Dado que este personaje se mostraba intocable, y sus aduladores lo ponían por encima del sistema judicial, de su orden de captura salen chorros de conjeturas y narrativas. El primer recurso es la comparación, y se hace en relación a otros presidentes de Colombia que han sido juzgados y detenidos. Se trae a colación el juicio con detención al general Gustavo Rojas Pinilla, el de Marco Fidel Suárez, y hasta el caso del general Tomás Cipriano de Mosquera, en el siglo XIX.
Tienen en común con el encartado Uribe el haber ocupado la primera magistratura de la República de Colombia, y si algunos han estado detenidos no por eso son igualables al asunto actual. Básicamente porque se ha tratado de casos políticos, que procesan actos de gobierno, y el juzgamiento lo hace su juez natural. El sumario hoy no tiene que ver con el ejercicio del poder en las presidencias de quien fue llamado el innombrable; no lo juzga el Congreso de la República, donde los procesos contra el personaje siguen engavetados; y como se trata de la comisión de delitos comunes, más cercanos al atraco callejero que al delito político, lo juzga la máxima corte penal colombiana, que le ha dictado detención domiciliaria.
También lo comparan, con más acierto, con los dictadorzuelos Augusto Pinochet y Alberto Fujimori, donde, además de la inicial A en el nombre, comparten ideología, métodos violentos, más el desprecio a la institucionalidad democrática. Dado que tanto el peruano como el chileno fueron procesados por actos de gobierno, el último por un juez internacional, se diferencian del colombiano. Aunque tenga cargos por tropelías en su gobierno, y denuncias en cortes internacionales, no se trata de situaciones análogas.
Orienta más partir de un dato curioso: Uribe no está detenido por las casi dos mil masacres paramilitares, ni por el robo de cerca de seis millones de hectáreas, menos por el desplazamiento de aproximadamente ocho millones de campesinos, ni por los cuerpos tronchados con motosierra, ni las miles de niñas y mujeres violadas, tampoco por los cientos de defensores de Derechos Humanos asesinados, ni por los diez mil jóvenes miserablemente matados para mostrarse como guerrero certero; tampoco por sus nexos con el narcotráfico, ni por corromper a las fuerzas armadas, menos por el desborde de la corrupción administrativa, con su enriquecimiento abusivo … lo están juzgando por fraude procesal y manipulación de testigos: los delitos más pequeños.
En tal caso no se ha de comparar con gobernantes, sino con las grandes figuras del crimen organizado, con las que comparte muchos rasgos. Por ejemplo, está el caso emblemático de Charles “Lucky” Luciano, padre de la mafia norteamericana, gran capo del tráfico de heroína en la posguerra, pese a la notoriedad de su jefatura, de su enriquecimiento delictivo, y de circular de boca en boca su accionar criminal, solo pudo ser condenado por proxenetismo, a baja escala. Otro caso similar es el de Alphonse Gabriel Capone, más conocido como Al Scarface (Caracortada) Capone, un gánster icónico estadounidense que controló los negocios de prostitución, juegos ilegales, y el contrabando de alcohol. Al Capone estableció y mantuvo su jefatura mediante asesinatos, masacres, ametrallamientos, y métodos de extremada crueldad (no en vano ha sido referente de las mafias colombianas). Quien estuvo por décadas en la lista de los más buscados del FBI, sólo fue condenado, a once años, en los años de 1930 por evasión de impuestos.
Sin embargo, el caso más cercano está en la historia criolla con Pablo de Antioquia, Pablo Escobar. Este jefe se impuso al demostrar que era capaz de superar en crueldad a cualquier otro matón, tradición que se ha mantenido en el Cartel de Medellín. Fue el productor del nuevo paramilitarismo, para combatir a la insurgencia del M-19 crea el MAS (muerte a Secuestradores), estructura que pervive con otra razón social; que cometió asesinatos, unos diez mil, puso carros bomba, a más del tráfico de cocaína por toneladas, y de la corrupción al por mayor de funcionarios… Pero, cuando el gobierno de Cesar Gaviria promulga la Ley de sometimiento a la justicia, esta favorecía con reducción de penas a los narcos que se entregaran voluntariamente, y confesaran al menos un delito. Todos confesaron porte ilegal de armas, delito menor con pena excarcelable.
Esto se entiende porque los grandes jefes mafiosos crean capas de amortiguación, de distancia, entre ellos y los actos criminales, de modo que siempre caen los que hacen mandados mientras que el jefe, determinador, sigue en la impunidad. Además, los actos ilegales se hacen con nombres ficticios, y se procura que de ellos no quedan registros documentales. De ahí que cuando el Estado se decide a combatir el crimen organizado, con frecuencia solo queda procesar al capo por un delito menor.
Por eso la teoría de la responsabilidad mediata, centrada en la determinación del crimen más que en su autor material es gran conquista de la justicia. Aplicando este principio se pudo condenar a Fujimori.
La situación de Uribe hoy, también ayer, guarda mucha analogía con la de Pablo de Antioquia, en el siglo pasado. No en vano se trata de la misma estructura que ya parasita la institucionalidad de la nación. Hoy de nuevo hay cruzada contra jueces y magistrados, aunque hasta el momento no han matado a ninguno, sí se han proferido amenazas.
Otra similitud: Escobar siempre pretendió, como Uribe ahora, ser tratado como delincuente político, y recibir beneficios propios de guerrilleros. De ahí que compare su suerte con los excombatientes en el congreso.
Igual que Pablo, no usa abogados que se conozcan por haber sido magistrados, o por ser académicos, sino por trabajar con los bajos fondos de la delincuencia. Un adagio de cuño jurídico reza: se conoce al pasajero por la maleta, y al encartado por el abogado. Por mañas de pillo con sus apoderados terminó, Álvaro Uribe, luciendo el cascabel al cuello.
José Darío Castrillón Orozco
Foto tomada de: Semana.com
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