1. Fuentes y Usos del Presupuesto 2020 y 2021
El balance de Fuentes y Usos del Presupuesto General de la Nación recoge las modificaciones al PGN adoptadas en el marco de la pandemia del covid-19. A través del Decreto 417 de 2020 se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, el cual en su artículo 3 facultó al Gobierno nacional para que dispusiera de operaciones presupuestales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.
Con fundamento en esta declaratoria se sentaron las bases para modificar las Fuentes y los Usos del PGN de 2020. Mediante el Decreto 444 de 2020 se creó el Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME-, y el Decreto 519 de 2020 adicionó $15,1 billones dada la reducción esperada en los Ingresos Corrientes del Gobierno nacional debido a la desaceleración económica por la pandemia, el confinamiento y la baja del precio internacional del petróleo.
La adición presupuestal concierne a la reducción esperada de los Ingresos corrientes de la Nación para el año 2020. Por un lado, la disminución de Ingresos tributarios alcanzaría la cuantía de $23,5 billones, distribuida según rubro así:
- Impuesto sobre las ventas $13,108 MM (55.7%)
- Impuesto sobre la renta y complementarios $5,185.5 MM (22.0%)
- Impuesto nacional al consumo $1,927.4 MM (8.2%)
- Impuesto sobre aduanas y recargos $1,454.5 MM (6.2%)
- Gravamen a los movimientos financieros (GMF) $1,046 MM (4.5%)
- Impuesto nacional a la gasolina y al Acpm $732 MM (3.1%)
- Impuesto de timbre nacional $41.4 MM (0.17%)
- Impuesto nacional al carbono $36 MM (0.15%)
Sobresale cómo el impacto del confinamiento sobre el consumo se ve reflejado en la baja del impuesto al valor agregado, el impuesto al consumo, así como el impuesto nacional a la gasolina y al Acpm, que llegan a representar cerca del 67% del valor total de la reducción de Ingresos tributarios previstos para el presente año.
A su vez, la caída de Ingresos no tributarios alcanzaría unos $0.2 billones en el presente año 2020.
Con base en este balance (Cuadro 1) se estima tanto el resultado fiscal como los recursos que lo financian (Endeudamiento Neto, Privatizaciones, entre otros). El déficit fiscal sería de $74.18 billones (-7.32% del PIB) para el 2020 y de $73.97 billones (-6.53% del PIB) para el 2021.
Se destaca, entonces, la tendencia deficitaria del PGN, con una evidente agudización en el bienio 2020-2021. Aún así se evidencia un injustificado optimismo en las proyecciones gubernamentales pues se esperaría un crecimiento del PIB nominal de hasta un 11.83% para el año 2021, con una inflación doméstica del 3.0%, lo cual se refleja en el recaudo del IVA interno[2], que se incrementaría en un 42.4%, así como un aumento del impuesto sobre la renta y complementarios, al patrimonio y del impuesto simple[3] del 5.3%. Entre tanto, se espera una caída del 8.5% en el IVA externo y un aumento del recaudo por concepto de aranceles y recargos del 12.2%.
Por el lado del Gasto Fiscal se observa el ajuste que presentaría una caída de los Gastos de Funcionamiento de la Nación (-8.1%), y aumentos del pago de Intereses de la deuda pública (+11.6%) y de la Inversión (+11.1%).
El resultado fiscal deficitario se espera financiar con más deuda pública, ya que el endeudamiento neto (desembolsos menos amortizaciones) sería significativamente positivo por una cuantía de $17 billones, con “Otros Recursos de Capital”, cuyo aforo alcanzaría unos $26.2 billones, contabilizando el “financiamiento restante requerido para asegurar la ejecución del presupuesto aprobado”, y con la privatización de activos estatales y semi-estatales que podría cubrir hasta el 16.2% del déficit fiscal.
Así pues, el PPGN 2021 presenta importantes montos de recursos de financiamiento todavía inciertos, aparte de que se evidencia un desfinanciamiento abierto de más de $38.2 billones; el cual se profundizará en el evento de presentarse un crecimiento económico inferior al proyectado por el Gobierno. Por ejemplo, si se cumple lo previsto en materia de crecimiento por el Banco Mundial y el FMI para la economía colombiana en 2021 (3.7% promedio real, en comparación con uno del 4.1% proyectado por el Banco de la República), el faltante presupuestal adicional al anterior, por el lado de los ingresos fiscales, se incrementaría en cerca de $10.0 billones[4]. Y ello aún bajo el supuesto de que se observara el crecimiento del PIB en 2020 previsto por el Gobierno y no el de -8.5% como podría ser el escenario más pesimista proyectado por el Banco de la República.
De otra parte, es de mencionar que el PPGN 2021, además de estar sujeto a una alta inflexibilidad (de hecho, cerca del 85% del PGN resulta inflexible), tiene la grave limitación de no prever debidamente los requerimientos indispensables para poder hacer frente a los problemas desnudados por la pandemia del covid-19.
Además, de acuerdo con la composición sectorial (Cuadro 2), el 24% se destinaría para atender el Servicio de la Deuda (Amortizaciones y Pago de Intereses), el 15% para el sector Educación, el 12.2% para el de la Defensa y la Policía, el 11.4% para el sector de Salud y Protección Social, 8.6% para el de Trabajo, el 7.1% para Hacienda y el 4.8% para Inclusión Social y Reconciliación. Sobresale cómo el sector agropecuario tan sólo participaría con el 0.6% del Presupuesto total para 2021, con una caída del -13.6% con respecto al año 2020 en términos nominales.
2. El Presupuesto en Educación
Para el Sector Educación se presupuestan $46.95 billones, de los cuales el 97.2% se concentran en el Ministerio de Educación Nacional, distribuidos en lo fundamental en los recursos que la Constitución Política ordena girar a las Entidades Territoriales para la provisión de la eduación preescolar, primaria y secundaria en todo el territorio nacional. Esas transferencias representan el 57% del presupuesto sectorial.
Del mismo modo, se presupuestan recursos destinados a cubrir las prestaciones sociales (pensiones, cesantías parciales y salud) del magisterio. Para el 2021, el presupuesto del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio asciende a $11.3 billones y representa el 24% del presupuesto sectorial.
También se contabilizan los recursos asignados como Aportes para la Financiación de las Universidades, que para 2020 se encuentra en $90 MM con un nivel de ejecución del 100% y para 2021 se presupuesta un valor de apenas $92.6 MM, un incremento igual al de la inflación esperada.
La asignación de recursos acordada con el Movimiento Estudiantil e incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo (Art. 183), tiene una asignación para el 2020 y 2021 de $350 mil millones. A junio de 2020 el nivel de ejecución de este programa de inversión es nulo (0%). Estos recursos deberían ser reasignados para aliviar el impacto de la pandemia que han sufrido las Universidades públicas (en el caso de la Universidad Nacional “el impacto de la pandemia en los recursos propios de la Universidad asciende a 32.881 millones de pesos”), así como la exoneración de la “matrícula a los estudiantes de pregrado”, que en el caso de la “Universidad Nacional durante el segundo semestre del 2020 representan un valor de “$30.380 millones”.
Así mismo, el Programa “Ampliación de Mecanismos de Fomento de la Educación Superior Nacional” que tiene una asignación presupuestal de $45.8 MM en 2020, presenta una ejecución presupuestal del 18%, medida a través de los Compromisos, y del 6% con base en las Obligaciones. Este programa podría sufrir una modificación en la misma línea que el anterior.
Finalmente, el Programa “Apoyo para fomentar el acceso con calidad a la educación superior a través de incentivos a la demanda en Colombia” tiene una asignación de $1.7 billones para 2020, con un nivel de ejecución del 63.5% y una solicitud de $2.1 billones para el año 2021. Entre sus objetivos se encuentran el de “Ampliar el acceso a la educación superior de grupos poblacionales específicos” y “Servicio de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria”.
Desde esta perspectiva y en el marco de la actual coyuntura se debería rediseñar el Programa para implementar la gratuidad de las matriculas de los próximos dos semestres en las Universidades Públicas y así evitar la desersión escolar, más aún cuando el programa contempla ofrecer “subsidios y créditos educativos condonables a estudiantes de escasos recursos, estudiantes con destacado mérito académico y aquellos pertenecientes a poblaciones con protección constitucional”.
En suma, el Presupuesto para el sector educativo, en especial el de las Universidades, no presenta cambios sustanciales ni un esfuerzo fiscal adicional a pesar de los impactos tan severos de la pandemia en el sector; se trataría simplemente de un producto de la inercia presupuestal.
Este mismo tipo de situación se observa con el Programa de Alimentación Escolar -PAE-, el cual recibe el 0.5% de los recursos de las “Asignaciones Especiales” del Sistema General de Participaciones en 2020 y 2021.
Adicionalmente, sobresale la necesidad de reorganizar las asignaciones a efecto de paliar el impacto negativo que han tenido las Universidades en sus recursos propios como consecuencia del sufrido por las familias, procediendo, por ejemplo, a condonar el valor de la matrícula para el 2020-II y el 2021-I.
3. El Presupuesto de las Fuerzas Militares
El sector Defensa y Policía tiene un presupuesto asignado para 2020 de $35 billones y se incrementaría en un 9.2% para 2021. Su distribución se concentraría en el Ministerio de Defensa y sus tres fuerzas con un 39%, la Policía Nacional con un 28%, la Caja de Sueldos de la Policía y la de Retiro Militar cada una de ellas con un 10%. El restante 13% se distribuye en Mindefensa-Salud (3.9%), Hospital Militar (1.2%), Policía Nacional-Salud (3.8%), la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (1.5%), el Fondo de la Policía (0.9%), la DIMAR, el Centro de Rehabilitación Inclusiva, las Casas Fiscales, el Club Militar, la Defensa Civil y la Superintendencia de vigilancia y Seguridad (Cuadro 3).
El 96% del Presupuesto del sector se concentra en Funcionamiento, en especial en los rubros de Gastos de Personal ($15.3 billones) y de Transferencias ($11.3 billones). En estas últimas, se encuentran las asignaciones de retiro de las Fuerzas Militares ($3.2 billones) y de la Policía Nacional ($3.3 billones), así como las mesadas pensionales. La Inversión, la cual representa el restante 4% del presupuesto sectorial, asciende a $1.4 billones concentrada en el Ministerio de Defensa (76%) y la Policía Nacional (19%), destinados al fortalecimiento operacional de las capacidades de las Fuerzas Militares como de la Policía Nacional.
Dada la función de producción del sector defensa y seguridad, no resulta difícil entender los resultados anteriores, al persistir un alto componente inercial, el cual se extiende al componente de inversión en el que buena parte de los recursos se asignan al alistamiento y mantenimiento de los equipos de guerra (aviones, lanchas, equipos de comunicaciones, entre otros). Es por ello que las mayores contribuciones al crecimiento (en este indicador se conjuga crecimiento y participación) del presupuesto para el 2021 se observan en la Caja de Retiros de las Fuerzas Militares y en la Policía.
Del mismo modo, se observa una alta contribución al crecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, la cual tiene por “objeto ejecutar las actividades de apoyo logístico y abastecimiento de bienes y servicios requeridos para atender las necesidades en dicha materia de las Fuerzas Militares”, sin que se observe una reducción sustancial en los gastos logísticos en las diferentes unidades ejecutoras de las Fuerzas Militares, poniendo en entredicho la eficiencia del gasto presupuestal en el sector de Defensa.
4. Un presupuesto al sector Sanitario insuficiente para su reforma y fortalecimiento estructural
El Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2021 no hace frente a los problemas desnudados por la pandemia del covid-19 en general, y de manera notoria en el caso del sector salud. Diferentes voces expertas de la sociedad colombiana, entre ellos de la academía como los epidemiólogos, han observado que no puede haber reactivación económica sostenible sin un acompañamiento permanente de la salud pública. En ese contexto, una de las primeras medidas es realizar la inversión necesaria y suficiente en los servicios de salud pública, tanto para la prevención como para la atención especializada, incluyendo el fortalecimiento de la capacidad de testeo del coronavirus covid-19[5] y de los servicios de urgencia como la capacidad hospitalaria, así como el mejoramiento de las condiciones laborales del personal de salud (médicos, enfermeras, parteras, odontólogos, trabajadores comunitarios y trabajadores sociales, personal de laboratorio, gabinete, farmacéuticos, personal auxiliar). De acuerdo con la encuesta realiza por la Contraloría General de la República (12.230 encuestas), más del 60% del personal sanitario encuestado tienen un contrato a término fijo, el cual se les altera de manera unilateral, y sus pagos no se realizan usualmente en los tiempo pactados.
Además, al igual que en los sectores recién analizados, el PPGN 2021 mantiene la inercia presupuestal en el sector Salud. Para el año 2020, la asignación definitiva es de $33.5 billones (3.3% del PIB), de los cuales $32.1 billones corresponden al Ministerio de Salud, más especificamente a las transferencias constitucionales del Sistema General de Participación -SGP- ($10.3 billones) como al Aseguramiento en Salud (leyes 100 de 1993, 1122 de 2007, 1393 de 2010, 1438 de 2011 y 1607 de 2012) por $18.8 billones (Cuadro 4).
Para el año 2021 se presupuestan recursos por $35.8 billones (3.2% del PIB), un aumento nominal del 8.9% pero con una reducción de 0.1 puntos porcentuales del PIB. En el caso de los recursos del SGP para 2021 aumentarían en un 8.7% y los de Aseguramiento en un 12.8%.
Del mismo modo, se observa que aún en el contexto de la pandemia al Ministerio como al INS se le han asignado recursos adicionales por apenas $1.57 billones.
En contraste con otras Unidades Ejecutoras del PGN, el Ministerio de Salud ha tenido un menor aumento en su presupuesto durante lo que va corrido el año, tomando en cuenta que los meses de abril a julio se han caracterizado por la irrupción de la pandemia y la implantación de la estrategia del confinamiento para reducir la velocidad del contagio. En efecto, las Unidades ejecutoras del PGN que han tenido un mayor aumento de sus presupuestos son MinHacienda con 18.6 billones, Prosperidad Social $4.4 billones, Gestión de Riesgo con 1.8 billones y luego MinSalud con $1.6 billones (Cuadro 5).
5. Precario Presupuesto al sector Agropecuario
Las entidades del sector agropecuario a las que se destina parte del PGN, tuvieron un aumento de sus asignaciones iniciales para el año 2020 en un monto de $133 mil millones. Este aumento se concentró en lo fundamental en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ($130 MM), los restantes recursos se le asignaron a la Agencia de Desarrollo Rural. Esos $130 MM corresponden a recursos del FOME asignados al Ministerio mediante la Resolución 1081 del 6 de mayo de 2020. La ejecución presupuestal del Ministerio hasta el anterior mes de julio refleja que apenas se han comprometido $67.6 MM, con una ejecución nula al mes de julio de 2020.
Respecto al PGN 2021, se espera que el sector tenga una reducción del 13.7% respecto al presupuesto definitivo asignado a la fecha para el presente año 2020. Las reducciones presupuestales más significativas se concentran en la Agencia de Desarrollo Rural (36.2%), el Ministerio (18.2%), la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) (13.5%), y la Agencia Nacional de Tierras (12.7%) (Cuadro 6).
Estos cambios en las asignaciones presupuestales erosionan aún más el principal componente del Acuerdo Final de Paz, al verse afectado su punto central, la Reforma Rural Integral (RRI). El Punto 1 del Acuerdo Final busca “la gran transformación de la realidad rural colombiana, que integre a las regiones, erradique la pobreza, promueva la igualdad, asegure el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía con un enfoque de género y como consecuencia garantice la no repetición del conflicto y la erradicación de la violencia”.
En ese contexto, según el Acuerdo, se estima que el 85.4% de las inversiones se habrían de orientar a ese punto. En efecto, las inversiones se destinarían a: “(1) la estrategia de acceso a la tierra y de uso del suelo y gestión catastral; (2) dentro del plan nacional de infraestructura y adecuación de tierras, las inversiones en infraestructura vial y de riego; (3) dentro del plan nacional de desarrollo social, en el componente de salud rural los gastos más importantes están asociados a la estrategia de atención a población dispersa; (4) con respecto al componente de educación del plan nacional de desarrollo social, resaltan los montos requeridos para la estrategia de atención integral a la primera infancia y, la cobertura de educación rural para preescolar, básica y media; (5) la estrategia de vivienda rural orientada a disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda; (6) en el plan nacional de producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa, la estrategia de capital semilla; (7) finalmente, dentro del sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación, la estrategia de acceso y consumo de alimentos de calidad nutricional y en cantidad suficiente” (Plan Marco de Implementación -PMI, págs. 214 y 215).
Ahora bien, como se conoce, existen diferentes maneras de asociar los proyectos de inversión del Gobierno nacional a los programas de intervención en general y al “Acuerdo Final” en específico, entre ellos: i) Proyectos que cuentan con una marca precisa en el Banco de Proyectos o donde se especique que su focalización destina la totalidad de sus recursos; ii) los que están directamente relacionados con la implementación y ejecución del PMI, y finalmente, 3) aquellos que en desarrollo de acciones misionales de las Unidades Ejecutoras del PGN focalizan un porcentaje de sus recursos como parte de una política transversal y se identifican con el respectivo clasificador de política transversal (“Contrucción de Paz”).
De acuerdo con la información reportada por las Unidades Ejecutoras en el Sistema de Seguimiento de Proyectos del DNP, la totalidad de los proyectos de inversión, que de una u otra forma atienden el “Acuerdo Final”, fue de $44 billones (Anexo 1 y Anexo 2[6]), de los cuales el 85.3% se encuentran asociados a la Reforma Rural Integral, concentrada en: los “Planes de acción para la transformación regional” (30.3%), Desarrollo social: Educación Rural (24.6%) y “Desarrollo social: Salud” (10.9%). De ese valor global, tan sólo $5.5 billones impactan cada uno de los puntos del “Acuerdo Final”, lo cual equivale al 1.82% del PGN o al 2.20% del PGN sin Servicio de la Deuda. Así pues, el esfuerzo fiscal de la Nación no ha sido lo sustancial que se ameritaría por lo que ello representa en términos del Acuerdo con las FARC como por el papel que puede desempeñar en el proceso de reactivación económica y de transformación rural.
La inversión total destinada a las estrategias “1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural”, “1.2 de Infraestructura y adecuación de tierras”, “1.6 Producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa”, y 1.8. “Planes de acción para la transformación regional, propias del sector agropecuario”, alcanzaría apenas a $2.3 billones en el presente año 2020. En la estrategia 1.8 hay previstos 55 proyectos de inversión, de los cuales 11 corresponden al sector Agropecuario.
A su vez, en la estrategia 1.1. “Ordenamiento social de la propiedad rural”, el PGN 2020 contempla 19 proyectos de inversión, pero infortunada sino inexplicablemente con muy bajos niveles de ejecución, como se observa en el Cuadro 7.
De los 6 proyectos de Inversión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) previstos para 2020, dos de ellos tienen como año de terminación este mismo año 2020: i) Asistencia Técnica yJurídica para la Formalización de la Pequeña Propiedad Privada Rural y ii) Asistencia Jurídica y Técnica para la Regularización de la Propiedad. Estos dos proyectos de inversión no tienen recursos solicitados en el Sistema de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública del Gobierno nacional para el año 2021.
Entre tanto, los proyectos de “Implementación Programa de Legalización de Tierras y Fomento al Desarrollo Rural para Comunidades Indígenas” cuentan con una solicitud por parte de la Agencia Nacional de Tierras –ANT– por $48 MM para el PGN 2021 y sólo aparecen asignados $34 MM en el Proyecto de Presupuesto. A su vez, por ejemplo, para el proyecto para las Comunidades Negras se han solicitado $41 MM y tan sólo se le han asignado $17 MM en el Proyecto de PGN 2021.
Por último, en cuanto al proyecto de “Asistencia Jurídica y Técnica para la Regularización de la Propiedad” se deben evaluar sus resultados para considerar su continuidad, toda vez que las asignaciones realizadas en el periodo 2018-2020 siempre han sido inferiores a los montos solicitados por la ANT.
6. A manera de reflexión
1. El Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2021, así como el PGN 2020 y su ejecución observada hasta julio del presente año, muestran unos rasgos característicos que no se compadecen con las urgentes necesidades presupuestales y de política pública para hacer frente de manera oportuna y eficaz a los profundos impactos sociales y económicos generados por la pandemia del covid-19 irrumpida desde el pasado mes de marzo.
Entre dichos rasgos sobresalen algunos como los siguientes:
i. La persistente inercia presupuestal observada en los últimos años a nivel no solamente sectorial sino además intrasectorial.
ii. La marcada inflexibilidad de los presupuestos sectoriales al estar altamente concentrados en gastos de funcionamiento por concepto de pago de nóminas y de prestaciones sociales ya comprometidas.
iii. La muy elevada participación del SGP en el presupuesto de sectores clave como el de la salud y la educación.
iv. La baja ejecución presupuestal a lo largo de buena parte del año en proyectos y programas que no sea en sus componentes de pagos de funcionamiento, especialmente aquellos novedosos por más que hayan sido incluidos por su carácter estratégico –como en el caso de proyectos relacionados con el Punto 1 del Acuerdo Final con las FARC–.
Es claro que estos sesgos atentan contra la eficencia y eficacia del presupuesto nacional como política pública para la adecuada asignación de recursos públicos en clave de los propósitos estratégicos de política sectorial de inversión y gasto público. Y tanto más perjudicial, en cuanto mayor sea el cambio de las condiciones de entorno previstas en el PGN como ocurre precisamente en estos años 2020 y 2021 a raíz de la pandemia del covid-19.
2. En el caso del proyecto de PGN 2021, además de acentuarse estos rasgos distintivos a pesar de las exigencias de reajuste en la orientación de recursos presupuestales en el corto plazo ante los requerimientos de reforma y fortalecimiento de ciertos sectores como el de la salud, y de reactivación económica, adolece de supuestos irrealistas sobre el entorno macroeconómico durante el bienio 2020-2021.
No solamente supone el mejor escenario posible de caída del PIB en 2020 –de alrededor de -5%– sino que asume un ritmo de reactivación económica en 2021 casi que el triple del previsto por el Banco de la República y organismos internacionales –11.8% vs 4.1%, por ejemplo–, lo que tendrá serios impactos en los ingresos fiscales previstos –con montos inferiores por más de unos $13 billones en 2021–, en el déficit fiscal y en el faltante de financiación todavía más incierto y cercano a unos $50 billones en 2021, si no se recortara el PGN proyectado por ese monto de pérdida previsible de ingresos fiscales.
Resulta, entonces, seriamente preocupante la situación de las finanzas públicas en 2021 con un faltante de financiación cercano a 5% del PIB de difícil solución, que puede llevar a que se tienda a recurrir a una venta de activos públicos que no tenga debida justificación social y económica en una perspectiva perdurable, lo que llevaría a una pérdida de valioso y estratégico capital público.
3. A nivel sectorial resulta inexplicable que el PGN 2021 no brinde atención especial a la necesidad de fortalecer el sistema sanitario en medio de la pandemia y la transición hacia la postpandemia del covid-19 para enfrentar las ostensibles fallas estructurales demostradas –al punto que se reduce la partipación del PGN del sector Salud en el PGN en 2021 y no parecen preverse novedosos programas y proyectos de inversión–, ni a la implementación de programas prioritarios de desarrollo rural y tierras previstos en el Punto 1 del Acuerdo Final con las FARC. Así como tampoco se prevean apreciables ajustes del PGN en otros sectores como el de las Fuerzas Militares.
Con el ingrediente adicional que tampoco se observan sustanciales variaciones en las composición intrasectorial del PGN 2021.
4. Consecuencia de lo anterior, resulta evidente que el Proyecto de PGN 2021 no refleja de manera alguna las prioridades de gasto público emanadas de los impactos socio-económicos de la pandemia del covid-19, así como tampoco las verdaderas condiciones de entorno de la economía colombiana en el bienio 2020-2021.
En este sentido, se destaca apenas un magro esfuerzo presupuestal para contribuir a la reactivación de la economía, concentrado particularmente en el sector de vías. Así, se prevé un esfuerzo adicional cercano a $2.0 billones para el sector, destacandose el caso de los proyectos “Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitacion de Corredores Rurales Productivos -Colombia Rural” y “Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura para Conectar Territorios, Gobiernos y Poblaciones”, los cuales ven aumentada su asignación presupuestal en cerca de $600 MM para 2021.
5. Por último, sobresale la necesidad de replantear el actual Plan Nacional de Desarrollo a la luz de los impactos socio-económicos y de los requerimientos prioritarios de política pública generados por la pandemia del covid-19 en el país.
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[1] “Informe de ejecución Presupuesto General de la Nación Acumulado a junio de 2020”, en: https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-139195%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased.
[2] Con base en estos niveles de crecimiento, la elasticidad del IVA interno al PIB se calcula en 3.6 y la del impuesto al consumo en 5.4, mientras que la de la gasolina y el ACPM en -3.5.
[3] El régimen simple rige desde el 2019 y pretende facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, en especial de aquellos que se encuentran en la informalidad (tiendas de barrio, minimercados, peluquerías, servicios técnicos mecánicos, servicios profesionales de consultoría, expendios de comidas y bebidas, entre otros).
[4] Este cálculo se realiza manteniendo el supuesto de elasticidad que trae el Mensaje del Presupuesto 2021 para cada uno de los impuestos, el supuesto de elasticidad para las importaciones, el tipo de cambio y las tarifas implicitas del arancel y el IVA Externo.
[5] El Ministerio de Salud y Protección Social fija como valor máximo de referencia para el Sistema General de Seguridad Social en Salud de los procedimientos de identificación del virus por pruebas moleculares la cuantía de $217 mil. Así, unas 350 mil pruebas equivaldrían a un costo cercano a los $80 mil millones, y no todos lo municipios ni departamentos tiene la capacidad financiera para costearlas. Para la OMS es claro que “aumentar la capacidad para realizar estos test es crucial para las estrategias de desconfinamiento y para reducir los riesgos de nuevos brotes”, así como para el proceso de reactivación económica.
[6] En los anexos se observa la volatilidad en el número de proyecto incluidos por parte de las Unidades Ejecutoras como en cada uno de los puntos del Acuerdo. En el tema de tierras, la ejecución como el número de proyectos es nimio. Cerca del 80% de los recursos se concentran en los puntos 1.4; 1.6 y 1.8. del Acuerdo Final.
Luis Jorge Garay Salamanca y Jorge Enrique Espitia Zamora
Foto tomada de: ELTIEMPÓ.COM
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