¿Cómo se da este fenómeno? Respuesta de Gamboa “Esto, en el sistema capitalista, quiere decir que los gobernantes son empleados de los empresarios y banqueros. No solo el Gobierno, también la mayoría de congresistas de la república; por eso legislan de acuerdo con los intereses de sus patrocinadores, a quienes les deben su curul. El resto del país no cuenta: es el botín del que se extrae el oro.” Los gobernantes, el ejecutivo los ministros, los congresistas (en su gran mayoría) según esta interpretación son empleados de los empresarios y banqueros; le faltó mencionar la rama judicial, los órganos de control y las fuerzas armadas y de policía. Efectivamente son una especie de empleados pero habría que notar también que en muchos casos todos estos funcionarios son a su vez capitalistas, dueños o socios de bancos y grandes empresas capitalistas, luego no todos serían empleados.
Y el mecanismo específico es la financiación de las campañas: “Por eso, desde el punto de vista económico, financiar campañas es un negociazo. Sarmiento Angulo le da, por decir algo, $500 millones a la campaña de Duque, más todas las facilidades crediticias y de logística que pueden ofrecerle sus bancos y empresas. Luego Duque, ya de presidente, devuelve el favor con contratos, subvenciones y ayudas, pero multiplicado por mil.” Y obviamente el gobierno trabaja principalmente a favor de los grandes empresarios, no de los pequeños. Concluye señalando “¡Qué vergüenza de país!”
Este tipo de análisis tiene mucho de cierto. Los gobiernos y buena parte de sus funcionarios están al servicio de los capitalistas y su labor dentro del aparato estatal es tomar todas las medidas a su alcance para favorecer los intereses de determinados sectores empresariales; por esto, en determinados momentos entran en conflicto dado que los propios capitalistas compiten entre ellos para defender sus intereses particulares. Pero es un análisis insuficiente. Deja abierta la posibilidad de que pudieran llegar al gobierno, al congreso y a otras entidades estatales funcionarios que no se dejan comprar por los capitalistas o que no hacen parte de sus nóminas y que por tanto van a adelantar políticas a favor de los trabajadores y la ciudadanía en general.
Esto es algo que aparece hasta el cansancio en la gran mayoría de analistas y columnistas de opinión progresistas: la esperanza de un Estado que controla y domina al capitalismo y lo pone al servicio de los intereses generales. Con la pandemia del COVID-19 esta posición ha resurgido con más fuerza que el propio virus. Se “descubre” la importancia del Estado, de lo colectivo, del bien común, del contrato social, al observar las graves consecuencias a las cuales conduce el predominio del interés privado en sectores como la prestación de los servicios de salud. Y se generan ilusiones y expectativas sobre el retorno a un Estado de bienestar, postbenefactor, a un Estado progresista, a un Estado donde predominen los partidarios de la vida, etc., etc. Esta noción del Estado como una veleta que se mueve en respuesta a un conjunto pluralista de intereses es una de las ideas centrales que sustenta la concepción de los partidos y movimientos progresistas.
El Estado capitalista es consustancial al capitalismo, es inherente al capitalismo hace parte del modo de producción capitalista, no es una instancia ajena. En sus propios fundamentos el Estado capitalista se basa sobre el reconocimiento jurídico de la venta y compra de la fuerza de trabajo; por ejemplo en la Constitución colombiana en el artículo 17 se prohíbe todo tipo de esclavitud y servidumbre, pero no se prohíbe la servidumbre y la esclavitud asalariada. La estructura de la sociedad se fundamenta en la propiedad privada de los medios de producción y el dinero, derecho fundamental del capitalismo y en la disponibilidad de fuerza de trabajo libre obligada a venderse a los capitalistas. La función fundamental del Estado de regular las relaciones jurídicas entre los individuos descansa sobre el reconocimiento y validación de la relación social de producción que sustenta todo el sistema. Podría imaginarse un Estado con un sistema de funcionarios de carrera, un Estado más transparente, un Estado con financiación estatal de las campañas, un Estado menos corrupto, etc., pero seguiría siendo un Estado capitalista con sus consecuencias inherentes para las clases trabajadoras.
El Estado capitalista tiene que garantizar que el motor de la producción, la finalidad de la producción, funcione: la producción de plusvalor. En la sociedad capitalista no es lo fundamental producir valores de uso que satisfacen necesidades, lo fundamental es la producción de plusvalor. Para garantizar esto el Estado regula el marco jurídico, el derecho de propiedad y el contrato de trabajo. Con esto sustenta una forma de dominación política impersonal muy eficaz. A diferencia de la esclavitud o la servidumbre, donde el dominio es abierto y franco por la fuerza del esclavista y el señor feudal sobre el siervo y el esclavo, en la sociedad capitalista la relación aparece como una relación contractual donde las dos partes manifiestan su voluntad de suscribir un contrato e intercambiar voluntariamente. El capitalista entrega un dinero a cambio de una determinada cantidad de tiempo de trabajo.
El Estado no se preocupa en ningún momento por saber por qué causa hay millones de “ciudadanos” que solamente tienen su fuerza de trabajo y no cuentan con la posibilidad de producir mercancías por su propia cuenta y mucho menos por entender por qué hay unos pocos que concentran la propiedad del dinero y los medios de producción. Los trabajadores asalariados por tanto pertenecen, como clase en su conjunto, a los patronos capitalistas, no tienen otra opción como grupo que vender su fuerza de trabajo. Individualmente gozan de cierta libertad, aparente, pueden retirarse de una empresa y buscar trabajo en otra; tienen la libertad de elegir qué patrón los va a explotar.
Para que funcione esta relación social básica, el Estado capitalista realiza otras funciones. Administra algunos aspectos colectivos de la producción, como la masa monetaria, el comercio exterior, el crédito, con el fin de tratar de evitar los desequilibrios o de minimizar sus efectos. Realiza programas específicos de fomento a ciertas actividades productivas o interviene para apoyar o salvar a determinadas empresas cuando enfrentan riesgos de quiebra. Construye y administra cierta infraestructura vital para todas las empresas capitalistas como carreteras, calles, puentes, puertos, aeropuertos; produce ciertos bienes fundamentales que no pueden ser producidos por empresas privadas o que no es conveniente que lo hagan como el petróleo, la energía eléctrica, el abastecimiento de agua, comunicaciones y correos, aunque esto siempre en términos cambiantes. En síntesis crea unas condiciones materiales que permitan el adecuado funcionamiento de la producción de plusvalor. Sirve además de árbitro en ciertas luchas entre los capitalistas.
De otra parte realiza acciones para contribuir a que los capitalistas dispongan de fuerza de trabajo suficiente para responder a sus necesidades y a las fluctuaciones de la producción; asume parte de los costos de la reproducción de la fuerza de trabajo que no recibe un salario suficiente mediante la prestación de servicios de educación, de salud, de agua potable y saneamiento, de alimentación y nutrición, de cuidado infantil y de la juventud, de atención a los ancianos y discapacitados. Se encarga de tratar de ofrecer unos mínimos a las capas de trabajadores en condiciones de miseria o degradación. Todo esto aparece formalmente como una garantía de derechos, en la medida en que responde a aspiraciones de los trabajadores por mejorar sus condiciones de vida, pero desde la perspectiva global de la sociedad capitalista es una función indispensable para garantizar la producción social de plusvalor, es necesaria para el capitalismo. Finalmente, el Estado debe proteger la propiedad privada y el plusvalor de las pretensiones de los trabajadores de apropiarse de una mayor parte, y de las políticas que buscan superar el capitalismo. Para esto se conforman cuerpos armados por encima de las clases trabajadoras encargados de su vigilancia, control y represión.
Todas estas funciones se ejercen en medio de contradicciones y conflictos entre los propios capitalistas; todos necesitan de estas funciones del Estado pero no quieren asumir sus costos, es decir, pagar impuestos. Intentan por diferentes medios lograr que sean otros capitalistas los que paguen la mayor parte, buscan la manera de obtener exenciones, recurren a toda suerte de trampas para reducir sus pagos de impuestos, se las ingenian para que buena parte del costo recaiga sobre los propios salarios de los trabajadores que tienen mayor capacidad de pago, pero también de toda la masa de la población trabajadora por la vía de los impuestos indirectos. Hacen todo lo posible por reducir al mínimo posible los recursos que se destinan a complementar los ingresos de los trabajadores, sea por la prestación de servicios o mediante transferencias monetarias.
Todos los Estados capitalistas cumplen estas funciones. Además, juegan un papel muy importante de creación de legitimidad y de ocultamiento a las clases trabajadoras. Las formas democráticas como las elecciones, la existencia de división de poderes, los órganos de control, la garantía constitucional de derechos civiles y políticos, se presentan como la ilusión de democracia en una sociedad cuyo fundamento económico es absolutamente contrario a la democracia; la gran masa de la población pasa la mayor parte de su tiempo en instituciones no democráticas, como la familia, la escuela, la universidad, el ejército, la policía, la burocracia estatal, las empresas capitalistas. En todas estas instancias los trabajadores aprenden a vivir bajo esquemas autoritarios en algunos casos casi despóticos, pero la democracia formal política crea la ilusión de un gobierno de todos de un gobierno del pueblo. El poder económico de los capitalistas se encarga de lograr que todos los mecanismos formales de la democracia estén a su servicio; no es un ejercicio exento de fricciones y conflictos. Pero las elecciones y nombramientos de los funcionarios terminan siendo controladas y dirigidas, mediante numerosos mecanismos legales e ilegales, por los capitalistas y sus representantes políticos.
Pero los fragmentos de democracia sirven para mantener la ilusión en muchos trabajadores y sus organizaciones políticas; la capacidad del Estado de beneficiar a ciertos sectores de trabajadores refuerza a su vez la fe supersticiosa en el Estado, como instancia neutral que bien administrada, con transparencia, con integridad, podría resolver muchos problemas. Y esta fe se mantiene a pesar de todas las evidencias históricas en contra.
El poder real se encuentra en el control del dinero y los medios de producción que hace que un puñado de capitalistas (con socios capitalistas extranjeros) dominen la producción total del país y contraten a millones de trabajadores asalariados de los cuales son sus amos despóticos en las fábricas y empresas. El dominio real se encuentra en unas relaciones económicas donde la gran mayoría de los trabajadores se encuentra al servicio de una minoría de capitalistas.
El Estado en una sociedad donde domina el modo de producción capitalista es un Estado capitalista. Es cierto, como dice Gamboa, que sectores capitalistas se enriquecen haciendo negocios con el Estado, vendiendo bienes y servicios, aprovechando información confidencial, convirtiéndose en acreedores del Estado, etc. Pero la gran fuente de la riqueza y su concentración no se encuentra aquí, el gran botín se encuentra en los cerca de 300 billones anuales de excedente bruto de explotación que generan los 11 millones de trabajadores asalariados, botín que se reparten entre los capitalistas (especialmente los más grandes), los terratenientes y el Estado.
Parecería que Gamboa cree que sería posible que el Estado fuera gobernado por algún partido político que no estuviera al servicio de los empresarios sobornadores, por ejemplo, por la Colombia Humana. Pero aunque llegara al poder político un partido comprometido principalmente con los intereses de las clases trabajadoras, se encontraría con que va a gobernar y administrar un aparato cuya finalidad es el mantenimiento de la dominación económica y la explotación de los trabajadores. Por esta razón los gobiernos de izquierda que intentan mover el aparato estatal en otro sentido se encuentran rápidamente con que no controlan los fundamentos económicos de la sociedad y se ven bloqueados y limitados. La alcaldía de Petro es un buen ejemplo.
El Estado no es un aparato neutral, una veleta que puede girar un día en un sentido y otro en otro. Esto no quiere decir que no se puedan lograr algunos cambios, pero no son fundamentales. Esta concepción del Estado y del funcionamiento de los sistemas políticos, aislados y separados de la estructura económica de la cual hacen parte, está en la base de las ilusiones que se hacen muchas personas con el reformismo a favor de las clases trabajadoras; se tiene una fe supersticiosa en el papel del Estado. Estas concepciones son muy útiles para el propio capitalismo, dado que generan la idea de la existencia de un sistema democrático donde lo único que hace falta es el triunfo electoral. De este modo, hasta sectores capitalistas se unen a las campañas contra la corrupción, claman contra el clientelismo, se indignan como Gamboa por los abusos del poder, logrando que la atención se enfoque en el Estado y los gobiernos de turno, en las personas y no en el modo de producción capitalista.
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[1] https://www.elespectador.com/opinion/los-miserables-2/
Alberto Maldonado Copello
Foto tomada de: El Espectador
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