Después de una segunda y accidentada legislatura bastante gris que dejó patente la debilidad de la coalición oficialista y se caracterizó por la imposibilidad para el Ejecutivo de imponer sus criterios y sacar adelante sus proyectos, la tercera legislatura podría desenvolverse ante un nuevo panorama. La entrada de Cambio Radical al gabinete a finales del año pasado permite pensar que el Gobierno contará con una coalición mayoritaria en el Congreso y la oportunidad de sacar adelante la agenda que plantee.
El precio de esta componenda ha sido alto, sin embargo. Aunque según las reglas de juego y los acuerdos pactados de antemano, correspondía a Cambio Radical ocupar la presidencia del Congreso, es claro que la decisión dependía de Germán Vargas Lleras como jefe del partido. Yendo en contravía de la opinión pública y contrariando principios éticos elementales, la mayoría de senadores se inclinaron por la candidatura de un personaje gris vinculado a la compra de votos, denunciada por Aída Merlano e investigado por tal motivo.
Se hizo patente, una vez más, que la casta política dominante se inclina ante el poder y el dinero de los caciques regionales y que lo que piensen los ciudadanos la tiene sin cuidado porque lo importante son los votos que le permiten conservar sus prebendas.
Se acerca la fecha de elegir nuevos servidores públicos como el Procurador General de la Nación y otros más que influirán en el rumbo que emprenda la nación. Con la prolongación de la situación desatada por la pandemia del coronavirus y un Congreso impedido para ejercer control político, relegado al papel de notario de las decisiones del Gobierno, lo que se abre es la campaña para la presidencia del período 2022-2026.
Podría pensarse que la situación que se vive actualmente es propicia para pensar seriamente en los cambios estructurales que requiere el país, como lo ha venido planteando la Unión Europea que ha dejado de lado sus diferencias y roto con la ortodoxia económica, pero nada augura que ello suceda. Las medidas anunciadas por el presidente son bastante modestas y conservadoras. El Ejecutivo proclama a los cuatro vientos que le dará prioridad al empleo, a la población pobre y al campo, pero el esfuerzo que ello supondría es menor al que han asumido países vecinos. Llama la atención que el presidente de la República no se haya referido el 20 de julio al problema fiscal de país que se cierne como un ave negra sobre la economía del país.
Las prebendas concedidas a sectores poderosos en la última reforma tributaria y que dejaron varios huecos fiscales han sido cuestionadas por varias organizaciones internacionales, pero el Gobierno no da pie atrás y lo que se ha escuchado recurrentemente para llenar esos huecos es la ampliación de la base tributaria. Dicha medida, que mermaría los ingresos de trabajadores formales de bajos ingresos que hoy no declaran renta, no se compadece que un desempleo que, pasada la crisis, rondaría un 20%, si no más.
La crisis desencadenada por la pandemia ha cambiado todo y ofrece una oportunidad para concertar un nuevo pacto social que supere la retórica y se concrete en reales proyectos incluyentes que reduzcan la brecha social y la desigualdad que nos ubica en los primeros lugares de América Latina. No obstante, para que ello sea posible se requieren nuevos liderazgos políticos que rompan la tradición de corrupción, impunidad y mezquindad. Ello pasa por impedir que las mayorías no operen como aplanadoras en el Congreso, se fomente el debate con transparencia, se respete a la oposición y no se atente contra la vida de los líderes sociales que asumen la vocería de poblaciones marginadas.
Rubén Sánchez David, Profesor Universidad del Rosario
Foto tomada de: El Espectador
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