Conviene recordar que tras la aparente desmovilización de paraestatales en el gobierno de Uribe, sólo fue la reducción de su fuerza un 60% y modernización del armamento, algunos jefes de sicarios empezaron a desvelar que tras las aparentes jefaturas había otros determinadores: políticos, empresarios, y militares. En retaliación Álvaro Uribe decidió extraditarlos a los Estados Unidos. Mancuso fue uno de los que empezó a contar verdades, y ahora que ha purgado su pena en Norteamérica, el sistema judicial colombiano, organizaciones de víctimas, y la sociedad civil piden que regrese a Colombia y cuente la verdad que prometió. El gobierno Duque empeñado en evitar su regreso al país se salió con la suya: el ejecutivo obstruye a la justicia en Colombia.
Razones sobran, cuando debe su elección al fraude electoral y al dinero del narcotráfico, delincuentes de toda laya acompañaron la posesión del presidente en la Plaza de Bolívar; su vicepresidenta tiene vínculos de larga data con el narcotráfico (“una tragedia familiar” que enriqueciera a su familia), además está comprometida en la corrupción de la dirigencia de las Fuerzas Armadas; los ministros se han seleccionado entre grandes defraudadores del Estado, o entre los cuadros de la parapolítica; cuando miembros del cuerpo diplomático son industriales de la cocaína, o promotores de escuadrones de asesinos… Actualmente las funciones de la presidencia incluyen agredir a la rama judicial, si el jefe mayor de este aparataje ha sido llamado a juicio y tiene detención domiciliaria.
Antes de la providencia de la Corte Suprema de Justicia que vincula a Álvaro Uribe, alias Innombrable, sus estafetas lanzaron contra la corte, y contra la sociedad colombiana, toda suerte de amenazas: tomar las calles, bloquear vías,… hasta la guerra civil. Fueron vísperas de nada. A los llamados a la población de salir a protestar la decisión sólo acudieron unos pocos obsecuentes. La pretendida tutelatón, llamado del uribismo a sus militantes para que inundaran los juzgados de tutelas pidiendo la libertad del capo, dio la cifra de sus huestes: 177.
En cambio, lo que sí sucedió en el país con la detención de “Varito”, otro alias del innombrable, fue una celebración general, y un festival del humor ante el ridículo que hicieron en ese grupo. Más las senadoras Paola Holguín, de extracción lumpesca, y Paloma Valencia, de origen terrateniente, con un par de militares retirados llamando a la violencia, lo que da perfecta cuenta de la alianza que compone el uribismo. También fue burlesca la actitud de El Patrón, más alias, de escudarse en su esposa, o de hacerse el contagiado.
Ello indica que El señor de las sombras, un alias más, se supuso por encima de la justicia y no creyó a los magistrados capaces de procesarlo, hasta hacían cuentas de una división entre La Corte, en la que habían infiltrado una magistrada desde la inteligencia militar. Los tomó por sorpresa la decisión y se quedaron sin saber qué hacer, pasando de eructar ira a pedir lástima: Ante el acopio de pruebas que sustentó la providencia quedaron impotentes.
Igualmente hubo eclosión de miles de jóvenes en las redes celebrando, ya sin miedo a El Salgareño, otro alias, la firmeza de la corte. Porque la juventud apuesta por el cambio en Colombia, mientras en las toldas ultramontanas solo medran vuelteros sin brillo, ya que el capo no admite personas inteligentes a su lado.
Entre las amenazas de la extrema derecha, en caso de que la corte capturara a su jefe, la periodista Vicky Dávila anunció violencia y masacres. La masacre es un recurso tan ancestral en esta patria que ya hace parte del folklor, al lado del poncho y la alpargata, y ha sido privilegiado por paramilitares para generar terror.
Desde el inicio del gobierno elegido para “hacer trizas” la paz se han reactivado las matanzas, en dos años de malgobierno ya pasan de las noventa, y sólo se le ocurre cambiarles el nombre y fumigar con glifosato. La primera medida es típica torpeza, y la segunda el afán de apañar la jugosa comisión por la compra de varios miles de millones de dólares en veneno, y por el contrato de aspersión, detrás del cual estuvo Néstor Humberto Martínez.
En este año van 45 masacres, con 182 muertos. Pero, desde la orden de captura a Uribe se intensifica el fenómeno: han cometido diez masacres, con más de cuarenta muertos, jóvenes en su mayoría. Agravados porque el gobierno pretende justificar a los criminales, y culpabilizar a las víctimas. Así un general sugiere que los estudiantes asesinados en Samaniego, Nariño, militaban en algo ilegal, o que los asesinos buscaban al jefe de un grupo delincuencial, si quedó claro que los asesinos sin mediar palabra dispararon indiscriminadamente sobre indefensos. En la masacre de los cinco muchachos en Llano Verde, Cali, los familiares señalaron como autores a los vigilantes de un cañaduzal, en contubernio con la policía, y el comandante de la policía de Cali en entrevista radial, días después afirma que no hay ninguna hipótesis de trabajo para esclarecer la atrocidad. Con razón monseñor Darío Monsalve pregunta si son masacres de Estado.
Tienen antecedente en Medellín durante la guerra de Pablo Escobar contra el Estado, cuando a punta de sicarios mata a cientos de policías, y obliga a este cuerpo a clandestinizarse. Durante el día no había policía en las calles, pero en la noche salían encapuchados, ubicaban un grupo de jóvenes, y los mataban indiscriminadamente. Esa policía nunca fue depurada, e hizo parte de la alianza que mató a Pablo para quitarle la jefatura del cartel de Medellín.
Ahora que la extrema derecha colombiana, afín al paramilitarismo, perdió la juventud, que tiene a su líder detenido, mientras hay regocijo nacional por tal medida, los hechos sugieren la matazón de jóvenes como retaliación por su declive político, cabe preguntar lo del caso falsos positivos: ¿Quién dio la orden? Aunque eviten que Mancuso declare en tribunales nacionales.
José Darío Castrillón Orozco
Foto tomada de: Las2orillas
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