“ENTRE LA INDIFERENCIA, LA PERFIDIA Y LA VENGANZA DEL GOBIERNO DE IVAN DUQUE”
No paran las polémicas generadas por el gobierno Duque con todo lo que tenga que ver con los diálogos con el ELN y la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Primero fue la salida en falso del comisionado de paz Miguel Ceballos, de “celebrar la inclusión de Cuba en la lista que realiza EEUU de países que «no cooperan plenamente» en la lucha contra el terrorismo (…)”[1], solo por el simple hecho de acoger en su territorio a los negociadores del ELN que el propio gobierno Colombiano autorizo en el inicio de las negociaciones de paz con esa insurgencia, después vino el rechazo sin ningún tipo de consideración y por medio de un escueto mensaje de “twitter” a la propuesta presentada por ese grupo guerrillero de declarar un cese al fuego bilateral de carácter humanitario por 90 días, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus en Colombia y en especial en los territorios en conflicto; iniciativa que además fue solicitada por el secretario general de la ONU Antonio Gutérres a través de la resolución 2532 del (2020), que “ llama al Cese general e inmediato de las hostilidades, de todas las partes en los Conflictos Armados y exhorta a participar de una pausa humanitaria durante al menos 90 días consecutivos, para permitir la entrega segura, sin trabas y sostenida de asistencia humanitaria, y la provision de servicios relacionados por parte de actores humanitarios imparciales”.[2] Actitud que confirma una vez mas la posicion arrogante e intransigente del gobierno Colombiano ante la comunidad internacional con respecto a considerar la reanudacion de las conversaciones de paz suspendidas desde el año 2019.
Por último esta semana se ha desatado una campaña de difamación y persecución contra el arzobispo de Cali, Darío Monsalve, por las declaraciones que el sacerdote hizo en la asamblea virtual de la Comisión Étnica para la Paz y Defensa de los Derechos Territoriales, en la que señalo que “Desde los comienzos de la campaña electoral, se sentía un espíritu de venganza contra el Gobierno Santos que vislumbró estos procesos, un espíritu de venganza contra el pueblo que los acompañaba y, lo más grave, una venganza contra los mismos excombatientes o exguerrilleros de las Farc que se acogieron al proceso. Una venganza genocida para desvertebrar, desmembrar completamente la sociedad, las organizaciones sociales y la democracia en los campos y en los territorios en donde, según se enfoca, tenía o tiene influencia las organizaciones subversivas”[3].
Esta estrategia toxica es desarrollada por las bodegas uribistas en internet y el partido del presidente Duque, el Centro Democrático, que de manera infame escala sus injurias para desacreditar al arzobispo de Cali; que incluyen la petición de su salida del arzobispado de la capital del Valle[4], el llamado al vaticano para que sancione al prelado como si estuviésemos en la época del papado de Juan Pablo II, tristemente célebre por perseguir a los sacerdotes de la teología de la liberación en América latina[5] y estigmatizándolo como enemigo del gobierno e ideólogo y aliado de la guerrilla del ELN, por el simple hecho de no compartir la agenda negacionista y guerrerista del gobierno actual.
El gobierno del presidente Ivan Duque lleva dos años de mandato en los que ha demostrado que su política de paz es indiferente, pérfida y vengativa:
Indiferente, porque no le importan las voces de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil que claman para que se reanuden los diálogos de paz con la última guerrilla histórica que aun continua alzada en armas en nuestro país, que permita que en los territorios disminuya la violencia que azota sin piedad al movimiento social y que se evidencia en el aumento alarmante de las cifras de desplazamiento forzado en regiones como el Choco, Nariño, Cauca, Catatumbo, Antioquia y Córdoba y el asesinato de líderes sociales, de acuerdo con la ONG INDEPAZ, hasta mayo del año 2020 habían sido asesinados 101 líderes y lideresas en Colombia.
Pérfido, porque el gobierno nacional maquilla los datos sobre la implementación del acuerdo de paz de La Habana, de acuerdo con varios informes que han expedido por aparte el instituto Kroc y el Centro de Pensamiento Político CEDIPO, el porcentaje de avance de ejecución de los seis puntos del acuerdo de paz no superan el 20% y son aun mas graves en aspectos claves como:
La restitución de tierras para los campesinos y victimas sin tierra, en donde el acuerdo de paz habla de la constitución del banco de tierras con 3 millones de hectáreas, pero que a la fecha si sumamos el balance de la Unidad de restitución de Tierras y la Agencia Nacional de Tierras, el gobierno solo ha restituido 380.000 hectáreas[6] es decir solo el 12.6% del total.
El panorama es peor en lo referente a la implementación de la política de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito por parte del PNIS, programa que la administración del presidente Duque ha desmantelado en su presupuesto y funcionamiento, lo que ha llevado a que no le cumplan a los campesinos que suscribieron acuerdos de sustitución voluntaria y por el contrario se han activado las ordenes de ocupación armada de las Fuerzas de Tarea Conjuntas FUDRA, en las fincas cocaleras del oriente y sur del pais, todo una ofensiva de erradicación forzada que ha generado represión y violencia hacia el campesinado cocalero; un ejemplo claro del retroceso en esta materia es lo que está sucediendo actualmente en el Catatumbo en donde las comunidades campesinas han denunciado el asesinato de varios campesinos en operativos de restitución forzada por parte del ejército nacional y además se han judicializado a varios raspachines acusados de narcotráfico o rebelión por parte de la fiscalía general de la nación y las fuerzas militares.
En lo que tiene que ver con el asesinato creciente de excombatientes de las FARC, que ya llega a la cifra de 219, es patética la manera como la presidencia de la republica justifica la matanza, si y solo si, en el accionar de las disidencia s de las FARC y otros grupos irregulares, sin reconocer la responsabilidad que le compete al Estado de garantizar la vida de los signatarios del acuerdo, como es su obligación constitucional.
Vengativo, porque detrás de las líneas rojas y los inamovibles que impone el gobierno Duque para reanudar las conversaciones de paz con el ELN (liberación de todos los secuestrados y el cese de las acciones armadas de este grupo insurgente) hay una agenda oculta de hacer trizas la política de paz desarrollada por su antecesor, el expresidente Juan Manuel Santos; la política de “Paz con legalidad” es la reedición de la política de “Seguridad democrática” del gobierno de Álvaro Uribe Vélez de no negociar ningún tipo de acuerdo de paz y por el contrario incrementar el conflicto y la guerra en los territorios.
El populismo punitivo como bandera del gobierno de Ivan Duque, no es compatible con la salida negociada del conflicto armado en Colombia, ideológicamente está sustentado en la negación de la hermenéutica de la paz contenida en la Constitución Política de Colombia que en sus artículos 22 y 377, define a la paz como un derecho fundamental y como un derecho colectivo[7] y que establece que “la Paz no es la ausencia de conflictos sino, desde una Paz positiva, la posibilidad de su resolución pacífica y a través del dialogo”.
Estos postulados de la coexistencia pacifica, le son ajenos al Centro Democratico y por supuesto al actual mandatario de los colombianos, Iván Duque no tiene ninguna autonomia frente a la agenda de paz, esta atado a los dictados de la extrema derecha de su colectividad y los intereses reeleccionistas del presidente estadounidense Donald Trump, de alli que por un lado ataque a Cuba como pais garante y prolongue un litigio en torno a la extradicion de los miembros del ELN que permanecen en la isla, a sabiendas que Cuba fiel a su tradicion diplomatica no va a modificar su doctrina de Estado en materia de mediacion internacional de conflictos de caracter politico, mientras que por otra parte en Colombia rechaza las propuestas de reapertura de los dialogos que provengan de esa insurgencia o de los sectores de la Sociedad civil que se preocupan por las graves afectaciones que padecen las comunidades en los territorios por culpa de la guerra y defienden la paz como principio superior.
Lo mas grave de la dogmatica uribista frente al conflicto armado, es que ha extendido su animosidad a los lideres y movimientos de la sociedad civil que defienden las negociaciones con el ELN, la persecucion desatada contra el monseñor Dario Monsalve, se va hacer extensiva a otras personalidades y plataformas que sean criticas de la política de “Paz con legalidad” del presidente Duque, para ello cuenta con la ayuda inestimable de su amigo el fiscal Francisco Barbosa, quien desde esta entidad viene ordenando detenciones contra supuestas redes de apoyo del ELN en varias regiones del pais; operativos que pueden terminar al pasar de los meses, en nuevos fiascos judiciales, en los que por falta de pruebas o vencimiento de terminos, los implicados sean absueltos y recobren su libertad como en el conocido caso del centro comercial Andino; esta hipotesis no es descabellada, pues ya esta claro que al frente de la fiscalia general de la nacion, esta una personalidad megalomana y con ánsias de figuración que utilizará la táctica de la justicia espectáculo en beneficio de su imagen, como lamentablemente ya se ha observado en sus primero cinco meses de ejercicio como fiscal general, a lo que se agrega su relacion estrecha con la agenda del gobierno de Iván Duque, lo que lo convierte en un aliado para criminalizar las iniciativas de paz con el ELN. Lamentablemente esta es la respuesta de este gobierno a cualquier propuesta de salida negociada del conflicto: Indiferencia, perfidia y venganza.
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[1] Portal El país.cr, junio 20/2020
[2] Portal ELN-Voces, julio 13/ 2020
[3] “Cisma en la iglesia catolica”, Periódico el tiempo, edición de 08 de julio de 2020
[4] Declaraciones de Rafael Nieto y el senador Velasco del CD, al periódico el País de Cali
[5] Leonardo Boff, Ernesto Cardenal, entre otros.
[6] Portal de la Unidad de Restitución de tierras, mayo 26 de 2020
[7] Constitución Política de Colombia
Julio Arenas, Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: https://www.elespectador.com/
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