincorporados-son-desplazados-de-ituango/1335
Contagioradio. Congreso de EE.UU. pide que Trump presione a Duque para proteger a líderes sociales.Julio 6, 2020
Albeiro Caro Fernández, Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo, Corporación Nuevo Arco Iris.
Foto tomada de: Caracol Radio
Deja un comentario